•Sentencia 12169 de diciembre 14 de 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 12.169

Indemnización

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor. María Bienvenida Hernández Jaramillo

Demandado. La Nación - Ministerio de Defensa.

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre catorce de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Para la Sala es incuestionable la responsabilidad de la administración por los hechos que le imputan en el caso sub-exámine, pues las pruebas en antes relacionadas refieren sin reparo alguno que las fuerzas militares sacrificaron a trabajadores indefensos que se encontraban en la región de Puerto Valdivia. En efecto aparece demostrado que para el día en que ocurrió la tragedia tropa regular al mando del capitán Rodríguez incursionó en la zona rural de Valdivia, y procedieron a retener entre otras personas a las que se relacionan en el caso que ocupa la atención de la Sala, quienes luego fueron ultimadas sin fórmula de juicio.

Tal conclusión encuentra especialmente apoyo en el testimonio del soldado Jahir Antonio Escobar Cardona, por cuanto su relato es espontáneo, libre de prejuicios, concordante con otras pruebas, y porque cada una de sus afirmaciones las respalda en hechos ciertos cuya verificación se evidenció en el proceso y además porque dicho uniformado participó en el operativo en el cual perecieron los campesinos, razón por la cual da fuerza de convicción a la Sala que cada uno de los hechos que menciona corresponden a escenas que presenció personalmente o que por lo menos tuvo la oportunidad de recibir información de primera mano por parte de sus compañeros.

Si bien el mencionado deponente en declaración posterior rendida ante el juez 20 de Instrucción Penal Militar, cambió abruptamente la versión de los hechos, sindicando en esta oportunidad a miembros de las FARC como los autores de la muerte de los labriegos, para la Sala la primera versión tiene credibilidad ya que ésta fue rendida espontáneamente, desprevenida de favorecer a cualquiera de las partes involucradas en la investigación, con sujeción a la realidad fáctica, pues registró cada uno de los pormenores de la actividad desplegada por la tropa, en tanto que en la segunda versión la rinde ceñida a las instrucciones impartidas por los superiores en el sentido de afirmar que los campesinos pertenecían a los grupos subversivos y fallecieron como consecuencia en un enfrentamiento armado con las fuerzas del orden y además por que esta segunda declaración muestra profundas contradicciones en el sentido de que sostiene por un lado que las víctimas portaban armas de fuego cuando en verdad éstas simplemente llevaban herramientas de trabajo y otros utensilios para adelantar sus actividades familiares.

Confrontados los textos en los cuales se recoge los apartes fundamentales tanto del informe del operativo, de la diversa prueba testimonial, como de las instrucciones de los superiores mediante la cual ordenan a los subalternos a declarar amañadamente ante las autoridades, no puede menos que concluirse que la tropa adscrita a la Cuarta Brigada con sede en la ciudad de Medellín empeñó todo su esfuerzo para tratar de ocultar las verdaderas circunstancias en las cuales perdieron la vida los labriegos a manos de la fuerza pública. Los altos mandos antes que tratar de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, se dedicaron a instruir a los uniformados como mentir a las autoridades con el propósito de hacer aparecer que las víctimas fallecieron en un contacto armado con la tropa. Montaje que afortunadamente quedó develado en el proceso con la declaración del conscripto Jahir Escobar Cardona, quien indicó que las víctimas primero fueron retenidas y posteriormente ultimadas por la misma tropa, señalando como autores de la masacre a los comandantes y miembros del Batallón Granaderos 4 de contraguerrilla.

Lo relatado por el uniformado de apellido Guiral, antes que restarle veracidad o desvanecer los cargos formulados por su compañero de filas contra los miembros de la unidad militar, deja la certeza que efectivos del orden atentaron contra la vida de los campesinos, pues muchas de las situaciones mencionadas en su relato también fueron destacadas por campesinos que presenciaron las maniobras de la tropa, coincidiendo en indicar a cuántas personas aprehendió el ejército, el día de su ejecución y el lugar donde se practicó la misma.

Por otro lado, resulta bastante extraña para la Sala, la afirmación de los altos mandos de la fuerza castrense, cuando sostienen en los diversos comunicados de prensa y en los oficios dirigidos a las autoridades públicas que las víctimas fallecieron como consecuencia de un enfrentamiento armado, pues las actas de necropsia, por lo menos las que corresponden a los occisos Luz Elida Duque, María Ceneyda García y N.N. Fabio (El Paisa), revelan que estas personas fallecieron como “consecuencia natural y directa a la anoxia mecánica por extrangulación con cuerda” y que el tercero de ellos además sufrió lesiones consistentes en “fractura ósea y el chamuscamiento se produjeron antes de la muerte”; realidad que desvirtúa lo aseverado por la fuerza pública, ya que no se entiende cómo si hubo enfrentamiento armado de la tropa y las citadas víctimas, finalmente su deceso se produjo no por lesiones causadas con armas de fuego sino a raíz de su extrangulamiento con una cuerda, a no ser que esta forma de someter y ultimar a los ciudadanos constituya una nueva modalidad de choque armado que corresponda a nuevas tácticas militares en afán de reivindicar resultados, sin importar que en la lucha armada resulten afectadas personas inocentes y ajenas al conflicto.

En el sub-exámine la entidad demandada a lo largo del proceso sostuvo que los cadáveres que identificaron los médicos legistas como pertenecientes a las occisas María Ceneyda García y Luz Elida Duque no correspondían a estas personas. Para la Sala tal aseveración carece de fundamento pues si se aprecia las características morfológicas de los cadáveres consignadas en las actas de levantamiento, en las cuales se dice que las víctimas al momento de fallecer tenían una edad que oscilaba entre los 30 y 40 años y entre 18 y 25 años respectivamente, con las que describe en su declaración el soldado voluntario Julio Ernesto Guiral Madrid: “Había una de más edad y otra más joven, una más o menos treinta y cinco años, la que tenía los cinco hijos, una estatura aproximada de 168 mts ... y la otra yo le calculo unos 19 o 20 años, ella iba de pantalón cortico, una blusa de florecitas, iba descalza, era delgada, con una estatura aproximada de 1.65 mts, cabello más bien claro, crespo, corto, era blanca...” (fls. 244-247 C.5), se tiene que concuerdan en señalar cuál era la verdadera identidad de las citadas víctimas, despejando cualquier duda de haber sido confundidas con los cuerpos de otras personas.

Por otra lado el ad-quem le resta credibilidad a lo depuesto por el ex subversivo Gonzalo Alberto Torres Londoño, ante el juez militar, según la cual su compañero Arboleda le comentó que miembros de la subversión cambiaron los cadáveres que el ejército regular había sepultado en una fosa común, por campesinos que los rebeldes habían torturado y ultimado, por cuanto la forma en que relató los hechos corresponde a un recuento de meras historias que muy seguramente fueron preparadas por los mismos uniformados con el ánimo de distraer la atención de los juzgadores y de obtener algunos beneficios por su reinserción a la fuerza pública, lo cual demuestra un marcado interés y especial favorecimiento y sentido de solidaridad con los comandantes de la tropa para borrar cualquier sospecha que los señalara como los autores de los delitos que se les imputaba. Por demás se observa que este deponente alude que los subversivos ultimaron a dos mujeres, cuyos nombres según él correspondían a los de Catalina y CaroIina, que en nada concuerdan con los de las víctimas encontradas en las fosas, y por otra parte el citado declarante habla de que todos los campesinos eliminados por la guerrilla fueron torturados realidad contradictoria con lo que demuestran las actas de necropsia, en las cuales se indica que por lo menos Ramón Evelio Rua Hernández y Horacio de Jesús Graciano no tenían signos de que hubiesen sido torturados.

Si bien el Tribunal Superior Militar en providencia del 9 de abril de 1992 confirmó la sentencia dictada por el consejo verbal de guerra el día 22 de noviembre de 1991, por medio de la cual fueron absueltos del delito de homicidio los miembros del ejército nacional, mayor José Adán Castañeda Rubiano, capitán Ricardo Saúl Rodríguez Aguirre, sargento segundo Walberto de Jesús Sarmiento Barros, cabo primero Héctor Julio Nausa Silva, soldados Hugo Iván Montoya y Abelardo Acosta Cuette, en las personas de María Ceneyda García, Luz Elida Duque Gómez, Horacio de Jesús Graciano Jaramillo, Ramón Evelio Rua Hernández y a un N.N. a quien se conocía como Fabio o El Paisa, cuya sentencia destacó que:

“...// Según las voces del artículo 680, inciso 3º del Código Penal Militar. “El veredicto del segundo consejo es definitivo”.

“Pues bien, se han producido dos juzgamientos por el trámite de los consejos de guerra verbales, con intervención de vocales, y en ambas oportunidades los veredictos emitidos han sido en favor de los procesados, es decir, de no responsabilidad, habiéndose fincado la decisión absolutoria en los segundos veredictos, como quiera que los iniciales, repetimos, fueron declarados contrarios a la evidencia procesal.

“Se está, entonces, ante un imponderable de ley, cual es el de la obligatoriedad de dar recibo procesal a los segundos veredictos obtenidos, lo cual releva a la Sala de cualquier consideración, que por consiguiente estaría de sobra, pues hay que dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley.

“De suerte que, en tales condiciones, acogemos la sentencia y en consecuencia con apego a la disposición citada en principio de este II punto, habremos de impartirle confirmación, disponiendo, consiguientemente, que la libertad provisional que disfrutan los procesados, se convierta en definitiva e incondicional” (fls. 76 y 77 C 4).

Para la Sala tal decisión no es vinculante, ni constituye cosa juzgada para examinar la conducta de la administración, frente a esta jurisdicción, pues los elementos que se estudian para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado se fundamentan en principios exclusivos de esta materia.

Por otra parte la Sala no puede pasar inadvertido que el a-quo valoró ligera y superficialmente la prueba, pues incluso analizados sin mayor detenimiento los medios de convicción que estudió el tribunal, éstos permitirían deducirle responsabilidad a la administración, pues los testimonios de los señores Fabio Humberto Uribe García, María DioseIina Jaramillo Orrego, son contestes en afirmar que las víctimas las interceptó el ejército y que posteriormente aparecieron muertas. Si bien estos declarantes no hablan que hayan presenciado el momento en que las víctimas fueron sacrificadas por efectivos de la tropa regular, dejan en claro que la patrulla del ejército mantuvo en su poder a los hoy occisos. Por tanto la Sala considera que demostrado el hecho de la detención, pesaba sobre las autoridades la obligación de regresar al seno de la familia a los labriegos en las mismas condiciones que gozaban en el momento de ser privados de su libertad, salvo que la administración pruebe que incumplió con tal cometido porque sobrevino el hecho exclusivo de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor. En autos no está demostrado que los uniformados hubiesen actuado conforme lo demanda la Constitución y las leyes, antes todo lo contrario se encuentra acreditado que la fuerza pública obró con total desconocimiento y quebranto de los derechos fundamentales de las víctimas, imponiendo la pena de muerte, sanción que a propósito nuestro ordenamiento jurídico proscribió desde el año de 1910 y que hoy la Carta Política expresamente consagra en el artículo 11 en los siguientes términos: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

Para la Sala el caso sub-exámine merece especial atención en tanto que en verdad la actuación de la fuerza pública desbordó incluso los límites de la barbarie, pues ejecutó sin fórmula de juicio a habitantes de la población de Valdivia a quienes previamente al fusilamiento procedieron a torturarlos no sólo física sino sicológicamente.

Actuaciones como la que se juzga para efectos de la reparación patrimonial, merecen el pleno reproche de la sociedad y de la justicia. Quienes así obran se alejan de la misión encomendada a las fuerzas legítimas del Estado y actúa en contra de los principios de la civilización cristiana y de los mandatos del Estado de derecho.

Hechos como éste son consecuencia de la guerra interna no declarada y el horror mismos con que actuaron los miembros de la fuerza pública en la población de Puerto Valdivia pone de presente la necesidad de aclimatar la paz para que no se comenta ni delitos ni fallas tan protuberantes en el ejercicio y uso de la fuerza pública, pues todo ello deja secuelas y residuos sociales imposibles de subsanar».

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