Sentencia 1220 de mayo 3 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

PROHIBICIÓN DE LA HUELGA

SÓLO RIGE PARA SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DEFINIDOS POR EL LEGISLADOR

EXTRACTOS: «Se trata de establecer la legalidad de las resoluciones 510 y 1657 del 25 de marzo y 14 de julio de 1999, mediante las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para que estudiara y decidiera el conflicto colectivo de trabajo que existía entre el centro distrital de sistematización y servicios técnicos, Sise, y el sindicato de sus trabajadores oficiales.

Lo consignado en las citadas resoluciones evidencia que la anterior determinación se adoptó por cuanto la administración estimó que perteneciendo el Sise a la rama ejecutiva del poder público, dada su condición de empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital, de conformidad con lo dispuesto en el literal a del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que para efectos de la prohibición de la huelga en los servicios públicos, determina que constituyen tales los que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público, se tenía que a sus servidores les estaba vedado recurrir a ella.

Al efecto tuvo en cuenta que si bien el artículo 56 de la Constitución Política garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales y prevé que el legislador reglamentará ese derecho, para ese momento este órgano del poder no había efectuado dicha reglamentación, vale decir, no había desarrollado esa norma superior, y como jurisprudencialmente la Corte Constitucional en sentencia T-443 de 1992 había precisado que ante esta última circunstancia debían aplicarse los preceptos vigentes antes de la expedición de la Constitución de 1991 que no resultarán contrarias a ella, habida consideración que la norma laboral citada prohibía la huelga entre otros servicios públicos, en aquellos que prestaban las ramas del poder público, se imponía concluir que como el Sise hacía parte de la ejecutiva, no le era dable a sus servidores recurrir a la huelga y, por tanto, procedía ordenar la constitución del tribunal de arbitramento.

La Corte Constitucional en la sentencia citada manifestó que ante la falta de reglamentación de las disposiciones superiores debe recurrirse a los preceptos que estando vigentes con anterioridad a la Carta Política de 1991, no resulta incompatibles con ella; que la expedición de ésta no implicó la derogatoria en bloque de todo el ordenamiento legal que venía rigiendo, pues el artículo 380 ibídem se limitó a derogar la Constitución hasta ese momento vigente, esto es, que la sustitución normativa se produjo en el nivel constitucional y únicamente se proyectó de manera directa e inmediata a nivel de la legislación en la medida en que ésta resultara incompatible con la preceptiva superior, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º ejusdem.

No obstante lo anterior, obliga a resaltar que en la sentencia C-473 de 1994, mediante la cual declaró la exequibilidad condicionada del inciso primero del artículo 430 y del literal a del 450 del Código Sustantivo del Trabajo, que en su poder prohíben la huelga en los servicios públicos, definen cuáles son éstos y determinan los casos en que la suspensión colectiva de trabajo es ilegal, la Corte Constitucional precisó que la prohibición de la huelga en los servicios públicos contenida en la norma primeramente citada, está referida exclusivamente a los esenciales, definidos por el legislador.

Así se expresó:

11. La constitucionalidad condicionada de las normas acusadas.

Con los anteriores criterios, entra la Corte a analizar las normas demandadas. Ellas consagran dos mandatos diversos pero muy relacionados. De un lado, el artículo 430 señala que está prohibida la huelga en los servicios públicos. De otro lado, el artículo 450 establece que es ilegal toda suspensión colectiva de trabajo en los servicios públicos. Por consiguiente, una vez declarada ilegal la suspensión del trabajo en un servicio público, el patrono queda en libertad de despedir a quienes hubieran intervenido o participado en ésta, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá de calificación judicial.

Comienza la Corte por analizar la prohibición de la huelga en los servicios públicos, la cual puede ser descompuesta en dos contenidos normativos complementarios, si tenemos en cuenta que los servicios públicos esenciales son una especie de género de los servicios públicos: de un lado, el artículo 430 prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales; y de otro lado, este artículo prohíbe también la huelga en los servicios públicos que no son esenciales.

La primera prohibición es constitucional, ya que la huelga no está garantizada en los servicios públicos esenciales; esta prohibición legal se adecúa entonces al ordenamiento constitucional, ya que el legislador puede prohibir la huelga en los servicios públicos esenciales, con el fin de proteger los derechos constitucionales fundamentales de los usuarios de tales servicios. No corresponde a la Corte en esta sentencia adelantarse a señalar si la no garantía de la huelga en los servicios públicos esenciales, prevista por el artículo 56 superior, es directamente una prohibición constitucional de la huelga en este campo, o si la Constitución simplemente ha establecido que la autoridad facultada para regular la materia —en este caso únicamente el legislador— tiene la posibilidad de restringir el derecho de huelga en esas actividades, e incluso, en determinadas circunstancias, prohibirlo, si lo considera políticamente necesario y conveniente para proteger los derechos de los usuarios. En efecto, como la demanda versa sobre una prohibición legal de la huelga, corresponde a la Corte únicamente determinar si esa prohibición, en un determinado ámbito de actividades (los servicios públicos esenciales), es o no conforme a la Constitución, sin que deba, esta corporación adelantar otros criterios que puedan condicionar la libertad relativa de configuración del legislador en esta materia.

La segunda prohibición contenida en el inciso primero del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, y que se refiere a los servicios no esenciales, se sitúa, por definición, por fuera del ámbito en donde es restringible el derecho de huelga; ello no es entonces admisible desde el punto de vista constitucional.

Consideraciones similares se pueden efectuar con respecto a la declaratoria de ilegalidad de las suspensiones colectivas de trabajo en los servicios públicos prevista por el literal a del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Ella es exequible para aquellos servicios públicos que son esenciales, pero no es admisible cuando se trate de servicios no esenciales, caso en el cual no podrá darse aplicación al ordinal 2º de este mismo artículo.

Por consiguiente, la Corte, en la parte resolutiva de esta sentencia, efectuará una constitucionalidad condicionada de las normas impugnadas” (1) .

(1) C-473 de 1994. Actor: Jaime Antonio Díaz Martínez. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Se tiene entonces que no en todos los servicios públicos señalados en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo está prohibida la huelga, por cuanto si la Constitución permite su desarrollo en aquellos que no son esenciales, ello quiere decir que tal prohibición se restringió exclusivamente a los esenciales definidos por el legislador.

Por consiguiente, no porque en esa norma se diga que son públicos los servicios prestados por cualquiera de las ramas del poder público, debe aceptarse que luego de la expedición de la Constitución de 1991, está vedado a quienes prestan los mismos, el derecho a la huelga, pues ello implicaría el desconocimiento de la voluntad del constituyente de ese año de otorgar ese derecho en tratándose de la prestación de los servicios públicos no catalogados como esenciales. De ahí la declaratoria de exequibilidad condicionada de su inciso 1º, esto es, cuando la prohibición de la huelga que contiene se refiera a los esenciales, en tanto que cuando atañe a los no esenciales tal prohibición resulta contraria a la norma superior contenida en el artículo 56 de dicha Carta.

Como quiera que la fundamentación de las resoluciones enjuiciadas se edificó exclusivamente en la viabilidad de aplicar al sub lite lo normado en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual, sin distinción alguna prohíbe la huelga en aquellos servicios públicos prestados por cualquiera de las ramas del poder público, vale decir, sin entrar a considerar si éstos eran o no esenciales teniendo en cuenta la catalogación efectuada por el legislador en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 56 de la Carta Política, la Sala estima que la administración obró irregularmente.

En efecto, no es dable argumentar como fundamento de esa determinación lo dicho por la Corte Constitucional en el sentido de que la Constitución de 1991 no derogó en bloque la legislación vigente, por cuanto ya se dijo que tal normatividad prolongaba su rigor luego de expedida esa Carta Política siempre y cuando no fuera contraria a ésta. De manera que en términos de la sentencia transcrita en parte en este proveído, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo sólo puede considerarse vigente en la medida en que la prohibición de la huelga esté referida a los servicios públicos esenciales.

Por manera que si el legislador no había determinado que los que presta el Sise ostentan tal condición, así éste tenga la naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado del orden distrital, no le era dable al Ministerio de Trabajo, bajo el presupuesto de que por prestar un servicio público, en dicha entidad no podía realizarse la huelga, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo procedía ordenar la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para que decidiera el conflicto colectivo de trabajo que existía entre ella y sus trabajadores oficiales.

De conformidad con lo expuesto fuerza concluir que los actos demandados, mediante los cuales se ordenó la constitución del aludido tribunal de arbitramento, ameritan infirmarse, por cuanto el ministerio no podría definir válidamente que era ilegal el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los trabajadores del Sise, pues no contaba con el referente indispensable para ello, como era la previa definición por el legislador de la calidad de esenciales de los servicios que ese centro prestaba.

Resta agregar que el no cumplimiento de la orden de conformar el tribunal de arbitramento obligatorio impartida por el ministerio no impide el análisis de la legalidad de las resoluciones demandadas, por cuanto tal circunstancia no incide en la definición del punto central del debate, consistente en dilucidar si conforme a derecho era o no viable adoptar esa determinación, como efectivamente se precisó en este proveído.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley.

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 510 y 1657 del 25 de marzo y 14 de julio de 1999, mediante las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio para que decidiera el conflicto colectivo de trabajo existente entre el centro distrital de sistematización y servicios técnicos, Sise, y el sindicato de trabajadores oficiales de dicha entidad».

(Sentencia de mayo 3 de 2002. Expediente 1220-2000. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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