•Sentencia 12212 de julio 27 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INCREMENTO SALARIAL A TRABAJADORES DIRECTIVOS

PUEDE SER SUPERIOR AL DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS

EXTRACTOS: «La cláusula 130 de la convención colectiva de trabajo dispone:

“Los aumentos salariales, prestacionales e indemnizatorios que el Idema establezca para sus trabajadores no sindicalizados, en ningún caso podrán ser superiores a los pactados convencionalmente y en caso de violación de esta norma, el Idema quedará obligado a incrementar los respectivos salarios de sus trabajadores sindicalizados en el mayor valor aplicado a los trabajadores no sindicalizados”.

La cuestión litigiosa del juicio está en el alcance de la cláusula transcrita. La posición de la parte demandante consiste en sostener que el Idema fijó para los trabajadores de dirección y confianza un incremento al salario superior al incremento que se acordó por medio de la convención colectiva de trabajo; como esos trabajadores son no sindicalizados, la conducta del Idema implicó violación de la cláusula 130 convencional cuya reparación debe traducirse en nivelación salarial y reajuste de prestaciones e indemnizaciones.

El tribunal tuvo por demostrado que los trabajadores de dirección y confianza son trabajadores no sindicalizados. Pero les reconoció un régimen jurídico particular sobre la base de los decretos que obran en el cuaderno anexo del expediente. Sobre esa base asumió que el incremento de los salarios de los trabajadores de dirección y confianza, que desde luego no se aplicó a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados beneficiarios de la convención, no rompe el principio de igualdad. Por lo mismo, concluyó, que el dicho incremento no significó violación de la cláusula 130 de la convención.

La cláusula 130 le prohíbe al Idema establecer en beneficio de sus trabajadores no sindicalizados incrementos superiores a los acordados con su sindicato. Con una interpretación literal, los aumentos de salario para directivos y trabajadores de confianza no podrían ser nunca superiores a los pactados convencionalmente y de darse el mayor incremento, los beneficiarios de la convención tendrían derecho a la nivelación salarial.

La razón de ser de una cláusula como la 130 precisamente está en la conservación del principio de igualdad y en una muy especial: la necesidad de evitar que el empleador cree graves motivos de discriminación salarial con el propósito de romper la unidad sindical.

Entre los trabajadores de la base y los que tienen funciones directivas y de confianza, la igualdad jurídica y funcional no existe. Incluso el régimen legal regula su situación de manera diferente. Recuérdese, por ejemplo, el manejo legal de la jornada, la remuneración del trabajo suplementario o en domingos y festivos, el fuero sindical, la representación patronal e inclusive el propio principio de igualdad reglado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Si median regímenes jurídicos distintos, es equivocado sostener que un tratamiento diferente en materia salarial implica desconocimiento del principio de igualdad. Con ese argumento, al producirse un incremento salarial en el sector público con una base porcentual superior para quien recibe nominalmente una menor remuneración, el trabajador de mayor salario tendría derecho a la aplicación de la misma tarifa de incremento.

El hecho de la desafiliación sindical no se da por la presencia de situaciones jurídicas distintas para los empleados que ocupan cargos de dirección o confianza, de manera que no puede decirse que su presencia atenta por sí misma contra la organización sindical.

Si la razón de ser de una cláusula como la 130 está en la conservación del principio de igualdad y en la necesidad de evitar que el empleador cree graves motivos de discriminación salarial con el propósito de romper la unidad sindical, la reseñada cláusula no puede entenderse en el sentido que le asignan los recurrentes.

Esta Sala de la Corte, por medio de la sentencia en que se apoya el tribunal, que es la dictada el 25 de junio de 1997 (exp. 9784), a propósito del alcance de la misma cláusula 130, dijo lo siguiente:

“No sobra resaltar, independientemente del rechazo del cargo, que ha sido reiterado criterio de esta corporación, que el personal de dirección y confianza de las empresas, dada su jerarquía, sus responsabilidades, los intereses que representan, entre otros factores, pueden ser excluidos de los beneficios convencionales y quedar amparados por un régimen diferente, expedido por el empresario o convenido con dicho personal, el cual en materia prestacional, si bien puede ser distinto no puede ser en conjunto más favorable que el convencional. En el caso específico examinado es incuestionable que los directivos quedaron exceptuados del régimen convencional por expreso mandato del acuerdo colectivo referido aplicable a los demás trabajadores, por tanto no es dable la extensión de la aplicación a éstos de aquel estatuto especial estatuido sólo para los directivos, en cuanto al salario y demás aspectos pretendidos.

Sobre este particular esta Sala ha precisado:

“Como se ve, el ad quem, a pesar de haber apreciado esa probanza —porque derivó de ella los eventuales derechos extralegales del actor—, no infirió, como era de rigor, que en virtud de su calidad de representante del empresario estatal el demandante no podía invocar a su favor esos beneficios por cuanto si bien por acuerdo entre las partes en principio sus destinatarios eran los trabajadores oficiales que se encontraren al servicio del empleador al momento de la firma, normas superiores de orden público absoluto proscriben expresamente ese despropósito, en acatamiento a postulados superiores que salvaguardan la moralidad administrativa y procuran evitar la irresponsabilidad de los agentes estatales en la negociación colectiva que antepongan su interés personal al público por ellos representado accediendo a tales beneficios con el pretexto de favorecer a los trabajadores, cuando en realidad la ultima ratio sea utilizar el tesoro público en su propio provecho.

“Los representantes de las empresas oficiales que intervengan a nombre de ellas en la negociación colectiva deben acatar las directrices y políticas señaladas por las juntas directivas y por el Conpes, sin perjuicio del respeto al derecho de negociación colectiva, y no pueden beneficiarse del régimen prestacional que resulte de la respectiva convención, por prohibirlo de modo expreso el artículo noveno de la Ley 4ª de 1992” (Sent. jul. 7/95, Rad. 7487).

6. El haber pretendido el demandante que se le aplicara la convención colectiva de trabajo.

Con relación a este tema la Corte tiene expresado que a ciertos representantes del patrono no se les aplican los beneficios de la convención colectiva. Este criterio jurisprudencial ha sido expresamente recogido por la ley respecto de los trabajadores oficiales (L. 4ª/92, art. 9º). (Sent. oct. 26/92, Rad. 6040).

... Por otra parte, como lo explicó el Tribunal Supremo del Trabajo, en nuestro medio las leyes laborales “no deben aplicarse al pie de la letra con exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica” (Sent. jul. 1º/49, G. del T. Tomo IV, pág. 625). Según este criterio jurisprudencial expresado hace más de ocho lustros, pero que hoy conserva plena vigencia, se entiende la razón por la cual algunos representantes del empleador deban ser excluidos de los beneficios extralegales establecidos en las convenciones colectivas de trabajo sin que ello implique violación del artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra la igualdad de los trabajadores ante la ley sin distinción del carácter intelectual o material de la labor que realizan, ni quebrantamiento de los preceptos legales que fijan el ámbito de aplicación de la convención colectiva de trabajo, ni infracción de ninguna otra norma de las que en relación con este aspecto de su acusación cita el recurrente, y sin que ello implique tampoco desconocimiento de que la persona jurídica que obra como empleadora y la persona natural que le sirve de órgano representativo, y es además su trabajador, son personas diferentes.

...Y es que no puede olvidarse que un gran aporte del derecho del trabajo fue el hacer a un lado la abstracción niveladora del concepto “persona”, para mostrar que detrás de él actúan “empresarios”, “empleados”, “obreros” etc., vale decir, operan realidades sociológicas y seres humanos; y que si bien es cierto que una cosa es la sociedad que actúa en un momento dado como empleadora y otra quienes dentro del ámbito de la empresa, sin dejar de ser sus trabajadores, encarnan y personifican al patrono, no lo es menos que estos “altos empleados directivos de las empresas” —como ahora los denomina el artículo 53 de la Ley 50 de 1990— reciben por la propia ley un diferente tratamiento, precisamente porque en ocasiones se confunden con el empleador frente a los demás trabajadores” (Sent. Jul. 9/92, Rad. 4585)”.

Y concluye la citada sentencia del 25 de junio de 1997 con esta consideración que resume la posición de la Sala sobre el alcance de la cláusula 130 convencional:

“Como consecuencia de todo lo anterior, así como los directivos de las empresas no pueden pretender la aplicación de beneficios convencionales de los cuales han sido excluidos por mandato expreso del propio acuerdo colectivo, en el caso bajo examen tampoco los beneficiarios de la convención pueden aspirar a la aplicación del régimen especial para directivos porque ello conduciría a un círculo vicioso irremediable y contravendría las pautas jurisprudenciales atrás invocadas que han admitido, en casos excepcionales, estos estatutos especiales, siempre y cuando se ajusten a los fundamentos citados”.

Desde luego la Sala no comparte las alegaciones que contiene la parte final del cargo, porque incluso con una disposición legal concebida en los amplios términos de la cláusula 130, la interpretación del conjunto normativo sería la misma que se ha expresado. Sencillamente, el esquema constitucional y legal colombiano no ha establecido nunca la igualdad entre los trabajadores que representan al patrono y los que no asumen esa función».

(Sentencia de casación, julio 27 de 1999. Radicación 12.212. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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