Sentencia 12214 de junio 15 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

DENOMINACIÓN SOCIAL EN LAS FACTURAS

LA AUSENCIA DE LA EXPRESIÓN “S.A.” NO ES SANCIONABLE

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sección decidir en el presente caso, sobre la legalidad de los actos administrativos por los que fue impuesta a la actora, la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio.

La controversia se limita a establecer si la demandante incurrió en una irregularidad sancionable, al expedir el tiquete de máquina registradora con la denominación “Santana de los Caballeros”, omitiendo la expresión “sociedad anónima” o en su defecto la sigla “S.A.”.

En primer lugar para la Sala es claro que los artículos 652 y 657 del estatuto tributario, vigentes para la época de los hechos, permitían a la administración tributaria imponer sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio en caso de la expedición de facturas o documentos equivalentes sin el lleno de los requisitos legales.

También es claro que los tiquetes de máquina registradora son un documento equivalente a la factura, por disposición expresa del artículo 617 del estatuto tributario y que dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir se encuentra el “nombre o razón social y NIT del vendedor o quien presta el servicio”, según lo ordena el artículo 6º del Decreto Reglamentario 1165 de 1996.

Cuando la norma hace referencia al “nombre o razón social” y nos encontramos ante una sociedad comercial, debemos remitirnos a las normas mercantiles, ante la ausencia de definición legal especial de carácter tributario.

El nombre o razón social de la sociedad hace referencia a la designación e individualización de la misma, su función es la de identificar a la persona jurídica.

El Código de Comercio exige que el nombre de las sociedades mercantiles se indique en la escritura de constitución como se dispone para cada tipo de sociedad, a su vez, el artículo 373 señala que la sociedad anónima tendrá una denominación seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las letras “S.A.”

Por lo anterior, no cabe duda que el nombre o razón social de las sociedades anónimas debe contener las expresiones mencionadas, pero ¿cuál es la consecuencia de su omisión?

Para efectos mercantiles, el anunciarse sin dicha especificación implica que los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren.

En materia tributaria, cuando se exige que en la facturas se indique el nombre, la razón social y el NIT del vendedor o de quien presta el servicio, se debe entender en el contexto mencionado, esto es, de tal forma que se individualice al obligado a expedir factura, para lo cual tanto la razón o denominación social, como el NIT, constituyen un factor primordial que permite la diferenciación de las personas, pero para estos efectos la ausencia de la expresión “sociedad anónima” o la sigla “S.A.” no impiden dicho objetivo.

Para la Sala, no se acataría este requisito de la factura o documento equivalente, cuando se omita en su totalidad el nombre o razón social del vendedor, o bien cuando se presente incompleto, en forma tal que no permita la clara identificación del obligado o pueda dar lugar a dudas sobre su identidad.

Para el caso en examen, no era posible para la administración tributaria derivar de la ausencia de las expresiones “sociedad anónima” o “S.A.”, una infracción sancionable a la sociedad actora.

Si atendiéramos la interpretación administrativa, se podría llegar al absurdo de sancionar a personas naturales por colocar en las facturas la inicial de su segundo nombre o su segundo apellido o de omitirlos; cuando la expresión de su nombre y su NIT permiten su inequívoca identificación.

En cuanto a la sentencia de esta corporación, de 29 de mayo de 1998, expediente 8788, M.P. Germán Ayala Mantilla, que fue citada por la entidad demandada en su apelación, no encuentra la Sección que se oponga a lo dicho en esta providencia, pues en ese caso se trataba de la identificación, en las declaraciones tributarias de un contribuyente que había modificado su razón social, situación fáctica diferente a la que aquí se plantea.

Por lo expuesto, la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira sancionó indebidamente a la sociedad Santana de los Caballeros S.A., al imponer la clausura o cierre del establecimiento de comercio denominado “Punto Rojo Bolívar” de su propiedad, por lo que los actos administrativos serán anulados.

En el presente caso, que la sanción de clausura ya ha sido ejecutada, no es posible volver las cosas al estado anterior, por lo que es procedente acceder a la reparación del daño causado, conforme al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

La sociedad demandante valoró los daños en la suma de $ 4.681.333. con fundamento en la certificación de su revisor fiscal que promedió los ingresos operacionales del semestre. Esta constancia no fue controvertida por la demandada en ninguna oportunidad procesal, por lo que se considera prueba suficiente».

(Sentencia de junio 15 de 2001. Radicación 12.214. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

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