Sentencia 12245 de marzo 15 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Ref : Expediente 11001-03-27-000-2001-0240-01-12245

Actor: Corporación Los Andes Golf Club

C/ comité de entidades sin ánimo de lucro Ministerio de Hacienda

Impuesto sobre la renta 1997

Fallo

Bogotá, D.C., marzo quince de dos mil dos

Decide la sección la demanda instaurada por la Corporación Los Andes Golf Club, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos mediante los cuales el comité de entidades sin ánimo de lucro se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de calificación elevada por la actora, en relación con el impuesto sobre la renta por el año gravable de 1997.

Antecedentes

La Corporación Los Andes Golf Club, elevó ante el comité de entidades sin ánimo de lucro, solicitud de calificación acerca de la procedencia de los egresos efectuados durante el año de 1997.

El citado comité a través de la Resolución 356 del 29 de junio de 1999, resolvió no emitir pronunciamiento sobre la calificación solicitada, en atención a que estimó que la corporación no cumplía con los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario, para pertenecer al régimen tributario especial, como quiera que sus actividades no propenden por el mejoramiento del conglomerado social.

Dicho acto fue confirmado a través de la Resolución 28 del 14 de abril de 2000, que desató el recurso de reposición interpuesto y agotó la vía gubernativa.

Demanda

Ante el Consejo de Estado, el club actor a través de apoderado judicial, solicita la declaratoria de nulidad de las resoluciones 356 del 29 de junio de 1999 “por la cual se decide una solicitud de calificación” y 28 del 14 de abril de 2000, emitidas por el comité de entidades sin ánimo de lucro y se restablezca su derecho a “calificar en el régimen tributario especial de que trata el artículo 19 del estatuto tributario”, y se disponga la aplicación de la exención y procedencia de los egresos previstos en los artículos 358 y 359 del estatuto tributario.

Cita como disposiciones violadas los artículos 363 de la Constitución, 633, 636 y 637 del Código Civil, 1º, 2º, 3º, 13, 19, 356, 357, 358, 359, 362, 363 y 364 del estatuto tributario y el concepto DIAN 029917 del 29 de marzo de 2000, en síntesis por las siguientes razones:

Acusa la falsa motivación de los actos acusados al indicarse en ellos que la corporación no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario y el Decreto 124 de 1997, específicamente en lo correspondiente al “interés general”, cuya noción no exige que “toda la comunidad” tenga acceso a las actividades del club. Sin embargo, los actos consideraron que en las actividades propias del objeto social del club no prevalece el interés general, y el beneficio que reporta a la comunidad es mínimo, dado que propenden solamente por el mejoramiento y beneficio de sus socios e invitados. Criterio que es contrario a lo decidido por el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de abril de 1998, consejero ponente Julio E. Correa Restrepo, expediente 8595, en la que se declaró la nulidad de la expresión “y que a ellas tenga acceso la comunidad”, contenida en el Decreto 124 de 1997.

Así mismo acusa la extralimitación de funciones del comité, quien carece de competencia funcional para calificar si la corporación es contribuyente del régimen tributario especial e indicar que el club obtiene ingresos provenientes de sus socios e invitados que destina al mejoramiento de la infraestructura y actividad del club con el fin de servir a sus socios, no obstante que su competencia se contrae a la calificación de la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto a los fines previstos.

Asevera que el comité desconoció que el objeto social de la corporación se ajusta en un todo a lo previsto en el artículo 19 del estatuto tributario y que sus recursos los destina al desarrollo de las actividades previstas en la ley y por lo mismo también vulneró el artículo 777 del estatuto tributario y los artículos 1º y 4º, literal a) del Decreto 124 de 1997, precisamente por desconocer con fundamento en la prueba contable la procedencia de sus erogaciones.

Oposición

La Nación, a través de apoderada defiende la legalidad de los actos acusados e indica que la entidad actora no reune los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial previsto en el artículo 19 del estatuto tributario, como fue modificado por el 63 de la Ley 223 de 1995, y tenida en cuenta la sentencia citada por la parte demandante en cuanto anuló la frase “y que a ellas tenga acceso la comunidad”.

Asevera que la entidad se dedica a actividades propias de su objeto social, en beneficio de sus socios, sus familias e invitados y sus egresos son operacionales, por consiguiente no puede acceder al régimen especial.

Que el comité no violó el artículo 777 del estatuto tributario por cuanto no analizó a fondo la procedencia de los egresos ni la proporcionalidad con los costos, ni los desconoció en ningún proceso de determinación por cuanto esa función corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En cuanto a la acusada carencia de competencia del comité indica que la solicitud de la calificación corresponde al año de 1997, fecha en la cual estaban vigentes las funciones del comité establecidas en el artículo 363 del estatuto tributario antes de ser derogado por el artículo 154 de la Ley 488 de 1988, y tratándose de una solicitud elevada antes de entrar en vigencia la nueva ley, era imperativo que el comité se pronunciara.

Solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Alegatos de conclusión

En esta oportunidad intervino la apoderada de la Nación para reiterar los argumentos expuestos en el escrito de oposición a la demanda.

Ministerio Público

La señora procuradora sexta ante el Consejo de Estado, considera que el cargo de incompetencia y extralimitación de funciones por parte del comité debe prosperar por cuanto el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario, que facultaba al comité para emitir la calificación prevista en esa disposición fue derogado expresamente por la Ley 488 de 1998, razón por la cual las resoluciones 356 del 29 de junio de 1999 y 028 de 2000, fueron expedidas abrogándose el comité una competencia que ya no le estaba atribuida para ejercer dicha función administrativa.

A su juicio el comité violó las normas legales sobre competencia, pues cuando fueron expedidos los actos acusados ya el organismo no tenía la atribución para su expedición. De manera que esa competencia que se había atribuido en interés general, desapareció en virtud de la derogatoria expresa de la norma que la confirió y por ende desapareció, tornándose improrrogable y dando paso su ejercicio ilegal a una causal de nulidad de los actos administrativos.

Consideraciones de la Sala

Debe establecer la Sala si se ajustaron a derecho los actos acusados en cuanto se abstuvieron de emitir pronunciamiento sobre la calificación solicitada por la parte actora, respecto del año de 1997, al considerar que la entidad no cumple con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial, previsto en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario.

Conforme a dicha disposición, son entidades del régimen tributario especial, las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos, estén destinados a las actividades incentivadas de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, las que deben ser de interés general.

La parte demandante y el Ministerio Público consideran que las resoluciones materia de acusación, fueron expedidas sin competencia funcional por parte del citado comité, la que se contrae a la calificación de la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, como lo dispone el artículo 363, literal b) del estatuto tributario.

En diversas oportunidades, la Sala ha manifestado su criterio jurisprudencial sobre el punto que aquí es materia de discusión y ha precisado que dentro de la competencia y facultades del comité de entidades sin ánimo de lucro no se encuentra la de abstenerse de efectuar calificación respecto de las solicitudes que le son elevadas.

La administración a través de los actos demandados resolvió abstenerse de emitir la calificación solicitada, aduciendo que verificados los documentos allegados, la entidad actora no cumple con los requisitos legales para ser considerada como contribuyente régimen tributario especial, conforme al numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario.

Se indicó como fundamento, que sus actividades no propenden por el mejoramiento del conglomerado social y que si bien el objeto social se enmarca dentro de la ley, en la práctica el objeto social no se cumple, pues la corporación lo desarrolla en beneficio de los socios, sus familias e invitados y sus egresos son operacionales, y sólo el “3.3% de los egresos corresponden a gastos por actividades de deporte”, “por consiguiente no puede acceder al régimen establecido en el artículo 19 del estatuto tributario”.

A juicio de la Sala, es claro que con lo resuelto en los actos acusados la entidad demandada desbordó los límites de su competencia, dado que no está facultada para abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la calificación de egresos, dado que dentro de sus funciones no le está atribuida la de pronunciarse en tal sentido; proceder con el que se desconocen tanto el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario, como el artículo 11 del Decreto 124 de 1997, en lo pertinente.

De otra parte, al determinase en los actos demandados que la entidad actora no cumple en la práctica el objeto social previsto en sus estatutos, no está haciendo cosa distinta que ejercer facultades de fiscalización para las que no tiene competencia, e invadiendo la órbita de la función otorgada a la administración tributaria. Y es que la competencia funcional del comité referida a la calificación de la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente a los fines previstos, se contrae a esos aspectos sin que pueda extenderse a actuaciones diferentes radicadas en cabeza de otro órgano, como lo son las de fiscalización atribuidas a la administración.

Además porque el artículo 13 del Decreto 124 de 1997 en concordancia con el artículo 363 del estatuto tributario, prevén que la administración tributaria desarrollará programas de fiscalización a las entidades del régimen tributario especial para determinar, entre otros, el cumplimiento de las actividades señaladas en dicha norma, y “las demás disposiciones vigentes sobre la materia” unas de las cuales, justamente es el artículo 19 de estatuto tributario.

Finalmente, advierte la Sala que no obstante el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario fue derogado expresamente por el artículo 154 de la Ley 488 de 1988, y con ello se eliminó la función de calificar la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, el comité de entidades sin ánimo de lucro podía pronunciarse sobre el asunto toda vez que se trata del año gravable 1997 y que de acogerse el criterio de la señora procuradora, no sería viable presentará su declaración tributaria por el citado año de 1997 oportunamente, dentro del mes siguiente de la decisión del comité.

En este sentido se ha pronunciado la Sala entre otros en las sentencias del 15 de noviembre de 1996, expediente 7995 C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo del 16 de marzo del 2001, expediente 10559, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva y sentencia de mayo 25 de 2001 expediente 10452 C.P. Dr. Ligia López Díaz.

Las consideraciones precedentes a juicio de la Sala son suficientes para acceder a lo pretendido por la actora, para lo cual se anularán los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho de ordenará a la parte demandada que proceda a admitir la calificación solicitada por la actora, correspondiente al año gravable 1997.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 356 del 29 de junio de 1999 y 28 del 14 de abril de 2000, expedidas por el comité de entidades sin ánimo de lucro.

2. A título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá proceder a efectuar la calificación solicitada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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