Sentencia 12270 de agosto 16 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EJECUTIVO CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS

EN ESTE PROCESO NO HAY CONSULTA DE PROVIDENCIAS

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 12.270

Clase de proceso: ejecutivo. Actor: Sociedad Ruca Ltda. Demandado: Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar.

Santafé de Bogotá, D.C., agosto dieciséis de mil novecientos noventa y seis.

El proceso de la referencia ha venido a esta corporación con el fin de que se surta el grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 2 de junio de 1996, en la cual ante el silencio de la entidad estatal demandada, se ordenó seguir adelante la ejecución en su contra.

En el proceso ejecutivo no hay lugar a la consulta establecida en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, en favor de las entidades públicas, en relación con las sentencias y providencias de primera instancia que impongan una obligación a cargo de una entidad pública que no la apeló.

Esta norma consagra la consulta en relación con sentencias o providencias que deciden un incidente de liquidación, dictadas en procesos de conocimiento que son las que imponen obligaciones a cargo de una de las partes. En el proceso ejecutivo no se puede hablar en sentido estricto de que la sentencia imponga una obligación a cargo de una entidad pública; lo que hace la sentencia es ordenar la ejecución de una obligación que ya fue impuesta o convenida por las partes.

Si la sentencia proferida en el ejecutivo ordena llevar adelante la ejecución de una obligación contenida en providencia dictada en un proceso de conocimiento, en relación con esa sentencia en la cual está contenida la obligación, ya debió cumplirse con el principio de la doble instancia, en virtud del recurso de apelación o del grado jurisdiccional de consulta.

Si la obligación a cargo de la entidad estatal está contenida en un acto administrativo, no hay lugar a la consulta porque el acto fue proferido por la misma administración, sin que se presente la noción de que a la administración se le impuso una obligación, en consecuencia, no hay lugar a la consulta.

El mismo argumento es válido en relación con la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución contenida en un documento en el cual consta un convenio celebrado entre las partes, dado que allí tampoco está presente el factor “imposición”, sino que surgió de la voluntad de la administración, sin que mediara condena.

En el caso de que ahora se ocupa el despacho, la obligación surgió de un convenio entre la ejecutante y la Caja de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar Fon-visocial, en virtud del cual la ejecutante transfirió a la entidad estatal un predio, y el establecimiento público ejecutado ahora, se comprometió a pagar por el inmueble la suma de $ 223.434.616. En otras palabra, la obligación surge de un convenio de las partes plasmado en la escritura pública 1482 de 6 de agosto de 1991; en consecuencia, no hay lugar a tramitar la consulta dispuesta por el a quo, por cuanto se echa de menos el concepto de imposición de una obligación.

Ésta existe a cargo de la entidad pública, por su propia voluntad expresada en el convenio referido.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de tramitar el grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 20 de junio de 1996.

2. En firme este auto vuelva el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Daniel Suárez Hernández. 

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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