Sentencia 12300 de marzo 8 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR EL FABRICANTE

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE PAGA EN EL MUNICIPIO DE LA SEDE FABRIL

EXTRACTOS: «En cuanto a la adición de ingresos efectuada por la entidad demandada, como consecuencia de haberse establecido que la sociedad desarrolló la actividad de comercialización de sus productos en la jurisdicción del Distrito Capital y que los ingresos percibidos por dicha actividad no fueron declarados, proceden las siguientes consideraciones.

Tanto en la vía gubernativa como ante la jurisdicción ha sostenido la sociedad actora que sus únicos ingresos generados en la ciudad de Bogotá, corresponden a rendimientos financieros percibidos y que ellos se encuentran incluidos en la declaración presentada en dicha ciudad; que no realizó actividad comercial alguna en el Distrito Capital, donde se limitó a vender en bloque su producción, sin establecer la organización empresarial necesaria para llevar los productos al consumidor final; que los ingresos adicionados son los provenientes de su actividad industrial desarrollada en la sede fabril ubicada en los municipios de Funza (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia), donde tributó sobre la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de su producción.

El artículo 154 del Decreto 1421 de 1994 dispone:

“ART. 154.—Industria y Comercio. A partir del año de 1994 se introducen las siguientes modificaciones al impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital: (...).

2. Se entienden percibidos en el distrito como ingresos originados en la actividad industrial, los generados por la venta de los bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o la modalidad que se adopte para su comercialización.

3. Se entienden percibidos en el distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él”.

La definición de ingresos originados en la actividad industrial prevista en la citada disposición, corresponde a la misma definición de actividad industrial consagrada en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, por lo que se reitera lo precisado por la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de señalar que de acuerdo con el texto del artículo 77, el impuesto de Industria y Comercio por la actividad industrial debe ser cancelado en el municipio de la sede fabril, tomando como base la totalidad de los ingresos brutos originados por la comercialización de la producción.

Lo anterior, porque como lo ha señalado la Sala, la modificación sustancial introducida por el artículo 77, consistió precisamente en que, ante el municipio de la sede fabril, ya no es admisible la prueba de la comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a éstos a los que se les debe probar que los bienes o productos vendidos en sus territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor y sobre los mismos se ha pagado el gravamen sobre la actividad industrial, esto, obviamente con el propósito de que como dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de octubre 17 de 1991 que decidió sobre su exequibilidad, no se liquide otro impuesto sobre la misma base gravable (1) .

(1) Consejo de Estado. Sentencias de noviembre 6 de 1998, expediente 9017, C.P. Delio Gómez y expediente 9671 de noviembre 26 de 1999, Dr. Julio Correa.

En cuanto a la comercialización de los bienes que se producen por el industrial, ha dicho la Sala que la actividad industrial ejercida por aquél no deja de serlo, ya que legalmente no puede considerarse como comercial la actividad que ha sido definida y catalogada como de carácter industrial (2) .

(2) Consejo de Estado. Sentencia de abril 28 de 2000, expediente 9817, C.P. Daniel Manrique.

Así mismo ha precisado la Sala que el impuesto por la actividad industrial se causa sobre la totalidad de los ingresos provenientes de la comercialización de la producción, cualquiera que sea el municipio donde ésta se realice y debe pagarse en el municipio de la sede fabril o planta industrial (3) .

(3) Consejo de Estado. Sentencia de julio 9 de 1999, expediente 9383, C.P. Daniel Manrique ( N. del D.: Véase también la sentencia de febrero 18 de 2000, publicada en J. y D., Nº 342, pág. 1017).

En el caso bajo análisis está probado y aceptado por las partes que la sociedad actora tiene dos sedes fabriles, una ubicada en el municipio de Funza (Cundinamarca) y otra en Medellín (Antioquia), donde fabrica los productos que comercializa y que tanto en el Municipio de Funza como en el de Medellín declaró y pagó como industrial, el impuesto de Industria y Comercio sobre la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de sus productos en otros municipios.

En efecto, según la liquidación oficial objeto de la demanda, “Procter & Gamble S.A. (antes Inextra S.A.) en las localidades de Funza y Medellín, donde se encuentra ubicada su sede fabril realiza una actividad industrial y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 debe cancelar allí los impuestos generados por la comercialización de su producción como actividad industrial sin importar si la distribución se realiza dentro o fuera del municipio...”. Adicionalmente, obran en el proceso copias de las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la sociedad por el año gravable 1996, en los municipios de Funza (fl. 314 c.a.) y Medellín (fl. 313 c.a.), así como las declaraciones presentadas en el Distrito Capital por los seis bimestres de 1996, correspondientes al año gravable 1996 (fls. 334 a 339 c.a.).

Ahora bien, tal como consta en el acta de inspección tributaria, el requerimiento especial y la liquidación de revisión, la administración efectuó cruces de información con los clientes de la sociedad que tienen domicilio en la ciudad de Bogotá, a quienes se les solicitó informar el procedimiento empleado para las transacciones comerciales, así como la recepción de declaraciones rendidas por los empleados de la sociedad actora vinculados en la misma ciudad, según las cuales la compañía está conformada en Bogotá, por los departamentos de mercadeo, financiero, recursos humanos y sistemas, pruebas con fundamento en las cuales concluyó la administración:

“...significa que de todo el proceso de comercialización que concluye con la venta de producción en este distrito como es la ubicación del cliente, la oferta, entre muestras y catálogos, información, general, demostración de características del producto, hacer conocer sus nuevos productos, estar al día con las nuevas presentaciones que faciliten los pedidos, precios, descuentos, formas de pago, recepción de pedidos, despacho de los mismos, entrega de facturación, cobro, las únicas actividades que no se llevan a cabo en Santafé de Bogotá son las de despacho de la mercancía y facturación de las mismas, demostrándose contundentemente que esta actividad de comercialización por parte de Procter & Gamble S.A. (antes Inextra S.A), efectivamente fue llevada a cabo en esta ciudad, realizándose en ella el hecho generador del tributo, siendo entonces competente la Dirección de Impuestos Distritales para determinar la base gravable del impuesto en virtud de que sí se percibieron ingresos susceptibles de gravamen dentro de su jurisdicción”.

Para la Sala las pruebas aducidas por la administración para acreditar que las ventas objeto de adición se realizan en Bogotá, no son demostrativas de la realización del hecho generador del impuesto de industria y comercio en relación con la actividad comercial, porque como lo ha reiterado en anteriores oportunidades, el destino de las mercancías o el sitio donde se suscribe el contrato de compraventa no son determinantes del hecho generador o manifestación externa del hecho imponible, ya que con tal criterio se estaría trasladando el lugar de la causación del gravamen, desconociendo el carácter territorial del impuesto. Así que, el hecho de que las ventas se hayan realizado a través de los vendedores comerciales vinculados a la sociedad en Bogotá y que estos tengan que asesorar a sus clientes respecto de precios, forma de pago, descuentos, o devoluciones de mercancías, no puede aceptarse como demostrativo de la actividad comercial objeto del gravamen.

Por lo anterior, no son de recibo las argumentaciones de la entidad demandada apelante, relativas a que el Distrito Capital podía gravar como actividad comercial los ingresos obtenidos por la contribuyente por la comercialización de sus productos en el distrito, así hubiera tributado como industrial en los municipios donde tiene sus sedes fabriles, toda vez que la actividad industrial apareja la comercialización de los bienes que se producen, sin que pueda entenderse como comercial la actividad que ha sido calificada de industrial, como ocurre en el caso bajo análisis.

Así las cosas, se concluye la improcedencia de la adición de ingresos y la imposición de sanción por inexactitud efectuada por la administración distrital respecto del impuesto de industria y comercio a cargo de la actora, correspondiente al primer bimestre de 1996».

(Sentencia de marzo 8 de 2002. Expediente 12.300. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

________________________________