Sentencia 12303 de febrero 1º de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RENTA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

LOS INGRESOS QUE RECIBEN SON PROPIOS Y NO DE TERCEROS

EXTRACTOS: «La Ley 50 de 1990 en su artículo 71 define la empresa de servicios temporales:

“Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”.

Las empresas de servicios temporales, de conformidad con el artículo 77 ibídem, son personas jurídicas conformadas como sociedades comerciales cuya objeto social es “enganchar y remitir personal que requieran otras personas naturales o jurídicas para los siguientes efectos: a) Desempeñar labores ocasionales, accidentales o transitorias, esto es aquellas cuya duración no exceda de un mes y se requieran para cubrir necesidades ajenas a la actividad normal del solicitante de los servicios; b) Reemplazar personal en vacaciones, en incapacidad, en licencia ordinaria y en licencia de maternidad; c) Atender el incremento de la producción, las ventas o transporte; d) Recolectar cosechas; y e) Prestar servicios en general”.

Se denominan usuarios las personas naturales o jurídicas que contratan con las empresas de servicios temporales, a través de un contrato mercantil escrito, cuyas estipulaciones cuando menos han de referirse a los temas establecidos en el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. En virtud de este contrato, las empresas de servicios temporales, a cambio de una remuneración determinada, se comprometen a remitir el personal requerido por el usuario, para lo cual han de enganchar los pertinentes trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que se acomode a la necesidad del servicio y duración de la misión.

El artículo 74 de la Ley 50, define los trabajadores en misión como “aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos”.

La relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado.

Conforme a lo anterior y como lo afirma el a quo, son dos las relaciones que se derivan de la sociedad temporal: i) la proveniente entre la empresa temporal y el usuario producto de un contrato de prestación de servicios y , ii) la relación laboral entre la empresa temporal y sus trabajadores respecto de los cuales según definición del artículo 71 de la Ley 50 de 1990 la empresa tiene el carácter de empleador.

En el sub lite, la sociedad Laborales de Medellín S.A., tiene como objeto social “la prestación de servicios a terceros beneficiarios mediante contrato suscrito con ellos para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, con las cuales tiene el carácter de empleador” (certificado cámara de comercio, fl 2).

Es claro que se trata de una empresa temporal, asunto que no se discute en este proceso, y que en términos del artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y de su objeto social, tiene el carácter de empleador respecto de las personas naturales contratadas para el desarrollo de sus actividades.

Desde esta perspectiva; para la Sala es claro que los ingresos percibidos por la demandante en desarrollo de su objeto social, contrario a lo afirmado por ésta, constituyen ingresos ordinarios, susceptibles de generar incremento patrimonial, depurables en términos del artículo 26 del estatuto tributario; propios y no de sus trabajadores, implicando, por su parte, el que deba asumir el pago de los salarios y demás prestaciones sociales que se derivan del contrato de trabajo.

Así las cosas, no le asiste razón a la empresa temporal cuando registra en su denuncio privado únicamente el valor que a su juicio corresponde al valor de la comisión por su actividad de intermediación, detrayendo de sus ingresos la suma de $2.229.978.000 considerándolos ingresos de terceros.

Contrario sensu, goza de legalidad la actuación de la administración al adicionar en esta cifra los ingresos de la sociedad, dado que a la luz del artículo 26 del estatuto tributario, constituye renta la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados durante el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no han sido expresamente exceptuados.

Se tiene entonces que la demandante, tenía la obligación de contabilizarlos y declararlos como ingresos propios y no como ingresos de terceros, en este caso de los trabajadores.

Así las cosas, los ingresos de $2.229.978.000 percibidos por la actora en la vigencia de 1991 y en desarrollo de su objeto social, constituyen ingresos propios de la sociedad actora, susceptibles de generar renta, por lo cual la sociedad demandante debió registrarlos en su denuncio rentístico, razón suficiente para declarar la procedencia de la adición formulada por la administración, por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad el cargo formulado».

(Sentencia de febrero 1º de 2002. Expediente 12.303. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

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