Sentencia 12319 de noviembre 11 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

María Elena Giraldo Gómez

Santafé de Bogotá, once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «El concepto de autoridad pública, para efectos de responsabilidad del Estado, ha sido estudiado por la jurisprudencia desde múltiples puntos de vista. Así:

• Por el contenido real de la conducta en el despliegue de la función pública, es decir, por la materia en el hacer, en el dar o al omitir (concepto material de función pública).

• Por el contenido de apariencia de la conducta, en aquellos despliegues (concepto simulado de función pública).

• Por los nexos instrumentales en la producción del hecho dañino: por ser de propiedad del Estado, o en ejercicio de su derecho de posesión, de tenencia, etc., o porque no teniendo ninguna de estas condiciones frente a un instrumento lo utiliza, y al hacerlo ocasiona un hecho dañino (conceptos orgánico propio y por utilización).

“Cuando se demanda al Estado por conductas desplegadas por sus agentes, una vez el juzgador está convencido que la autoría del hecho que causalmente produjo el daño radica en un agente estatal, previo el análisis de las pruebas en conjunto y aplicando la sana crítica, debe preguntarse si aquél estaba o no desempeñando sus funciones, pues a pesar de que se trate de dichos agentes sus conductas estén desligadas de las labores.

Así las cosas, si a la pregunta anterior se responde afirmativamente, florece el título de imputación en cabeza del Estado.

La labor del juzgador está en responder varias preguntas:

1. ¿Hay daño?

2. ¿Ese daño es antijurídico?

3. ¿Cuál fue la causa del daño?

4. ¿Quién es el autor de la causa que produjo el daño?

5. ¿Si el autor es un agente estatal, éste se encontraba en el desempeño de sus funciones?

6. ¿Hay algún elemento que rompa el nexo causal?

Si a todos los interrogantes se responde sí, el juzgador debe concluir que está ante el daño antijurídico imputable al Estado.

En lo que hace a la individualización de los agentes autores del hecho productor del daño, reitera la Sala que, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no es necesaria la identificación personalizada; al Estado le incumbe responder ante las víctimas por el simple hecho de que sus agentes produzcan daños antijurídicos.

El juez goza de libertad en el examen de las pruebas; la única exigencia es que aquellos hechos que declara como establecidos estén debidamente fundamentos, en pruebas judiciales —es decir, que se encuentre en el proceso y frente a las cuales hubo tiempo de contradicción— pertinentes, conducentes y eficaces.

(...).

En un sistema como el nuestro en el cual el convencimiento del juzgador para fallar debe edificarse sobre bases racionales, lógicas y experimentales, no arbitrarias, la prueba debe ser valorada en cuanto a su mérito de manera objetiva: la libertad probatoria no se puede restringir con el argumento concerniente a que sólo las pruebas directas son las que sirven para probar los hechos, que interesan al proceso».

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