Sentencia 12339 de julio 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 85

Magistrado Ponente

Carlos E. Mejía Escobar

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil dos.

Vistos:

Decide la Sala de Casación Penal, lo que en derecho corresponda respecto de su competencia para seguir conociendo de la actuación a la que se encuentra vinculado el ex representante a la Cámara Jaime Alberto Ávila Tobar.

Antecedentes

1. Jaime Alberto Ávila Tobar se desempeñaba como secretario de hacienda del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el año de 1995. Como secretario de hacienda era miembro permanente de la unidad asesora de licitaciones y adjudicaciones y participó con la sesión del 19 de septiembre de 1995 en la que se recomendó la adjudicación de sendos contratos con la Droguería Juventud y la señora Nancy González para la adquisición con destino a la secretaría de fomento agropecuario, pesca y medio ambiente de motores fuera de borda y lanchas.

2. Como consecuencia del exagerado precio que el departamento pagó por esos bienes y otras adquisiciones, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Fiscalía de San Andrés (isla). Allí se adelantó la instrucción hasta cuando el señor Ávila Tobar se posesionó como representante a la Cámara.

3. Asumida la competencia por la Corte por razón del fuero de congresista, se tramitó el asunto hasta el pasado 19 de julio cuando se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de Jaime Alberto Ávila Tobar por el delito de peculado por apropiación.

4. El defensor del acusado presentó certificación de la subsecretaría auxiliar de la Cámara de Representantes en la que se hace constar que el señor Ávila Tobar no es actualmente representante a la Cámara. Con fundamento en esa constancia solicita la remisión de las diligencias al juez natural, identificando como tal al Fiscal 46 delegado de la unidad ante los juzgados penales del Circuito de San Andrés (isla).

Consideraciones de la Corte

1. Es evidente que a partir del 20 de julio de 2002 con la posesión de los congresistas de la República que fueron elegidos para el periodo constitucional 2002 - 2006, dentro de los que no se encuentra el señor Jaime Alberto Ávila Tobar, la Corte carece de competencia para seguir conociendo de este proceso.

2. Los hechos objeto de la calificación jurídica contenida en la resolución de acusación proferida por la Corte no guardan ninguna relación con la función parlamentaria. Son acontecimientos que ocurrieron cuando el señor Ávila Tobar se desempeñaba como secretario de hacienda del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esa razón le otorgaba la protección foral mientras se mantuviera como miembro del Congreso de la República, pero sin tal investidura y tratándose de un delito ajeno a ella, el juez competente es aquel que corresponda por la naturaleza de los hechos. A él se le remitirán las diligencias en el estado en que se encuentren.

3. Conforme lo ha establecido la Sala con anterioridad (1) , se ordenará la remisión de la actuación al Juez Penal del Circuito de San Andrés (isla) (reparto) y no al señor fiscal 46 delegado de la misma ciudad como lo solicita el señor defensor del ex representante a la Cámara Jaime Alberto Ávila Tobar.

(1) Confrontar entre otras, autos de única instancia del 29 de septiembre de 1999; radicación 15.608. Imputado Ramiro Calle Cadavid; Magistrado Ponente: Carlos Eduardo Mejía Escobar. Auto del 23 de mayo de 2001; radicación Nº 17.657; sindicado: Orlando Beltrán Cuéllar; Magistrado Ponente: Herman Galán Castellanos. Auto del 9 de agosto de 2001; Radicación 17.306. sindicado: Luis F. Almario R. Magistrado Ponente: Herman Galán Castellanos.

4. El factor foral con que la Constitución ampara a los congresistas de la República, significa, desde la perspectiva de su protección personal, que en tanto estén vinculados a la actividad legislativa sólo puedan ser investigados y juzgados por esta corporación, cualquiera que sea la época en que se haya cometido la infracción que origina el proceso judicial. Desde el punto de vista de la protección del órgano, que el fuero los sigue amparando si se trata de hechos cometidos en o por razón de la función.

Significa ello que la Corte es competente a partir de la fecha de la posesión del congresista para conocer de todas las actuaciones penales que se vengan adelantando en su contra y, consecuencialmente, todas las demás autoridades del país pierden, a partir del hecho de la posesión del parlamentario, la competencia para continuar conociendo de tales diligencias, cualquiera sea el estadio procesal de la actuación.

5. Esa misma regla opera en sentido inverso. Despojado el parlamentario de la investidura por cualquiera de las razones por las que puede perderla —decisión judicial, decisión personal, decisión democrática o vencimiento del período— la Corte pierde automáticamente la competencia. Únicamente la mantiene respecto de aquellos hechos que tengan que ver con la función. De todos los demás, recuperan la competencia los jueces que correspondan por los factores objetivo y territorial.

6. Esta precisamente es la situación que se genera en esta instrucción. El señor Ávila Tobar era sujeto de investigación por hechos ajenos a la función legislativa. A partir del 20 de julio de 2002 dejó de pertenecer al Congreso de la República. Desde esa fecha la Corte pierde la competencia y la gana el juez al que corresponda por los factores objetivo y territorial.

7. La actuación se encuentra actualmente con resolución de acusación. Contra esa providencia procedería —en principio— el recurso de reposición. Sin embargo, la pérdida de competencia de la Corte imposibilita la interposición y, consecuentemente, la eventual solución de tal recurso.

Significa ello que la acusación ha quedado en firme. La Corte la dictó en ejercicio de su competencia constitucional y el cambio de ella impone que la actuación deba ser asumida por el ahora juez competente en el estado en el que corresponda al “debido proceso” que a él le compete adelantar.

8. Ese “debido proceso” era hasta el 19 de julio de 2002, inquisitivo y de única instancia. Ahora es acusatorio y de doble instancia. Pero la nueva ritualidad no puede desconocer lo que se adelantó conforme a la competencia constitucional anterior, ni puede habilitar competencias constitucionales funcionales inexistentes. Esa conclusión impide la remisión del trámite a la fiscalía, pues la etapa instructiva ha finiquitado con la resolución de acusación y ningún funcionario de esa institución tiene superioridad funcional sobre la Corte Suprema de Justicia para revisar su decisión. Ni siquiera ello es posible por la vía de la reposición pues de esa manera se estaría habilitando una revisión por funcionario de menor jerarquía del que dictó la providencia (2) .

(2) Confrontar auto del 3 de febrero de 1998; Única Instancia; Radicación Nº 8.802; sindicado: Adalberto Jaimes Ochoa; Magistrado Ponente: Ricardo Calvete Rangel. Publicada en Gaceta Judicial Nº 2.493, Tomo CCLIV; Primer Semestre de 1998. Volumen I. Páginas 123 a 128. Imprenta Nacional.

Por esa razón la Corte no puede hacer otra cosa que remitir el asunto en el estado en que se encuentra y amoldarlo al rito que compone el debido proceso del asunto que debe tramitarse. Esto es declarar la ejecutoria de la resolución de acusación y ordenar la remisión de la actuación al juez competente para el juzgamiento.

9. Tal forma de solución no desconoce que algunos actos procesales pueden no agotar su finalidad, como en este caso concreto la oportunidad de impugnación de la resolución acusatoria de la que se impide su desenvolvimiento, pero reconoce la estructura constitucional de la rama judicial y la plena vigencia del acto proferido, al tiempo que le deja cumplir la finalidad para la que está destinado: calificar el mérito sumarial.

Es clara la colisión de los dos actos procesales, el de calificación y el de oportunidad de impugnación. Pero en tal conflicto, debe ceder aquel que resulte incompatible con la nueva estructura que asume el proceso por cuanto el juez llamado a decidirlo carece de competencia para convertirse en superior de quien actuó como juez de única instancia.

Ello no se opone, naturalmente, a que el rito de juzgamiento parta de la acusación como hecho objetivo sometido a todos los controles propios del juicio, sin que para nada deba importar al juez la naturaleza y preeminencia del órgano que la dictó.

10. Esas mismas razones impiden resolver la solicitud de designación de un lugar especial de reclusión para el acusado. Ese derecho está consagrado en la ley (artículos 360 del Código de Procedimiento Penal y 29 del Código Penitenciario y Carcelario). A las autoridades carcelarias les corresponde su cumplimiento y a la judicial competente su verificación.

En consecuencia, a la Sala únicamente le resta declarar la ejecutoria de la decisión calificatoria y ordenar la remisión de las diligencias al señor juez penal del Circuito (reparto) de San Andrés (isla), sin que proceda recurso contra esta decisión dado el fundamento de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar que la resolución de acusación proferida el 19 de julio de 2002 proferida en contra del entonces Representante a la Cámara Jaime Alberto Ávila Tobar, ha quedado en firme, en consecuencia remítase el expediente y sus anexos al señor juez penal del Circuito (reparto) de San Andrés (isla).

Comuníquese y cúmplase.

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