Sentencia 12384 de mayo 30 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTlCIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 58

Magistrado ponente

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., treinta de mayo de dos mil dos.

Vistos:

Se resuelve la demanda de casación presentada por el defensor de Julio Eduardo Cárdenas Córdoba contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 5 de marzo de 1996.

EXTRACTOS: «Hechos

El 20 de septiembre de 1994, Guillermo Eduardo Junca Alvarez y Jorge Orlando Rodríguez Ríos ingerían licor en la vivienda en que convivían, en compañía de Miguel Ángel Pico Alvarez y Julio Eduardo Cárdenas Córdoba quienes, al parecer, les suministraron una sustancia que rápidamente les produjo sueño, situación que aprovecharon estos para apropiarse de una camioneta, algunos electrodomésticos y otros bienes de propiedad del señor Junca, quien logró recobrar el conocimiento cuando tal cosa ocurría e intentó oponerse al apoderamiento, pero fue lesionado repetidamente con arma cortopunzante, heridas que en el acto le ocasionaron la muerte.

(...).

Consideraciones de la Corte

Primer cargo.

No solo se equivocó el demandante en la selección de la causal a cuyo amparo censura la sentencia —no precisamente porque invoque la violación directa de la ley, que ni de manera expresa ni del contexto del libelo se deduce, como erróneamente lo sostiene el Procurador Delegado— pues si ésta se dirigía contra la apreciación de una prueba ilegalmente practicada debió formular el cargo desde la perspectiva del falso juicio de legalidad y señalar la norma que establece la adecuada incorporación del medio de convicción, sino que omitió demostrar la trascendencia del yerro en el sentido de la decisión.

Entonces, aunque tuviese razón en el reproche —de la que también carece, como se verá luego— el cargo no podría prosperar porque no fue la indagatoria de Pico Álvarez la única prueba que tuvo en cuenta el fallador para declarar la responsabilidad de Cardenas Cordoba, sino la propia injurada de éste y el testimonio de Jorge Orlando Rodríguez Ríos, elementos de convicción suficientes para soportar el fallo de condena, como que con base en ellos se acreditó la presencia de los procesados en el lugar de los hechos, las actividades realizadas durante su permanencia allí y la apropiación, previamente acordada, de bienes del señor Junca. Que la autoría material del homicidio la atribuya recíprocamente cada procesado al otro, ninguna incidencia tiene en punto a la responsabilidad que a ambos se les dedujo, como acertadamente concluyó el ad quem..

Con todo, la critica del censor es inadmisible. En reiteradas decisiones (1) la Sala ha sostenido que la omisión de juramentar al indagado que hace cargos a terceros, no torna inexistente la indagatoria. Sobre este tema, señaló en sentencia del 22 de octubre de 1998, radicado 10.934, con ponencia del magistrado Carlos Eduardo Mejia Escobar:

(1) Cfr. sentencias del 25 de octubre de 1989, radicado 3510, M.P. Rodolfo Mantilla Jácome (sic).

"El sentido del juramento en el curso de la indagatoria, en cuanto su imposición se exige del hecho de declarar en contra de otro, tiene que ver con la responsabilidad personal de quien hace la incriminación, con la no impunidad total de sus aseveraciones, la cual sólo lo protege hasta el momento en que las explicaciones que realice en su defensa no signifiquen la atribución de un hecho delictivo a otra persona, caso en el cual el juramento tiene por objeto convertirlo en testigo respecto de esa afirmación y en consecuencia en eventual autor de falso testimonio en el caso de no resultar cierta su incriminación".

"No obstante, reitera la Sala, la omisión del juramento en la hipótesis examinada en ninguna forma hace nugatoria la posibilidad del examen integral de la indagatoria como medio de prueba y obviamente la de ser tomada como fundamento de cualquier determinación dentro del proceso penal, incluidas naturalmente la acusación y la sentencia. Lo único que propicia tal tipo de irregularidad, ya se dijo, es la imposibilidad de derivar responsabilidad penal en contra de quien incrimine falsamente a otro en el marco de dicha diligencia de vinculación procesal".

Por último, téngase en cuenta que el actor se abstiene de comprobar la manera como la ausencia de juramento que exige, afectó, simultánea e indiscriminadamente la favorabilidad, la necesidad de prueba, la prueba que conduce a la certeza y el in dubio pro reo.

El cargo no prospera.

Segundo cargo.

Apoyado en la misma supuesta irregularidad denunciada en el cargo anterior, que por conducir a la inexistencia del medio de convicción implicaría la ausencia de la prueba necesaria para condenar y, por tanto, al reconocimiento del in dubio pro reo, las razones que se dejaron consignadas en el anterior acápite son igualmente suficientes para desechar esta censura porque, se insiste, ni la ausencia de la formalidad del juramento invalida la prueba ni fue ella la única que se tuvo en cuenta para condenar.

Por lo demás, aceptada como fue por los procesados la comisión previamente convenida del atentado patrimonial; la mutua imputación del herimiento resulta intrascendente en punto a la determinación de la responsabilidad por el homicidio, no precisamente porque se acuda a la ya inexistente figura de la complicidad correlativa que consagraba el Código Penal de 1936, sino en virtud de lo que se ha dado en llamar coautoría impropia, según la cual "en los casos en que varias personas proceden en una empresa criminal, con consciente y voluntaria división del trabajo para la producción del resultado típico, todos los participes tienen la calidad de autores, así su conducta vista aisladamente no permita una directa subsunción en el tipo, porque todos están unidos en el criminal designio y actúan con conocimiento y voluntad para la producción del resultado comúnmente querido o, por lo menos, aceptado como probable. Así mismo, si a esa empresa criminal van armados porque presumen que se les puede oponer resistencia o porque quieren intimidar con el uso de las armas y como consecuencia de ello se producen lesiones u homicidios, todos serán coautores de hurto y de la totalidad de los atentados contra la vida y la integridad personal, aún cuando no todos hayan llevado o utilizado armas, pues participaron en el común designio, del cual podían surgir estos resultados que, desde luego, se aceptaron como probables desde el momento mismo en que actuaron en una empresa de la cual se podían derivar" (2) .

(2) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de febrero de 1985. M.P. Luis Enrique Aldana Rozo.

Tercer cargo.

Reiterada y unánime ha sido la jurisprudencia de la Corte en torno a la aplicación del incremento punitivo previsto en la Ley 40 de 1993 para el delito de homicidio independientemente de que guarde conexidad con el atentado contra la libertad individual. Bastará en consecuencia, para responder la inquietud expuesta por el libelista, reiterar lo que dijo la Sala en sentencia del 4 de febrero de 1998, radicado 9.765, con ponencia del magistrado Fernando Enrique Arboleda Ripoll:

"2. No es cierto que la Ley 40 de 1993 se refiera exclusivamente al tema del secuestro, o que el legislador haya pretendido limitar la aplicación de sus artículos 29 y 30 a los casos en los cuales el homicidio guarde algún nexo con el citado delito contra la libertad individual".

"La mencionada ley, en su enunciado, además de noticiar la adopción del estatuto nacional contra el secuestro, anuncia la expedición de otras disposiciones, dejando de esta manera en claro que el tema del secuestro constituía materia dominante, pero no única".

"3. El capítulo relativo al "aumento de penas", en donde se establecen los incrementos punitivos para los delitos de homicidio y extorsión, surgió de la necesidad de adoptar una política criminal coherente, que armonizara las nuevas penas previstas para el secuestro con el esquema punitivo básico del Código Penal, y con las establecidas para hechos punibles que, como la extorsión o el homicidio, comprometen bienes jurídicos de igual o mayor valor. Esto explica las modificaciones paralelamente introducidas a los artículos 28 y 44 del Código Penal".

"Cierto es que el proyecto inicial ingresó al Congreso sin estas reformas, pero en el curso de los debates se planteó la necesidad de incluirlas para darle coherencia, como se desprende del contenido de la ponencia en la Cámara, en donde se dijo: "En el curso de la fecunda discusión que esta iniciativa ha tenido en el Senado se planteó, no sin razón, que no podría tratarse punitivamente la conducta del secuestro con mayor severidad que la del homicidio. Ello condujo a que se adoptaran decisiones legislativas, agravando también las penas para el homicidio que mantuvieran principios universales de la dosimetría penal"” (Gaceta del Congreso de nov. 18/92)".

"4. El texto de los artículos 29, 30 y 32 es de tal claridad que cualquier pretensión encaminada a limitar o ampliar su sentido resulta un despropósito. La expresión "quedará así", utilizada sistemáticamente por el legislador para anunciar las nuevas disposiciones, no permite abrigar dudas sobre la subrogación de los artículos 323, 324 y 355 del Código Penal, ni la autonomía de los nuevos preceptos".

"5. Un estudio sistemático-teleológico del citado estatuto devela igualmente la inconsistencia de la tesis que propugna por una aplicación limitada de los artículos 29, 30 y 32, pues el numeral 11 del artículo 3º ejusdem, recoge como circunstancia de agravación punitiva para el secuestro extorsivo, la hipótesis del concurso con los delitos de homicidio y lesiones, no siendo por tanto de recibo la afirmación de que la pena prevista en los citados artículos solo puede ser aplicada en casos de conexidad. Absurdo sería, ha dicho la Sala, "considerar que, en un mismo estatuto legal, el legislador fije dos penas bien diversas para unos mismos hechos, ésta que acaba de señalarse de un máximo de 60 años, y la otra de un tope de 40 del artículo 29, lo que por fuerza de la razón conduce, fatalmente, a la certidumbre de que la pena en este último artículo erigida, para nada demanda la correlación con el secuestro, sino que es definitivamente independiente de tal circunstancia" (Casación de 21 de noviembre de 1995, Magistrado Ponente Dr. Gálvez Argote)".

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Del principio de favorabilidad.

Por último, en cuanto se refiere a la aplicación del principio de favorabilidad en razón de la vigencia de la Ley 599 de 2000, como la Corte no casará el fallo impugnado y, por lo tanto, no puede actuar como tribunal de instancia, su examen le corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de acuerdo con el numeral 7º del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y-por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese y devuélvase al tribunal de origen».

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