Sentencia 12384 de noviembre 23 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 08001-23-31-000-1995-9510-01-12384.

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Manufacturera Colombiana de Confecciones Ltda. C/ Banco de la República - CERTS.

Bogotá, D.C., noviembre veintitrés de dos mil uno.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Pretende la parte actora, ahora apelante, que se revoque la decisión inhibitoria de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho en relación con el acto administrativo ficto o presunto resultante del silencio administrativo negativo y el oficio 0163 de febrero 10 de 1995 por medio del cual el Banco de la República declaró improcedente el recurso de apelación “por falta de decisión administrativa recurrible”.

El análisis jurídico efectuado por el tribunal para concluir que no era procedente decidir de fondo, es acertado y se considera innecesario repetir en esta oportunidad, como quiera que para llegar a la conclusión de que por mandato de la ley, la actuación se hallaba suspendida y por lo mismo no podía configurase el fenómeno del silencio administrativo negativo, basta señalar que los artículos 10, literal c) de la Resolución 06, 11 del Decreto 636 de 1984, modificado por el artículo 4º del Decreto Reglamentario 987 de 1991, son unánimes al prever que:

“El Banco de la República reconocerá, expedirá y entregará los certificados de reembolso tributario, una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos:

c) Que no curse investigación administrativa o penal alguna relacionada con la efectividad o legalidad de las respectivas exportaciones; el banco suspenderá la actuación de reconocimiento a partir del momento en que reciba oficialmente comunicación de las correspondientes autoridades sobre la existencia de tales investigaciones o cuando el propio banco dé traslado a dichas autoridades de solicitudes de CERT respecto de las cuales tenga duda sobre su legalidad o efectividad” (resalta la Sala).

Según el oficio 0163 del 10 de febrero de 1995, cuyo contenido no ha sido desvirtuado por la parte actora, se acredita que el Banco de la República recibió comunicaciones oficiales de la DIAN (Oficio A-469, de jul. 30/91), de la desaparecida Superintendencia de Control de Cambios (oficio 1534 de oct. 1º/91), acerca de la existencia de investigaciones “en relación con las operaciones de exportación realizadas durante el primer semestre de 1991” (C.P., fls. 61 a 65), y del Juzgado 60 de Instrucción Criminal Ambulante de Santafé de Bogotá (oficio 167, jun. 16/92), sobre la investigación penal que cursaba en contra de la sociedad.

Como se dio cuenta en los antecedentes, no es cierto como lo afirma el recurrente que la petición de la actora correspondía solamente a operaciones de exportación efectuadas en el segundo semestre de 1991, pues vistas las fotocopias de las solicitudes de los CERTS, las exportaciones se realizaron en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1991, y sólo dos solicitudes se refieren a exportaciones del mes de agosto de 1991 (8021 y 8022), sin que dicha excepción sea relevante, toda vez que las aludidas investigaciones oficiales, no estaban dirigidas o limitadas, como equivocadamente lo entiende la recurrente, a la legalidad y autenticidad de los documentos de exportación, por cuanto la norma no efectúa tal distinción, respecto a la “autenticidad” de los documentos, sino en general se refiere a la “efectividad o legalidad de las exportaciones”.

Como lo ha dicho la Sección en otras oportunidades en las que se ha discutido aspectos fácticos y jurídicos similares al presente (1) , “el hecho de que se hubiere radicado la solicitud, de suyo no implicaba que ésta debía resolverse bajo la simple observancia del término de 15 días previsto en el artículo 48 de la Resolución 06 de 1990, desatendiendo la normatividad antes transcrita, máxime cuando éste también prevé dicho plazo para resolver “siempre que el banco cuente con el certificado de reintegro y el documento único o la declaración de exportación y de los demás documentos e informaciones necesarios para acreditar la efectividad y legalidad de la respectiva operación de comercio exterior”.

(1) Sentencia de agosto 4 de 2000, Expediente 10457, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, sentencia de septiembre 8 de 2000. Expediente 10463, C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.

De lo anterior se observa que la entidad acató la norma que le imponía la obligación de suspender la actuación de reconocimiento, desde el momento en que recibió oficialmente las comunicaciones y la razón esgrimida por el Banco de la República para indicar la no existencia de acto que ponga fin a la actuación administrativa, ni tomado decisión dentro del término que pretendía la sociedad sobre la petición de reconocimiento de CERT elevada por la demandante, aún subsiste, pues la actora no manifiesta nada sobre los resultados de las investigaciones, ni despliega actividad probatoria tendiente a aclarar el asunto.

Cosa distinta sería el que la parte interesada, hubiere aportado al proceso la prueba que desvirtuara que efectivamente no subsistían las razones que tuvo el banco para suspender el trámite relacionado con el otorgamiento del CERT, situación fáctica que dio lugar a la aplicación de la norma que disponía la suspensión del trámite y que según parece continúa, siendo insistente la demandada en señalar que “no ha negado las solicitudes presentadas por la parte demandante”.

Resulta pertinente precisar, que la administración no ha perdido competencia para el efecto, justamente porque no ha ocurrido el silencio administrativo y en consecuencia no se ha agotado el trámite tendiente al reconocimiento, ni producido decisión favorable o desfavorable a la actora, respecto al derecho particular reclamado, que actualmente deba ser objeto de examen de legalidad por parte de la jurisdicción.

Así las cosas, y en atención a lo previsto en las disposiciones antes citadas, no aparecen desvirtuados los fundamentos fácticos y jurídicos esgrimidos por la demandada para suspender el trámite, y al no correr los plazos legales para decidir la solicitud de reconocimiento, es claro que no ha ocurrido el silencio administrativo negativo frente a la petición inicial, ni acto presunto objeto de recurso.

En consecuencia una vez se definan las investigaciones sobre las operaciones que sirvieron de sustento a la solicitud y desaparezcan las razones por las cuales no se ha producido pronunciamiento definitivo que haga imposible proseguir la actuación administrativa, la entidad competente continuará los trámites correspondientes y definirá en sede administrativa si le asiste o no a la sociedad actora el derecho reclamado, mediante la expedición de los actos administrativos a que haya lugar.

En otras palabras, no existe acto administrativo definitivo demandable, ni decisiones posteriores, en desarrollo de la vía gubernativa, con el mismo carácter, que confirmen o modifiquen la decisión inicial, siendo evidente la carencia de acto o actos objeto de control jurisdiccional, de donde surge la ausencia de un presupuesto material y procesal de la acción y la imposibilidad de emitir pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción, como acertadamente lo decidió el a quo.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al Dr. Álvaro Peñaranda Álvarez para representar al Ministerio de Comercio Exterior según poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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