Sentencia 12398 de octubre 6 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADORES OFICIALES EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

SÓLO TIENEN ESTA CALIDAD LOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXTRACTOS: «El meollo del asunto debatido en esta litis es muy concreto: Si la servidora pública demandante tenía la calidad de trabajadora oficial, como lo aseveró en su demanda, o de empleada pública, como lo dedujeron los falladores de instancia.

En su extenso, pero juicioso estudio legal y jurisprudencial, consideró el tribunal, como pedestal de su decisión que con arreglo a las normas especiales aplicables al orden distrital, en particular el Decreto 1421 de 1993 (que dictó el régimen especial para el Distrito Capital), en los establecimientos públicos de ese nivel son trabajadores oficiales quienes se desempeñen como trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas, calidad que no poseía la actora.

No se discute en el caso bajo examen que al finalizar su relación de trabajo la demandante prestaba sus servicios a un establecimiento público del orden distrital como aseadora de servicios generales grado II. Respecto de la condición de trabajadora oficial, al no contestar el sujeto pasivo de la litis la demanda, no puede afirmarse ni que aceptó tal calidad, ni que la negó. Ese tema quedó expuesto a lo que se esclareciera en el juicio.

Sobre esos presupuestos precisa la Sala:

1. En contra de lo sostenido en el cargo, que no son las convenciones colectivas de trabajo, sino el Congreso o el gobierno cuando estuviese debidamente autorizado para ello, quien define la naturaleza jurídica del vínculo de los servidores públicos de todos los diversos niveles de la administración. Por tanto, no puede quedar a voluntad de los contratantes laborales determinar un aspecto de orden público absoluto, deferido constitucionalmente a tales autoridades públicas.

2. El artículo 125 del Decreto 1421 de 1993, vigente al 16 de septiembre de 1996, fecha de desvinculación de la actora, determinó las categorías de servidores públicos del Distrito Capital, así:

Empleados y trabajadores. Los servidores públicos vinculados a la administración tienen el carácter de empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y el sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Los servidores de los establecimientos públicos y de los entes universitarios autónomos también son empleados públicos.

En sus estatutos se precisarán las actividades que deben ser desempeñadas por trabajadores oficiales, de acuerdo con el anterior inciso...”.

Aunque por razones que la Sala no comparte, mediante sentencia de constitucionalidad C-484 de 1995 se privó a los estatutos de los establecimientos públicos de la posibilidad de precisar qué actividades eran susceptibles de ser desempeñadas por trabajadores oficiales, y por tanto se restringió considerablemente la posibilidad jurídica del contrato de trabajo en tales entidades descentralizadas, lo cierto es que al declarase inexequibles las disposiciones que lo permitían, desaparecieron del mundo jurídico, de modo que en tales entes los únicos trabajadores oficiales legalmente contemplados, son los que se ocupen en la construcción y sostenimiento de las obras públicas.

3. De lo dicho se sigue necesariamente que para concluir si la demandante tenía en el establecimiento público distrital demandado la calidad de trabajadora oficial, era menester que hubiese acreditado hallarse dentro de la excepción a la regla general de la situación legal y reglamentaria que opera en dichos organismos, como consecuencia de la referida sentencia de la Corte Constitucional. Mas, a pesar de que la impugnante en su peroración así lo afirma, no logra desquiciar el aserto medular del fallo recurrido, conforme al cual: “no existe una sola prueba que demuestre en forma clara, concreta y palmaria, que el (sic) demandante desempeñara funciones encaminadas al mantenimiento o sostenimiento de obras públicas, pues como en forma por demás acertada lo indicó el a quo, la parte actora a quien le incumbía la carga probatoria... no lo demostró”.

4. De las pruebas que tienen alguna relación con el tema, ya se dijo que la convención colectiva así consagrase lo que le atribuye la impugnante, no podría contrariar la clasificación normativa antes citada; la documental de folios 83 y 84 simplemente acreditada que la demandante se desempeñó como aseadora en el cargo de auxiliar de servicios generales grado 2, y el manual de funciones de la entidad (fls. 84 y 85), señala que corresponde a las aseadoras:

“1. Atender todo lo relacionado con el aseo de las oficinas, baños, instalaciones y demás implementos del Instituto, en las dependencias asignadas por el jefe de sección.

2. Atender la prestación de servicios de cafetería, tales como repartir tintos, aguas, etc.

3. Mantener en buen estado los elementos de cafetería a su cargo.

4. Solicitar oportunamente los implementos de aseo al jefe de servicios generales.

5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes a la naturaleza del cargo”.

Verdaderamente no es dable afirmar que alguna de dichas funciones encuadre dentro del concepto de “construcción o sostenimiento de obras públicas”. Ahora, aceptando que esas eran las labores desarrolladas por la actora, saber si por esa sola circunstancia podía calificarse como empleada de “obra pública”, es un asunto que descarta la valoración fáctica y se inmiscuye en consideraciones de puro derecho, de calificación jurídica, propias de un ataque por la vía directa que no fue la escogida por la acusación.

Por todo lo dicho, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, octubre 6 de 1999. Radicación 12.398. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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