•Sentencia 12407 de febrero 8 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

COPARTICIPACIÓN EN EL DAÑO ANTIJURÍDICO

DIFERENCIA CON EL HECHO EXIMENTE DE UN TERCERO

EXTRACTOS: «Ante todo, la Sala desea precisar que, el caso sometido a conocimiento, habrá de ser analizado desde la óptica del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, a partir del daño antijurídico que pueda ser imputado a la acción u omisión de las entidades públicas demandadas, toda vez que, en manera alguna considera que los hechos acreditados configuren el denominado “hecho de tercero” como causal de exoneración de responsabilidad, por la circunstancia fáctica de la participación en los hechos del bus de servicio público que colisionó contra las barandas del puente de la calle 26 con Avenida Caracas de la ciudad de Santafé de Bogotá.

En efecto, dentro de la instancia quedó debidamente acreditado que el 22 de junio de 1991 cuando transitaban por la Avenida El Dorado de esta ciudad los señores Jaime Edgar Londoño Ortiz, Marcel Alejandro Londoño Vela y Elvia María Ortiz Godoy, cayeron en el vehículo automotor en que se desplazaban, componentes de concreto que hacían parte de la estructura del puente de la calle 26 con Avenida Caracas, causando la muerte de los dos primeros y lesiones graves a la última.

De ello da cuenta, no solamente, los registros fotográficos obrantes a folios 47 a 53 del cuaderno principal, sino igualmente las obrantes a folios 74 a 76 del cuaderno 2, que ilustran suficientemente la forma como quedó ubicado el bus de servicio público y el desprendimiento del muro de contención. También el informe de accidente obrante a folios 6 a 10 del cuaderno 2, ilustra sobre ubicación de los automóviles que resultaron involucrados en la tragedia, a lo que se suma, la diligencia de inspección judicial remitida por la Fiscalía General de la Nación y las copias fotográficas explicativas de lo ocurrido el día de los hechos (cfr., fls. 157 a 177, c. 2 ).

De otra parte, se acreditó que el puente en el cual ocurrió el accidente, para la época de los hechos, e incluso antes, se encontraba en una situación de descuido y de falta de mantenimiento adecuado, aspectos estos que, indudablemente, propiciaron el que cuando se produjo el impacto del bus de servicio público, cayeran parte de las estructuras que conformaban las barandas del mismo.

(...).

La Sala entiende que del informe técnico al que se ha hecho alusión se infiere que las barandas del puente en el cual ocurrió el accidente se encontraban en estado de deterioro, al punto que con posterioridad al accidente y luego de una evaluación, se encontró que se requería su reparación a la mayor brevedad de tiempo sugiriéndose incluso, el cambio de diseño y la estructura de las mismas, para optar por unas barandas metálicas, que eviten, dentro de términos razonables, que al menor impacto, las estructuras de concreto caigan en las personas que transitan por la avenida ubicada debajo del puente.

(...).

De la prueba técnica analizada, la Sala concluye que los puentes de la calle 26, tal cual lo manifiestan los peritos, no ofrecen condiciones de seguridad por el diseño de sus barandas, y desde luego entiende que las sugerencias del cambio de sistema son las más apropiadas, en atención a la ubicación del puente y a sus características, como que no resulta aceptable el que la estructura de los pasamanos tenga un diseño que no asegure y garantice la integridad de las personas que habitualmente se desplazan por la Avenida 26.

Las conclusiones técnicas a que se hace referencia, permiten desde luego a la corporación sostener que, en el caso concreto, la causación del daño tiene como origen la participación plural de sujetos, en el entendido de que, de una parte, el bus que chocó contra las barandas originó la cadena causal, de otra, el estado de deterioro, la falta de mantenimiento y, especialmente, el diseño desueto e inseguro de las barandas, constituyeron las causas que confluyeron al desenvolvimiento del evento que produjo el daño por el cual se demanda.

Debe tenerse presente que, en los eventos de cocausación, donde la pluralidad de causas se insertan en el desencadenamiento del hecho dañoso, la participación plural de agentes comporta consecuencias jurídicas en relación con la víctima del daño, configurando la posibilidad de una responsabilidad solidaria.

Desde luego que, no siempre resulta fácil, desde el punto de vista fáctico, poder deslindar la participación de cada una de las causas en la producción del evento dañino, lo cual no es óbice, para que, en lo que respecta a las relaciones internas de los varios causantes, se pueda determinar la proporción de la contribución de cada uno de ellos, en el resarcimiento del daño.

Mas sin embargo de lo que se trata en el caso presente es de averiguar si la participación del bus de servicio público en la ocurrencia de los hechos configura una causal de exoneración con la virtud suficiente para impedir la prosperidad de las pretensiones en contra de los entes demandados.

Doctrina y jurisprudencia han sostenido, de tiempo atrás, que el hecho de tercero debe tener unas características específicas que lo configuren, para que el demandado pueda alegar prósperamente exoneración de responsabilidad, pues no toda participación plural en la causación del daño, permite configurar dicho fenómeno exoneratorio.

Se ha sostenido que los elementos básicos que configuran el hecho de tercero son la causalidad, no imputabilidad y existencia de un “verdadero tercero”.

En efecto, un sector de la doctrina francesa, ha caracterizado el fenómeno en los siguientes términos:

Causalidad . Si el hecho del tercero no es la causa del perjuicio, resulta evidente que no puede surtir ningún efecto sobre la responsabilidad del demandado.

No – imputabilidad. Se encuentra en esto un requisito exigido siempre para que el demandado sea absuelto (1); el hecho del tercero que haya causado el perjuicio debe no ser imputable al demandado. Cuando la culpa del demandado haya provocado el hecho del tercero del que haya resultado el daño, esa culpa es la causa verdadera del perjuicio; el hecho del tercero no es “ajeno al demandado” (2).

Persona de la cual debe provenir el hecho: un “tercero”. Se habla del hecho “de un tercero”. ¿Qué ha de entenderse por eso? se designa como “tercero” a toda persona distinta de la víctima o del demandado”(1).

(1) Cfr. MAZEAUD - TUNC. en Tratado Teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual. Tomo segundo. Volumen II. Traducción de Luis Alcalá - Zamora y Castillo. EJEA Buenos Aires. págs. 236 y ss.

Descendiendo al caso concreto, y bajo el esquema básico de la configuración del hecho de tercero sugerido por la doctrina precitada, tendríamos que los requisitos de causalidad y no imputabilidad se echan de menos, habida consideración de la cocausalidad que presenta el cuadro fáctico acreditado durante la instancia.

En efecto, el factor de exoneración a que se hace referencia tiene como función principal el impedir la configuración de la denominada relación de causalidad, razón por la cual los daños experimentados por la víctima no pueden ser reconducidos, desde el punto de vista puramente material, a la conducta del demandado; sin embargo, si la ocurrencia fáctica no puede atribuirse al hecho del tercero íntegra y exclusivamente, el fenómeno jurídico que se configura no es la causal de exoneración del hecho de tercero, sino por el contrario una participación plural en el desenvolvimiento o desenlace de la cadena causal, que se concreta en el daño experimentado por la víctima.

Así las cosas, vista la prueba recaudada en el caso concreto, no puede afirmarse, derechamente, que la totalidad de los daños experimentados por los demandantes se pueda atribuir —desde el punto de vista de la causalidad material— a la participación del bus de servicio público, exclusivamente. Más bien, por el contrario, debe sostenerse que el desenlace fatal se enmarca dentro del fenómeno de la cocausación o participación plural, en la medida en que desde este punto de vista puramente material, tan causa de la muerte de los transeúntes lo es el impacto del bus, como la omisión consistente en un adecuado mantenimiento y conservación de las barandas de los puentes, o dicho en otros términos, el estado de deterioro de los pasamanos, y particularmente el diseño antiguo e inadecuado, también es causa, en el sentir de la Sala, determinante del suceso dañino, ya que tal situación no garantiza que ante un impacto, los escombros o componentes de los pasamanos no caigan sobre la Avenida de la calle 26.

Debe tenerse en cuenta que, analizada la ocurrencia de los hechos, más allá de la perspectiva puramente material, que como queda visto, situaría la hipótesis fáctica en un evento de cocausación y por ende, de eventual responsabilidad solidaria frente a la víctima, esto es, desde una perspectiva que involucre el factor de imputación prevalente que encuentra origen en el artículo 90 de la Constitución Política, la consecuencia jurídica que se sigue, difiere, de un análisis puramente materialista —causal— de los hechos ocurridos.

Se quiere significar que la imputación de las entidades públicas demandadas encuentra respaldo jurídico en la particular obligación legal que a ellas compete en relación con el mantenimiento, conservación y construcción de los puentes por los que habitualmente transitan los ciudadanos, pudiéndose sostener que estando a cargo de los entes demandados la competencia legal de adelantar dichas ejecutorias, la omisión en el cumplimiento de sus funciones comporta efectos causales de más trascendencia que los de una pura participación material de un tercero en el desenvolvimiento de la cadena causal, omisión que, en el caso concreto, se proyecta en los descuidos evidentes de mantener y conservar las barandas en un estado que no comprometa la seguridad de los transeúntes.

La Sala considera que la causa determinante y eficiente, por la cual sobrevino el desenlace fatal, no es, como lo sostuvo la parte demandada uniformemente, el impacto del automotor en las barandas, sino por el contrario, las deficiencias de la estructura y diseño de los puentes públicos, la cual debería estar diseñada de tal forma que, tratándose de una avenida dentro del trazado de las calles de la ciudad, con afluencia permanente de tránsito pesado, evite que ante un accidente de tránsito —hecho perfectamente previsible— los materiales o componentes del puente caigan al vacío, ocasionando daños en las personas o cosas.

Debe tenerse en cuenta, además, que no puede predicarse la presencia en el caso concreto de la imprevisibilidad e irresistibilidad, que suele exigirse para la configuración de la causal de exoneración del hecho de tercero, como que no resulta aceptable que las entidades encargadas de la conservación, diseño y mantenimiento de los puentes públicos, no puedan prever la ocurrencia, casi que habitual y cotidiana, de accidentes de tránsito. Es más, el diseño de los muros de contención, barandas o pasamanos, ha de realizarse teniendo en cuenta la eventualidad del impacto de un automotor, pues esa es su función natural, de evitar o contener los vehículos que puedan accidentarse.

Lo que no resulta desde ningún punto de vista conforme con la lógica de las cosas, es pretender exonerarse del cumplimiento de las obligaciones por la ocurrencia de un accidente, que entre otras cosas terminó con la muerte de unos transeúntes, porque las barandas se encontraban en un estado de deterioro y no estaban diseñadas para el día de los hechos, de forma que, en el peor de los casos, no cayeran encima de los transeúntes que se desplazaban por la avenida que se encuentra ubicada debajo del puente.

Lo anterior no implica que se pretenda atribuir, a los entes demandados en el presente asunto, obligaciones de imposible cumplimiento, pues para todos resulta claro que la ocurrencia de un accidente de tránsito y sus posibles consecuencias, no pueden evitarse; de lo que se trata, más bien, es de aminorar en la medida de lo posible, los efectos dañosos que dichos accidentes pueden comportar, máxime si se tiene presente que los técnicos en la materia, han sostenido que con el cambio de diseño en el sistema de contención —v.gr barandas metálicas o sistemas de amarre— por lo menos, se evitaría el riesgo de que los componentes de la estructura del puente, puedan causar daños en los transeúntes.

Por último, la solución del caso concreto encuentra su fuente normativa en el concepto de daño antijurídico, concebido como una lesión a los intereses o derechos de los demandantes, que en manera alguna estaban obligados a soportar. En efecto, los intereses en conflicto y la solución del presente asunto no puede abordarse con descuido o inobservancia de las normas constitucionales informadoras de toda la teoría general de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues bajo la óptica del Estado social de derecho, es a las autoridades a quienes compete, perentoriamente, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, estando emplazados, el derecho a la vida y a la libre locomoción, como derechos fundamentales, cuya vulneración no puede justificarse con ligereza, pretendiendo trasladar la responsabilidad que le compete a las entidades demandadas, a una tercera persona, por la circunstancia, de una participación puramente causal en el desarrollo de los hechos.

Lo anterior, le permite a las entidades demandadas y responsables, repetir en contra del “coautor”, por la parte que le corresponda asumir por su participación en los hechos, desde luego, en la medida de la incidencia causal, que dicha acción haya podido desarrollar en el desenvolvimiento fatal.

Se ha sostenido que cuando el daño es consecuencia de la participación “simultánea” de agentes distintos, o de la coactuación de dos o más sujetos, esa confluencia de los respectivos comportamientos “constituye la causa eficiente del infortunio”. En efecto:

“La relación causal del hecho debe juzgarse en forma indivisible en cuanto al siniestro y al damnificado, que es completamente extraño al accidente, por lo cual se trata de graduar la extensión de la responsabilidad de cada agente.

En cuanto a la forma que hay que hacer la distribución de la responsabilidad, entendemos que la cuestión debe responderse ponderando los antecedentes del caso a través de la directiva de la “causalidad adecuada”.

Hay que partir de la base de que el perjuicio en estos casos reconoce como causa de la interacción de varios hechos: aisladamente no habrían originado tal consecuencia. El quid está en determinar la proporcionalidad de la contribución en el resarcimiento del daño. En la medida de la incidencia causal de la acción u omisión de los coautores en el acontecer del evento, podrán fijarse cuotas distintas a cargo de cada uno de ellos”(2).

(2) Cfr. GOLDENBERG. Isidoro, en la Relación de Causalidad Civil. Edit. ASTREA, Buenos Aires, 1989, Págs. 146 y ss.

Pero, frente a la víctima, probada como está, la omisión de las entidades demandadas, éstas deben asumir frente a los demandantes la integra indemnización por los perjuicios debidamente acreditados, toda vez que de la misma manera, sabido se tiene que la coautoría, habilita al acreedor de la obligación indemnizatoria para demandar a todos o alguno de los partícipes del daño, por efecto de la solidaridad en beneficio del acreedor estatuida en el ordenamiento jurídico, ex artículo 2344 Código Civil.

Sobra decir que, aún desde una perspectiva puramente material, la participación del “tercero”, no exoneraría de responsabilidad a las entidades demandadas, pues como se observó, no puede predicase en el caso concreto que los entes demandados estuviesen frente un evento imprevisible e inevitable.

Ha sostenido la doctrina sobre el particular:

“Creemos que para que el hecho del tercero pueda eximir al demandado a responder, es necesario que presente los caracteres de imprevisible e inevitable. Puesto que el hecho del tercero es una posibilidad de conocimiento que puede tener el agente (previsibilidad) de las circunstancias anteriores o sobrevinientes que hacen imputable la acción del sujeto.

En cambio, como bien dice Brebbia, las circunstancias anteriores o concomitantes que no pudieron ser conocidas, y las sobrevinientes imprevisibles que desvían la serie causal, no pueden ser imputables al agente. Con ello se justifica que el hecho del tercero deba reunir los caracteres de imprevisible e inevitable, además de irresistible sobre el accionar del deudor o del agente, o sobre el propietario o guardián, puesto que todos estos sujetos deben tomar los debidos recaudos (previsibilidad o evitabilidad), para que el hecho de un tercero no cause el perjuicio”(3).

(3) Cfr. COMPAGNUCCI DE CASO, Ruben H, en Responsabilidad Civil y Relación de Causalidad, Seguros y Responsabilidad Civil, Edit. Astrea. Buenos Aires. 1984, págs. 77 y ss.

Por todo lo que viene dicho, la administración no puede invocar falta de conocimiento de la clase de vehículos que transitan habitualmente por el puente, como tampoco es de recibo elevar a la categoría de imprevisible la ocurrencia de un accidente que pueda estropear los muros de contención; es más, las barandas o pasamanos cumplen la función de evitar los daños en las personas o cosas; todo lo cual permite concluir que la falta de previsibilidad y, como se ha repetido, el diseño inadecuado de los sistemas de contención o protección, son los factores que permiten imputar, en el caso concreto, la responsabilidad a las entidades demandadas y, la vez, configuran la exclusión de las excepciones de fuerza mayor y culpa de la víctima que propusiera una de las entidades demandadas, pues quienes sometieron a riesgo de causar daño a las personas, lo fueron las entidades públicas aquí demandadas, y en manera alguna las víctimas del accidente por el cual se demanda».

(Sentencia de febrero 8 de 1999. Expediente 12.407. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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