Sentencia 12420 de enero 27 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 12420

Consejera Ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Actor: María Cecilia Capote y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Santa Fe de Bogotá, veintisiete de enero de dos mil.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el día 20 de junio de 1996, mediante la cual resolvió:

“1) Niéganse las pretensiones de la demanda.

2) Exonérase de toda responsabilidad al cabo segundo Roberto Tintinago Macias llamado en garantía.

3) Sin costas (art. 171 del CCA)

4) Envíense copias de esta providencia con las constancias de notificación y ejecutoria al señor Ministro de Defensa, al señor comandante del Ejército Nacional, al señor comandante del batallón José Hilario López de Popayán, a la Procuraduría General de la Nación y al señor procurador judicial en lo administrativo de la corporación (fl. 243 c 1.)”.

II. Antecedentes procesales

A. Demanda

1. Pretensiones:

Se contienen en escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Cauca, (el día 1º de junio de 1993), en ejercicio de la acción de reparación directa (art. 86 CCA).

Demandaron, en nombre propio y por medio de apoderado judicial común, los señores María Hercilia Capote, Gloria Esperanza y José Ricaurte Velasco Capote a la Nación (Ministerio de Defensa - Ejército Nacional) para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y materiales que sufrieron con la muerte de Ricardo Velasco Paruma (cónyuge y padre), ocurrida el día 3 de agosto de 1992 en el área urbana de Popayán; además para que se le condene a indemnizarlos; en primer término en mil gramos oro, a cada uno, por concepto de perjuicios morales y, en segundo término, por concepto de perjuicios materiales así: de una parte por el lucro cesante, en sesenta millones de pesos ($ 60’000.000) en favor de la señora María Hercilia Capote y, de otra parte, por concepto de daño emergente, tres millones de pesos ($ 3’000.000) correspondientes a los gastos que sobrevinieron con la muerte de Ricardo Velasco Paruma; más los intereses y actualizaciones de ley (fl. 2 c 1).

2. Hechos

1. Los demandantes, señores María Hercilia Capote, Gloria Esperanza y José Ricaurte Velasco Capote son cónyuge e hijos del señor Ricardo Velasco Paruma.

2. Ricardo Velasco Paruma laboraba como celador nocturno en la Hacienda los Balcones ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Popayán; en las horas de la noche del día 3 de agosto de 1992 se transportó en moto a la ciudad con el objeto de realizar diligencias personales.

“Hacia las 11 de la noche el señor Ricardo Velasco Paruma, después de haber dado fin a sus diligencias personales, avanzaba hacia el centro de la ciudad a la altura de los Talleres del municipio, en la vía que conduce al Huila, en inmediaciones del barrio Los Hoyos, cuando en el mismo sentido avanzaba a velocidades extremas un camión de propiedad del Ejército Nacional y adscrito al servicio del batallón José Hilario López de la ciudad de Popayán, el cual era conducido por el cabo del ejército nacional, sr. Roberto Tintinago Macías, quien se encontraba evadido de las instalaciones de la Institución, puesto que pesaba sobre él un auto de detención vigente por delitos que eran investigados por el Juzgado 19 de Instrucción Penal Militar, adscrito al mencionado batallón, sin que estuviese facultado en forma alguna para hacer uso del vehículo militar y mucho menos en horas de la noche, quien ,al parecer, obedecía órdenes del sr. comandante del batallón, coronel Pablo Alfonso Briceño Lovera, vehículo que atropelló violentamente al motociclista, cogiéndolo por la parte de atrás, causándole de inmediato la muerte” (fl. 4 c. 1).

3. Los demandantes sufrieron perjuicios morales y materiales a consecuencia del fallecimiento de cónyuge y padre, respectivamente.

B. Actuación procesal

La demanda se admitió el día 18 de junio de 1993 por el Tribunal Administrativo del Cauca (fl. 19); esta decisión fue notificada a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional) el día 7 de septiembre de 1993.

En el memorial de contestación, la parte demandada, se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda.

Afirmó que el occiso viajaba en la moto Susuki en compañía de Gloria Toro a las 12:30 de la noche después de haber consumido bebidas alcohólicas en el estadero “Casanova”; que el accidente se produjo por esta circunstancia y porque el conductor de la moto invadió el carril que ocupaba el vehículo militar; que la señora Gloria Toro presentó nivel uno de embriaguez y que el conductor del vehículo oficial no había probado el alcohol.

Explicó que el juzgado penal militar adelantó investigación por el delito de homicidio contra el conductor oficial la cual concluyó con auto de cesación de procedimiento por no encontrarlo responsable de la muerte de Ricardo Velasco Paruma (fl. 32 c 1).

Solicitó la práctica de pruebas y tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Municipal 130 proferido el día 25 de septiembre de 1991 por la alcaldía mayor de Popayán, que prohíbe el tránsito de motocicletas en el horario comprendido entre las 11:30 de la noche y las 5:30 de la mañana (fl. 35 c. 1).

El Ministerio Público solicitó la vinculación al proceso, en calidad de llamados en garantía, del cabo Roberto Tintinago Macias y del Teniente Coronel Pablo Alfonso Briceño Lovera.

El Tribunal accedió a la anterior solicitud; citó a los funcionarios llamados en garantía y dispuso la suspensión del proceso hasta el vencimiento del término legal para la comparecencia de estos (auto proferido el 28 de oct./1993, fl. 138 c.1).

Los funcionarios comparecieron al proceso mediante apoderado judicial y se opusieron a las pretensiones de la demanda.

El Cabo sostuvo que se encontraba cumpliendo órdenes estrictas, impartidas por la comandancia del batallón José Hilario López; que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima quien conducía en estado de embriaguez y por el carril opuesto, a una hora en la cual estaba prohibido el tránsito de motocicletas (fls. 148 a 150 c. 1).

El teniente coronel manifestó no ser el comandante del batallón José Hilario López para la época en que ocurrió el accidente (fls 171 a 173 c. 1) adjuntó certificado que da cuenta de ello.

La Procuraduría Judicial 41 ante el tribunal solicitó la desvinculación del proceso del señor oficial militar y el tribunal accedió a esta petición, el día 25 de octubre de 1994 (fl. 182).

Decretadas y practicadas las pruebas y fracasada la audiencia de conciliación se dictó el auto, en el cual se dio traslado a las partes y al agente del Ministerio Público, para la presentación de escritos finales.

La parte demandada, con fundamento en las pruebas practicadas en desarrollo del proceso, al igual que en el memorial de contestación de la demanda solicitó que las pretensiones sean denegadas (fl. 219 c. 1).

C. Sentencia apelada:

Negó las súplicas de la demanda.

Consideró que el régimen de responsabilidad aplicable era el de falla probada, puesto que el accidente de tránsito en que perdió la vida Ricardo Velasco Paruma se produjo a consecuencia del desarrollo de actividades peligrosas desplegadas por las dos partes, lo que implica que “no es posible acudir al régimen de la falla presunta” (fl. 238 c. 1).

No encontró acreditada la falla del servicio atribuida a la administración, al respecto afirmó:

“La ausencia de responsabilidad del conductor del vehículo oficial en el accidente de autos, cabo segundo Roberto Tintinago Macías, ya fue examinada por la justicia colombiana, a través de la jurisdicción penal militar con el resultado de ordenar en segunda instancia la cesación de todo procedimiento contra él, como sindicado del delito de homicidio en la modalidad de culpa, por existir causal excluyente de culpabilidad consagrada en el artículo 316 del Código Penal Militar pues en la conducta del occiso se presentó una actitud de imprudencia e irresponsabilidad sumamente peligrosa para su vida y la de su acompañante al no prever la posible presencia de un vehículo en vía contraria que en un momento dado y teniendo en cuenta su estado de alicoramiento podía producir un accidente, lo que se traduce para el acusado en un caso fortuito dado que se actividad era lícita y normal.

Para el tribunal esta decisión, que tiene fuerza de sentencia, debe ser respetada por la jurisdicción contencioso administrativa dentro de su ámbito propio, el de la responsabilidad personal del agente en la producción del accidente, tanto más que, se insiste, no se advierte ninguna responsabilidad imputable al militar que desempeñaba por razones de orden público una función para que esta preparado (…)” (fl. 239 c. 1).

Encontró probada la falencia del conductor del vehículo oficial, quien conducía un vehículo a pesar de que estaba bajo detención preventiva; sin embargo concluyó que esta situación no tuvo incidencia en la producción del daño y no fue relevante puesto que “no hay ningún nexo causal entre él (la detención) y el daño” (fl. 240 c. 1).

Refirió apartes de providencias de la Sala para señalar que “en materia de responsabilidad estatal por falla del servicio derivada del hecho delictual de un funcionario, la decisión penal no constituye prejudicialidad forzosa para el fallo de la primera controversia”.

D. Recurso de apelación:

Fue presentado por la parte demandante; quien consideró que en el proceso sí se acreditó, suficientemente, la falla del servicio.

Controvirtió el argumento del tribunal según el cual no es aplicable el régimen de la falla presunta cuando colisionan dos vehículos, destinados a actividades peligrosas, porque la presunción se neutraliza; por el contrario, señaló que cuando los automotores involucrados no presentan las mismas características, en cuanto a la capacidad y potencia, se presume la irregularidad de la actividad peligrosa mayor; al respecto citó la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el día 11 de marzo de 1994 en el juicio 8.269 (fl. 255 c. 1).

En relación con la valoración de la prueba que hizo el tribunal, solicitó tener en cuenta el croquis del accidente que realizaron las autoridades de tránsito que, afirma, no presenta ningún error, como lo quiere entender el tribunal.

Afirmó que las causales relativas a “embriaguez aparente” y “transitar en contravía” son imputables al conductor oficial y no al occiso, porque así lo señala ese documento.

Al respecto afirmó:

“El croquis del accidente es un documento público idóneo para demostrar tanto las circunstancias en que ocurrió el accidente, como para dirimir la responsabilidad de los conductores de los vehículos involucrados en los hechos. Al hacerse recriminación a la conducta del conductor del vehículo oficial, mediante la infracción de los códigos de tránsito citados, se lo está responsabilizando a él exclusivamente de la ocurrencia del mismo y de los daños causados.

Si en el momento del accidente, no se realizó ninguna observación, ni se hizo ninguna recriminación respecto de la conducta del conductor de la motocicleta, por parte de las autoridades de tránsito, mal puede decirse ahora por el h. tribunal que este incurrió en violaciones al código de tránsito y que con su obrar imprudente, dio origen o lugar a la ocurrencia de los hechos” (fl. 252 c. 1).

Señaló que en el proceso no se probó el mentado alicoramiento del occiso, pues no se trajo examen que diese cuenta de tal circunstancia.

II. Actuación segunda Instancia

Mediante auto proferido el día 24 de septiembre de 1996, se admitió el recurso.

Durante el traslado común a las partes y al Ministerio Público, aquellas guardaron silencio y este no.

A. Concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado, doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, consideró que los hechos probados no son constitutivos de la falla del servicio; que por el contrario conducen a concluir que la imprudente conducta del occiso fue la causa exclusiva del daño.

Afirmó:

“es cierto que el señor Ricardo Velasco Paruma falleció como consecuencia del accidente; sin embargo, tal circunstancia, por si sola, no genera responsabilidad para la entidad demandada, cualquiera que sea el régimen que sirva como patrón de análisis del caso planteado. Tuvo razón el tribunal para negar las pretensiones, pues ningún título de imputación existe para colocar a cargo de la administración el daño reclamado; por el contrario, las pruebas llevan a concluír (sic) que la conducta del motociclista fue imprudente, su culpa exclusiva fue la causa del daño, lo que exime de responsabilidad a la administración” (fl. 272 c. 3).

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala pronunciarse, para decidir, sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, cuyo objeto es la revocatoria de la sentencia proferida en la primera instancia, para que en consecuencia se acceda a las súplicas de la demanda.

El tribunal no encontró acreditados los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el régimen de la falla probada.

El recurrente consideró que el régimen de responsabilidad aplicable es el de la falla presunta; con el cual se deduce que el Estado sí incurrió en falla.

Para resolver el recurso la Sala estudiará los siguientes temas:

A. Valoración de las pruebas.

1. Anotaciones previas sobre la prueba trasladada

2. Hechos probados

B. Régimen de responsabilidad aplicable.

C. Caso concreto

A. Valoración de las pruebas

1. Anotaciones previas sobre la prueba trasladada

Encuentra la Sala que se trajo al proceso, copia auténtica de las actuaciones judiciales adelantadas por la justicia penal militar (juez 19) con ocasión de la muerte de Ricardo Velasco Paruma, en el cual obran declaraciones, informes y documentos que refieren a la forma como ocurrió aquella muerte.

Al respecto la ley establece los requisitos para que en otro proceso, distinto del primitivo, las pruebas puedan ser valoradas. El Código de Procedimiento enseña:

“Prueba Trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin mas formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella” (art. 185)

Esa norma está edificada sobre los derechos constitucionales de defensa y de debido proceso que garantiza, en materia probatoria, los derechos de contradicción y publicidad.

Al respecto, la Sala en sentencia proferida el día 19 de noviembre de 1998 explicó:

“El valor en el nuevo proceso dependerá de la oportunidad que tenga la parte contra la que se oponga de controvertirla, y del análisis que de ella haga el juez del proceso ante el cual se presenta. Esto significa que el juez del proceso al cual se traslada la prueba, tiene libertad de valorarla, sin que lo obligue la valoración que de la prueba haya realizado el juez del proceso primitivo.

El traslado de la prueba tiene como objeto su valoración dentro de un nuevo proceso, en un contexto diferente, enmarcado por circunstancias fácticas y probatorias diferentes a aquellas que rodearon el proceso primitivo, en la cual se practicó inicialmente.

Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, haya tenido la oportunidad de controvertirla. Sino se ha dado cumplimiento al principio de la controversia, no tiene validez dentro del proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de controvertirla.

La controversia de la prueba trasladada, se da por cumplida cuando dentro del proceso primitivo, es decir, en aquel en que fue practicada, la parte contra la cual se pretende hacer valer dentro del proceso contencioso administrativo, tuvo la oportunidad de controvertirla, porque allí fue parte principal o interviniente; o como sucede en muchas oportunidades, fue la encargada de practicarla.

En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa.

(…)

Diferente es la situación que se presenta en relación con la prueba documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto lo deje a disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia(1)”.

En aplicación de lo dispuesto por la ley, explicado por la jurisprudencia, la Sala no valorará los testimonios rendidos ante el juez 19 penal militar, puesto que se practicaron ante la justicia Penal Militar sin la intervención de la parte actora y además, en este nuevo juicio contencioso administrativo no se ratificaron, como lo exige la ley:

“Artículo 229.—Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro proceso, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.

(…)”.

En relación con las pruebas documentales trasladadas, se reputarán como auténticas sin necesidad de presentación personal ni autenticación, y se apreciarán sin más formalidades por las siguientes precisiones:

Primero, se reputarán como auténticas, porque, para el momento en que se aportaron los documentos trasladados, regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2.651 de 1991, según el cual

“Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuviesen o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

2. Hechos Probados

a. Ricardo Velasco Paruma murió el día 3 de agosto de 1992, a consecuencia de una “hemorragia subaraenoidea difusa en la conversidad y basal con fractura temporo frontal derecha por trauma cráneo encefálico en accidente de tránsito” (Documento público, protocolo de autopsia Nº 153 suscrito por la jefe de medicina legal de Popayán el día 3 de agosto de 1992, fl. 38 c. 2).

b. La muerte de Ricardo Velasco se dio a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el accidente de tránsito que se produjo en la vía Popayán - Huila, por la colisión de la moto Susuki de 125, cilindraje de placas LCM - 33 que conducía, con una camioneta Ford de propiedad del Ejército Nacional, identificada como EJC - 03 - 89205 (Documento público: informe de tránsito elaborado por el agente González Moreno el día del accidente, fol. 92 c.2).

c. El vehículo oficial era conducido por el cabo Roberto Tintinago Macías, en desarrollo de funciones propias del servicio (Declaración rendida ante esta jurisdicción por el cabo Tintinago Macías, fl. 33 c. 2; documento público: certificado expedido por el comandante del batallón José Hilario López el día 12 de agosto de 1992 dirigido al Fiscal Cuarto Especializado, fl. 97 c. 2).

d. El accidente ocurrió cuando los vehículos iban, el oficial por su vía (en sentido Huila - Popayán por el carril derecho) y el particular —la motocicleta— en contravía (en el sentido Popayán - Huila por el carril izquierdo) (Documento público: croquis del accidente en el informe de tránsito elaborado por el agente González Moreno el día del accidente, fl. 92 c.2; declaración rendida por el conductor oficial ante esta jurisdicción; providencia proferida por el juez 19 de instrucción penal militar mediante la cual resolvió la situación jurídica del conductor oficial, fol. 129 c.2).

e. La víctima había ingerido bebidas alcohólicas la noche del accidente. Sobre este hecho se encuentra prueba testimonial: un testimonio rendido ante la justicia penal militar, por la acompañante del occiso, y otro testimonio recepcionado ante esta jurisdicción contencioso administrativa proveniente del conductor del vehículo oficial.

En el primero de esos testimonios, trasladados, la atestiguante, doña Gloria Toro, dijo:

“Ese día yo me encontraba arriba en la bomba a la salida para el Huila, yo tenía una tiendita ahí, ya en las horas de la noche, ya me había acostado, eran más o menos las nueve y media de la noche, cuando llegó Ricardo, entonces me dijo que me levantara y me arreglara para que nos fuéramos, yo no quería y entonces él me insistió hasta que yo me levante y me arreglé y nos fuimos en una moto de él y nos fuimos por ahí a la Esmeralda, entramos a una taberna llamada Copacabana, ahí nos tomamos cada uno cinco cervezas y salimos a las diez y media de la anoche, ya íbamos para arriba donde yo vivía, íbamos bien así por la derecha, yo no iba borracha, él tampoco, así borracho borracho no iba, cuando yo oí un ruido de un carro entonces yo saqué la cabeza así para mirar y con la luz de la moto yo ví que era un carro del batallón y él alcanzó a decir por donde se nos metió este, algo así, y ya no me acuerdo más porque ya fue el golpe contra el carro y yo perdí el conocimiento, el carro venía muy rápido y muy abierto en la carretera, muy abierto así en la carretera, después cuando me desperté ya me encontraba en el hospital(…).

El me dijo que había estado en Julumito tomando cerveza con unos amigos en las horas de la tarde antes de ir por mí allá arriba”(fl. 119 c. 2).

El otro testimonio, recepcionado ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fue rendido por el conductor del vehículo oficial, Cabo Tintinago Macías; dijo que:

“ A eso de la una de la mañana venía de dejar soldados de una parte denominada Las chozas, a la salida al Huila, dejando los soldados, me dirigí hacia el Batallón, cuando llegando al puente, antes de llegar al barrio Palacé, en la curva de los talleres venía la moto por el lado izquierdo, subiendo y bajaba yo por el lado derecho, en ese momento frené la camioneta, ya que el de la moto no alcanzó a frenar, por la velocidad que traía y en el estado de embriaguez que venía él, la moto le dio a la camioneta, yo no me bajé de la camioneta hasta que no llegara la policía. A los cinco minutos llegó la Policía, fue cuando me bajé de la camioneta y el señor de la moto se encontraba todavía convulsionando, los de la Policía se lo llevaron para el Hospital ya que la acompañante era una señora que estaba embriagada, que después reaccionó preguntando por el esposo. A los diez minutos llegó el Comandante del Batallón que hizo todas las diligencias de llevarme al hospital para los exámenes de alcoholemia, ya que a la señora que venía en la moto no la pudieron llevar porque estaba embriagada” (fl. 33 c. 2).

De esos testimonios solo puede tenerse en cuenta el del Cabo Segundo Tintinago, porque el otro fue rendido en otro proceso, en el cual no participó la parte actora, como ya se explicó antes.

f. El conductor oficial, cabo Tintinago Macías, se capacitó como conductor del Ejército Nacional; y para la fecha del accidente (3 de agosto de 1992) estaba detenido preventivamente en el Batallón Hose Hilario López (Testimonio rendida ante esta jurisdicción por el cabo Tintinago Macías; documento Público, extracto hoja de vida expedido por el jefe de sección hojas de vida del Ejército Nacional el día 27 de diciembre de 1992, fls. 33 y 42 c. 2).

g. El Comando del Batallón José Hilario López no adelantó investigación disciplinaria contra el cabo segundo Roberto Titntinago Macías por los hechos ocurridos el día 3 de agosto de 1992 (Documento público, certificación expedida por el Comandante del Batallón el día 12 de enero de 1995, fol. 82 c. 2).

h. El Juzgado 19 de Instrucción Penal Militar adelantó diligencias preliminares por el delito de homicidio en accidente de tránsito contra el cabo segundo Roberto Tintinago Macías, que culminó con la decisión de abstenerse de proferir medida de aseguramiento; consideró que “el hecho lesivo fue producto exclusivo de un comportamiento culposo del hoy occiso Ricardo Velasco Paruma” (Documento público fl. 131 c. 2)

i. El conductor oficial cabo Roberto Tintinago Macías, no estaba en estado de embriaguez para la fecha en que ocurrió el accidente (Documento público, examen de embriaguez y tóxicos realizado por la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal - Popayán, el día 3 de agosto de 1992, fl. 89 c. 2).

B. Régimen de responsabilidad aplicable

Será el de presunción de responsabilidad.

La Sala, ante situaciones como la aquí planteada, ha explicado que si el Estado desarrolló, al igual que la víctima, una actividad peligrosa pero con un grado de potencialidad mayor, que el de la víctima, de causar daño, resulta aplicable la teoría de la presunción de falla; más adelante precisó que el régimen aplicable debe ser el de presunción de responsabilidad.

En primer término, ese fundamento para la aplicación del régimen de falla presunta, corresponde a la llamada teoría de la relatividad de las actividades peligrosas.

Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el día 11 de marzo de 1994; entonces dijo:

“la colisión de dos vehículos en donde uno es de mayor proporción que el otro, esa diferencia significativa de peso o tamaño, permite estudiar el caso bajo la tesis de la falla presunta, pues no se atenúan las actividades desde el punto de vista probatorio, como en el caso de que ambos vehículos sean de idénticas o similares características, vale decir, la colisión de dos automóviles o buses, en cuyo caso debe probarse la falla en forma ordinaria(2)”.

Y en otra sentencia, proferida el día 10 de marzo de 1997, refirió apartes de lo manifestado en la doctrina extranjera para concluir sobre la improcedencia de la neutralización de presunciones, cuando los vehículos que colisionan son de distintos grados de peligrosidad; concluyó que el régimen aplicable en estos casos es de presunción de responsabilidad y resaltó que se justifica su aplicación, cuando solo una de las partes demandó la responsabilidad patrimonial, por el daño sufrido. Expresó:

“Cuando existe un perjuicio unilateral o, por lo menos, cuando solo uno de los afectados acude a los tribunales en procura del resarcimiento del perjuicio sufrido, no puede hablarse, dicen Mazeaud-Tunc, de neutralización de presunciones. 

Al respecto, afirman: 

‘Sucede que, en un choque, es dañado uno solo de los vehículos, es lesionado uno solo de los conductores. Es una situación que puede presentarse cuando los dos vehículos son de potencia desigual. A diario se asiste “al encontronazo entre el objeto de barro y el objeto de hierro”. La bicicleta es triturada por el automóvil de turismo; este, por el camión; el camión, por la locomotora, sin que, a veces, el auto de turismo en el primer supuesto, el camión en el segundo y la locomotora en el tercero sufran daños. 

(…) 

Cuando el tribunal no debe conocer así sino una sola acción, existe una razón decisiva para rechazar la tesis de la ‘neutralización’ de las presunciones. Para que quepa hablar de ‘neutralización’ de las presunciones hace falta además que estén en juego dos presunciones de responsabilidad. Ahora bien, tal no es el caso. Se presume aquí una sola responsabilidad: la que afecta al guardián a quien se le demanda reparación. Chocan un automóvil y una bicicleta. El ciclista es el único que ha sufrido un perjuicio. Por consiguiente, la presunción de responsabilidad del automovilista es la única comprometida. La que afecta al ciclista, como guardián de su máquina, queda al margen del litigio; el automovilista no puede aducirla para invocar una supuesta neutralización. 

(…)

Las presunciones de responsabilidad, creadas para proteger a las víctimas de los accidentes, no podrían ser invocadas contra ellas; no pueden servirles a los autores de los perjuicios para permitirles eludir sus obligaciones. 

La mayoría de los autores partidarios de la ‘neutralización’, convencidos por esa argumentación, han abandonado hoy su tesis en el terreno del daño unilateral. 

Algunos no renuncian, por otro lado, a la ‘neutralización’ sino para adoptar otro sistema tan inexacto: si las dos presunciones no se neutralizan, subsisten ambas: por lo tanto, todo debe ocurrir como en el caso en que haya dos culpas probadas: la del demandado y la de la víctima; así ha lugar a la división de responsabilidad. Se acaba de demostrar el error de ese sistema: no hay en juego dos presunciones, sino una sola; no cabría, pues, hablar de división. El guardián demandado debe reparar la totalidad del daño sufrido por el otro vehículo’. (Mazeaud, H. y L. y André Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. EJEA, Buenos Aires, 1977, tomo segundo, volumen II, num. 1533 p. 135-137). 

3. Comparte la Sala la tesis sostenida por los Mazeaud y Tunc en cuanto se pretende beneficiar a la víctima con la presunción de responsabilidad, lo cual implica que cuando existe un perjuicio unilateral, como en el caso que se examina, la falta de demostración de la culpa exclusiva de la víctima o, por lo menos, de una culpa adicional de ella, conduce a la condena plena del causante del daño”(3)

Con fundamento en lo expuesto, la Sala estudiará el presente caso en aplicación del régimen de la responsabilidad presunta.

En estos eventos, siempre que se pruebe el daño y la relación causal, se presume la responsabilidad del Estado; el demandado para exonerarse tiene que demostrar “la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo del tercero”(4).

C. Caso concreto

Está demostrado que el daño, muerte de Ricardo Velasco Paruma, se produjo a consecuencia de la colisión de dos automotores (hecho dañino) uno de los cuales (la camioneta de propiedad del ejército nacional, conducida por un agente oficial) tenía mayor potencialidad de causar daño, por su tamaño y fuerza.

En consecuencia igualmente se probó que el daño padecido por las víctimas, directa e indirectas-demandantes, tiene relación de causalidad con la actividad peligrosa de mayor potencialidad. Por lo tanto, en principio, se presume la responsabilidad de la Nación, como ya se explicó.

Sin embargo, se acreditó que el vehículo oficial iba por su carril, en tanto que la motocicleta, conducida por el particular, se desplazaba en contravía; por vía contraria a que le correspondía; había invadido la vía del conductor oficial. A este respecto se anota que no son de recibo los cuestionamientos que sobre este hecho formula el demandante, puesto que en el croquis contenido en el informativo del accidente que adelantaron las autoridades de tránsito consta que la motocicleta ocupaba el carril contrario de la calzada, en una curva de la carretera y en subida (hechos probados 5 y 6).

Por consiguiente la Sala encuentra demostrada, de una parte, una exonerante de la “Responsabilidad presunta” cual es la culpa exclusiva de la víctima y, de otra, que el daño padecido por los demandantes no es antijurídico. Es, que si la motocicleta (conducida por Ricardo Velasco Paruma, hoy occiso) se hubiese desplazado por el carril correspondiente, el accidente no habría ocurrido; su comportamiento exclusivo, imprudente y negligente, configura exonerante de responsabilidad; así lo ha dicho la jurisprudencia(5).

Otra circunstancia, no determinante, pero que la Sala quiere resaltar tiene que ver con el hecho de que el conductor de la motocicleta hubiese ingerido licor en la noche del accidente, desde antes de conducir, circunstancia esta que revela un comportamiento a todas luces imprudente y descuidado (hecho probado Nº 6).

Los hechos que se acaban de referir contrastan, notoriamente, con las cualidades de la conducta desplegada por el Estado (por intermedio de su empleado) cuales son: que el conductor oficial conducía por la vía correcta, tenía gran experiencia en conducción de automotores y no había consumido bebidas embriagantes (hechos probados 7, 8, 9 y 10).

Al encontrarse acreditado que la causa eficiente, exclusiva y determinante del hecho dañino lo fue el comportamiento de la víctima habrá de concluir que la demandada no es responsable del daño por el cual reclamaron los demandantes, porque no le es imputable.

Finalmente es relevante señalar que si bien se demostró negligencia del Estado, en lo que atañe a que el conductor oficial tenía una medida de detención, esta irregularidad no fue la causa eficiente en la producción del daño. A pesar de esta negligencia Estatal si la víctima directa se hubiera desplazado, con su automotor, por la vía correcta el daño jamás se habría producido.

Por consiguiente el fallo apelado habrá de confirmarse. El tribunal al igual que el procurador delegado ante el Consejo de Estado concluyeron que la causa eficiente y única en la muerte del señor Ricardo Velasco Paruma fue la propia conducta, imprudente y negligente, de este.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 20 de junio de 1996.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Consejeros: Germán Rodríguez VillamizarMaría Elena Giraldo GómezJesús M. Carrillo Ballesteros—Alier Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque.

1 Sentecia proferida dentro del expediente 12124; MP: Daniel Suárez Hernández; actor: Oscar Hernándo Suárez Vega.

2 Consejero ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo, Exp. 8269, actor Fernando M. Anaya Vélez. Se reitera lo afirmado por la Sala en sentencia proferida el día 7 de julio de 1993; ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo Exp. 7730; actora: Inmaculada Concepción Flórez Durán.

3 Consejero Ponente; Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10080, actora: Justina Timaná.

4 Sentencia 6754 proferida por la Sala el día 24 de agosto de 1992, MP: Carlos Betancur Jaramillo, actor: Henry Enrique Saltarín Monroy.

5 Sentencia 7980 proferida por la Sala el día 13 de agosto de 1993, MP: Daniel Suárez Hernández; Actor: Ángel Custodio Salazar.