Sentencia 12423 de junio 15 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 12423

Consejera Ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Ligia Felizzola Ahumada y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa

Referencia: Responsabilidad patrimonial

Santa Fe de Bogotá D.C., quince de junio de dos mil.

I. Corresponde a la sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el día 18 de julio de 1996, por el tribunal administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda.

II. Antecedentes procesales

A. Actuación de primera instancia

1. Demanda.

En escrito presentado el día 9 de noviembre de 1995, ante el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio del apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa (art. 86 de CCA), Ligia Felizzola Ahumada (actuando en nombre propio y en representación de su hija menor Ligia del Valle Márquez Felizzola), José Alfonso y Abraham José Salas Felizzola, Abraham Amaya y Eloisa Ahumada Sierra, formularon demanda en contra de la Nación ( Ministerio de Defensa).

a. Pretensiones:

• Se declare a la entidad demandada patrimonialmente responsable por la muerte de Luis Carlos Salas Felizzola, hijo, hermano y nieto de los demandantes, ocurrida el 10 de Noviembre de 1993, en un campamento militar en jurisdicción del municipio de la Jagua de Ibirico (Departamento del Cesar) y, en consecuencia,

• Se condene a la Nación (Ministerio de Defensa) a pagar la indemnización por concepto de los perjuicios morales y materiales sufridos por los actores (fls. 11 y 12).

b. Hechos:

Son relevantes los siguientes:

Luis Carlos Salas Felizzola ingresó a prestar el “servicio militar obligatorio” (sic), en el año de 1993, al batallón de Artillería 2 “La Popa”, con sede en Valledupar.

El día 10 de noviembre de 1993, el soldado mencionado se encontraba prestando servicio como centinela en un campamento militar en el cual se encontraba una mina. Ese día en las horas de la tarde caía una fuerte lluvia acompañada de descargas eléctricas y un rayo cayó sobre la humanidad del soldado Salas Felizzola, el cual falleció en forma instantánea, por shock cardíaco.

El Ejército omitió el deber de cuidado (falla por omisión), colocar un pararrayos en el campamento militar donde estaba ubicada la mina, máxime que sabía que soldados prestaban el servicio de centinela y podían ser víctimas mortales de un rayo eléctrico.

Esa muerte se produjo por fuera de los riesgos propios del servicio militar; el soldado no estaba en combate, ni en misión militar; su tarea en el momento de su fallecimiento era la de vigilar ubicada dentro de un campamento militar (fols. 12 a 15).

2. Actuación primera instancia.

a. El tribunal dictó auto admisorio; notificada la entidad demandada de esta decisión contestó la demanda —aceptó unos hechos y negó otros— ; hizo oposición a todas las pretensiones y propuso defensas.

Respecto a las defensas expresó que no basta con pregonar la existencia de la falla para que se establezca la responsabilidad administrativa extracontractual del Estado, sino que es necesario demostrar todos los elementos estructurales de la misma (fls. 29 a 31).

b. Decretadas y practicadas las pruebas, se surtió la conciliación con resultados infructuosos (fls. 33, 34, 115 y 116).

c. Luego, en la etapa de alegatos de conclusión, únicamente la Nación los presentó. Solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda porque no existe en el proceso prueba de la imputación por falla; calificó el hecho dañoso como fuerza mayor o caso fortuito, en este caso consistente en un fenómeno de la naturaleza y por lo tanto concluyó que, no existe relación de causalidad que comprometa al Estado (fols. 140 y 141).

3. Sentencia apelada.

Encontró demostrado que la víctima directa era soldado adscrito al Batallón de Artillería la Popa y, el día 10 de noviembre de 1993, cuando se hallaba en misión de servicio como centinela en las instalaciones de la base militar de la mina en la Jagua de Ibirico, murió fulminado por un rayo; así lo confirman varios testimonios.

Expresó que los elementos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser concurrentes, es decir, el hecho debe ser imprevisible e irresistible, lo que depende esencialmente de la forma como el acontecimiento se presenta.

Agregó que aunque la parte demandante alegó que la muerte de Luis Carlos Salas se debió a la falta de un pararrayos en el lugar, no se probó ese hecho; por el contrario señaló que se aportó un documento público (oficio del Comandante del Ejército) en el cual informó al Tribunal que, de una parte, a todo soldado se le realiza una instrucción básica al ingresar en la cual se les advierte que en caso de tormentas eléctricas no deben refugiarse ni permanecer debajo de los árboles ni acampar junto a cercas o redes eléctricas; la trompetilla del fusil debe dirigirse al suelo y apagar los equipos de comunicaciones. Y de otra parte, también informó, que “en las bases militares ubicadas en zonas mineras, se tienen instalados pararrayos como medidas de seguridad para evitar accidentes ( )”.

Por último expresó que todas esas circunstancias permiten exonerar a la demandada, pues la fuerza mayor como el caso fortuito son eximentes de responsabilidad y, “aunque doloroso el suceso” se trata de un hecho de la naturaleza que escapa al control del Estado (fols. 145 a 155).

4. Recurso de apelación.

Fue interpuesto por los demandantes, quienes afirman que de ser cierto que existía un pararrayos en dicha base militar no se hubiese presentado tal accidente.

Resalta que no comparte lo expresado por el Tribunal a propósito del señalamiento que hizo para concluir la exonerante de la administración cuando expresó la existencia de caso fortuito. Destacó que el Consejo de Estado, en casos similares, ha precisado que: 1) cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas, el caso fortuito, como hecho intrínseco que es inherente a la cosa, no exonera de responsabilidad. 2) Sólo la fuerza mayor o la culpa de la víctima exonera de responsabilidad. (fols. 165 a 170).

B. Actuación segunda instancia

El día 5 de noviembre de 1996, se admitió el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante (fl. 172).

Luego, por proveído de 6 de diciembre del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegaciones finales, y al Ministerio Publico para emitir concepto (fl. 174).

La Nación es del criterio que la sentencia recurrida debe confirmarse, por ser justa y ajustado a derecho, al declarar el hecho probado de exoneración como es el de fuerza mayor (fls. 184 y 185).

El Procurador Delegado ante esta Corporación, Doctora Inés Hurtado Cubides, indicó que está de acuerdo con los argumentos expuestos y decisión del a quo; expresó que le correspondía al actor contraprobar lo establecido por la entidad demandada en cuanto a que sí tenía instalado el pararrayos; que era el demandante el que tenía la carga de la prueba. Finalmente expresó que la caída de un rayo bien puede enmarcarse dentro del concepto jurídico de fuerza mayor que, a diferencia del caso fortuito, sí es eximente de responsabilidad (fls. 175 a 183).

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, los presupuestos procesales se encuentran cumplidos y la legitimación en la causa no ofrece reparo, tanto por activa como por pasiva, se procede a resolver, previas las siguientes.

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala pronunciarse para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida, el día 18 de julio de 1996, por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

El estudio del recurso se dividirá en tres acápites, a saber:

I. Hechos probados.

• Responsabilidad patrimonial.

A. Hechos probados:

1. La condición de parentesco invocada, en la demanda, por parte de los señores Ligia Sofía Felizzola Ahumada (madre) y de Abraham José Salas Felizzola y José Alfonso Salas Felizzola (hermanos maternos), respecto de la víctima, señor Luis Carlos Salas Felizzola.

Esos estados civiles se probaron con el registro civil de nacimiento de la víctima directa y de sus dos hermanos, en los cuales aparecen como hijos de la misma madre, señora Ligia Sofía Felizzola (Registros civiles de nacimiento, documentos públicos que obran a fols. 6, 7 y. 8);

La Sala observa que los registros civiles de nacimiento de Abraham y Luis Carlos se asentaron con posterioridad a la muerte de este; así: los días 25 de agosto de 1994 y 3 de diciembre de 1993, respectivamente.

Sobre tal situación la Sala se ha pronunciado para concluir que dicho asentamiento de registro civil sí sirve de prueba; en sentencia proferida el día 2 de marzo de este año se dijo:

“(…) la ley no sanciona el asentamiento tardío del hecho del nacimiento con su ineficacia. Por el contrario dispone, en forma generalizada, que todo registro civil se presume legal, salvo cuando se demuestre su ilegalidad, mediante los mecanismo legales previstos para tal efecto.

Además la ley establece la eficacia de la demostración de hechos relativos al estado civil, con el registro; enseña:

Artículo 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y a la capacidad de las personas, sujetos a registro hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro (D. 1260 de 1970).

Desde otro punto de vista aunque el registro civil mencionado fue tardío, lo único que la demora ocasionó fue la indeterminación de su estado civil durante el tiempo en que careció de registro. No otra interpretación puede caber sobre el artículo 107 del decreto Ley 1260 de 1970. Su contenido es el siguiente:

‘Por regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción’.

El profesor Arturo Valencia Zea, al comentar ese artículo, en su obra de Derecho Civil dice:

‘por la misma época en que se redactaba el nuevo estatuto del registro civil, o sea el Decreto-Ley 1.260 de 1970, se elaboraba el Decreto 1250 de 1970 como estatuto del registro de instrumentos públicos. Este estatuto dice en su artículo 44 ‘Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel.

Fácilmente se cae en la cuenta de que los redactores del estatuto del registro de estado civil de las personas quisieron darle a la inscripción el mismo y los mismos efectos que es necesario dar a la transmisión de la propiedad inmueble o a sus gravámenes (hipoteca, usufructo, etc.). Pero sucede que al Estado civil no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da al régimen jurídico de un inmueble, especialmente en cuanto a los efectos de la inscripción. Cuando el registrador de instrumentos públicos registra una escritura de compraventa de un inmueble, se verifica a partir de ese momento la tradición del inmueble; pero cuando el funcionario del registro civil inscribe un nacimiento, en manera alguna puede afirmarse que el inscrito solo nace a partir de la inscripción.

Los estados civiles o sus alteraciones que se llevan al registro civil se dividen en dos clases (en lo relativo a precisar los efectos): unos tienen naturaleza simplemente declarativa; otros tienen efecto constitutivo.

Cuando la inscripción es de índole declarativa, los efectos del respectivo estado civil se producen desde la constitución del hecho que engendra ese estado, como sucede con los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, sentencias judiciales que declaran la paternidad extramatrimonial. En semejante caso la inscripción en el registro es preponderantemente un medio de prueba, pero los efectos se han producido desde época anterior, o sea desde cuando se realizó el hecho generador del respectivo estado civil.

Cuando la inscripción tiene carácter constitutivo, sus efectos se producen desde su ingreso en el registro civil, como sucede principalmente con las sentencias judiciales que tienen carácter atributivo: adopciones, interdicciones judiciales, nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, separaciones de bienes, declaraciones de ausencia, etc.

De donde se deduce que el artículo 107 ha debido redactarse teniendo en cuenta estas dos clases de efectos; y mejor hubiera sido guardar silencio sobre el particular a fin de que la doctrina y la jurisprudencia con la debida lógica, resolvieran en cada caso la cuestión’ (Tomo I parte General y Personas Duodécima Edición Temis página 331) (1).

También desde otro punto de vista, se destaca que en la actualidad la Sala es del criterio que la mujer que aparece en un registro civil de nacimiento de una persona debe tenerse como tal. Para tal efecto remite al fallo dictado el día 26 de agosto de 1999 (de rectificación de jurisprudencia)(2).

También se probaron los siguientes hechos:

2. La calidad de damnificados de los siguientes demandantes: José Alfonso Salas Felizzola y Ligia del Valle Márquez Felizzola con los testimonios de los señores Mercedes Castillejo de Daza, Miguel Angel Daza Castillejo, Sara Emilia Goicohea Contecha, Adela Simanca Palomino, José Ramón Cabana Boneth, Florentino Castro López.

Esos deponentes, afirmaron ser amigos y vecinos de los referidos demandantes; narraron las circunstancias de modo (conocimiento directo), tiempo y lugar (cercanía en el barrio) sobre el afecto que tenían Alfonso y Ligia con la víctima; que ellos vivían bajo el mismo techo hasta antes de que Luis Carlos Salas Felizzola se fuera para el Ejército; que inclusive los demandantes referidos en este párrafo dependían económicamente de aquel.

Esos mismos declarantes aseveraron, también por la amistad y vecindad, con los demandantes que conocen a la señora Eloisa Ahumada, de quien afirman es la abuela de la víctima directa; que saben del trato amoroso que existió entre aquella y Luis Carlos y del efecto negativo que produjo en la señora Eloisa la muerte de Luis Carlos (fols. 55 a 67).

3. Informe de la Fuerzas Militares de Colombia, Ejercito Nacional, sobre:

• los hechos sucedidos el día 10 de noviembre de 1993 respecto del soldado Salas Felizzola;

• la instrucción básica que se imparte a los soldados a su ingreso al ejército (que más adelante se precisará); y,

• que “en las bases militares ubicadas en zonas mineras, se tienen instalados pararrayos como medidas de seguridad para evitar accidentes a miembros de la Instalación (sic)” (Comunicación suscrita por el General Harold Bedoya Pizano, comandante del Ejercito, documento público que obra a fol. 121).

4. El fallecimiento de Luis Carlos Salas Felizzola ocurrido el día 10 de noviembre de 1993, con motivo de haber recibido la descarga eléctrica de un rayo en una tormenta eléctrica (Registro civil de defunción expedido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de la Jagua de Ibirico; comunicación del comandante del batallón de artillería Nº 2 ‘La Popa’ con sede en Valledupar, complementado con el informe administrativo y concepto del Comandante de la Unidad, documentos públicos visibles a fls 10, 53 y 54).

5. Resolución 4818 expedida el día 2 de junio de 1994 mediante la cual se reconocieron las prestaciones sociales del soldado voluntario Luis Carlos Salas Felizzola, a favor de la madre, en la suma de tres millones seiscientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis pesos (fl. 81).

6. Reconocimiento efectuado el día 28 de diciembre de 1993 por parte La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a la señora Ligia Sofía Felizzola Ahumada por la suma de tres millones doscientos mil pesos, por el fallecimiento del soldado voluntario Salas Felizzola Luis Carlos, ocurrida el día 10 de noviembre de 1993. El tomador de la garantía fue la Nación - Ministerio de Defensa Nacional (fl. 85).

B. Responsabilidad patrimonial

Los hechos alegados por las partes y lo probado dice, como lo pidió la parte actora, que el régimen de responsabilidad aplicable al caso debe ser el de falla probada.

La imputación formulada contra la Nación (Ministerio de Defensa) se hizo consistir en la falta de pararrayos en un mina con centinelas públicos (soldados).

En el caso bajo juicio se trata de un soldado voluntario. La jurisprudencia ha destacado, que en principio, el soldado voluntario y los militares de profesión están sometidos a un régimen de prestaciones laborales determinadas en la ley, respecto a los hechos dañinos que padezcan con ocasión del servicio; pero cuando los hechos dañinos tengan como causa una falla del Estado hay lugar a la responsabilidad patrimonial. 

Ha dicho que: 

“la relación laboral, engendra una serie de derechos autónomos independientemente de que el funcionario o sus causahabientes, herederos o beneficiarios, según el caso, puedan invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o de muerte; máxime por cuanto este resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación de servicios subordinados”(3)

La corporación ha diferenciado las responsabilidades a for fait de la extracontractual; así: 

“1. La doctrina en caso de accidentes sufridos por agentes del Estado ha sostenido como norma general que la víctima no puede pretender más reparación que los derechos a pensión de que es titular en virtud de su estatuto laboral. La aplicación de esta regla, 

llamada 'Forfait de la pensión' naturalmente hace referencia a los daños sufridos por el funcionario en ejercicio de sus funciones y en forma común. Por esta razón, el régimen de prestaciones suele estar en armonía con la actividad que se cumple. Así al asumir mayores riesgos profesionales se tiene derecho a una mayor protección prestacional. En el caso de los militares, por ejemplo, este principio se cumple, no solo destinando a un régimen de mayores prestaciones, dados sus riesgos especiales, sino también un régimen de excepción para soldados y oficiales ubicados en zonas especialmente peligrosas. 

En principio el régimen de indemnización refleja estas ideas. Si las heridas o la muerte sufrida, por un militar son causadas dentro del servicio que prestan, las prestaciones por invalidez o muerte las cubren satisfactoriamente. Tal es el caso del militar que sufre lesiones en combate o el agente de policía que muere en la represión del delito. 

2. No obstante cuando el daño se produce en forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio sino que ha sido causada por falla del servicio, el funcionario o el militar en su caso que la sufre o sus damnificados tienen derecho a ser indemnizados en su plenitud. 

Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente tales como el militar que perece al pasar un puente en construcción, sin señales de peligro, o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas de servicio y cuando el militar no interviene en el operativo sino que cruza accidentalmente por el lugar (...). En todos estos casos la actividad propia del militar no juega ningún papel y su no indemnización plena rompería el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley”(4)

Se aprecia de dicha transcripción que la irregularidad que podría dar origen a la responsabilidad patrimonial sin nexo laboral, que es diferente de la forfait (responsabilidad del patrono, predeterminada legalmente), es la que ocurre en “forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio” o “por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente”(5)

En el régimen de responsabilidad por falla en el servicio deben probarse:

• El hecho dañoso y la cualidad falente en su ocurrencia;

• el daño antijurídico y

• el nexo de causalidad.

Respecto a lo que se estudia quedó establecido:

• que el señor Luis Carlos Salas Felizzola falleció el día 10 de noviembre de 1993;

• que para esa época era “soldado voluntario” (no conscripto como lo señaló la demanda);

• que se encontraba en el Municipio de la Jagua de Ibirico en la Base Militar de la Mina;

• que los soldados encargados de la guarda de las minas, previamente, recibieron instrucción sobre:

“a. En caso de tormentas eléctricas no refugiarse debajo de los árboles.

b. Durante la noche, en caso de lluvia no dormir debajo de los árboles.

c. Con los equipos de comunicaciones; estos se deben apagar durante las tormentas eléctricas.

d. Igualmente como medida de seguridad una vez se registren tormentas eléctricas, la trompetilla del fusil debe dirigir (sic) al suelo, no acampar junto a cercas o redes eléctricas” (informe público, fls 120 y 121).

• que la mina de esa base militar contaba con pararrayos;

• que la causa de la muerte fue la caída de un rayo (así se deduce de la confesión hecha en la demanda y de los demás medios probatorios enunciados antes).

Como se observa de lo anterior, de una parte, se demostró: la ocurrencia del hecho dañino, el daño sufrido por la víctima y el nexo de este con la caída de un rayo y, de otra parte, no se demostró la omisión administrativa. 

Por lo tanto el demandante no probó todos los elementos de responsabilidad; le correspondía establecer que el hecho dañino provino de una conducta omisiva de la Administración y no lo hizo. 

Además podría haber desvirtuado, mediante la tacha (art. 289 del CPC), la presunción de veracidad del informe público hecho por el comandante respecto de la existencia de antena en el lugar de los hechos. 

Desde otro punto de vista la parte actora demostró la existencia del daño padecido por la víctima directa pero olvidó demostrar su antijuridicidad. 

Y finalmente aunque se averiguó el nexo causal, la ligadura del daño está atada a un hecho de fuerza mayor (caída de un rayo en una tormenta eléctrica) lo que permite concluir que el hecho enjuiciado no lo causó la administración. 

La jurisprudencia, en sentencia dictada el día 30 de junio de 1989 señaló: 

“(...) Los tratadistas y la jurisprudencia se han enfrascado en la tarea de distinguir el caso fortuito de la fuerza mayor diciendo algunas veces que el caso fortuito es el evento imprevisible y la fuerza mayor el irresistible y otras que el caso fortuito constituye un obstáculo relativo que interviene en la conducta del agente, mientras que la fuerza mayor es un obstáculo absoluto y definitivo o, en últimas, que el caso fortuito es un suceso interno, que, por consiguiente ocurre dentro del campo de la actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo, ajeno a esa actividad, todo para llevar a sostener, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia () que ‘el elemento relativo que condiciona el caso fortuito , determina que no siempre que existe o se presenta este, se llegue indefectiblemente a la exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan además ciertas circunstancias especiales, que debe demostrar quien las alega’. 

La distinción en derecho colombiano carece de toda importancia y es meramente académica, porque si lo que quiere significarse con ella es que hay casos fortuitos que por ocurrir dentro del campo de actividad del responsable no pueden haber sido imprevisto o imprevisible (sic) y por consiguiente no tener carácter liberatorio, nada nuevo se está diciendo, pues lo que sucede en este evento es que el caso no es fortuito”(6)

Así mismo, la doctrina enseña que la fuerza mayor solo se demuestra: 

“(…) mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña) (…) lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias (…) En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no solo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. 

(…) además de imprevisible e irresistible debe ser exterior al agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito; no provenir de su culpa () cuya causa no le es imputable al demandado, y en cuyo daño no ha existido culpa adicional por parte de este” (págs. 334, 335 y 337)(7)

Por lo tanto, viene de lo dicho, que los planteamientos del demandado, de la Procuradora Delegada son atendibles; la sentencia apelada habrá de confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida, el día 18 de julio de 1996, por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Consejeros: María Elena Giraldo Gómez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—Alier Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Expediente 11.9454. Actor: Epifania Riascos y otros. Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

2 Expediente 13.041. Demandante: Nurys González y otros. Demandados: Nación (Ministerio de Defensa Policía Nacional)

3 Sentencia de 7 de febrero de 1995. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente. Dr. Carlos Orjuela Góngora. Exp. S-247.

4 . Sentencia de 13 diciembre de 1983. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Dr. Enrique Low Murtra. Exp. 10.807. Actor Marta Lucía vda. de Diaz.

5 . Sentencia de 26 de agosto de 1999. Sección Tercera. Exp. 14.723. Actor. Cesil Alfonso Vásquez Jiménez y otros . Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

6 . M.P. Dr. Gustavo de Greiff Restrepo. Exp. 5225. Actor: Javier de Jesús Angel Herrera

7 Tamayo Jaramillo Javier “De la responsabilidad civil” Editorial Temis 1986.