Sentencia 1243 de de febrero 13 de 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

CARRERA JUDICIAL

NOMBRAMIENTOS DE QUIEN NO OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LISTA DE ELEGIBLES

EXTRACTOS:«El demandante previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, superó y aprobó en debida forma las etapas de selección para proveer el cargo de secretario grado 10 del Juzgado Laboral del Circuito de T..., ubicándose en el primer lugar del registro de elegibles generando como consecuencia, la obligatoriedad en su nombramiento. Sin embargo, el nominador se abstuvo de nombrarlo amparado en el margen de razonabilidad, considerando que el actor no ofrece garantías de idoneidad para ejercer el empleo al cual aspira, ni el servicio eficiente y eficaz que la administración de justicia requiere.

A esta conclusión arriba, después de analizar como precedentes laborales la declaratoria de insubsistencia del cargo que ocupaba en el Juzgado Laboral del Circuito de C... por calificación insatisfactoria motivada en el deficiente cumplimiento de sus funciones e inasistencia al trabajo.

Sobre este particular, la Corte Constitucional en tesis reiterada, ha sostenido que el nombramiento deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, es decir aquel que obtenga el mayor puntaje en el concurso de méritos. Al efectuar el análisis de constitucionalidad de la ley estatutaria en lo referente a las etapas de elaboración de la lista de candidatos y nombramiento, consignadas en los artículos 166 y 167 respectivamente, en la sentencia C-37 de 1996 (2) manifestó:

(2) Referencia PE-8, Revisión Constitucional del Proyecto de Ley 58 de 1994 Senado y 264 de 1995 Cámara, “ley estatutaria de la administración de justicia”, sentencia de fecha 5 de febrero de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Se declaró la exequibilidad de los artículos 166 y 167 de la mencionada ley, sustentada en que una de las formas de acabar con la práctica del nominador de abstenerse de nombrar a quien se encuentra en el primer lugar de la lista de elegibles arguyendo falta de idoneidad moral o social, es incluyendo en el concurso estos factores de calificación, pues el hecho de que el análisis de este campo pertenezca a la subjetividad del nominador no significa arbitrariedad. No obstante, precisa que es dable no designar al primero de la lista, excluyéndolo por considerar que no reúne tales condiciones, decisión que debe estar plenamente justificada.

“Para esta corporación es claro que un verdadero concurso de méritos es aquel en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público. En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de estos ítems, (condiciones profesiones, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga al máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el que concursó (...).

Por tanto quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido será el ganador y excluirá a los demás en orden descendente”.

Bajo esta interpretación, se declararon exequible los artículos mencionados, advirtiendo que una decisión proferida por las autoridades nominadoras en sentido contrario resultaría inconstitucional.

Sin embargo, en la sentencia de unificación jurisprudencial SU-86 de 1999 (3) , aunque reitera su posición frente al derecho que tiene el candidato que obtuvo el más alto puntaje para ser nombrado en el cargo, admite la posibilidad de que el nominador se aparte de este criterio y seleccione otro en estricto orden descendente amparado en el margen de razonabilidad.

(3) Referencia T-173401 y otras, actor Jeanneth Naranjo Martínez y otros, sentencia de fecha 17 de febrero de 1999, M.P. Gregorio Hernández Galindo.

Son ilustrativos los siguientes apartes de la sentencia en mención:

“El aspirante que tiene a su favor el mejor resultado en el concurso sólo puede perder su derecho al nombramiento —caso en el cual debe ser nombrado el segundo de los participantes en estricto orden de resultados— sobre la base sine qua non de que la corporación nominadora esté en condiciones de descalificarlo, por mayoría de votos, por causas objetivas, poderosas, con las cuales se motive la providencia que lo excluye. La regla general es el nombramiento. La excepción, el descarte fundamentado y expreso...”.

“... No se trata de forzar la designación de quien, por sus conductas anteriores, no merece acceder al empleo materia del proceso cumplido, pues ello implicaría también desconocer el mérito, que se repite constituye factor decisivo de la carrera. Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada —con base en los resultados del concurso— la lista de elegibles o candidatos. Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o arbitraria, desconociendo el concurso o ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente y con apoyo en argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad para ejercer la función a la que aspira.

Tales razones —se insiste— deben ser objetivas, sólidas y explícitas y han de ser de tal magnitud que, de modo evidente, desaconsejen la designación del candidato por resultar claro que sus antecedentes penales, disciplinarios o de comportamiento laboral o profesional, pese a los resultados del concurso, lo muestran como indigno de obtener, conservar o recuperar la investidura judicial, o acusen, fuera de toda duda, que antes incumplió sus deberes y funciones o que desempeño un cargo sin el decoro y la respetabilidad debidos”. (Subrayado no original).

En consecuencia, la regla general es el nombramiento del aspirante que ocupe el primer puesto en la lista de elegibles remitida por el Consejo Superior de la Judicatura al nominador; no obstante ésta no constituye un criterio absoluto, porque se admite como excepción, la descalificación de la persona que se encuentre en el primer lugar, siempre que tal decisión se fundamente en argumentos sólidos, objetivos y suficientes que bajo un marco de razonabilidad, permitan concluir que tal candidato no es el más idóneo para prestar sus servicios a la administración de justicia.

Apreciadas las circunstancias esbozadas por el juez laboral del circuito de T..., para abstenerse de nombrar al actor en el cargo de secretario de dicho despacho judicial, la Sala considera que los antecedentes laborales que pesaban sobre el actor son valederos y justificantes para concluir que no reunía las condiciones de idoneidad que requiere la administración de justicia.

El sistema de carrera implementado por nuestra legislación, demanda de sus empleados un máximo de eficiencia, compromiso, calidad, preparación, excelencia y eficacia, lo cual sólo se logra bajo estrictos parámetros de exigencia profesional, moral y humana en aras de buen servicio para la comunidad.

El deficiente cumplimiento en las labores despeñadas como oficial mayor del juzgado noveno laboral del circuito de C... en el año de 1992 y su ausencia injustificada al lugar de trabajo, le generaron al actor no sólo una sanción disciplinaria sino su retiro absoluto del servicio al ser calificado insatisfactoriamente y declarado insubsistente. Con tales antecedentes, para la Sala es claro que las condiciones del demandante no se ajustan al perfil exigido por la administración de justicia y que fue correcta la descalificación efectuada por el nominador para proveer el cargo de secretario grado 10 del juzgado laboral del circuito de T...

Si bien las circunstancias advertidas por el nominador no le impedían al demandante participar en el concurso de méritos, en que superó satisfactoriamente, ello no implica para el nominador la obligación de efectuar el nombramiento respecto de quien se encuentre en el primer lugar de la lista de elegibles, pues es de su resorte la tarea de establecer la conveniencia que para administración de justicia y para los usuarios representa la vinculación de una persona que fue retirada del servicio ineficiencia en el desempeño de su labor.

Finalmente la Sala no comparte el concepto emitido por la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, en tanto las razones que motivaron al nominador para abstenerse de nombrar al actor se encuentran probadas y parten de un juicio objetivo que se ampara en el margen de discrecionalidad.

En el sub examine, es innecesario determinar si la insubsistencia por calificación insatsifactoria o si la sanción disciplinaria que recayeron sobre el actor se constituían en causales de inhabilidad para vincularse al servicio o si se encontraban prescritas a la luz de los decretos 1660 de 1978, 52 de 1987, 1888 de 1989 y la Ley 270 de 1996, toda vez que la controversia no se suscita sobre ese aspecto, sino sobre la posibilidad de que circunstancias como las enunciadas obtaculicen el ingreso a un cargo judicial y faculten a la autoridad para efectuar un nombramiento, aserto este último que se patrocina en esta providencia siempre que, se reitera, la decisión se sustente en motivos objetivos y razonables.

En consecuencia, esta Sala observa que no existe ningún vicio que afecte la legalidad de los actos demandados».

(Sentencia de 13 de febrero de 2003. Expediente 1243-02. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordónez Maldonado).

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