Sentencia 12459 de septiembre 12 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIONES DE JUBILACIÓN

DISPOSICIONES MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES

EXTRACTOS: «La litis se centra en dilucidar la juridicidad de los artículos 7º y 8º del Acuerdo 35 de 1977, expedido por el consejo directivo de la Universidad de Antioquia, los cuales rezan textualmente:

“ART. 7º—Los servidores de la universidad con veinte (20) o más años de servicio continuos o discontinuos en ella y con cincuenta (50) años de edad, tendrán derecho a que se les liquide y reconozca la pensión mensual vitalicia de jubilación por el equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicio.

ART. 8º—Se pagará una pensión de invalidez equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicios de acuerdo con normas legales existentes”.

Son incuestionables los argumentos expuestos por el tribunal en el fallo impugnado, en el sentido de que por regular aspectos relacionados con las pensiones de jubilación y de invalidez reconocibles a los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, las disposiciones transcritas son contrarias a lo preceptuado tanto en el numeral 9º del artículo 76 de la Constitución de 1886, como en el numeral 19 literal e del artículo 150 de la actual Constitución, por cuanto el acuerdo citado fue expedido por el consejo directivo de la universidad mencionada sin competencia para ello, toda vez que de acuerdo con el precepto constitucional primeramente mencionado, sólo al Congreso de la República correspondía determinar el régimen prestacional de los servidores públicos y conforme al segundo, tal facultad compete al Gobierno Nacional, con sujeción a las normas generales y a los objetivos y criterios señalados por dicha corporación, por medio de leyes.

Así las cosas, es claro que ni bajo la perspectiva de la Constitución de 1886 ni del artículo 150 numeral 19 literal e de la Carta de 1991, los artículos 7º y 8º del Acuerdo 35 de 1977, por los cuales se fijaron regímenes especiales para la concesión de las pensiones de jubilación e invalidez para tales servidores públicos, pueden considerarse ajustados a derecho.

Ahora bien, como la impugnante estima que en razón de lo previsto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dichas disposiciones adquirieron plena juridicidad, examinará la Sala la validez de ese planteamiento.

El artículo 146 de la citada ley, reza textualmente:

“Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo”.

Basta leer la norma transcrita para percatarse de que el legislador, en materia prestacional, no reconoció en forma general validez a las disposiciones departamentales o municipales o de entidades territoriales o de sus organismos descentralizados. No se dice en ese artículo que tales normas se entenderán expedidas por el Congreso de la República y por ello quedarían incorporadas como leyes en la preceptiva jurídica; caso en el cual, por ficción legal, deberían estimarse como de estirpe legal y así recuperarían su validez jurídica porque desaparecería su contradicción con los preceptos constitucionales citados, pues debían tomarse como de origen congresional.

Lo que en el artículo 146 se establece es algo distinto.

En efecto, en el inciso primero de ese artículo se consagra la intangibilidad de las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la expedición de la ley con base en dichas disposiciones. Individual es igual a particular, propio de una persona y el término definidas, implica consolidación de un estado, para el caso, del status de pensionado, y es esto tan cierto que a renglón seguido y para que no surja duda alguna, el legislador dispuso expresamente que quienes con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, hubieran cumplido los requisitos exigidos en las normas de carácter no legal, como son las que en ese artículo se citan, tenían derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. Obsérvese que únicamente se hace referencia a la pensión de jubilación que pudiera adquirirse con arreglo a sus mandatos. No a otras prestaciones sociales.

También se anota que en el inciso segundo ibídem, el legislador reconoció iguales derechos en lo que a pensión de jubilación se refiere, a los servidores públicos que dentro de los dos años siguientes a la expedición de la misma, cumplieran los aludidos requisitos.

Podría afirmarse entonces, que el legislador convalidó las disposiciones de carácter departamental, municipal y de sus organismos descentralizados relacionadas con la pensión de jubilación, cuando se tratara de reconocer esa prestación a los servidores públicos que en el lapso anotado (2 años desde su vigencia) reunieran los requisitos en ella previstos. Lo que hizo el legislador fue dar vida jurídica, como si de leyes se tratara, a unas disposiciones que no tenían tal alcance, pero para aplicarlas a quienes en el lapso citado cumplieran los requisitos que en ella se establecieran.

Pero el legislador no otorgó una validez autónoma, ni general a las aludidas normas; sólo en las condiciones aludidas. Admitir tesis diferente, sería distorsionar el mandato contenido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, implicaría el desfase de tales preceptos.

No por lo que allí se dispuso en forma concreta respecto de las personas específicamente determinadas en ella, respecto de quienes se había definido su situación jubilatoria, o aquéllas a quienes en dos años pudiera definírseles con arreglo a tales normas, ha de estimarse que, en general, toda la preceptiva jurídica definitoria de regímenes pensionales expedidas por autoridades u órganos de los niveles departamental, municipal o de las entidades territoriales o de los organismos descentralizados de los órdenes citados, fue convalidada; vale decir, que a todos en general, en virtud de lo estatuido en el artículo comentado se le dio eficacia jurídica inmutable. No.

Lo que el legislador hizo fue dejar a salvo situaciones ya consolidadas respecto de una persona en particular o aquéllas que se consolidarían en dos años, frente a tales disposiciones, que es cosa muy diferente».

(Sentencia de septiembre 12 de 1996. Expediente 12459. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora ).

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