Sentencia 12493 de abril 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 12493

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Actor: Empresas Públicas de Medellín ESP C/ municipio de Rionegro. Apelación sentencia del 5 de abril de 2001, Tribunal Administrativo de Antioquia. Impuesto de Industria y Comercio, 1995.

Fallo

Bogotá D.C., cinco de abril de dos mil dos.

Decide la sección los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia de abril 5 de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, parcialmente estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra los actos administrativos por los cuales el municipio de Rionegro practicó liquidación de aforo correspondiente al impuesto de industria y comercio y avisos correspondiente al año gravable 1995.

Antecedentes

La Secretaría de Hacienda Municipal-Departamento de Industria y Comercio del municipio de Rionegro, mediante Resolución 20 de abril 15 de 1997 determinó por la vía de liquidación de aforo los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP, por el año gravable 1995, fijándolos en las sumas de: $ 10.298.508 por impuesto de industria y comercio; $ 1.544.776 por avisos y tableros; sancionó por falta absoluta de declaración en cuantía de $ 11.843.284 y, determinó por concepto de renovación de matrícula el valor de $ 858.209.

Los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la liquidación de aforo fueron decididos, mediante las resoluciones 37 de junio 10 de 1997 y 4312 de octubre 27 del mismo año, confirmando la Resolución 20 de 1997.

Demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la sociedad actora solicitó la nulidad de las citadas resoluciones y a título de restablecimiento del derecho la declaración de que Empresas Públicas de Medellín ESP, no es sujeto pasivo de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y que por tanto no está obligada a pagar suma alguna por dichos conceptos, ni a reconocer intereses y tampoco la sanción por renovación de matrícula.

Citó como normas violadas los artículos 338 y 363 de la Constitución Política; 24 de la Ley 142 de 1994 y la Ley 14 de 1983. Al efecto expuso en resumen lo siguiente:

La disposición contenida en el artículo 24 de la Ley 142 de 1994, no quiere decir que con la sola expedición de la ley de servicios públicos domiciliarios, las entidades prestadoras de los mismos queden automáticamente gravadas u obligadas a pagar los impuestos que se imponen a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales y comerciales, ya que de acuerdo con el principio de legalidad, los funcionarios administrativos de los municipios no son competentes para imponer tributos. En consecuencia, se requiere una norma de carácter municipal que desarrolle el precepto legal enunciado, tal como lo entendió la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 1996.

Para que las empresas de servicios públicos domiciliarios puedan ser gravadas por las entidades territoriales, debe existir un acto expedido por la autoridad municipal investida de tal facultad, en el cual se fijen directamente los sujetos activos, pasivos, los hechos, bases gravables y las tarifas del impuesto. Sobre la vigencia de la ley tributaria en impuestos de periodo se pronunció la sección cuarta en sentencia de febrero 7 de 1997, expediente 8036.

Sobre el alcance del artículo 338 de la Constitución Política, se cita la providencia del 15 de octubre de 1993, expediente 4710.

Los actos acusados se fundamentan en el Acuerdo 60 de 1991 para determinar una tarifa aplicable del 8 por mil, basados en el principio de que la actividad ejercida por la actora clasificó como “otras actividades de servicio”, lo cual vulnera el principio de certeza tributaria que predica el artículo 338 de la Carta Política.

El municipio de Rionegro aplicó una sanción equivalente a una mensualidad del impuesto de industria y comercio, porque las Empresas Públicas de Medellín no renovaron la matrícula; obligación que no existe, puesto que el mismo municipio en años anteriores efectuó la matrícula oficial de la entidad, y además en el Acuerdo 60 de 1991, nada se establece en lo concerniente a la obligación de renovar dicha matrícula, ni se contempla sanción alguna por no hacerlo.

El municipio determinó el impuesto del año gravable 1995 con base en los ingresos brutos obtenidos por la empresa “en los 12 meses que ejerció la actividad de servicios en el año 1995, incurriendo en violación de las disposiciones contenidas en la Ley 14 de 1983, que establecen que el impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior.

Contestación de la demanda

El apoderado de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Argumentó en primer término que la Ley 142 de 1994 en ninguna parte condiciona a que previamente deben los municipios dictar un acuerdo para poder gravar a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios y que por el contrario, la misma prescribe que todas las entidades prestadoras de servicios públicos, sin distinción de ningún orden, están sujetas al régimen tributario de la Nación y las entidades territoriales.

Aclaró que mediante acuerdos 107 de 1984 y 60 de 1991 el Concejo Municipal de Rionegro reglamentó el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, por lo que no existe razón para considerar violado el precepto constitucional del artículo 338.

Acerca de la base gravable del impuesto de industria y comercio, explicó que cuando la ley toma como tal el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, implica que en un impuesto de período vencido que se liquida y paga en el año siguiente al de su causación, que para el caso el período gravable es 1995, y por tanto la base gravable no se consolida hasta cuando haya transcurrido dicho período, el que debió pagar en 1996.

La sentencia apelada

El tribunal de instancia mediante la sentencia apelada declaró nulo el literal a) del artículo primero de las resoluciones 20 de abril 15 de 1997 y 4312 de octubre 27 del mismo año, en cuanto fijaron en $ 858.209 sanción por la renovación de la matrícula de las Empresas Públicas de Medellín por el año gravable 1995, y negó las demás pretensiones de la demanda, fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones:

La entidad demandante parte de una premisa, cual es, que fue la Ley 142 de 1994 la que permitió gravar a las empresas de servicios públicos con el impuesto de industria y comercio, cuando es claro que con la expedición de la Ley 14 de 1983, se optó por un criterio funcional para determinar el sujeto pasivo, esto es, de acuerdo a las actividades señaladas como objeto de dicho gravamen. De ahí que siempre se ha considerado que si una entidad, independiente de su naturaleza jurídica, desarrolla actividades que conforme a las normas legales son comerciales, industriales o de servicio, pueden ser sujeto del impuesto, a no ser que el concejo municipal las haya exonerado en los términos del artículo 258 del Decreto-Ley 1333 de 1986, o que la ley haya prohibido gravarlas.

La demandante, mientras tuvo el carácter de establecimiento público, hasta el 24 de diciembre de 1997, en que entró en vigencia el Acuerdo 69 de 1997, que la transformó en empresa industrial y comercial del estado, era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, y lo es con su nueva naturaleza, por lo que era viable que el municipio le aplicara las normas generales consagradas en el Acuerdo Municipal 60 de 1991, relativas al citado impuesto.

No se hace en la demanda ningún análisis sobre las razones que lleven a pensar que el municipio con los actos acusados infringió el artículo 338 de la Constitución Política sobre la vigencia de las leyes tributarias, y por el contrario la administración municipal aplica a la actora en el año 1997, un acuerdo vigente desde el 15 de julio de 1991.

Tampoco se observa violación en la aplicación del impuesto, ya que el Acuerdo 60 de 1991, es claro al fijar quienes son sujetos pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas. Lo que hizo la administración fue simplemente calificar la actividad desplegada por la demandante como de servicio, al que corresponde la tarifa del 8 por mil, y sobre los ingresos brutos que dispone el parágrafo del artículo 42 del citado acuerdo, sin que exista ningún medio de prueba que conduzca a predicar que la base no fue la correcta, que la actividad no era de servicios, o que la tarifa fuese incorrecta.

Sobre la infracción de la Ley 14 de 1983, se comparten los planteamientos del apoderado del municipio, pues en efecto de lo expuesto en la Resolución 20 de 1997, se deduce que en el año 1997, ante la no presentación por parte de la demandante, de la declaración de impuesto de industria y comercio por el año 1995, que es el período en que se realiza el hecho generador, se resuelve aforar a la demandante, tal como lo dispone el artículo 6º del Acuerdo 60 de 1991.

En cuanto a la sanción por no renovación de la matrícula, el parágrafo segundo del artículo 16 del citado acuerdo, establece que la expedición de la matrícula causara “un valor equivalente a una mensualidad”, y si la sanción fue por la “renovación”. Lo cual es “hacer una cosa de nuevo”, no podía aplicarse, por no estar consagrada en el régimen tributario del ente territorial demandado.

El recurso de apelación

La entidad actora, manifiesta su inconformidad con la sentencia de primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La disposición contenida en el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994, no quiere decir que con la sola expedición de la ley de servicios públicos las entidades prestadoras de los mismos queden automáticamente gravadas u obligadas a pagar los impuestos que se imponen a los demás contribuyentes que cumplen funciones industriales y comerciales, porque las leyes tributarias deben regirse por el principio de legalidad, es decir que los tributos deben imponerse por los organismos que tengan facultad para ello, o sea el Congreso y las corporaciones territoriales.

Los actos impugnados no provienen del concejo municipal de Rionegro, sino de autoridades que no tienen la competencia para determinar los elementos del tributo.

La expresión “podrán” del citado artículo 24.1, tiene dos implicaciones a saber: que las actividades sólo serán gravadas hacia el futuro, y que por tanto hacia atrás no lo estaban, y la posibilidad de gravar, por lo cual hasta entonces los entes territoriales no podían hacerlo.

Se requiere de una norma de carácter municipal que desarrolle el precepto legal enunciado, como lo entendió la Corte Constitucional mediante Sentencia C-220 de mayo 20 de 1996.

Para que las empresas de servicios públicos domiciliarios puedan ser gravadas por las entidades territoriales, debe existir un acto expedido por la autoridad municipal investida de facultad para fijar los sujetos pasivos, hechos bases gravables, y las tarifas del impuesto, como lo dispone el artículo 338 de la Constitución Política.

Por lo anterior, solicita revocar el artículo segundo de la sentencia impugnada y en su lugar declarar la nulidad de los actos demandados.

El municipio demandado, presentó apelación adhesiva en el término concedido para alegar de conclusión, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, en cuanto a la declaración de nulidad de la renovación de la matrícula. Argumentó que el valor impuesto fue por “renovación de la matrícula”, en cumplimiento de los incisos segundo y tercero del artículo 12 del Acuerdo 107 de 1984, que fuera allegado con la contestación de la demanda, norma que se encuentra vigente, debido a que el Acuerdo 60 de 1991 no la derogó. Agregó que sobre este aspecto el fallo impugnado decide extra petita, toda vez que no fundamenta la demandante el por qué debe declararse nulo este concepto, limitándose a consignarlo bajo el acápite de los “hechos”.

Alegatos de conclusión

La parte demandada, además de adherir a la apelación de la actora en los términos ya anotados, reiteró que la Ley 142 de 1994 no derogó la Ley 14 de 1983, ni condicionó a los municipios a que previamente dicten un acuerdo para poder gravar a las empresas que presten servicios públicos domiciliarios.

La demandante y el Ministerio Público no descorrieron la oportunidad para alegar de conclusión.

Consideraciones

Se decide en esta instancia la legalidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 20 del 15 de abril de 1997, 37 de junio 10 de 1997 y 44312 de octubre 27 de 1997, en virtud de los cuales el municipio de Rionegro determinó mediante liquidación de aforo, los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP, por el año gravable 1995, e impuso sanción por ausencia total de declaración y renovación de matrícula oficial.

Pues bien, como quiera que una situación similar se presentó a estudio y decisión de la sección cuarta de la corporación, en esta oportunidad la Sala, relieva los planteamientos que contiene la sentencia de 3 de diciembre de 2001 (expediente 12539, Ponente: Dra. Ligia López Díaz) y los toma como fundamento para resolver esta litis.

En esta oportunidad la sección fijó su posición en el sentido de que el servicio telefónico constituye una actividad de servicios gravada con el impuesto de industria y comercio, cuya base gravable está conformada por los ingresos generados por la actividad de servicio telefónico del respectivo año gravable y que desde antes de la Ley 142 de 1994 los municipios tienen la facultad impositiva con relación a las empresas de servicios públicos. En esta sentencia la sección se pronunció en los siguientes y precisos términos:

“De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, y 13 del Decreto 1333 de 1986, el impuesto de industria y comercio en cuanto a la materia imponible recae sobre todas las actividades industriales comerciales o de servicio, que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, y son sujetos pasivos del mismo las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que realicen dichas actividades.

Adicionalmente, ha precisado la jurisprudencia de la corporación, que de acuerdo con las citadas disposiciones, no es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la persona como característica del sujeto pasivo de dicho gravamen, habida consideración que la ley no hace distinción alguna y que el factor determinante de tal calidad es la actividad ejercida por el sujeto (1) .

(1) Sentencias del 14 de noviembre de 1994, expediente 5839, C.P. Doctor Guillermo Chahín Lizcano, 28 de julio de 1995, expediente 7148 y noviembre 22 de 1996 expediente 7997 con ponencia del Dr. Julio Enrique Correa.

Ahora bien, con fundamento en los preceptos legales a que se ha hecho referencia, el concejo municipal de Rionegro expidió el Acuerdo 60 de 1991, por medio del cual se regula el impuesto de industria y comercio en el citado municipio, en el cual se consagran entre otras las siguientes disposiciones:

“ART. 1º—Hecho generador. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible sobre las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en la jurisdicción del municipio de Rionegro, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimiento de comercio o sin ellos”.

ART. 8º—Sujeto pasivo. Es el contribuyente o responsable del pago del tributo y está en cabeza de las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que realizan el hecho generador de la obligación tributaria sustancial, los cuales cumplirán los deberes formales señalados en este acuerdo, personalmente o por medio de sus representantes.

ART. 10.—Obligaciones de los sujetos del impuesto. Los contribuyentes sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. (...).

2. Presentar anualmente ante la oficina de industria y comercio, durante los tres (3) primeros meses de cada año, sin exceder el último día del mes de marzo, una declaración de industria y comercio por el año gravable inmediatamente anterior, junto con la liquidación privada del gravamen.

(...).

6. Efectuar los pagos relativos a la obligación tributaria sustancial, así como los relativos a las sanciones e intereses, dentro de los plazos señalados”.

Consta en la Resolución 20 de abril 15 de 1997 (fl. 30) por la cual se efectuó la liquidación de aforo a Empresas Públicas de Medellín, que dicha entidad estaba obligada a presentar declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable 1996, por la actividad realizada en el municipio de Rionegro, consistente en la prestación del servicio telefónico. Este hecho, es aceptado expresamente por la entidad contribuyente con ocasión de la interposición de los recursos gubernativos (fl. 54) solo que en su concepto, la prestación del servicio público de teléfonos no constituye materia imponible, por no estar incluida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, donde se definen para efectos de dicho gravamen, las actividades de servicio.

Según el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986, por el cual se subrogó el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, “Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de...”.

Acorde con la definición legal transcrita está el artículo 5º del Acuerdo 60 de 1991, cuando dispone: “actividad de servicio: Es aquella destinada a satisfacer necesidades de la comunidad, que genera un ingreso para el que la desarrolla y un beneficio para el usuario”.

Sobre la tarifa de servicios, señala el mismo acuerdo municipal:

“ART. 42.—Tarifa de servicios. Las actividades de servicio que a continuación se enuncian quedarán gravadas con las siguientes tarifas:

1.

(...).

17. Otros servicios varios: 8.0 por mil (comprende entre otros, reparación de relojes, copias heliografías, estampación y similares servicios de trilla, etc.).

(...).

PAR.—Las actividades no enumeradas en el presente artículo pero que a juicio de la Secretaría de Hacienda puedan señalarse como de servicio, quedan gravadas con una tarifa de 8.0 por mil”.

Atendiendo a la disposición legal, en la cual se define qué es una actividad de servicio, así como lo dispuesto en el acuerdo municipal referenciado, está claro que la entidad demandante es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, pues se parte de un hecho probado y no controvertido, de haber realizado actividades de servicio telefónico en la jurisdicción del municipio de Rionegro durante el período gravable de 1996, que es precisamente la actividad sobre la cual recae la liquidación oficial del gravamen objeto de la demanda.

En cuanto a la interpretación que corresponde al artículo 24 de la Ley 142 de 1994, precisa la Sala:

El artículo 24 de la precitada ley prescribe:

“Todas las entidades prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales:

24.1. Los departamentos y los municipios no podrán gravar a las empresas de servicios públicos domiciliarios con tasas, contribuciones o impuestos que sean no aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales y comerciales” (subraya la Sala).

Lo anterior significa que las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios están sujetas a los gravámenes territoriales establecidos en las leyes preexistentes a la vigencia de la Ley 142 de 1994, es decir que no fue voluntad del legislador introducir modificación alguna respecto de los gravámenes ya establecidos, y que por el contrario, esta última ley ratifica la aplicación de la Ley 14 de 1983 a las entidades que prestan servicios públicos en cuanto regula los gravámenes del carácter territorial.

Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, están sujetas al impuesto de industria y comercio todas las personas naturales, jurídicas y las sociedades de hecho que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio en las respectivas jurisdicciones municipales, se entiende que a dicho gravamen están igualmente sujetas las empresas de servicios públicos domiciliarios, toda vez que la ley no hace distinción alguna. Así las cosas, la salvedad que hace el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994, cuando dispone que dichas entidades están sujetas al régimen tributario de las entidades territoriales, siempre que sean aplicables a los demás contribuyentes, está indicando que asiste a los municipios la facultad para gravar con el impuesto de industria y comercio a las empresas que prestan servicios públicos, aplicando las normas preexistentes a la entrada en vigencia de la citada ley, sin que para ello se requiera de la expedición de un nuevo acuerdo municipal que así lo establezca.

En conclusión, carece de fundamento el cargo según el cual se afirma que el municipio no tenía facultades para determinar oficialmente el impuesto de industria y comercio a que se refieren los actos acusados, pues ellos corresponden al ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 14 de 1983 a los municipios para gravar con dicho impuesto la actividad de servicio realizada por la actora en su jurisdicción, así como a lo regulado en el Acuerdo Municipal 60 de 1991.

Acerca de la determinación de la base gravable reitera la Sala el criterio expuesto en anteriores oportunidades, según el cual se ha dicho que en el impuesto de industria y comercio se distinguen los conceptos de “año gravable” y “vigencia fiscal”, entendiéndose por el primero el período en el cual se causa el hecho generador del gravamen, y por el segundo el año siguiente al de su causación. Es decir, en el que se genera la obligación del pago. Ahora bien, como la base gravable del impuesto según el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, se entiende que es en relación con la vigencia fiscal en la cual surge la obligación del pago.

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 60 de 1991, según el cual “El impuesto de industria y comercio se liquidará con base en el promedio mensual de los ingresos brutos o ventas brutas, expresados en moneda nacional y obtenidos por los contribuyentes durante el año inmediatamente anterior”, debe entenderse que para el caso bajo análisis, la base gravable corresponde a los ingresos del año gravable 1996, pues según la liquidación de aforo objeto de la demanda, el impuesto allí determinado es el generado por la actividad de servicio telefónico prestada durante dicho período, y es respecto del mismo que surge la obligación sustancial del pago en la vigencia fiscal de 1997.

Adicional a lo anterior, comparte la Sala lo expuesto por el a quo, en el sentido de no haberse aportado al proceso prueba alguna que permita demostrar que la base gravable determinada oficialmente no fue la correcta o que la tarifa aplicada no correspondía a la prevista en el acuerdo municipal con fundamento en el cual se expidieron los actos acusados, pues en efecto no contiene la demanda argumentación o prueba alguna de la que pueda inducirse que fue errada la determinación de la base gravable, limitándose la demandante a afirmar que en este aspecto incurre en error la liquidación oficial de aforo”.

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, los actos administrativos censurados en cuanto liquidan de aforo a la sociedad Empresas Públicas de Medellín ESP, el impuesto de industria y comercio e imponen sanción por no declarar, correspondiente al año gravable de 1995 gozan de legalidad, toda vez que desde la Ley 14 de 1983 la demandante es sujeto pasivo de dicho gravamen y; como quiera que está demostrada la legalidad de la determinación de la base gravable efectuada por la administración municipal pues está conformada por los ingresos generados por la actividad de servicio telefónico en el respectivo año gravable, es decir, de 1995, como efectivamente lo liquidó la administración.

Ahora, no ocurre lo mismo con la sanción impuesta por no renovar la matrícula, respecto de la cual, la Sala encontró demostrada su ilegalidad dado que en vigencia del Acuerdo 60 de 1991, norma que derogó el Acuerdo 107 de 1984 pues regula todo lo concerniente a la matrícula de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, no está prevista la causación de ningún derecho por efectos de la “renovación” de la matrícula.

Por otra parte, referente a la afirmación del demandado de que el fallo apelado incurrió en decisión extra petita, advirtió “que tal afirmación no corresponde a lo que se observa en libelo demandatario, donde se aduce no solo en “hechos”, sino en el concepto de violación, la ilegalidad de la sanción por renovación, por no existir en el Acuerdo 60 de 1991 disposición alguna que autorice tal imposición.

Resulta de lo anterior que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, se ajusta a las previsiones de ley, resultando en consecuencia imprósperos los recursos de apelación interpuestos por las partes, sin embargo, no se procederá a la confirmación de la sentencia dado que en la parte resolutiva del fallo se omitió declarar la nulidad parcial de la Resolución 37 de junio 10 de 1997, mediante la cual la administración municipal decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 20 de 1997.

Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, se procederá a modificar la sentencia apelada, con el fin de incluir la nulidad parcial de la citada resolución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia apelada, la cual quedará en los siguientes términos:

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 20 de abril 15 de 1997, 37 de junio 10 de 1997 y 4314 de octubre 27 de 1997, actos expedidos por el municipio de Rionegro, en virtud de los cuales se liquidó por la vía de liquidación de aforo, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros a cargo de Empresas Públicas de Medellín ESP, por el año gravable 1995, en cuanto determinó un derecho equivalente a la suma de $ 858.209 por concepto de renovación de la matrícula por el mismo año gravable.

3. DECLÁRESE que la entidad contribuyente no está obligada a pagar suma alguna por concepto de renovación de matrícula determinada en los actos que se anulan parcialmente.

4. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

_________________________________