Sentencia 12498 de enero 29 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO

ACTOS SUSCEPTIBLES DE CONTROL JURISDICCIONAL

EXTRACTOS: «El asunto sometido a estudio de la Sala, después de haber sido negado el proyecto inicial presentado por el consejero conductor del proceso, se concreta en establecer si los autos de trámite 0240 del 1º de diciembre de 1999 y 0267 del 16 de diciembre del mismo año, proferidos por el abogado ejecutor seis del grupo coactiva de la división de cobranzas de la administración especial de impuestos nacionales de las personas jurídicas de Santafé de Bogotá, por medio de los cuales se efectuó la liquidación del crédito y se fijaron las costas causadas dentro del proceso a cargo del demandante, son susceptibles de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa y en caso afirmativo proceder al estudio de los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la sentencia de primera instancia.

En consecuencia y toda vez que la Nación desde la contestación a la demanda alegó que los autos acusados no son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa, aspecto que no fue analizado por el a quo y que el Ministerio Público reitera en su concepto solicitando que se revoque la sentencia apelada, profiriendo fallo inhibitorio, procede la Sala a dicho estudio.

La solicitud de fallo inhibitorio se sustenta en que los actos acusados son de mero trámite, a través de los cuales se practicó la liquidación definitiva del crédito y las costas del proceso coactivo, actos que no están comprendidos dentro de los señalados en el artículo 835 del estatuto tributario, razón por la cual no es posible efectuar un pronunciamiento de fondo por falta de competencia.

En casos similares al que ahora se juzga, esta Sección ha considerado (1) que los actos por medio de los cuales se fijan costas dentro del proceso de jurisdicción coactiva, no son susceptibles de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

(1) Auto del 30 de enero de 2003, Exp. 13469, C.P. Ligia López Díaz.

La Sala considera que debe rectificar esta posición por las siguientes razones:

Si bien conforme al artículo 835 del estatuto tributario: “dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución”, la Sala ha precisado (2) que no por ello, se debe inadmitir a priori el debate jurisdiccional sobre ciertas controversias que eventualmente pudieran suscitarse entre la administración y el contribuyente y que de otro modo quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional.

(2) Auto de fecha 19 de julio de 2002, expediente 12733, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales o recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las “resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución”, como en el caso en estudio en donde se demanda una actuación surgida con posterioridad a la expedición y notificación de dichas resoluciones.

En consecuencia, a falta de norma en el sistema tributario específico, proceden las pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto ha considerado la Sección (3) :

(3) Auto de fecha julio 1º de 1994, expediente 5591, C.P. Jaime Abella Zárate.

“En primer lugar, el principio que recoge el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo es que, en general, todos los actos de la administración pueden ser objeto del control jurisdiccional, lo excepcional es que escapen a él.

Ni el artículo 833-1 del estatuto tributario que restringe los recursos, ni el artículo 835 del estatuto tributario que indica que solo son demandables “las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución”, pueden tomarse con carácter definitivo y excluyente puesto que con posterioridad a tales providencias hay una actuación administrativa que, en cuanto no haya normas especiales en el estatuto tributario se debe surtir según el procedimiento del Código de Procedimiento Civil, como es la citación para remate, el remate mismo, su aprobación y su cumplimiento, puesto que el artículo 840 del estatuto tributario trata sucintamente del remate de bienes debe complementarse en su aplicación con artículos 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (Cap. IV “remate de bienes y pago al acreedor”), trámite dentro del cual se destaca que el auto aprobatorio del remate es apelable en el efecto diferido (CPC, art. 538), siéndole igualmente aplicables las causases(sic) de nulidad previstas en los artículos 140 y 141 Código de Procedimiento Civil.

Sobre este particular es pertinente recordar que la misma Ley 6ª de 1992 introdujo la aplicación supletiva del procedimiento civil en materias que pueden ser en el tiempo independientes o posteriores a las providencias señaladas en el artículo 835, según la siguiente previsión del artículo 87 de la Ley 6ª incorporada en el estatuto tributario, así:

“ART. 839-2.—Embargo, secuestro y remate de bienes. En los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes” (la negrilla no es original).

De la anterior relación se concluye que tales actuaciones posteriores pueden dar lugar a controversias ante la administración y por ende ante esta jurisdicción, de donde se deduce que no pueden ser inadmitidas a priori.

Además, pueden existir situaciones que se derivan de las disposiciones especiales de este proceso, como las contempladas en el artículo 839-1 del estatuto tributario, algunas de las cuales aparentemente se dieron en el caso planteado, en el que según el certificado de libertad ya existía un embargo de la demandante, antes de ser decretado por la administración”.

Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, considera la Sala que en el presente caso, los actos demandados (por medio del cual se realiza la liquidación del crédito y las costas definitivas del proceso y por el cual se resuelven las objeciones de la liquidación de dicho crédito), sí son enjuiciables a través de la acción ejercida por la actora y en consecuencia no hay mérito para revocar la providencia recurrida, por lo cual se deben estudiar los recursos de apelación interpuestos».

(Sentencia de 29 de enero de 2004. Expediente 12.498. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

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