Sentencia 12510 de noviembre 26 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp.: 12510

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: Caja de Compensación Familiar, Cafam

Devolución tributos aduaneros

Bogotá, D.C., noviembre veintiséis de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, interpuesto por la Nación en su calidad de parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de mayo de 2001, que declaró la nulidad de los actos administrativos que rechazaron por extemporánea la solicitud de devolución de los impuestos aduaneros, pagados sobre una mercancía que fue decomisada dentro del trámite de su importación.

Básicamente las razones del tribunal para anular los actos acusados, derivan de que el término de seis meses consagrado en el Decreto 1909 de 1992 para presentar la solicitud de devolución, debe contarse en el presente caso, a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que concluyó el proceso administrativo de decomiso de la mercancía.

Por su parte, la apoderada de la Nación sostiene que tal término debe contarse a partir de la fecha del pago de la suma cuya devolución se solicita, como lo indica el artículo 84 del Decreto 1909 de 1992, razón por la cual la solicitud elevada en el presente caso resultó extemporánea y por ello fue rechazada en forma definitiva por la administración, en los actos que son ahora objeto del proceso.

Vistos los antecedentes de los actos administrativos acusados, está demostrado que la actora presentó con pago la declaración de importación el 2 de mayo de 1994 a fin de nacionalizar una mercancía. Máquinas para limpieza higiénica diaria, por valor de $ 54.257.122, motivo por el cual canceló por concepto de impuestos la suma de $ 19.966.621 (fl. 12, cdno. 2 de antecedentes).

La anterior mercancía fue objeto de decomiso por parte de la administración de impuestos, a través de las resoluciones 2048 de 19 de abril de 1995, notificada el día 21 de ese mismo mes y año, la cual fue confirmada a través de la 4535 del 8 de agosto de 1995, notificada el 15 de agosto de 1995.

El 7 de diciembre de 1995, la parte actora elevó solicitud de devolución de los tributos pagados, como consecuencia de que la mercancía no pudo ser importada por el decomiso efectuado.

Mediante la Resolución 208 de 25 de enero de 1996 la administración resolvió la anterior solicitud, en el sentido de rechazarla por extemporánea, únicamente con fundamento en que el pago de los tributos se efectuó el 2 de mayo de 1994, lo que torna en extemporánea la solicitud, a la luz de los artículos 84 y 87 del Decreto 1909 de 1992.

Contra dicha decisión fueron interpuestos los recursos de reposición y apelación, desatados el primero por la Resolución 1352 de 1º de marzo de 1996 donde simplemente se señaló que se confirmaba la resolución inicial, porque la solicitud de devolución fue presentada en forma extemporánea, de manera que no cumplió con el requisito de oportunidad de que trata el artículo 84 del Decreto 1909 de 1992.

El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 4641 de 16 de diciembre de 1996, en la cual el fundamento para confirmar las dos anteriores fue el hecho de considerar que la declaración de importación “fue presentada el 31 de mayo de 1994, es decir que inicialmente el término para solicitar la devolución de los tributos cancelados con la misma, vencía el 30 de noviembre de 1994. Sin embargo, como la situación jurídica de la mercancía solo vino a ser definida hasta el 21 de abril de 1995, fecha en la que se notificó al interesado de la resolución que ordenó el decomiso de la mercancía, considera el despacho que el término para solicitar la devolución debió empezarse a contar desde esa fecha”. De acuerdo con lo anterior concluyó que “el término vencía el 21 de octubre de 1995, y toda vez que la solicitud de devolución se presentó hasta el 7 de diciembre de 1995, está debidamente probado que se hizo de manera extemporánea”.

Tal como se encuentra planteada la litis, estima la Sala que el fallo apelado merece ser confirmado, como quiera que es evidente que la administración tributaria no fue consistente en la motivación de los actos acusados, lo que generó una violación al artículo 29 de la Constitución Política, y, también porque tal como lo advirtió el a quo y lo reconoce la propia administración en la Resolución 4641 de 1996 ahora acusada, el término de los seis meses debe empezar a contarse a partir de la fecha en que se defina la situación jurídica de la mercancía.

El hecho de que la administración en los dos primeros actos haya fundado su decisión, en que el término para presentar la solicitud de devolución debía contarse a partir del 2 de mayo de 1994, fecha en la cual se presentó con pago la declaración de importación de la mercancía, para luego variar la motivación de su decisión al sostener que como la situación jurídica de la mercancía solo vino a ser definida hasta el 21 de abril de 1995, fecha en que se notificó la resolución que ordenó el decomiso, el término en cuestión debía contarse a partir de ese día y por ende su vencimiento sería el 21 de octubre de 1995, resulta abiertamente violatorio del derecho de defensa de la parte, quien no tuvo oportunidad de rebatir esta última argumentación, contraria a la sostenida en los actos anteriores.

Respecto de la actora en que debe empezar a contarse el término de seis meses para impetrar la devolución de los tributos aduaneros, para la Sala es claro que en este caso, tratándose de mercancía que fue objeto de decomiso por parte de la administración, lo que impidió la importación por la cual se habían cancelado los impuestos, ésta no puede ser otra que la notificación del acto que define la situación jurídica de la mercancía, vale decir, en el caso concreto del acto que resuelve el recurso gubernativo y pone fin al proceso seguido ante la administración por este aspecto.

Debe advertirse que en caso de discusión sobre la importación de la mercancía, el título para reclamar la devolución del pago no es la declaración de importación.

Así las cosas, si se discutía la situación jurídica de la mercancía, la actora no podía pedir la devolución hasta tanto no hubiera claridad respecto de la importación y por ende si los impuestos pagados, si constituyen (sic) o no un pago en exceso.

En consecuencia, comparte la Sala la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al declarar la nulidad de los actos administrativos, por estimar que la solicitud de devolución fue oportuna, al haber sido presentada dentro del término de seis meses contado a partir de la notificación que puso fin al proceso administrativo de decomiso de la mercancía, porque solo a partir de tal fecha puede considerarse que el pago de los impuestos de importación fue en exceso.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de mayo de 2001.

Cópiese, notifíquese y envíese al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

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