Sentencia 12530 de septiembre 26 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 115

Magistrado Ponente:

Édgar Lombana Trujillo

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de 2002.

Consideraciones de la Sala

EXTRACTOS: «7. En vigencia del Código Penal de 1980, que no contemplaba la figura del delito continuado (como sí lo hacía el Código de 1936 y lo prevé el actual), doctrina y jurisprudencia avanzaron en el desarrollo del concepto de unidad de acción típica, relativa a la conducta única con relevancia jurídico penal, aunque con diversos actos ejecutivos, identificable por el plan ideado y por la finalidad, para enfrentar los problemas de tipicidad, antijuridicidad y aún de culpabilidad que planteaban la realidad procesal, por ejemplo en el caso de pequeños apoderamientos de dinero ajeno en idénticas circunstancias, que si se hubiesen analizado desde el punto de vista estrictamente natural, conformarían distintas contravenciones, de acuerdo con la ley de la época, y no un delito merecedor de otro tipo de sanción.

Sobre ese tema la Sala acotó:

"Aunque el tipo penal de hurto describe la conducta de apoderarse de una cosa mueble ajena, su estructuración en manera alguna está condicionada a la ejecución de una acción única de apoderamiento desde el punto de vista físico, o a varias realizadas simultáneamente".

"Pero la realidad no siempre suele ser tan sencilla. Pasa a veces que el mismo sujeto actúa pluralmente contra el patrimonio económico de una misma víctima o de varias, durante un periodo de tiempo determinado, corto o largo. Cada acción en esta hipótesis es desde el punto de vista naturalístico susceptible de ser encuadrada como delito autónomo. Sin embargo, no es la posibilidad de separación física de cada acción y la correlativa factibilidad de adecuarlas individualmente al mismo tipo penal, el camino más adecuado para suministrar la solución del problema. Esto por la sencilla razón de que la obtención del provecho ilícito al cual orientó su voluntad el sujeto activo de la infracción puede producirse a partir de diferentes acciones de apoderamiento, definidas a manera de etapas".

“El interrogante que surge obligatoriamente es cuándo esas distintas acciones individuales configuran hechos punibles autónomos y concursan entre sí y cuándo, así sean mental y físicamente separables como arquitecturas típicas, deben tomarse como actos plurales encaminados al fin único de obtener determinado provecho ilícito y constitutivo por lo tanto del denominado delito unitario”.

“La respuesta al interrogante surge para la Corte de identificar en cada caso concreto la finalidad que se propuso el autor y la correlativa circunstancia de si para lograrla requirió de un solo acto o de una suma de actos, más o menos prolongada en el tiempo. Si fueron varios y subyace la posibilidad física y mental de asumir cada uno de ellos como delito autónomo, el tomarlos como partes de una conducta única atentatoria del patrimonio económico, como etapas de una sola acción delictual ejecutable poco a poco, dependerá de la unidad de sujeto activo, de la unidad de plan, de la identidad de los distintos actos y de su prolongación en el tiempo”. (Auto del 9 de octubre de 1997, radicación 368, M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

En otra oportunidad, al dirimir una colisión de competencias, la Sala descartó el concurso de hechos punibles, en los siguientes términos:

"En el presente caso concurren los mencionados elementos, pues, a pesar de lo incipiente de la investigación, se tiene que el imputado se propuso defraudar el patrimonio económico de la empresa, (...), para la cual trabajaba como vendedor y cobrador...".

“Como bien puede apreciarse, los actos se prolongaron en el tiempo y obedecieron a una idéntica estrategia, además que tanto el autor como la víctima fueron los mismos en cada caso, permitiendo deducir que el propósito de (...) estaba encaminado a atentar contra el patrimonio de la citada firma, lo que logró a través de una pluralidad de actos reiterados en el tiempo, con unidad de fin.

Por lo tanto, el proceder del imputado debe asumirse como una única conducta de hurto, cuya cuantía supera los diez salarios mínimos legales vigentes para el año de 1998 ($ 203.826), concluyéndose, entonces, que se está frente a un delito y no a una contravención especial. (Auto del 16 de diciembre de 1999, radicación 16.554, M.P. Dr. Jorge Córdoba Poveda).

8. En aquellos parámetros debe resolverse el presente asunto, pues como enseña el expediente, los señores Luis Fernando Calderón Rivera y Carlos Humberto Terrios Castillo en desarrollo de su propósito de apoderarse de la mayor cantidad de insumos agropecuarios posible ingresaron repetidas veces al almacén "Veterinaria El campesino", hasta que se alzaron con mercancía por valor cercano a los once millones de pesos, actividad en la que cesaron cuando fueron descubiertos por la propietaria.

Se trata, por consiguiente, de un único hurto, vale decir, de una sola conducta típica -aunque compuesta de varios actos ejecutivos o varias acciones naturalmente consideradas- cuyo monto supera los cincuenta salarios mínimos legales para 1994, que ascendían a $ 4.395.000, por lo cual la competencia por razón de la cuantía en primera instancia si correspondía al Juez Penal del Circuito.

9. Cabe aclarar que lo anteriormente descrito corresponde en la legislación vigente al concepto de delito continuado.

En efecto, el artículo 31 del nuevo Código Penal (L. 599/2000), que desarrolla el concurso de conductas punibles, restableció la institución jurídica del delito continuado, que como tal no se trataba en el Código Penal de 1980, pero si en el régimen de 1936.

El parágrafo del artículo 31 del nuevo Código Penal se refiere a los delitos continuados y a los delitos masa, de los que no ofrece definición, pero advierte que se sancionaran con la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte.

Con referencia a dicho precepto la Sala acotó:

"3.1. En primer lugar, aunque el Código Penal menciona al delito continuado en un parágrafo del mismo articulo destinado a la regulación del concurso de hechos punibles, quizá ello obedece a una impropiedad de técnica legislativa, puesto que es claro que el delito continuado fue concebido como una figura jurídica autónoma, independiente y que no forma parte del concurso de delitos.

En efecto, en la Gaceta del Congreso 432 (11 de noviembre de 1999), "Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones" al proyecto de ley por el cual se expide el Código Penal, se indicó:

''Se incluye expresamente el tratamiento de los delitos continuado y masa, excluyendo la posibilidad del concurso, empero, agravando la pena por cuanto los mismos implican un mayor grado de injusto y culpabilidad''.

3.2. Ocurre que el legislador del año 2000 se limitó a determinar la punibilidad correspondiente al delito continuado y al delito masa, sin definir tales figuras delictivas y sin aproximarse a su concepto jurídico.

No obstante, ante la necesidad de hacer operativa la figura del delito continuado y del delito masa en los casos concretos, corresponde a la judicatura desarrollar el tema, por supuesto, con estricto apego al principio de legalidad.

3.3. Camino a desentrañar la naturaleza jurídica del delito continuado, en el marco jurídico y conceptual del nuevo Código Penal (L. 599/2000), debemos empezar por recordar que la conducta del sujeto activo del delito está motivada siempre por una finalidad, hacia la cual se dirige la acción, y esta realidad natural u óntica produce efectos correlativos en el campo jurídico penal.

Son, pues, elementos del delito continuado: a) un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido por el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del tipo penal afectado con los tales comportamientos". (Auto del 25 de junio de 2002, radicación 17.089, M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo).

10. Como no se decretará la nulidad solicitada por los demandantes y el Ministerio Público, por inexistente, sino que se casará de oficio y parcialmente el fallo, para declarar que se procede por un delito de hurto, y no por hurto en concurso homogéneo, es preciso determinar la sanción que corresponde a cada procesado.

Para dosificar la nueva sanción se prescindirá del aumento que para el delito continuado contempla el parágrafo del artículo 31 del Código Penal (L. 599/2000), de una parte, porque esta norma no resulta favorable a los intereses de los implicados, y de otra, porque no es factible desmejorar su situación dada su calidad de apelantes únicos, en virtud de la prohibición de la reformatio in pejus.

A la sazón, se recuerda que el tribunal superior de Neiva condenó a Carlos Humberto Terrios Castillo a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión, y a Luis Fernando Calderón Rivera a treinta (30) meses, los dos como coautores de un concurso de hurtos agravados y calificados.

En ese orden de ideas, se debe calcular otra vez la pena a imponer a cada uno, prescindiendo del concurso, siguiendo los lineamientos trazados por el ad-quem; y con referencia al Código Penal de 1980, por resultar más favorable que el actual, pues éste no sólo aumentó a tres años de prisión la pena mínima para el hurto calificado, que en el anterior estaba en dos, sino que estableció una serie de pautas para calcular la sanción necesariamente por encima del tope inferior, tratándose de un delito de hurto calificado y agravado.

El Tribunal Superior partió de cuarenta (40) meses, derivados del delito base, y los incrementó en la mitad por razón del concurso, obteniendo así los sesenta (60) meses que impuso a Terrios Castillo. Respecto de Calderón Rivera reflexionó de igual forma, pero además, de esos sesenta (60) meses rebajó la mitad, en aplicación del articulo 374 (reparación) del Código Penal, Decreto 100 de 1980, por haber restituido el objeto material del hurto.

Sujetándose a los mismos parámetros, pero prescindiendo de lo pertinente al concurso, se tiene que la pena principal que debe imponerse a Carlos Humberto Terrios Castillo es de cuarenta (40) meses de prisión, y la que corresponde a Luis Fernando Calderón Rivera es de veinte (20) meses de prisión. Al mismo lapso se reducirá la interdicción de derechos y funciones públicas de acuerdo con la duración de la pena privativa de la libertad dosificada para cada uno de los condenados.

En los restantes aspectos, el fallo se mantendrá incólume.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Desestimar las demandas.

2. Casar parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en el sentido de declarar que la responsabilidad penal discernida contra los señores Carlos Humberto Terrios Castillo y Luis Fernando Calderón Rivera lo es por el delito único de hurto y en las circunstancias de modo, tiempo y lugar analizadas en la parte motiva de esta providencia.

3. Imponer a Luis Fernando Calderón Rivera la pena principal de veinte (20) meses de prisión, y a Carlos Humberto Terrios Castillo la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión. Al mismo lapso, respectivamente, se contrae la interdicción de derechos y funciones públicas.

4. En todos los demás aspectos el fallo impugnado se mantiene incólume.

5. Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

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