Sentencia 12550 de febrero 9 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

REINTEGRO DEL TRABAJADOR DESPEDIDO

DERECHO AL PAGO DE TODO LO DEJADO DE PERCIBIR

EXTRACTOS: «El ad quem, para decidir que el reintegro del trabajador injustamente despedido conllevaba la declaratoria de “no solución de continuidad de la relación laboral”, citó con amplitud dos fallos de la Corte, en los que se hizo una exégesis del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351, de 1965; es decir, que el proveído atacado no hizo cosa distinta a la de plegarse a la doctrina de esta Sala sobre la genuina inteligencia de la norma citada, siendo, por lo mismo, técnicamente apropiada la vía escogida por el casacionista.

En esta nueva oportunidad la Sala reitera su posición doctrinal sobre este punto de derecho. Al establecer aquella norma, vigente aún respecto de ciertas vinculaciones laborales, que el juez tiene la potestad de ordenar la indemnización del trabajador despedido sin justa causa después de 10 años de servicios, o de disponer que sea reintegrado al cargo, en el fondo la norma jurídica consagra dos efectos diferentes de la condición resolutoria ínsita en el contrato de trabajo. La primera solución conlleva la ruptura de la relación contractual y, por consiguiente, el pago de una suma de dinero a título de indemnización por el incumplimiento. La segunda, en cambio, obliga al contratante incumplido a mantenerse atado a la convención en toda su extensión y a pagarle su retribución como si no hubiese sido separado jamás. Es esta última una respuesta excepcional y sui generis del legislador para reparar la injusticia del despido. Lo uno, en tanto está sometida a la condición de que el trabajador haya servido al empleador por un tiempo mínimo de 10 años y el juez estime compatible el restablecimiento del vínculo contractual; y lo otro, en cuanto no necesita de una declaratoria judicial previa de nulidad o ineficacia.

El querer del legislador de 1965 fue ofrecer a ese trabajador antiguo despedido injustamente, dos opiniones, no obstante dejar su escogencia final al discrecional y objetivo criterio del juzgador, dado el carácter tuitivo del derecho laboral en Colombia, y no “a su arbitrio” como en casos similares en el derecho privado ocurre. Así, entonces, si el juez considera pertinente el reintegro no se produce rompimiento del vínculo; por lo mismo, el contrato celebrado entre las partes, ilegalmente fenecido por el empleador, continúa vigente y eso conlleva, por supuesto, el restablecimiento de las prestaciones de ambas partes y el pago de todo lo dejado de percibir por el trabajador, pues de lo contrario la reparación no sería plena, contrariándose el principio general de que todo daño debe ser resarcido íntegramente, plasmado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, desde su redacción original.

En sentencia del 15 de mayo de 1997 esto sostuvo la Sala:

“Es pertinente recordar que para estos eventos se estatuye una alternativa, según las circunstancias que aparezcan acreditadas en el juicio: la tabla respectiva o el reintegro con pago de salarlos dejados de percibir, pero ambas apuntan a la misma finalidad y parten inexorablemente del acto ilícito (despido injusto) que es la fuente en la reincorporación y sus secuelas. Por tanto, el despido injusto es el germen del acto ilícito y el remedio, —en casos como el presente— el reintegro y pago de los salarios —con sus aumentos pertinentes— dejados de percibir por el trabajador afectado” (exp. 9515).

Bajo esta perspectiva, es apenas obvio que para compensar el daño producido por el hecho contrario a derecho se imponga al empleador la obligación de cumplir su prestación, lo cual supone, sin lugar a dudas, que el acto mediante el cual el patrono manifiesta su voluntad de despedir al dependiente deviene ilícito, al no tener una causa justificada a la luz del ordenamiento laboral. Se vulnera, así, la estabilidad relativa que el artículo 8º, numeral 5º, del Decreto 2351 de 1965 consagró en favor de los asalariados que hubieren servido a un mismo patrono durante diez años o más y no se hubieren acogido al régimen establecido en la Ley 50 de 1990. Desde este punto de vista, además, la Corte da al término “salario”, incorporado en la norma primeramente citada, un sentido amplio y no restringido para acompasarlo con el derecho del trabajador a percibir toda la retribución dejada de percibir durante el tiempo en que permaneció cesante, justamente con ocasión de la conducta anómala del empleador. Este es, pues, el genuino alcance del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, por manera que la exégesis hecha por el Tribunal no contiene yerro alguno».

(Sentencia de casación, febrero 9 de 2000. Expediente 12.550. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «De vieja data he manifestado mi discrepancia con la tesis que se sostiene al evacuar el estudio de esta primera censura y muy concretamente ahora debo corroborar mi desacuerdo con algunas expresiones que se utilizan para resolver el cuestionamiento formulado por el recurrente, como son la de tratar al empleador de “contratante incumplido” o de considerar “ilegalmente fenecido por el empleador” el contrato, o afirmar que el despido es “contrario a derecho” o “deviene ilícito”, cuando la realidad es que el despido es un modo legal de terminar el contrato de trabajo y no se encuentra prohibido dentro de las circunstancias previstas en el artículo 8º, numeral 5º, del Decreto 2351 de 1965.

Frente a la sentencia dictada el 15 de mayo de 1997 (Rad. 9515) expresé en aclaración de voto (*) con mayor detalle las razones que ahora me llevan a separarme de la decisión de la Sala».

(*) Véase el texto completo de dicha aclaración de voto en J. y D. Nº 307, pág. 852 (N. del D.).

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