Sentencia 12555 de agosto 10 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERJUICIOS MATERIALES

NO SE RECONOCE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN EL CASO DE MUERTE DE UN NIÑO

EXTRACTOS: «El apoderado de los demandantes solicitó la indemnización de perjuicios materiales por concepto de pérdida de oportunidad; el a quo rechazó la petición. Esta fue la razón de la impugnación del fallo.

La Sala ha dicho, en reiterada jurisprudencia, que para que un daño sea indemnizable debe ser cierto (2) , es decir que no trate de meras posibilidades, o de una simple especulación:

(2) Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 7 de febrero de 2000, expediente 11649, actor Jesús Antonio Arce Jiménez.

“Ha sido criterio de la corporación (3) , que el daño para su reparación, además de antijurídico debe ser cierto, sin que haya lugar a reparar aquellos que constituyan una mera hipótesis o sean eventuales, y en todo caso los que no pudieren llegarse a comprobar fehacientemente en el proceso respectivo.

(3) Ver sentencias de 17 de febrero de 1994, expediente 6783, y de 9 de mayo de 1995, expediente 8581.

En este sentido, la doctrina nacional igualmente ha esbozado su criterio según el cual, el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización, y que eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio es calificado de eventual —sin dar derecho a indemnización—, o de cierto —con lo cual surge entonces la posibilidad de derecho a indemnización—, pero jamás puede recibir las dos calificaciones (4) (5) ” .

(4) Puede consultarse en este sentido la obre “El Daño” de Juan Carlos Henao, Uniexternado, 1998.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente 11614, actor Andrés Cuervo Casabianca y otra.

Así el daño sea futuro debe quedar establecida la certeza de su ocurrencia, no puede depender de la realización de otros acontecimientos (6) . Cuando de la muerte de un niño se trata, la corporación ha negado, tradicionalmente, la indemnización de un daño futuro, consistente en el reconocimiento de lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, por tener carácter de eventual (7) . En efecto, en estos casos el daño futuro está sometido a una doble incertidumbre, por una parte que el menor llegara a obtener algún ingreso y, que de cumplirse la primera condición, éste se destinaría al sostenimiento de sus padres y hermanos, y no, por ejemplo, que se dedique al sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar (8) . Así lo ha expresado la corporación:

(6) “En cambio, daño eventual es aquel cuya existencia dependerá de la realización de otros acontecimientos extraños al hecho ilícito en cuestión, que concurren con éste a la formación del perjuicio. A diferencia del daño eventual, tanto el daño actual como el futuro deben ser ciertos, entendiéndose por ello la existencia de los mismos debe constar de manera indubitable mediante la comprobación de la vulneración de un derecho subjetivo del demandado y no depender esta vulneración de otros acontecimientos que puedan o no producirse con posterioridad.

“Si el juez indemniza las consecuencias futuras de un daño es por que se halla capacitado para apreciar, partiendo de la existencia cierta de un agravio, en forma más o menos exacta, las repercusiones que el hecho ocasionará más adelante, cálculo que, en cambio, no puede en manera alguna efectuar, a menos de entrar en el terreno movedizo e incierto de las conjeturas, cuando la existencia del agravio depende de la producción de una serie de hechos contingentes y extraños al hecho ilícito en cuestión.

“De lo expuesto se infiere que el momento que debe tenerse en cuenta para apreciar si el ciclo de consecuencias se ha cerrado, es el de la sentencia y que, por tanto, será daño futuro el que se configure por las consecuencias posteriores al fallo que razonablemente deben ocurrir, y que el juez deberá estimar por ser cierto el daño.

“Cuando se habla de daño cierto, entonces, no se alude a una clase especial de daño, sino que se quiere expresar que el agravio debe poseer una determinada condición de certeza para que origine efectos jurídicos, condición sobre la que no se hace necesario hacer mayor hincapié, puesto que todo hecho, para ser tenido en cuenta y surtir consecuencias debe estar comprobado.

“Afirmar que el daño debe ser cierto, es lo mismo, en realidad, que expresar que el daño debe existir para que se origine el derecho a que se origine un resarcimiento, lo que por no merece siquiera afirmarse”. Roberto H. Brebbia, “Daños Patrimoniales y daños morales”, en José N. Duque Gómez, Del Daño, Editora Jurídica de Colombia, 2001. págs. 53 y 54.

(7) Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de agosto de 1997, expediente 10427, actor Humberto Cobo Delgado. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de febrero de 1992, expediente 6182, actor Alfonso Dorado y otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 1997, expediente 11764, actores:Olimpo Arias Cedeño y otros.

(8) Ver Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil, tomo IV, De los perjucios y su indemnización, Temis, Bogotá, 1999, págs. 54 y 55.

“La Sala confirmará el fallo apelado por cuanto lo encuentra ajustado a derecho, si se tiene en cuenta que la presunta ayuda futura alegada por los actores no puede, en este caso, configurar, un perjuicio, dado que aquellos hechos, sólo pueden ubicarse en el campo de las posibilidades, es decir, carecen de certeza, calidad esta indispensable para la configuración del daño.

Realmente no encuentra la Sala razones suficientes, fáctica o jurídicas, que le permitan afirmar la certeza del daño cuya reparación se pretende por la parte recurrente.

La verdad procesal enseña que el joven fallecido era estudiante de último de bachillerato con aspiraciones de llegar en el futuro a ser aviador, según manifestación de algunos declarantes. Empero, lo cierto es que tal circunstancia futura era absolutamente incierta, ni siquiera su ocupación laboral al término de sus estudios de bachillerato ofrecía seguridad alguna para concluir que de su hipotética producción laboral iban a depender económicamente los demandantes. Así, pues, frente a la incertidumbre del daño en el caso examinado, no encontrándose dentro del proceso elementos probatorios que pudieran desvirtuar lo hipotético de la pretensión indemnizatoria por lucro cesante, ha de concluirse, de acuerdo con el fallador de primera instancia que dicha modalidad de daño carece de demostración y, por consiguiente, no hay lugar a su reconocimiento.

De otra parte, cabe recordar que la obligación alimentaria o la ayuda económica que una vez en edad productiva la víctima presuntamente hubiera reportado a sus padres y hermanos, solamente tendría lugar en el caso de que se acreditara la respectiva dependencia económica, de éstos con respecto al occiso, por carecer sus parientes de los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de subsistencia, dependencia que por lo demás no se acreditó, ni podía acreditarse al ser la víctima laboral y económicamente improductiva” (9) .

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de diciembre de 1998, expediente 11459, actores Eleazar Córdoba Castillo y otros.

En el caso que ocupa esta providencia, ninguna de las dos eventualidades por las cuales se niega este tipo de indemnización fue desvirtuada en el proceso. El perjuicio se redujo a un cálculo de vida probable de la víctima y de sus padres, y de sus posibles ingresos en este período de tiempo. El apoderado de la actora ni siquiera dio razón de las posibilidades laborales futuras de la víctima y menos el por qué los eventuales ingresos iban a dedicarse al sostenimiento de sus padres.

Por lo anterior, la Sala negará la pretensión alegada de pérdida de oportunidad».

(Sentencia de agosto 10 de 2001. Expediente 12.555. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

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