Sentencia 126-01 de diciembre 3 de 2004 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE CONCEJALES

CONTRATO CON EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN LEGAL

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia de 2 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se niega la solicitud de pérdida de investidura contra la concejal del municipio de La Ceja María Luzmila Urrego Oquendo.

(...).

En la demanda, plantean tres cargos y se señala como causal de pérdida de la investidura de la concejal la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflicto de intereses contemplados en los artículos 45, numeral 1º y 43 numeral 4º de la Ley 136 de 1994 y 48 de la Ley 617 de 2000 así:

Primer cargo: Violación al régimen de incompatibilidades porque siendo Concejal para el período 2001-2003 María Luzmila Urrego Oquendo celebró contrato de compraventa de inmueble, el 19 de mayo de 2003, con el municipio de La Ceja (Antioquia).

Segundo cargo: Conflicto de intereses, por cuanto la concejal María Luzmila Urrego Oquendo al haber celebrado contrato con el municipio de La Ceja el 19 de mayo de 2003, se benefició de la (sic) sacando provecho económico para sí.

Tercer cargo: Violación al régimen de inhabilidades porque cuanto la concejal María Luzmila Urrego Oquendo faltando 8 meses para la inscripción como aspirante para el Concejo, período 2004-2007, celebró contrato de compraventa de inmueble, el 19 de mayo de 2003, con el municipio de La Ceja (Antioquia). En este punto, la causal exactamente señalada por el actor es el numeral 3º, artículo 43 de la Ley 617 de 2000 que habla de la duración de las incompatibilidades, sin embargo, se tiene que la situación planteada por el actor se ajustaría al artículo 43, numeral 4º de la Ley 136 de 1994, luego se tiene este como un error de transcripción.

Causal endilgada: La contenida en el numeral 1º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 para el primer cargo; la contenida en artículo 48 de la Ley 617 de 2000 para el segundo y para el tercer cargo la contenida en numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

Normas.

El artículo 48 Ley 617 de 2000 prevé:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general”.

El artículo 45, numeral 1º de la Ley 136 de 1994 establece:

ART. 45.—Incompatibilidades. Los concejales no podrán:

1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o contratista, so pena de perder la investidura”.

El texto del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 es el siguiente:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser concejal: (...).

3. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la inscripción haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de educación superior”.

Interpretación sistemática de la ley.

No en pocas ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la necesidad de acudir a la interpretación de tipo sistemático de la ley, y de no quedarse en la interpretación estrictamente literal; es decir, observar el contexto de la ley para ilustrar el sentido de cada una de sus partes y permitir, por lo tanto, que entre todas ellas exista la debida correspondencia y armonía y que “los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (C.C., art. 30).

En esta ocasión el argumento principal del actor, sobre el que basa el recurso de apelación, apunta a que el Tribunal Administrativo de Antioquia no podía aplicar el artículo 10 de la Ley 80 de 1993 que a la letra dice:

“ART. 10.—De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política”.

Argumenta el actor que existen dos regímenes diferentes, uno para la pérdida de la investidura de los concejales, y otro para la contratación estatal, y que este último se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y que de ello se deriva que si existe una de ellas, tiene consecuencias para el trámite para la escogencia del contratista o para la ejecución del contrato, y que, por lo tanto, no pueden tomarse las excepciones a esas inhabilidades e incompatibilidades para ser aplicadas en las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades para ser concejal o para ejercer el cargo.

La Ley 617 de 2000 en su artículo 48 al tratar sobre la institución de la pérdida de la investidura de concejales, prevé en su numeral 1º:

“1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley”.

Se puede observar que la misma Ley 617 de 2000 deja abierta la posibilidad de que actuaciones que en apariencia pudieran configurar conflicto de intereses, no correspondan a dicha causal de pérdida de la investidura, cuando el concejal considere asuntos que lo afecten de igual manera que a la ciudadanía en general, dentro de este contexto la concejal demandada, se vio en la obligación legal de vender su propiedad al municipio para el desarrollo de la obra prevista en el plan de desarrollo territorial; de tal forma, la Ley 80, en su artículo 10, le permitía celebrar contrato de compraventa como una obligación en beneficio de la comunidad y como una excepción a la regla, lo que tiene lógica ya que, de no haber contratado voluntariamente con el municipio, se hubiera visto abocada a aceptar el trámite de expropiación de su inmueble. Además no era la única persona que se vio afectada con las decisiones de la administración ya que varios propietarios debieron celebrar similares contratos para que el municipio ejecutara la misma obra por la que se vendió el inmueble de la demandada; luego, una parte de la comunidad se vio afectada para el beneficio de la misma comunidad.

(...).

Del análisis de las anteriores pruebas, se establece que no es posible imputar la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y el conflicto de intereses a la concejal María Luzmila Urrego Oquendo ya que el bien inmueble de su propiedad había sido afectado como bien de uso público dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de la Ceja 1999-2010, mediante decisiones anteriores a su desempeño como concejal que empezó desde 1º de enero de 2001, luego correspondía seguir los lineamientos del desarrollo del municipio, surgiendo un deber y obligación a la ciudadana Urrego.

Por todo lo anterior, el actuar de la concejal de La Ceja no corresponde a la violación del régimen de incompatibilidades sino al deber legal de vender su propiedad al municipio para el desarrollo de la comunidad; por lo tanto, el análisis de los cargos de violación al conflicto de intereses y al régimen de inhabilidades no se hace necesario ya que estos últimos se derivan del primero.

En merito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo apelado.

En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de 3 de diciembre de 2004. Expediente 2004-00126-01. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

__________________________________