•Sentencia 12623 de enero 28 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONDENAS POR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A RETORNAR LA PERSONA O SUS RESTOS

EXTRACTOS: «El daño sufrido por la víctima debe ser indemnizado de acuerdo con el principio de la reparación integral que debe guiar la materia de la responsabilidad. Es decir, debe dejar indemne a la persona como si el daño no hubiera ocurrido. Para que esto suceda la indemnización del perjuicio debe ser plena o integral, esto es, resarcir el daño en sus diferentes manifestaciones y modalidades. “Si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento”(2).

(2) Juan Carlos Henao Pérez. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho colombiano y francés. Santafé de Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 45.

En virtud de la anterior regla de oro del derecho de daños, en el presente caso la sentencia no se debe limitar al tradicional resarcimiento económico de perjuicios materiales y morales, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de la corporación, sino que debe extenderse el radio de acción del juez administrativo y en consecuencia, ordenar al Estado la adopción de todas las medidas necesarias a fin de retornar a sus familiares la persona de Hector Jaime Beltrán, sujeto de la desaparición forzosa ocurrida en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, o sus restos mortales en caso de fallecimiento(3).

(3) En el mismo sentido, el salvamento de voto del magistrado Benjamín Herrera Barbosa a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de noviembre de 1995, expediente 87-D-4084.

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho que tienen los perjudicados a saber qué ha ocurrido con sus familiares, al interpretar los alcances del deber del Estado de garantizar los derechos de las personas, consagrado por el artículo 1º de la Convención Interamericana, que conforme al artículo 93 de la Constitución prevalece en el orden interno.

Ese alto tribunal internacional señaló que “Incluso si en el supuesto de que las circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieron aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representan una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”.

Igualmente, al regular lo relativo a las personas desaparecidas o fallecidas, el artículo 32 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 fijó expresamente como principio general:

“En la aplicación de la presente sección, las actividades de las altas partes contratantes, de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los convenios y en el presente protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”.

Aunque el Protocolo I se refiere a víctimas de los conflictos armados internacionales, se entiende incorporado al ordenamiento interno nacional por hacer parte del derecho consuetudinario de los pueblos, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-574 del 28 de octubre de 1992(4).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

(...).

4. Ordénase a la Nación-Ministerio de Defensa la adopción de todas las medidas necesarias a fin de retornar al señor Hector Jaime Beltrán, sujeto de la desaparición ocurrida en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985 al seno de su familia, o bien sus restos mortales en caso de fallecimiento».

(Sentencia de enero 28 de 1999. Expediente 12.623. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

(4) En el mismo sentido, la sentencia T-275 del 15 de junio de 1994 de la Corte Constitucional.

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