Sentencia 12633 de agosto 17 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta 139

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil.

Consideraciones

EXTRACTOS: «Lo primero que se debe destacar es que si bien el censor advirtió que el objeto de su impugnación era lo relacionado a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, no tuvo en cuenta lo normado en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal que establece:

“Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos”.

Tales exigencias no fueron atendidas por el actor, pues ninguno de los cargos contiene causal alguna de casación de las contempladas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el D. 2282/89), ni hizo ninguna mención respecto de la cuantía, la cual además de ser señalada debe coincidir con el monto fijado por la ley. Sin embargo dada la cuantía de la condena la Corte ha verificado la existencia de interés y procede por tanto a despachar el asunto.

Lo que en realidad se advierte del desarrollo de las censuras es que el ataque va dirigido a cuestionar la prueba pericial, con fundamento en la cual se fijó el monto de los daños y perjuicios, para lo cual acudió a las causales de primera y tercera contenidas en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal así:

Primer cargo

Según el censor se incurrió en “error de derecho por violación de una norma probatoria” que constituye nulidad legal y constitucional (C.P., art. 29 y CPP, art. 1º).

En efecto, tal como lo conceptuó el representante del Ministerio Público, en la formulación de este cargo incurre el libelista en una dilogía que resulta inaceptable en sede de casación por resultar contraria a los mandatos de claridad y precisión que deben contener los cargos elevados contra los fallos de instancia.

La desestimación de este reproche se presenta obligada y para ello es suficiente con señalar que el recurrente confunde el desconocimiento del principio al debido proceso, que genera nulidad y por tanto debe invocarse al amparo de la causal tercera de casación, con la ilegalidad de un determinado medio probatorio por desconocimiento de los parámetros legales que gobiernan su recaudo, objeción que debe realizarse por la vía del error deI derecho por falso juicio de legalidad, que genera, en caso de prosperar, la imposibilidad de apreciación el medio de prueba que se trate.

Ante las precarias condiciones en que fue formulado el cargo, no puede prosperar.

Segundo cargo

Según el libelista se incurrió en las causales de nulidad previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal y 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por haberse ordenado el avalúo de daños y perjuicios luego de haber precluido el término para ello.

Cuando se acude a la causal tercera de casación, por considerar que se desconoció el debido proceso y/o se afectó el derecho de defensa, es deber del casacionista identificar cuál es la irregularidad que afecta los derechos y/o la actuación procesal que se muestra lesiva a los intereses del procesado, así como la incidencia de tales anomalías en el resultado final del proceso. Además, se debe establecer el momento procesal desde el cual se presentó el error de actividad que se denuncia.

En el asunto en examen no se tuvieron en cuenta tales directrices, pues el demandante adujo una pretendida nulidad sobre la base de haberse apreciado una prueba que, según él, era ilegal, cuando, se reitera, errores como el señalado sólo es posible alegarlos por la vía de la causal primera, por error de derecho por falso juicio de legalidad y su efecto, en caso de prosperar, se contrae a que se excluya del juicio de valor al elemento de prueba, por haber sido vulnerado sus propios ritos de formación.

A través de la figura de la nulidad, en cambio, se propende a subsanar irregularidades con incidencia en los elementos estructurales del proceso que por resultar tan esenciales para su debida formación, hacen inepto determinado acto y por ende la imposibilidad de tener como valederas las posteriores etapas procesales.

Ningún argumento de los presentados por el libelista está orientado a la demostración de un quebrantamiento de tal especie. Tampoco acudió a la vía indicada para objetar la validez del dictamen de avalúo de daños y perjuicios con lo cual dejó el cargo en el simple enunciado, sin que la Corte pueda entrar en el fondo del asunto ante lo ambivalente de la propuesta.

Al respecto, resulta oportuno ilustrar lo que se viene diciendo con el pronunciamiento emitido del 30 de enero de 1990 —magistrado ponente doctor Lisandro Martínez Zúniga— cuyo criterio la Sala mantiene vigente.

Así se pronunció sobre el tema:

“En la extensa y metódica evolución jurisprudencial en torno a las llamadas nulidades supralegales o constitucionales, hoy recogidas en la amplitud de los motivos de invalidación de que se ocupa el Código de Procedimiento Penal, artículo 305, se ha precisado el alcance de los vicios que quitan validez a la actividad procesal, generando su anulación.

Conforme con tal precisión, resulta inapropiado confundir las formas propias del juicio, con los grados probatorios. Las primeras, dicen relación con la gama de garantías reconocidas constitucional e internacionalmente a favor del ciudadano para preservarle del arbitrio en la actividad del Estado cuando se ve sometido a la función punitiva. En cambio, los errores relacionados con los grados probatorios se fundan en la apreciación de un medio producido con desconocimiento de las exigencias para su propia validez, el cual —por contener una ilegalidad intrínseca— no deber ser estimado. Hacerlo, entraña vicio de juicio o error in iudicando.

Alegar en casación uno u otro evento, demanda del impugnante la utilización de diferente vía en su proposición y desarrollo, sin que la alegación correspondiente a un asunto, pueda utilizarse para el otro, conforme a la naturaleza y técnica del recurso que impone desarrollar el ataque a la sentencia dentro del ámbito de la causal correspondiente.

“Estos principios básicos aparecen desconocidos en las demandas, evidenciando falta de técnica. En efecto, el cargo a que hacen referencia por concretarse a la consideración de pruebas ilegalmente producidas, ha debido ser propuesto al amparo de la violación indirecta de la ley sustancial y orientado a la demostración de la existencia de errores de derecho en la apreciación de las pruebas y no, como allí se hace, dentro de la causal de nulidad.

Lo anterior porque la ilegalidad de la prueba por desconocimiento de sus propios ritos de formación, una vez admitida, encuentra como sanción procesal, no tenerla en cuenta en el momento de la apreciación. Luego el vicio que tal situación comporta, radica en estricto, en el sentenciador cuando toma en cuenta un medio para valorarlo, debiendo desestimarlo. De ahí por qué se le ubique dentro de los vicios de juicio o errores in iudicando, por oposición al vicio de actividad o error in procedendo, fundamento de la nulidad, como antes se expuso.

Y si esto es así, constituye violación indirecta a la ley sustancial por error de derecho en la apreciación de las pruebas y así debe ser propuesto. Entre otras razones para que, como consecuencia del recurso, pueda la Corte dictar el fallo de reemplazo, prescindiendo de apreciar los medios ilegalmente producidos y tenidos en cuenta en la sentencia acusada. (...).

Una posibilidad diversa, como sería la nulidad de la actuación, tal y como es propuesta en las demandas, es improcedente. No sólo por las razones que vienen de ser expuestas, sino porque no tendría fundamento la invalidación de todo el proceso, dado que la ilegalidad de la actuación alegada se concentra en actos —en este caso unas pruebas—, los cuales no se vinculan mediante relación causativa con los restantes que componen el proceso, producidos legalmente”.

Es precisamente lo que sucedió en el asunto en examen. El libelista entremezcló dos fenómenos totalmente diferentes tanto en su esencia como en sus efectos. Por ello, la improsperidad del cargo es evidente.

Lo anterior es suficiente para que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado».

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