Sentencia 12638 de octubre 24 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Córdoba Poveda

Aprobado acta 130

Bogotá, D.C., octubre veinticuatro de dos mil dos.

Vistos

EXTRACTOS: «Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado Jairo Sánchez Ovalle, contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali, proferida el 3 de julio de 1996, por medio de la cual lo condenó a la pena principal de 25 años y 3 meses de prisión, a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años y a la prohibición de consumir bebidas alcohólicas por el término de 3 años y al pago de los daños y perjuicios como autor del delito de homicidio.

Hechos

El juzgador de segunda instancia los sintetizó de la siguiente manera:

“Se registraron a las 2:25 de la madrugada del 29 de mayo de 1995, en la residencia demarcada con el número 3, manzana 21, sector alto polvorines, donde residía el occiso peregrino Cortés Belacázar(sic), cuando se celebraba una fiesta de primera comunión, apareciendo como sindicados de estos hechos Jairo Sánchez Ovalle y Roosevelt Murillo.

“El señor César Vilmar Trujillo Cruz relata que hubo de escuchar frases soeces y desafiantes dichas por quienes se encontraban afuera, o sea, el fotógrafo y el compañero que estaba con él; luego escuchó el caer de los vidrios que se rompieron en la ventana de la pieza del occiso. Se escucharon unos golpes y palabras soeces, así como insultos por parte del occiso al ver que le habían roto los vidrios de la ventana, y golpeando a Jairo, el fotógrafo, procediendo a tirarlo al suelo el compañero del fotógrafo, aprovechando este último para apuñalarlo. Añade que el occiso alcanzó a pegarle con el tubo en la frente a Jairo y fue cuando el bizco empujó al occiso y Jairo lo apuñaló y se fueron, parándose el occiso para luego caer al lado de la puerta pidiendo auxilio a los vecinos”.

(...).

Consideraciones de la Corte

El demandante acusa al tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, toda vez que no se practicó al procesado un examen médico psiquiátrico, con el fin de establecer si era o no imputable en el momento del hecho, ya que había consumido bebidas alcohólicas, tal como se infiere de las pruebas allegadas al diligenciamiento, irregularidad que violó el debido proceso y el derecho de defensa, por no haberse respetado el principio de investigación integral.

2. El cargo será rechazado por falta de técnica y de razón; así:

2.1. Una vez más debe reiterar la Corte que la causal tercera no es de libre alegación, sino que dada la naturaleza y especialidad de la casación, no escapa a las exigencias técnicas que gobiernan este medio extraordinario de impugnación.

Por lo tanto, no basta con señalar la irregularidad en que, a juicio del actor, se incurrió y el motivo de nulidad, sino que es preciso mostrar la trascendencia del vicio, o sea, de qué manera socavó la estructura del proceso o afectó las garantías de los sujetos procesales.

En este orden de ideas, cuando se reclama por la vulneración del principio de investigación integral, no basta con indicar cuáles medios de convicción no fueron aducidos, sino que se debe mostrar su conducencia, pertinencia y utilidad y, especialmente, su trascendencia, que no emana de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con los elementos que sustentaron el fallo, de modo que se evidencia que de haberse practicado la orientación de éste hubiera sido distinta, por lo que la única manera de remediar el vicio es invalidar lo actuado para que se alleguen, carga que no cumplió el demandante.

2.2. Por otra parte, tampoco le asiste la razón, ya que, como atinadamente lo resaltó el procurador delegado, el juzgador de primera instancia, apoyado en las pruebas allegadas al diligenciamiento, en especial las indagatorias de los sindicados, que narran situaciones antecedentes, concomitantes y subsiguientes al hecho, omitiendo sólo aspectos comprometedores, concluyó que si bien, al momento del insuceso estaban alicorados, como lo indican los testigos, no perdieron la conciencia, siendo, por ende, imputables, por lo que reprocha su conducta a título de dolo, porque conociendo su ilicitud quisieron realizarla.

Además, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala (1) , la práctica del dictamen tendiente a inquirir si al momento del hecho investigado existía en el procesado una anormalidad biosíquica de tal entidad que condujera a cuestionar si tenía capacidad para comprender la ilicitud del acto o para determinarse de acuerdo con dicha compensación, sólo proceda cuando el respectivo proceso arroje bases serias que hagan imperativa su aducción, lo que aquí no ocurrió, máxime si se considera que al diligenciamiento se trajeron a colación argumentos defensivos que implican la plena aceptación de la imputabilidad, como que no se actuó con dolo sino con preterintención o culpa.

(1) Ver, entre otras, casación 10687, 31/01/02, M.P. Herman Galán Castellanos.

En estas condiciones, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

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