Sentencia 12639 de julio 18 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PERITAZGO MÉDICO O SIQUIÁTRICO DEL PROCESADO

NO ES NECESARIO QUE ESTÉ PRESENTE EL DEFENSOR

EXTRACTOS: «Dice el censor que en el examen siquiátrico que se le realizó al procesado debía estar presente su defensor, en concordancia con lo previsto en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal. Dice dicha norma.

“Inexistencia de diligencias. Se consideran inexistentes para todos los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del imputado sin la de su defensor”(*).

(*) En igual sentido, el Código de Procedimiento Penal de 2000 dice: “ART. 305.—Inexistencia de diligencias. Se consideran inexistentes para todos los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor” (N. del D.).

Es indudable para la Corte que “las diligencias” a las cuales se refiere el precepto son exclusivamente las que realiza el funcionario judicial (juez o fiscal) como la versión, la indagatoria y el reconocimiento en fila de personas. Es decir, las de carácter judicial. Y el dictamen pericial no lo es.

El perito colabora en el proceso penal cuando se requieran conocimientos especializados a nivel científico, técnico o artístico. Su intervención la decide el funcionario judicial mediante la expedición de la decisión respectiva, en la cual igualmente le fija un límite, que es el cuestionario que debe absolver, en el que se incluyen los interrogantes pertinentes que hayan presentado los sujetos procesales. Eso es lo que hace el perito, responder dicho cuestionario omitiendo cualquier juicio sobre la responsabilidad penal y obviamente, como se lo impone la ley, explicando en detalle los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas, lo mismo que los fundamentos científicos, técnicos o artísticos de las conclusiones (CPP, art. 267).

Ahora bien, si el perito no es un funcionario judicial sino un órgano de prueba que no adopta dentro del proceso ninguna decisión y le está prohibido emitir juicios de responsabilidad penal, no es aceptable el planteamiento de que cuando para la rendición del dictamen que se le solicita se hace necesaria la participación del procesado, éste deba encontrarse acompañado de su defensor.

Cierto que en ocasiones el experto, como pasa en los peritazgos médicos y específicamente en los de carácter sicológico o siquiátrico, debe interrogar al procesado, que para el efecto se constituye en objeto de prueba. Los cuestionamientos que le hace, sin embargo, tienen como única finalidad acopiar la información necesaria de acuerdo con los métodos y reglas del procedimiento técnico o científico empleado, para sustentar el dictamen que se le solicita, el cual, valga recordarlo, no obliga al funcionario judicial, sino que como cualquier medio de convicción está sujeto a la crítica probatoria respectiva.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la actividad del perito la desarrolla con sujeción a los cánones de su especialidad, a reglas científicas en el caso del peritazgo siquiátrico, sería absurda la exigencia de participación de la defensa en la entrevista realizada por el siquiatra, pues sólo contribuiría a la generación de un ambiente de contradicción ilógico y a la desnaturalización del procedimiento científico aplicado, que obviamente puede ser criticado por las partes, así como los fundamentos y la conclusión del dictamen, sólo que a través de los mecanismos que establece la ley. Por conducto de éstos es que se ejerce el derecho de controversia y por ello, como lo recuerda el procurador, debe notificarse la resolución que pone a disposición de las partes el peritazgo, bien para que lo objeten por error o soliciten su aclaración, ampliación o adición.

Conviene precisar, por último, que es desacertado el presupuesto del censor, según el cual la no intervención del apoderado en el examen siquiátrico deja al procesado “indefenso ante el perito”. El principio es que éste actúa profesionalmente, que lo hace bajo las rigurosidad de su saber científico y en esa medida no es ni enemigo ni contradictor del examinado, sino que establece con él la relación de médico a paciente. Pero si en un caso concreto se piensa lo contrario, está a disposición de la defensa el mecanismo de la recusación como fórmula para evitar que el sindicado quede “indefenso” y a expensas del experto designado para examinarlo.

En el presente caso, por lo tanto, el dictamen pericial no presenta el vicio de invalidez referido por el demandante».

(Sentencia de casación, julio 18 de 2001. Radicación 12.639. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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