•Sentencia 12693 de junio 30 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

HOMOLOGACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES

NO TIENE POR OBJETO ASPECTOS PROCESALES YA SUPERADOS

Magistrado Ponente:

Dr. Germán G. Valdés Sánchez

Radicación 12.693

Santafé de Bogotá D.C., treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Resuelve la Corte el recurso de homologación interpuesto por la Sociedad Médica Antioqueña S.A. contra el laudo arbitral proferido el 31 de mayo de 1999, para resolver el conflicto colectivo laboral existente entre la recurrente y el sindicato de trabajadores de la Clínica Soma S.A.

Antecedentes

El sindicato de trabajadores de la Clínica Soma S.A. formuló denuncia parcial en relación con un número plural de artículos de la convención colectiva vigente y otro tanto hizo la sociedad recurrente respecto de los artículos 3º, 6º, 9º, 23 y 29 de la misma.

El período legal de la etapa de arreglo directo concluyó sin que las partes llegaran a algún acuerdo sobre los temas de la denuncia.

El sindicato solicitó al Ministerio de Trabajo la convocatoria de un tribunal de arbitramento, solicitud que aceptó el Ministerio por medio de la Resolución 2575 del 28 de octubre de 1998. Las partes en conflicto designaron los árbitros que les correspondía y éstos se pusieron de acuerdo en la asignación del tercero.

El tribunal por medio de la decisión aquí impugnada resolvió sobre los puntos de la denuncia que en su oportunidad propusiera el sindicato e hizo lo propio en relación con la denuncia de la empresa en el sentido de reducir en un 30% los permisos sindicales que tiene establecido el artículo 23 de la convención colectiva, conservando la misma reglamentación allí establecida.

Uno de los árbitros salvó su voto en relación con la decisión sobre régimen salarial y de manera principal aduciendo que el sindicato de trabajadores de la Clínica Soma no existe en la actualidad como organización sindical, pues su registro fue cancelado mediante Resolución 2009 de 1998 del Ministerio de Trabajo que aprobó su fusión con la Asociación nacional de trabajadores y empleados de hospitales, clínicas, consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad “Anthoc”, entidad gremial de primer grado y de industria.

El recurso de homologación.

Mediante escrito presentado ante el tribunal de arbitramento la Sociedad Médica Antioqueña S.A. interpuso en este asunto el recurso de homologación para obtener la anulación del laudo arbitral.

La recurrente dice que el tribunal de arbitramento extralimitó el objeto de su convocatoria, porque el ministerio la hizo para decidir el conflicto originado entre la clínica y el sindicato de trabajadores de la Clínica Soma pero no autorizó a los árbitros para que profirieran un laudo arbitral que involucrara como parte a una organización sindical distinta de la mencionada, toda vez que el sindicato en conflicto no existe, su personería jurídica fue cancelada y el ministerio aprobó su fusión con una organización sindical de primer grado gremial. En esas condiciones el laudo sería incongruente y contendría una decisión ultra y extra petita.

Agrega que la Corte como juez de homologación debe examinar la legalidad del acto de convocatoria del tribunal de arbitramento y al respecto se apoya en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral del 20 de noviembre de 1970.

Se considera.

El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo señala:

“Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiera extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.

Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya decidido”.

Se tiene entonces que de acuerdo con esta disposición, corresponde a esta Sala, al desatar el recurso de homologación que se hubiera interpuesto contra el laudo proferido por un tribunal de arbitramento obligatorio, verificar la regularidad del laudo y conferirle fuerza de sentencia si lo encuentra ajustado a la Constitución Política, la ley y los contratos pertinentes.

La regularidad, en general, puede entenderse como el sometimiento a las reglas tanto sustanciales como procesales, pero en sentido estricto, en lo que toca con el objeto de este recurso extraordinario, se refiere al cumplimiento de lo que la misma ley ha señalado como meta para el tribunal de arbitramento que debe resolver conflictos de carácter económico.

Ese marco supone que el tribunal debe ocuparse de la resolución de todos los puntos materia de la negociación colectiva que no hayan sido objeto de acuerdo entre las partes durante las etapas que la ley contempla para la búsqueda del mismo, particularmente dentro de la etapa de arreglo directo y su prórroga, aunque es claro que esos acuerdos pueden alcanzarse con posterioridad, en esos lapsos que median entre la finalización de tal etapa y el momento en que se instala el tribunal.

Entonces, lo primero de lo cual debe ocuparse esta Sala al momento de resolver el recurso de homologación, es de verificar que los puntos resueltos por el tribunal realmente correspondan a los que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes y cobijen la totalidad de ellos. Es entendido que si no hubo ningún acuerdo, los árbitros pueden resolver sobre la globalidad de lo que constituye la materia de la negociación colectiva y, así mismo, si el tribunal no adoptó decisión en torno de todos los aspectos que configuran esa materia, deben devolvérsele las diligencias correspondientes para que complete su obligación de pronunciarse sobre todo cuanto forma parte del conflicto colectivo.

Resuelto lo anterior, debe proceder la Sala a verificar que los pronunciamientos del tribunal no vulneren disposiciones constitucionales, ni legales, ni contractuales y es allí donde se ubica claramente su función de verificar la regularidad del laudo, es decir, que cumple con ello en el momento en que constata que el laudo se ajusta a las reglas que rigen las relaciones entre las partes del conflicto colectivo, que naturalmente serán las propias de la Carta Política y de la regulación legal correspondiente, además de las que se hayan establecido por la vía de la contratación, particularmente por conducto de la convención o el pacto colectivo.

Ha aceptado esta Sala un criterio adicional, claramente asociado con la regularidad, dada la naturaleza económica del conflicto, cual es el del equilibrio que debe existir en las decisiones, dentro de la idea de buscar mejorar las condiciones de los trabajadores sin menoscabar la viabilidad de la actividad empresarial del empleador. Por ello ha aceptado la anulación de disposiciones del laudo cuando observa una manifiesta inequidad en las mismas.

El anterior es el marco dentro del cual se desenvuelven las decisiones de esta Sala frente a los laudos arbitrales cuyo conocimiento le llega como consecuencia del recurso de homologación previsto por la ley para el caso de los conflictos colectivos económicos de trabajo.

Supone lo anterior, que el tema que presenta la parte recurrente como eje de su acusación no corresponde en sentido estricto al marco antes referido, pues su planteamiento se refiere específicamente a la inexistencia de una de las partes del conflicto o a su transformación, fusión o absorción, aspectos que, en criterio de la Sala, pudieron ser ventilados en una etapa anterior, incluso más propiamente, dentro de las conversaciones correspondientes a las de diálogo directo entre las partes o a la de convocatoria e integración del tribunal.

En rigor, el planteamiento que ahora hace el recurrente, y que corresponde a un tema que solo fue ventilado durante los debates que adelantaron los árbitros en desarrollo del estudio de los aspectos materia de su convocatoria, tiene un contenido básicamente procesal como quiera que toca con la personería sustantiva, por lo que la posibilidad de su formulación ha estado presente durante la mayor parte del conflicto sin que, hasta ahora, hubiera sido objeto de impugnación.

Esta Sala ha considerado en forma repetida, que los aspectos de trámite cuyo debate hubiera podido sortearse en las etapas previas del conflicto colectivo procurando su decisión en forma anterior al momento de formular el recurso de homologación, no son materia del mismo y por tanto no le compete pronunciarse sobre ellos, entre otras razones, porque el estudio que debe hacer la Sala para resolver el recurso de homologación, parte del supuesto de haberse llegado a esta etapa dentro de un proceso regularmente adelantado, pues así lo han aceptado las partes al no censurar los aspectos de trámite en momento anterior al de llegar el asunto al conocimiento de la Corte, conducta que en todo caso debe entenderse concordante con su aceptación de un saneamiento general producto de su silencio ante las potenciales irregularidades que hubieran podido presentarse en el desarrollo de las distintas etapas del conflicto colectivo.

Argumenta la parte recurrente que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nunca le notificó la resolución por la cual, debido a una fusión con un sindicato de industria, se dispuso la cancelación de la inscripción en el registro sindical del Sindicato de Trabajadores de la Clínica Soma, pero tal situación corrobora que la actuación para superar las limitaciones que esa omisión hubiera podido generar a la empleadora en el desarrollo de sus actuaciones dentro del conflicto colectivo, ha debido ser materia de debate ante el mismo ministerio mediante los recursos del caso o, eventualmente, ante la jurisdicción administrativa si los primeros resultaran fallidos.

En concreto sobre los tres argumentos que presenta la parte recurrente, que en sentido estricto giran en torno de lo que se ha analizado atrás, debe decirse:

a) No es de recibo el argumento según el cual “el tribunal de arbitramento extralimitó o rebasó el objeto para el cual fue convocado”, como literalmente lo enuncia, pues la verdad es que en el laudo, tanto en la parte motiva como en la resolutiva, solo se alude al sindicato de trabajadores de la Clínica Soma e inclusive cuando se toca el tema del campo de aplicación, se remite a la “convención colectiva actualmente vigente”, que debe entenderse como una clara alusión al señalado sindicato que es el firmante de la misma. La mención que tangencialmente se hace al sindicato Anthoc, solo recoge una referencia a uno de los medios demostrativos que relaciona el laudo como incorporados al expediente.

b) El punto relacionado con que “la legalidad del acto de convocatoria del tribunal de arbitramento debe ser examinado por el juez de la homologación” ya se encuentra analizado y resuelto dentro de las consideraciones generales que se han hecho en relación con el recurso materia de estudio, pero no sobra agregar que la presunción de legalidad que ampara un acto administrativo, en este caso la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la cual se convocó al tribunal de arbitramento, debe ser desvirtuada formalmente por conducto de los medios que la ley prevé para el efecto y que corresponden a los recursos ante la misma administración, su eventual revocatoria directa y las acciones que se pueden presentar ante la jurisdicción administrativa. Es particularmente claro lo anterior en este caso en el que la función de la Corte al estudiar el recurso de homologación no puede tenerse como supletoria de la falta de actividad de la parte interesada en impugnar esos actos administrativos.

c) Por último, el argumento relacionado con la “vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de los tribunales de arbitramento obligatorio”, se centra en destacar que tales disposiciones son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, lo cual no está en discusión, ya que lo expresado anteriormente no desconoce ese principio sino que busca precisar la vía por la cual procede la impugnación o el saneamiento de aspectos procesales ocurridos en el transcurso de un conflicto colectivo, particularmente en la etapa de convocatoria, integración e instalación del tribunal de arbitramento, para señalar que ello no es propio del recurso de homologación, salvo situaciones especiales que no hayan contado con la posibilidad de su análisis en etapas anteriores.

Sobre el tema de la oportunidad para ventilar los aspectos procesales que puedan afectar la validez de un laudo arbitral, esta Sala ha señalado, en expresiones más recientes que los pronunciamientos que cita el recurrente, lo que se transcribe parcialmente a continuación, tomado de la sentencia de homologación de fecha 3 de mayo de 1995, radicación 7814:

“La legalidad de la denuncia de la convención colectiva fue un asunto jurídico que necesariamente debió considerar el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social cuando decidió que el conflicto de intereses, que no había finalizado en la etapa de autocomposición, fuera resuelto mediante el arbitramento. Y no aparece que el acto administrativo que dispuso la convocatoria del tribunal haya sido resistido o impugnado por la empresa, ni que ésta se hubiera negado a aceptar la negociación colectiva desde el comienzo, como debió hacerlo si consideraba que la denuncia sindical de la convención carecía de eficacia. Resulta entonces que al decidir de manera apenas formal, como lo hizo, el Tribunal de Arbitramento no sólo dejó sin efectos un acto administrativo que estaba amparado por la presunción de legalidad sino que además, sin proponérselo, con su inhibición implícitamente resultó prorrogando por seis meses (CST, art. 478) la vigencia de la convención colectiva que tanto la organización de trabajadores como la propia empresa pretendían sustituir.

El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, al regular lo relativo a la homologación de laudos de tribunales especiales de arbitramento, dispone que si al verificar la regularidad del laudo la Corte hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, debe devolver el expediente a los árbitros “con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto”; y, como es apenas obvio, esta regla legal debe aplicarse igualmente si, como aquí ocurrió, quedaron sin decidir todas las cuestiones indicadas en la Resolución 004038 de 5 de diciembre de 1994 por la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenó la constitución del tribunal de arbitramento para solucionar el conflicto colectivo de trabajo existente entre la empresa Texas Petroleum Company y los sindicatos Asociación Sindical de Obreros Petroleros y Asociación Nacional Sindical de Empleados de la Texas Petroleum Company.

Por lo anteriormente expuesto deberá anularse la decisión inhibitoria recurrida y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, se dispondrá devolver el expediente a los árbitros, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que se pronuncien sobre todas “las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria” dentro de un plazo de diez (10) días contados a partir de la reintegración del tribunal”.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. HOMOLOGAR el laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento convocado para resolver el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la Sociedad Médica Antioqueña S.A. - Soma y sindicato de trabajadores de la misma institución médica, dictado el 31 de mayo de 1999.

2. DISPONER la devolución de las diligencias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo de su cargo. Insértese en la Gaceta Judicial. Notifíquese y cúmplase.

Germán G. Valdés Sánchez—Armando Albarracín Carreño—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Rafael Méndez Arango—Jorge Iván Palacio Palacio.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

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