Sentencia 12706 de enero 24 de 2002

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1994-9875-01(12706)

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Luis Alfredo Sánchez y otros

Demandado: Hospital Militar Central

Bogotá D.C., veinticuatro de enero de dos mil dos.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de julio de 1996, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Antecedentes.

El 24 de mayo de 1994 el señor Luis Alfredo Sanchez y otros mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron declarar patrimonialmente responsable al Hospital Militar Central por las lesiones causadas al señor Luis Alfredo Sánchez, producto del tratamiento médico a que fue sometido entre los días 13 al 18 de mayo de 1993.

Como consecuencia de la declaración anterior, solicitaron condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar perjuicios morales, materiales y fisiológicos, más los intereses a que haya lugar.

La causa petendi de la acción consistió en:

1. El señor Luis Alfredo Sánchez tiene el rango de Sargento Primero del Ejército Nacional y en la actualidad se encuentra haciendo uso del buen retiro.

2. El día 13 de mayo de 1993, el señor Luis Alfredo Sánchez llegó por sus propios medios y fue internado en el Hospital Militar Central, allí lo iban a operar de una lesión tumoral en el cuello. Hasta el día 18 de mayo se realizó la operación entre tanto se le hicieron varios exámenes.

3. Los médicos le habían dicho al paciente y a su esposa que la operación era para mejorarlo. Los riesgos de la operación fueron conocidos después de practicada.

4. El día 18 de mayo fue operado Luis Alfredo Sánchez por los doctores Jaime Ardila y Julián Casteblanco. Luego de la operación el paciente regresó a la habitación, pero con una congestión en la garganta, que le impedía hablar.

5. Al día siguiente de la operación, un médico del Hospital Militar Central llamó a la esposa del señor Sánchez y le informó que lamentablemente después de operado había quedado paralizado del lado derecho y sin habla.

6. Al parecer el paciente presentó, igualmente parálisis en uno de sus brazos.

7. El afectado estuvo cuatro meses interno en el hospital.

8. El resumen de la historia clínica del Hospital Militar dice:

“Actualmente el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, realiza apertura ocular espontánea con seguimiento visual inconstante, ocasionalmente obedece ordenes sencillas y más por imitación, se aprecia parálisis facial central derecha, hemiplejía severa derecha, con escasa respuesta a los estímulos nociceptivos. Hay presencia de clonus aquiliano agotable. Presenta afasia mixta de predominio motor no responde a ninguna prueba de lenguaje ni automático ni repetitivo, no logra comunicación ni gestual ni verbal”.

9. Como secuelas le quedaron impedimento para caminar normalmente y dificultad para hablar.

10. Las graves heridas y la pérdida de capacidad laboral de Luis Alfredo Sánchez obedecieron a graves fallas de la administración porque fueron el producto de la mala atención médica “No es posible que en una operación de cuello resulte paralizada toda la parte derecha del paciente; del diagnóstico errado, y de la falta de información de la víctima y de su familia, porque si ellos hubieran sabido del peligro que corría de una lesión cerebral no hubieran dejado que se practicara la operación. Ni a la víctima ni a sus parientes más cercanos, esposa e hijos, se les pidió alguna autorización para celebrar la operación de alto riesgo para el paciente”.

11. En este caso existió una deficiente atención médica al señor Luis Alfredo Sánchez, hecho éste que condujo a sus graves heridas e incapacidad.

12. El Hospital Militar Central es un establecimiento público del orden nacional, creado mediante el Decreto 2775 de 1959.

Consideraciones del tribunal

El Tribunal para adoptar la decisión impugnada reflexionó en estos términos:

“2.1 Luis Alfredo Sánchez consultó el 16 de febrero de 1990 al Hospital Militar Central sobre aparición en el cuello de una masa con ocho meses de evolución. El examen físico indica que la masa tiene un tamaño de 5 x 4 cms. aproximadamente, móvil no dolorosa. Se ordenó gamagrafía de glándulas salivares.

2.2. Luis Alfredo Sánchez no ingresó a control sino hasta abril 5 de 1993 consultando nuevamente por la misma masa en el cuello. El examen físico encuentra masa de 7 x 5 cms. aproximadamente en región del triángulo carotídeo izquierdo.

2.3. Se hospitaliza al paciente el 13 de mayo y el 18 se le realiza arteriografía de vasos carotídeos, donde se observa la presencia de tumor carotídeo. Debido a los datos se programa para cirugía.

2.4. El 18 de mayo de 1993 se práctica la cirugía para extirpar el tejido glómico, de aproximadamente 8 x 6 cms., no hubo complicaciones. Se valoró al paciente a las 9 a.m. del 19 de mayo sin demostrar trastornos neurológicos.

2.5. Aproximadamente a las 10:00 a.m. del mismo día, 19 de mayo, se advierte un trastorno sensorial en el paciente asociado con déficit motor y es llevado nuevamente a cirugía por oclusión en el flujo de la carótida interna y se decide hacer una arteriotomía para explorar la carótida interna, extrayendo coágulos y recuperando el flujo sanguíneo.

2.6. Durante el postoperatorio el paciente continúa con hemiparesia derecha, afasia motora y coma superficial vigíl. Se le realiza TAC cerebral el 22 de mayo de 1993, el cual reporta regiones isquémicas en territorios de arterias cerebrales y hemorragia gangliovasal izquierda.

3. Ahora bien acreditados los hechos antes relacionados, compete a la Sala analizar si la actuación de la administración pudo dar origen o no a una responsabilidad por parte del Estado.

“(…)”

“La demanda imputa como causa de la falla en la prestación del servicio médico por parte del demandado, la negligencia e impericia en las intervenciones quirúrgicas que se le hicieron a Luis Alfredo Sánchez entre los días 13 y 18 de mayo de1993.

“En consideración de la Sala, no aparece demostrado el primer elemento integrador de la falla. En efecto, se encuentra demostrado que la entidad demandada realizó varias cirugías a Luis Alfredo Sánchez, y que luego de ellas resultó con limitación física, como un déficit motor y afasia motora, sin embargo, no se demostró que las secuelas dejadas por la actuación desarrollada en el hospital se debieron a negligencia, inexperiencia o falta de observación de normas de ética médica.

Por el contrario, aparece abundantemente acreditado que de las cirugías el paciente salió en forma satisfactoria, sin embargo, en el postoperatorio el paciente presentó complicaciones de varias índoles, las que después de realizar el TAC cerebral se concluyó que su causa fue múltiples infartos causados en territorio de la arteria cerebral media y anterior izquierda, situación que no dependía del manejo médico.

“Entonces, no habiéndose acreditado que las limitaciones que ahora presenta Luis Alfredo Sánchez tuvieron su causa en falla del servicios médico prestado por el Hospital Militar Central, habrá de negarse las pretensiones de la demanda.

“En conclusión para la Sala no aparece en parte alguna demostrado que las lesiones sufridas por el demandante fuesen producto de una falla del servicio, aun cuando se diera aplicación a la falla presunta, el demandado corrió con la carga de la prueba, esto es, demostró la diligencia y cuidado en la prestación del servicio.

“En este caso, el fallador carece de elementos de prueba capaces de demostrar una falla en la prestación del servicio médico, por el contrario, del acervo probatorio se deduce que las lesiones de Luis Alfredo Sánchez, se habrían presentado aún sin que se hubiera llevado a cabo la intervención quirúrgica (…)”.

Fundamentos del recurso.

La parte actora inconforme con la decisión del Tribunal reflexionó en estos términos:

“Con el respeto que me merece la sentencia recurrida pienso que no tuvo en cuenta puntos cruciales en el debate, como los que analizo a continuación:

a. El señor Luis Alfredo Sánchez el día 13 de mayo de 1993 ingresó caminando por sus propios medios al Hospital Militar Central. En el informe que rindió el Director del Hospital Mayor General Jaime Hernández López, se contestó al literal b) “El paciente ingresa el 13 de mayo de 1993, siendo paciente diabético insulinodependiente en buen estado general, consciente, hidratado, afebril, con tensión arterial 110/90; frecuencia cardiaca 76; Frecuencia Respiratoria 18 (…)”, y luego de tres intervenciones quirúrgicas para poder extirparle una masa en el cuello, y de estar 177 días hospitalizado sale con una incapacidad física del cien (100 %) por ciento, y con las siguientes secuelas:

• Trauma afásico (no puede hablar, leer, ni escribir).

• El brazo derecho lo tiene inmóvil.

• La pierna derecha la tiene inmóvil.

“Estos hechos son irrefutables dentro del proceso. Si la operación en el cuello no era complicada porque quedó con ese grado tan grande de incapacidad?

“Como resultado de la atención médica en el Hospital Militar Central el señor Luis Alfredo Sánchez quedó con una incapacidad definitiva y permanente. El hecho incontrovertible, fehaciente, manifiesto, protuberante, que aparece de bulto es la presanidad del paciente y el de su invalidez total después de su operación. Esta premisa y la conclusión nos demuestran que algo falló en el Hospital Militar Central. Si la operación hubiera estado bien hecha el señor Luis Alfredo Sánchez no sería hoy un inválido. Las declaraciones de los médicos que lo atendieron defendiendo su posición no puede borrar en un proceso de esta naturaleza la silla de ruedas en que debe transportarse hoy su expaciente luego de la intervención quirúrgica que se le practicó. En otras palabras, si la operación hubiera sido bien hecha como ellos afirman, el señor Luis Alfredo Sánchez no sería hoy un inválido.

b. Las autoridades del Hospital Militar Central no obtuvieron del paciente, ni de sus familiares más cercanos (esposa e hijos) la autorización expresa previa para la operación en el cuello. Este hecho configura por si solo la responsabilidad de la entidad demandada.

“(…)”

“En este caso no existió tal consentimiento expreso, pues en ningún lado aparece el documento, o algún otro medio probatorio que lleve a demostrar que el paciente o su esposa aceptó y aprobó la intervención quirúrgica a la masa de su cuello, o sea la que se hizo el día 19 de mayo de 1993. Los médicos declararon que verbalmente dijeron al paciente y a su esposa los riesgos de la operación, pero esta afirmación se quedó en eso, en tan solo una versión de unos médicos.

“Los documentos que firmaron los demandantes fueron los siguientes:

a. El formato preimpreso que firmó Luis Alfredo Sánchez el día 13 de mayo de 1993 al ingresar al Hospital Militar Central. Este documento debe ser firmado por todos los pacientes que ingresan al centro hospitalario.

b. Firma del señor Luis Alfredo Sánchez para los procedimientos de radiología, que consistía en exámenes preoperatorios en radiología.

c. Firma de la esposa, señora Martha Liliana Quintero de Sánchez, aceptando la cirugía detraqueostomía y gatrostomía que fue necesaria para recuperar la paciente, en ese momento el señor ya había quedado invalido. Tan solo se intentaría alguna recuperación.

“Por lo tanto, la intervención médica el día 19 de mayo de 1993 al señor Luis Alfredo Sánchez no tuvo ninguna autorización previa. Si como lo dicen los médicos ellos les comentaron los riesgos de la operación, la entidad demandada hubiera podido llamar en interrogatorio de parte a la víctima y a su esposa para constituir la prueba, pero no lo hicieron así, tal vez pensando en que con la declaración de estas personas las afirmaciones de los médicos hubieran quedado desvirtuadas.

“Entonces efectivamente no existió el consentimiento expreso y previo para la operación del cuello, y ello configura la responsabilidad de la administración.

“C. Los médicos dicen que la operación era delicada y que podía traer consecuencias, si ello era así porque no fue enviado luego de salir de la sala de cirugía a la sala de cuidados intensivos, me pregunto hoy?

“Existió una grave falla en el procedimiento postoperatorio, puesto que lo lógico y normal era que debía ser trasladado a una unidad donde se pudiera tener un cuidado personal y extremo. A los centros hospitalarios se les obliga a tener a sus pacientes en las mejores condiciones, ello incluye que si necesitan de una atención personal e inmediata sean llevados a la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Concepto del Ministerio Público.

Dentro de la oportunidad legal respectiva el Ministerio Público rindió concepto en estos términos:

“El Hospital Militar a través de las pruebas recaudadas demostró que el procedimiento adelantado era necesario y era el indicado; que el personal médico que intervino en dicho procedimiento era idóneo y tenía suficiente experiencia en este tipo de intervenciones; que el tratamiento post operatorio fue el apropiado; que se trataba de una operación que conllevaba algunos riesgos como la presentación de hemorragia post operatoria y fenómenos isquémicos, tal caso ocurrió en el presente caso. Adicionalmente se estableció con el testimonio rendido por el Jefe de Cirugía del Hospital Militar, que el desprendimiento de la placa de ateroma arterioesclerótico que causo la isquemia cerebral al paciente Luis Alfredo Sánchez no es susceptible de ser prevenido médicamente.

“Aparte de lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que cuando se cuestiona el servicio médico oficial no se puede partir del supuesto de que este llevaría implícita una obligación de resultado, sino que, por el contrario, esta es de medio, es decir, que le médico cumple a cabalidad con sus deberes profesionales y éticos y no compromete su responsabilidad ni la del ente al cual presta sus servicios, cuando pone a disposición de su paciente toda su ciencia y los medios oportunos y adecuados que el servicio debe poseer. En el presente caso esa obligación de medio no fue incumplida, ya que los médicos tratantes pusieron a órdenes del paciente los elementos y conocimientos exigidos para esta clase procedimientos (…).

“Por otra parte, se encuentra acreditado que existió culpa de la víctima que contribuyó a que se causara el daño cuya indemnización se solicita, pues el hecho de haber abandonado el tratamiento durante aproximadamente tres años, trajo como consecuencia, debido al crecimiento del tumor, que se aumentaran los riesgos de la operación.

“Respecto al cargo aducido por el demandante en el sentido de que existió falla en el servicio por no haberle informado sobre los riesgos que conllevaba la operación, considera la Delegada, que por naturaleza de la enfermedad, de suyo grave, es irrelevante, para efectos de atribuir responsabilidad a la parte demandada, el hecho de que se hubiera informado o no al paciente de dichos riesgos. Esa circunstancia no se puede considerar como una falla determinante, generadora de responsabilidad, porque la opción del paciente estaba limitada, de tal manera, que la única decisión razonable y lógica era la de llevar a cabo la intervención quirúrgica en cuestión, para evitar un posible desenlace fatal”.

Consideraciones de la Sala.

La Sala revocará la decisión del Tribunal por las razones que adelante se exponen.

De entrada se advierte que la documentación incorporada al expediente visible a folios 1 a 4 del cuaderno de pruebas Nº 2, acreditó la legitimación por activa de los demandantes, quienes concurrieron al proceso en calidad de cónyuge e hijos de la víctima.

Tratándose de un evento en que se discute la responsabilidad por el ejercicio de la medicina y en particular sobre el tema de la información ilustrada al paciente, resulta oportuno traer a colación algunas reflexiones doctrinarias y antecedentes jurisprudenciales nacionales y foráneos, así como las disposiciones que normativamente regulan la materia.

La jurisprudencia en responsabilidad médica tiende a asegurar la indemnización en los casos de accidentes, orientándose hacia una posible obligación de resultado, o hacia una responsabilidad objetiva a favor del paciente ilustrado sobre los riesgos inherentes a dicha actividad.

En febrero 25 de 1997 la Corte de Casación Francesa se ocupó del tema que concierne a la información suministrada al paciente y dio con ello un paso gigantesco hacia la obligación de informarlo, hecho cuya prueba compete al médico (con esta decisión, la Corte dio un viraje sobre el criterio sentado hasta entonces y retomó el expuesto en forma insular y por demás criticada, en sentencia de 29 de mayo de 1951(1) .

Para el tema, interesa el desarrollo tecnológico de la información y de los medios aplicados a la comunicación en el campo de la medicina y de la telemedicina, en procura de una solución para los casos en que se reclama indemnización.

En el caso concreto importa comentar la obligación particular de información al paciente y la obligación de haberla ejecutado por parte del médico.

Demandado un cirujano que practicó una coloscopia con ablación de un pólipo en cuyo curso el paciente acusó una perforación intestinal y alegó no haber sido informado de este riesgo, el tribunal en apelación negó las pretensiones pues consideró que correspondía al actor acreditar la advertencia del riesgo. La Corte(2) a su turno, estimó que “el médico tiene una obligación particular de información frente a su paciente y le incumbe probar que ha ejecutado esta obligación”. Con tal decisión, se cambió el criterio hasta entonces sentado en materia de información al paciente.

El código deontológico del cuerpo médico francés impone al médico el deber de dar una información leal, clara y apropiada al estado del paciente, y la carta del paciente hospitalario indica que la información que ha de dársele debe ser accesible y leal, y que las dificultades de comunicación o de comprensión deben ser aclaradas.

Se entiende entonces que la Corte estima que la información debe ser simple, aproximativa, inteligible y leal, de modo que ponga al alcance del paciente el conocimiento sobre los riesgos de la enfermedad y los de su tratamiento y que el médico practicante sólo se dispensa en razón de una necesidad evidente o de un peligro inminente para el interesado y que la información no necesariamente debe constar por escrito, y que permita al paciente demandar la reparación por la pérdida de la oportunidad para rechazar el sometimiento a una intervención riesgoso.

En la vieja jurisprudencia del año 1951 por lo general se decía que la carga de la prueba incumbe al cirujano, entonces y ahora en 1997 parece ser que la razón es doble, primero en encontrarse ante una prueba de un hecho negativo y de otra parte, la consideración dinámica de la prueba en manos del galeno, y también la consideración según la cual es necesaria la colaboración entre médico y paciente para una mejor eficacia de sus cuidados.

Milita en favor de este criterio, igualmente, el imperativo ético que implica para el médico “el respeto de los derechos de la persona a la integridad de su cuerpo (...) que hace de él el consejero, el protector natural del enfermo que le manifiesta una confianza puesta en él mediante la entrega de su cuerpo enfermo” (R. Savatier, Dalloz, 1948, pág. 298).

El criterio imperante hoy tiene en todo caso dificultades especialmente relacionadas con el estado psicológico de los pacientes que no tienen el mismo equilibrio frente a sus males y que soportan de diferente manera la total información, a la que tendrían derecho, y eventualmente si la intervención quirúrgica implicara riesgos graves, la información previa podría comportar peligros aún mayores. Se pregunta entonces ¿cómo puede el médico modular la información si después debe probar que la otorgó plenamente? Por ello el nuevo criterio debe aplicarse teniendo en cuenta la dignidad de la persona que debe expresar su consentimiento ilustrado y por parte del médico, la conciencia del impacto sicológico que causa y de las repercusiones favorables o perniciosas que puedan incidir en su curación. Esta dificultad explica la sensibilidad del cuerpo médico, pero está en sus manos la prueba y en las del juez la valoración de las circunstancias.

En Colombia, el tópico se ha enriquecido con abundante jurisprudencia de la corporación, así como de la Corte Constitucional, de quien se evoca la sentencia T-401 de 1994(3), en cuyo caso se estatuyó entre otras importantes reflexiones, que la relación médico-paciente se encuentra estructurada a partir de dos principios fundamentales: primero, la capacidad técnica del médico y segundo, el consentimiento idóneo del paciente. En el citado caso la relación médica careció del consentimiento del paciente, elemento fundamental, habiéndose destacado como fundamento de la tutela impetrada que el médico no había informado a su paciente de las eventuales consecuencias favorables o desfavorables del tratamiento, ni tampoco había pedido su consentimiento para someterse a un cambio de terapia, de modo que le hubiese permitido elegir el sistema de curación que más se ajustara “a sus condiciones y posibilidades prácticas”.

En el mismo orden de ideas se exalta el principio de la autonomía del paciente cuya efectividad está ligada al consentimiento informado, a fin de que la medicina no exponga a una persona al tratamiento que implique riesgo para su salud, sin que medie información adecuada sobre las implicaciones de la intervención; y agrega que: “La información que el médico está obligado a transmitir a su paciente tiene la naturaleza informativa de un principio. No se trata de una norma que sólo puede ser cumplida o no, sino más bien de un mandato que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes. La fuerza normativa de este principio se logra por intermedio de la ponderación y adecuación con otros principios y reglas que entran en pugna al momento de resolver el caso concreto. El elemento fáctico es fundamental para determinar el alcance de la norma depositaria del principio. En este punto los principios se diferencian de las reglas que se aplican o no a una realidad específica, en una especie de juego en el que se obtiene todo o nada. La solución de los conflictos entre reglas a diferencia de lo que sucede con los principios, se resuelve entonces mediante el concepto de validez o mediante la introducción de excepciones. De acuerdo con lo expuesto, los principios no contienen mandatos definitivos, sino sólo provisionales Su aplicación no es directa e inmediata sino indirecta y ponderada. Cuando un principio opuesto posee un peso mayor a la luz de un caso específico, el principio inicial debe ceder el paso. Esta característica no afecta su fuerza normativa sino sólo su forma de aplicación”.

La Ley 23 de febrero 18 de 1981, “por la cual se dictan normas en materia de ética médica”, consagró:

“ART. 15.—El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y la explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente”.

“ART. 16.—La responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto.

El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados”.

Esta ley fue reglamentada por el Decreto 3380 de noviembre 30 de 1981, que en lo pertinente señaló:

“ART. 10.—El médico cumple la advertencia del riesgo previsto, a que se refiere el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1981, con el aviso que en forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares o allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo de la práctica médica, pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento médico”.

“ART. 11.—El médico quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos:

a) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o allegados se lo impidan;

b) Cuando exista urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o procedimiento médico”.

“ART. 12.—El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla”.

Con los anteriores presupuestos doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos, corresponde ahora analizar el caso concreto, a fin de tomar una decisión que consulte por igual los aspectos fácticos que lo rodean, y para ello se procede a continuación, al análisis de los hechos probados en este proceso.

El señor Luis Alfredo Sánchez consultó los servicios médicos del Hospital Militar Central el 16 de febrero de 1990 por presentar masa en región submaxilar izquierda de aproximadamente 5 x 4 cms. En esa oportunidad se sugirió practicar citología por aspiración y gammagrafía de glándula salival, los cuales no se llevaron a cabo oportunamente y en cambio el paciente asistió por segunda vez hasta el 22 de febrero de 1993.

De la prueba documental, en especial de la copias ilegibles de la Historia Clínica (fls. 7,49 y 50 c. 3), se observa que el 22 de febrero de 1993 regresó nuevamente a consulta médica por la presencia de la masa tumoral en el cuello. El reporte de medicina nuclear detectó la presencia del glomus carotídeo izquierdo.

A continuación el 5 de abril, dicho paciente de 48 años consultó a la Unidad y refirió aumento de tamaño de la masa y dolor para la movilización cervical. El examen identificó masa blanda - “cauchosa” en la mandíbula inferior izquierda y el diagnóstico corroboró Glomus Carotídeo Izquierdo. El plan sugerido fue cirugía y arteriografía.

Con antelación al procedimiento, el 13 de mayo de 1993 el paciente consintió en someterse a “los reglamentos y normas internas del hospital. Se somete a los procedimientos médicos y paramédicos necesarios” (fl. 3 c. 2).

Igualmente se obtuvo autorización expresa del señor Luis Alfredo Sánchez para practicar todo el procedimiento radiológico (sin fecha).

No hay evidencia de consentimiento expreso sobre riesgos propios de la intervención quirúrgica.

Del resultado obtenido por medicina nuclear se acreditó que la masa correspondía a un glomus carotídeo de 8 x 6 cms, por lo tanto se ordenó Arteriografía y exámenes prequirúrgicos. A continuación fue llevado a cirugía el 18 de mayo y se le realizó Cervicotomía en J y resección de glomus carotídeo.

Sobre el particular, el 6 de marzo de 1995, en respuesta al cuestionario que le fue formulado, el Director del Hospital Militar Central informó:

“Si, el señor Luis Alfredo Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía Nº 16.237.107 de Palmira, fue internado en el Hospital Militar Central el día 13 de mayo de 1993, atendiendo la Orden de Radiología expedida el mismo día de acuerdo a lo planeado para su estudio, diagnóstico y posible tratamiento.

“Es importante aclarar que el paciente consultó por primera vez a esta Institución, al servicio de Cirugía General el 16 de febrero de 1990, por masa en región submaxilar izquierda de aproximadamente 5 x 4 cms para lo cual se solicitaron Citología por aspiración que no fue concluyente y Gamagrafía de glándula salival, citándose a los 8 días para control; pero este no asiste sino hasta el 22 de febrero de 1993, en donde el reporte de Medicina Nuclear es de Glomus Carotideo, se cita nuevamente para el 5 de abril, encontrándose que en esta época la masa mide aproximadamente 8 x 6 cms, se decide entonces solicitar Arteriografía y exámenes prequirúrgicos, para lo cual se hospitaliza el 13 de mayo de 1993.

“El paciente ingresa el 13 de mayo de 1993, siendo paciente Diabético Insulinodependiente en buen estado general, consiente, hidratado, afebril, con Tensión Arterial 110/90, Frecuencia Cardiaca 76; Frecuencia Respiratoria 18, presentaba adenopatías submaxilares derechas y masa izquierda semiblanda adherida a tejidos profundos, con elevación del lóbulo de oreja izquierda de 8 x 5 cms. con pulsos homócrotos al resto del examen normal.

“El 18 de mayo de 1993 le fue practicada al señor Luis Alfredo Sánchez, una Cervicotomía en J y resección de Glomus Carotídeo, este procedimiento consiste en una vez realizada la incisión quirúrgica, se reseca cuidadosamente la masa liberándola progresivamente de las estructuras vitales (arterias, nervios y músculos) las cuales están comprometidas y una vez extraída, se envía a Patología para su análisis y una vez revisada la hemostasia se cierra por planos.

“La evolución del post operatorio inmediato fue satisfactoria como consta en la evaluación realizada por el Servicio de Medicina Interna el mismo día y por cirugía general en el turno a las 21:00 horas, en donde solamente presentaba dolor en zona quirúrgica; no había hematomas, dificultad respiratoria, ni sangrado por herida quirúrgica, presentaba dificultad para la deglución. El día siguiente a las 9:00 am, leve dolor en zona quirúrgica y dolor para la deglución, no sangrado ni hematomas (…) A las 11: am presenta deterioro de su estado general, de manera súbita, con hemiparesia Facio bronquial crural derecha y afasia motora.

“Llevado nuevamente a cirugía el 19 de mayo de 1993, por trombosis de carótida interna izquierda realizándose embolectomía de la carótida interna izquierda, procedimiento sin complicaciones”.

El resultado de patología, obtenido el 26 de mayo de 1993, señaló que la extracción practicada consistía en masa irregular lobulada de 7.5 x 4x3 cms, con múltiples adherencias fibrosas en su superficie, de consistencia cauchosa y al corte la superficie era homogénea blanquecina. Diagnóstico 1. Paraganglioma carotideo (lado no especificado).

2. Ganglio linfático con hiperplasia folicular (F. 7 c. 2)

El diagnóstico de rehabilitación elaborado el 2 de agosto de 1993, en especial el examen neurológico expresó:

“Apertura ocular espontánea, obedece ordenes sencillas, realiza seguimiento visual, pupilas pinrl, pares: facial central der. hemiplejía derecha, responde a estímulos dolorosos en hemicuerpo derecho. rot.

Esbozo de Babinsky der. No Hoffman, no comunicación verbal, la comunicación es principalmente gestual. Clonus aquiliano agotable. Déficit: SNC.

Discapacidad: para autocuidados, traslados, comunicación. Pronóstico: Reservado”.

En términos similares el resumen de la Historia Clínica elaborado el 11 de septiembre de 1993, concluyó en cuanto al diagnóstico “Glomus Carótideo Izquierdo”, en cuanto a las cirugías practicadas:

14 - V -93 Arteriografía carotídea

18 - V - 93 Resección de glomus carotídeo izquierdo

19 - V - 93 Embolectomía carotídea interna izquierda y en particular sobre los procedimientos llevados a cabo dijo:

“Paciente de 48 años de edad, quien consultó por masa cervical izquierda en febrero/90. Realizándose gammagrafía de glándulas salivales, siendo altamente sugestiva de glomus carotídeo izquierdo. El paciente no regresa a consulta sino hasta febrero/93 refiriendo considerable aumento de tamaño de la masa cervical acompañada de dolor para los movimientos laterales. Se realiza un TAC de cuello en Mayo 10/93 que corrobora el diagnóstico de Glomus. Se hospitaliza el día 13 de mayo para realizar Arteriografía Carotídea la cual se efectúa el 14 de mayo sin complicaciones, revelando gran masa tumoral en la bifurcación de la Carotídea izquierda. El 18 de Mayo/93 se realiza extirpación del Gomus sin complicaciones intraoperatorias. Evoluciona satisfactoriamente hasta el 19 de Mayo/93 cuando presenta desviación de la comisura labial al lado izquierdo, Hemiparesia derecha y afasia motora y sensitiva. Valorado por cirugía general y neurocirugía se decide llevar inmediatamente a cirugía para exploración de vasos carotídeos y Embolectomía, la cual se realiza recuperando la permeabilidad de la carótida interna. Se traslada la ICIM, para continuar manejo médico con apoyo de ventilación mecánica, la cual se hace prolongada por mal manejo de secreciones. Un TAC cerebral revela marcado compromiso isquémico en territorio de la cerebral media y anterior izquierda; hemorragia gánglio basal izquierda drenada a ventrículos con edema perilesional y herniación subfalsina. Neurocirugía considera paciente de pobre pronóstico neurológico sin posibilidad de beneficio de procedimiento quirúrgico en el momento. Un nuevo TAC cerebral el 30 de mayo/93 revela ligera recuperación comparativa. El 3 de Junio /93 se realiza traqueotomía y gastrostomía sin complicaciones. El paciente se logra retirar de la ventilación mecánica y teniendo en cuenta su recuperación se decide trasladarlo a pisos el 15 de Junio/93. En pisos es manejado básicamente por el servicio de medicina física y rehabilitación, apreciándose una lenta recuperación de sus actividades mentales y motoras persistiendo hemiplejía derecha. Se logra retirar inicialmente la traqueotomía contando con apoyo de terapia respiratoria y posteriormente la Gastrostomía teniendo en cuenta que el paciente ya es capaz de alimentarse por boca normalmente. Medicina Física y Rehabilitación, Terapia Ocupacional consideran que las metas a desarrollar con el paciente hospitalizado se han cumplido y que el paciente puede ser dado de alta para completar manejo y control por consulta externa” (fls. 26 y 27 c. p. 2)

Igualmente aparece resumen de la Historia Clínica elaborado por los Doctores Román / N. Novak el cual señala que el paciente en efecto ingreso el 13 de mayo de 1993 y fue llevado al quirófano el 18 de mayo, en cuya oportunidad se le practicó resección de glomus carotídeo izquierdo que se extendía por detrás de la carótida primitiva y la bifurcación de la misma acompañado de la carótida interna hasta el cráneo de 6 x 6 cm. En primer día del pos operatorio presentó desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo con hemiparesia derecha, afasia motora y dificultad para entender y ejecutar órdenes sencillas. Se interpretó el cuadro como embolización por lo cual se decidió llevar nuevamente el paciente a quirófano encontrando placa arterioesclerótica con formación de coágulos. Se realizó endarderectomía obteniéndose vaso pulsátil en forma satisfactoria. Fue manejado en la Unidad de Cuidados Intensivos con anticoagulación y ventilación mecánica, continuando con hemiparesia derecha, afasia motora y coma superficial vigil. Se tomó TAC el 31 de mayo encontrándose múltiples infartos cerebrales correspondientes a territorios de la cerebral anterior y media izquierda. La evolución en la Unidad fue complicada por sobreinfecciones de secreciones pulmonares con endobronquitis purulenta, se notó leve mejoría en el estado de la conciencia con apertura ocular espontánea.

En la valoración practicada al señor Luis Alfredo Sánchez el 1º. De octubre de 1993 se dijo:

“Paciente que fue sometido a intervención de extracción de glomus carotídeo practicada en esta institución en mayo de 1993 sufriendo lesión cerebral extensa, con afasia mixta, hemiplejía, disfasia por compromiso de pares bajo el paciente tiene muy mal manejo de secreciones pulmonares al igual que pérdida de la coordinación de la deglución por lo que presentó episodio broncoaspiración con neumonía basal derecha posterior al episodio , por lo cual consulta el servicio de urgencias del hospital donde fue valorado por el servicio de medicina interna con decisión de hospitalización e iniciación de antibiótico terapia con penicilina cristalina 24 millones día . Con el anterior tratamiento reforzado con las medidas de terapia respiratoria dieta asistida y con formulación especial ha superado su cuadro infeccioso por lo cual se decide dar salida con indicaciones”.

Ahora bien, la prueba testimonial practicada en la actuación, en especial aquella relacionada con la conducta sumida por los facultativos de la institución se advierte:

El Doctor Jaime Humberto Ardila Arz en diligencia del 12 de octubre de 1994 sobre el particular sostuvo que atendió al señor Luis Alfredo Sánchez por cuanto asistió a consulta en el Hospital Militar en febrero de 1990, por una masa tumoral en el cuello, teniendo en cuenta que la masa lo estaba comprometiendo le solicitaron la práctica de exámenes.

“Sin embargo, el paciente regresó a principios del año de 1993, consultando nuevamente por la presencia de la misma masa en el cuello, la cual había aumentado considerablemente de tamaño y era muy sintomático por dolor y limitación para los movimientos laterales del cuello. En el examen practicado por Medicina Nuclear, se hizo una impresión diagnostica de un tumor del cuerpo carotídeo, razón por la cual se le solicitó una arteriografía de vasos carotideos con miras a corroborar diagnóstico, y como estudio importante pre quirúrgico. El paciente acude a radiología, quienes lo hospitalizan posteriormente para estudio de tumor de cuerpo carotídeo izquierdo programándose y realizando la arteriografía. Dentro de la misma hospitalización y previó acuerdo con el paciente, explicando los riesgos inherentes a este tipo de procedimiento, se programa el paciente para extirpación de la masa tumoral valorándose conjuntamente con el doctor Julián Castiblanco Sierra, igualmente cirujano general del Hospital Militar, con amplia experiencia en este tipo de patología, y en todo tipo de cirugía de cuello. El paciente se lleva a cirugía aproximadamente en mayo de 1993, encontrando por abordaje cervical izquierdo, un tumor del cuerpo carotídeo localizado en la bifurcación de las carótidas de tamaño importante que las involucraba íntimamente. Se realizó una cirugía muy meticulosa, por parte del Dr. Julian Castiblanco desarrollándose sin ningún tipo de complicación diferente a la inherente a este tipo de procedimientos quirúrgicos condicionada especialmente por un sangrado escaso pero persistente y la misma manipulación de los vasos carotídeos. El procedimiento se termina más o menos después de 3 horas y el paciente se lleva a sala de recuperación y posteriormente a su habitación teniendo en cuenta que no requería de ningún tipo de cuidado especial y que ese tipo de procedimiento que se realiza en todos los pacientes que se someten a este tipo de cirugía. Al día siguiente el paciente es valorado a primeras horas de la mañana por el grupo de médicos del servicio de cirugía encontrándolo en adecuadas condiciones para su postoperatorio reciente, a tal grado que se le ordena iniciar tolerancia a la vía oral. No se encuentra en ese momento ningún déficit motor. Posteriormente el paciente es atendido por el servicio de enfermería realizándole su baño en cama, sin anotarse ningún tipo de cambio importante. En la mañana más o menos después de las nueve de la mañana, se advierte por parte del servicio de enfermería que ha ocurrido, un trastorno del sensorio (sic) en el paciente asociado a un déficit motor, por lo que es valorado inmediatamente por el Dr. Jorge Luque neurocirujano del Hospital Militar, y quien por casualidad se encontraba allí presente corroborando la existencia de los cambios anotados. El Dr. Julián Castiblanco es avisado y teniendo en cuenta .'Los hallazgos se sospecha que hubiera ocurrido una oclusión en el flujo de la carótida interna por lo cual es llevado inmediatamente a cirugía para exploración de los vasos carotídeos. Durante el procedimiento realizado por el Dr. Castiblanco, habiendo estado yo presente también, estuvimos acompañados por el Dr. Gabriel Bayona y externamente por el Dr. Abraham Lechter, ambos cirujanos vasculares del Hospital Militar, decidiendo hacer una arteriotomía para exploración de la carótida interna la cual se realiza con un catéter de Foguerty, extrayendo coágulos y recuperando el flujo sanguíneo. Se terminó el procedimiento y el paciente es trasladado a la Unidad Neurológica donde es manejado por los intensivistas y por el grupo de neurocirugía. Durante su post operatorio se realizan escanografías cerebrales en las que se documenta la lesión posiblemente en relación a infarto por bajo flujo que en ningún momento se considera de manejo quirúrgico por parte de neurocirugía. El paciente evoluciona lentamente hacia la mejoría, pero (sic) entubación prolongada, es necesario llevar a cirugía habiéndose comentado esto con la esposa del paciente y quien estuvo de acuerdo para realizar traqueotomía y gastrostomía, procedimientos los cuales realicé yo sin ningún tipo de evento. El paciente continúa su recuperación en la unidad médica hasta poder ser trasladado a una habitación de piso en la que se continúan las medidas de manejo médico y de interconsulta al servicio de medicina física y rehabilitación para valoración y manejo de sus déficits motores, lo cual ellos comienzan a realizar considerando posteriormente que el paciente podría continuar su rehabilitación ambulatoria. Su traqueotomía se retiró sin complicaciones al igual que posteriormente su gastrostomía y el paciente pudo comenzar a ingerir alimentos valiéndose por sus propios medios al igual que realizar apoyo espontáneo para sus cuidados personales, con lo cual se da de alta del hospital. El paciente a nivel de consulta externa, no regresa a controles post cirugía sino que es manejado por el servicio de medicina física y rehabilitación. El resultado de patología es de un tumor del cuerpo carotídeo izquierdo. Desde entonces yo no he vuelto a ver al paciente. Preguntado: Explique al despacho cuales eran los riesgos que tenían las operaciones realizadas a Luis Alfredo Sánchez Contestó: Los principales riesgos se deben básicamente a la manipulación de los vasos carotídeos y son debidos principalmente por sangrado y shock hipovolémico, y en un menor Porcentaje problemas de tipo vascular a nivel de la irrigación cerebral especialmente condicionado por la presencia de vasos enfermos o de mala circulación por las carótidas contralaterales a nivel del cerebro. Dentro de la operación no se presentó ninguna de estas, posteriormente se presenta la complicación neurológica descrita. Preguntado: Precise al Despacho cuántas operaciones se le practicaron a Luis Alfredo Sánchez, y si para cada una de ellas se solicitó autorización para hacerla, en caso afirmativo a quién. Contestó: Se le realizaron 3 procedimientos quirúrgicos, en el primero de los cuales cuando se programa para la extirpación del lomus (tumor), teniendo en cuenta que es un paciente en pleno uso de sus facultades mentales, y dada la misma ansiedad del paciente por querer ser operado, como mencioné anteriormente, se le explica, al paciente la sospecha diagnóstica y el tipo de procedimiento al que iba a ser sometido. Recuerdo que el paciente me planteó inclusive que si la cirugía era más o menos sencilla, a lo cual le hice ver que ningún tipo de procedimiento es sencillo y menos aún el tipo de procedimiento que se le iba a realizar, pero el paciente era consciente de la limitación en que lo tenía la masa y deseaba ser intervenido. Por todo lo anteriormente mencionado, a nivel de consulta externa no se consideró para este caso como prácticamente no se realiza en ninguno una autorización escrita o firmada por el paciente, acto que sí se da cuando el paciente ingresa formalmente al Hospital Militar en el que autoriza los diferentes procedimientos que requiera para obtener su bienestar final con los riesgos que verbalmente le ha explicado su médico, de igual forma, el paciente en mención durante su hospitalización da su autorización firmada para el procedimiento de su arteriografía. Para la segunda cirugía, que es cuando ocurre el evento de la oclusión carotídea y teniendo en cuenta la urgencia en la que se debía realizar el procedimiento descrito, no se comenta con nadie el procedimiento y el paciente obviamente tenía su grado de compromiso neurológico (...) Preguntado: Diga el testigo qué clase de estudios le exigió o le solicitó, al señor Luis Alfredo Sánchez, en la visita que le hizo en el año de 1990, y si el paciente cumplió con ellos o Nº Contestó: Al paciente se le solicitó una diamagrafía de glándulas salivares, que es un procedimiento de medicina nuclear. En ese entonces teniendo en cuenta que la localización de la masa tumoral era cervical alta y cabía inicialmente la posibilidad a descartar un tumor de glándula carótida. El paciente se realizó ese estudio en los días subsiguientes a que fuera ordenado y en el informe de medicina nuclear, consideran que la masa muy posiblemente no se origina en Glándulas salivares, y que muy sugestivo de un tumor de un cuerpo carotídeo. Sin embargo este estudio solo se conoce más de dos años después cuando el paciente regresa a la consulta con los síntomas descritos. Preguntado: Diga el testigo, si en el examen que le hizo al señor Luis Alfredo Sánchez, en el año de 1990, le dijo que tenía que volver a control y en caso afirmativo si anotó tal petición en la hoja de vida del citado paciente. Contestó: Al paciente como es rutina, después de solicitado su examen se le advierte que debe regresar a la consulta con el resultado del examen. Eso quedó escrito y especialmente en este que era un caso en el que el paciente se encasillaba dentro de un protocolo con miras a terminar en la extirpación quirúrgica. Preguntado: Díganos cuál era la fecha en que debía volver a control el señor Luis Alfredo Sánchez según su respuesta anterior. Contestó: Cuando solicitamos un estudio de esta categoría no podemos prever exactamente a qué término se va a realizar el examen, porque son procedimientos realizados por un servicio diferente al nuestro. Sin embargo, el servicio de medicina nuclear del hospital Militar nos tiene acostumbrados a realizar sus estudios a corto plazo qué pudieran ser 8 días o menos. Como es difícil para los pacientes a nivel de la consulta externa y siguiendo los trámites regulares obtener una nueva cita con quien ordena su examen, a ese espacio corto de tiempo siempre tengo la precaución de advertirle que tan pronto tengan el examen que yo deseo conocer, pueden regresar a mi consulta, aún sin cita formal y les advierto o ya lo conocen acerca de mi día y hora de consulta. (...) Preguntado: En su concepto cuáles son las causas de la incapacidad que tiene el señor Luis Alfredo Sánchez. Contestó: El problema del evento neurológico se explicó por una disminución súbita en el primer día post operatorio del flujo en la carótida interna hacia el cerebro, con varios factores que pueden estar asociados o, individualmente poder explicar el hecho, como la formación de un coagulo, sanguíneo o la producción de un vaso espasmo intenso que puede ocurrir en forma impredecible por la manipulación necesaria para la extirpación del tumor Preguntado del apoderado de la parte demandada: De acuerdo con los estudios radiológicos explíquele al Despacho qué compromisos revestía para el paciente y qué consecuencias le traerían en el evento de no intervenirlo. Contestó: Clínicamente era un tumor que prácticamente había duplicado su tamaño especialmente en los últimos meses y era sintomático por dolor y limitación para los movimientos laterales del cuello. Este hecho abre la posibilidad de que siendo como es un tumor afortunadamente en la mayoría de los casos benigno, dadas las condiciones anotadas no se podía descartar una lesión maligna que solo puede ser descartada por estudio histopatológico. Por otro lado, dado el tamaño y la localización, y teniendo en cuenta los estudios radiológicos y por otro lado la edad del paciente, estaba la posibilidad de que se comprometiera el flujo carotídeo o se extendiera hacia la base del cerebro, donde posteriormente podría volverse inmanejable. Preguntado: De acuerdo con la impresión diagnostica inicial, y conforme a lo consignado en la historia clínica, el paciente atendió las indicaciones y recomendaciones médicas para proseguir el tratamiento. Contestó: Realmente Nº esto básicamente por que el paciente inexplicablemente y nunca me refirió por qué - básicamente no regreso a la consulta sino 2 años después en otras condiciones”.

Julio Alberto Nieto Silva, jefe de cirugía general del Hospital Militar, en términos similares sostuvo que conoce de este caso en particular porque en el post operatorio presentó una morbilidad derivada de procedimiento quirúrgico y era su obligación evaluar de manera conjunta con el resto de los especialistas si hubo descuido, impericia o negligencia médica. En especial indicó que el informe de auditoría interna realizada el 3 de junio de 1993, llegó a cuatro conclusiones:

“1. Que al paciente se le informó preoperatoriamente de la importancia de procedimiento planeado y de la morbilidad que del se podía derivar. 2. Que el procedimiento quirúrgico se realizó con una alta técnica quirúrgica y por un equipo de cirujanos experimentados 3. Que la morbilidad presentada a las 16 horas de realizado el procedimiento quirúrgico es una de las esperadas en esta clase de intervenciones y fue manejada de manera rápida y correcta 4. Que el manejo médico asistencial del paciente en el preoperatorio, acto quirúrgico, periodo de recuperación, post operatorio mediato e inmediato, diagnóstico y manejo oportuno de la complicación derivada fue el indicado y adecuado para este tipo de situaciones” (...).

“Preguntado: Sírvase explicarle al despacho sí el lapso transcurrido entre el mes de febrero, 1990 y abril de 1993, esa patología y diagnóstico inicial debido al tiempo transcurrido, qué le representa clínicamente para el paciente Contestó: En primera instancia hubo aumento de tamaño del tumor, quiero aclarar al despacho que este tumor denominado técnicamente paragangleoma o flomus del cuerpo carotídeo, es una lesión de origen eminentemente vascular que en la medida en que aumenta de tamaño, el número de vasos que lo nutren aumenta notoriamente hasta el punto de que se han descrito casos de sincopes cerebrales ocasionados por “ROBO” de la irrigación cerebral por el tumor, en la medida en que el tumor aumenta de tamaño el procedimiento quirúrgico es mucho más laborioso y difícil en razón a lo planteado anteriormente, y en la medida en que el procedimiento se hace más difícil la posibilidad de morbilidad derivada del procedimiento se incrementa.

“(…) Preguntado: Diga el testigo en su concepto cuál fue la causa de la graves secuelas que se presentaron al señor Luis Alfredo Sánchez. Contestó: Basándome en la historia clínica y en la descripción quirúrgica del segundo procedimiento, la causa aparente del fenómeno isquémico cerebral que presentó el paciente Luis Alfredo Sánchez, fue motivada por el desprendimiento de una placa de ateroma arterioesclerótico, que causó los fenómenos de isquemia cerebral que aquejaron al paciente. Quiero manifestar que este tipo de evento durante el cual se desprende una placa arterioesclerótica durante una disección arterial, si bien es previsto no puede ser prevenido porque esto implicaría entonces la obstrucción total de la arteria carótida vaso que nos referimos de manera profiláctica ocasionando de esta manera, con este pensamiento (sic) un accidente cerebro vascular de consecuencia imprevisibles. Preguntado: Diga el testigo si en su concepto ha debido enviarse o no a cuidados intensivos al señor Luis Alfredo Sánchez después de la primera operación. Contestó: No, basado en el análisis del record anestésico y quirúrgico en ninguno de los cuales se anota un evento mayor o catastrófico que hubiera obligado a su reclusión en una unidad de cuidados intensivos. Es un procedimiento sin ningún tipo de complicación”.

En cuanto a la idoneidad del cirujano que dirigió la intervención señaló que el doctor Julián Castiblanco es el cirujano con más experiencia en el Hospital en este tipo de procedimiento, al punto que le fue delegada la coordinación y manejo de la clínica de cuello.

Por último, en versión del Dr. Julián Castiblanco quien estuvo a cargo de la intervención sostuvo que en la cirugía fue asistido por el Dr. Jaime Ardila y los médicos residentes, en especial dijo:

“Se encontró una región extensa que involucraba todo el triángulo carotideo hasta vecindar con la carótida, se va desecando, se identifican todas las estructuras vasculares y nerviosas y se procede a desprender el tumor de la arteria carótida. Estos tumores a veces se adhieren tanto que involucran el espesor de los vasos, es muy delicado el desprendimiento, el manejo de la hemorragia tiene que ser muy cuidadoso y muy sutil para que no se desangre, además debe existir comunicación con el anestesiólogo porque la manipulación de las arterias puede producir alteraciones en el tono vagal de los pacientes con repercusiones en la frecuencia del corazón. Creo que el tiempo operatorio de este paciente fue superior a tres horas de cirugía dejándose totalmente la arteria carótida interna y ligada la arteria carótida externa, la cual no tiene ninguna repercusión en la circulación cerebral. El paciente estuvo muy estable durante la cirugía y salió a recuperación normal. El paciente fue visto por el grupo tratante en el post operatorio inmediato, y posteriormente a las primeras horas de la mañana del primer día post operatorio. El paciente se encontraba en perfectas condiciones neurológicas y sin evidencia de sangrado o hematomas. Aproximadamente hacia las diez o 10:30 de la mañana fui llamado por el buscapersonas, por el Dr. Jorge Luque, neurocirujano quien me informó que estando visitando algún otro paciente del mismo sector, el personal de enfermería le informaba (sic) que el paciente acababa de perder la voz y estaba entrando en un estado de inconciencia. Aproximadamente diez minutos después, examiné personalmente al paciente y encontré que estaba en AFASIA, imposibilitado de comunicarse, y laterizado (con la mitad del cuerpo inmóvil). Considerando la posibilidad de un accidente isquémico (se suspendió la circulación de uno de los hemisferios) procedí a solicitar turno de cirugía, para exploración carotídea urgente. Hacia las 11 y 50 se inicia una nueva cirugía, consistente en evaluar la permeabilidad de la carótida interna, durante la cirugía se hizo patente un severo espasmo de la carótida y algunos pequeñísimos coágulos y se obtuvo adecuada permeabilidad del vaso. Ahí terminó la cirugía. Es muy difícil evaluar la mejoría, porque está bajo anestesia. La recuperación se notará varios días después. Lo que se puede ver es que vuelve el flujo normal de la sangre que estaba retenida. La causa de la parálisis pudo deberse a que se desprendan fragmentos de placas ateromatosas, eso puede pasar aún sin cirugía. La placa tapa el vaso a nivel cerebral. Otra opción es que se forme en vecindad a la parte operada se formen pequeños coágulos que se aglutinan y formen un trombo que ejerce el mismo efecto de obstrucción de flujo. Otra posibilidad que se desgarre la íntima del vaso, que es la parte interna de la arteria. Con certeza no sé cuál fue la causa del caso presente”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en dictamen rendido el 12 de diciembre de 1995 señaló que el señor Luis Alfredo Sánchez

“Presenta secuelas neurológicas de enfermedad vasculocerebral gangliobasal izquierda secundaria a múltiples infartos en territorio de la arteria cerebral media y anterior izquierda. Esta condición clínica le determina una invalidez de cien por ciento (100%). En relación con los perjuicios fisiológicos ocasionados por el hecho denunciado, se señala como indemnización en moneda nacional, una suma equivalente de un mil gramos oro (1.000)” (fl. 42 c. 2)

Responsabilidad de la administración.

La corporación ha venido construyendo el edificio jurisprudencial relativo al ejercicio de la medicina, y dentro de él ha hecho de la presunción de falla del servicio un pilar fundamental de la responsabilidad patrimonial del Estado(4), en régimen del que corresponde al agente o servidor público frente al Estado (5). Entonces, corresponde a la entidad demandada demostrar que el daño por el cual se acciona, se produjo a pesar de la suficiente diligencia y cuidado suyo, o que sobrevino por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o por el hecho exclusivo y determinante de un tercero, con lo cual o se desvirtúa la falla presunta o se fulmina el nexo causal necesario para integrar el trípode sobre el cual se edifica la responsabilidad(6).

Tratándose de la actividad médico-quirúrgica, ésta requiere de especial cuidado y diligencia dados los riesgos particulares de cada caso, circunstancia que además impone la obligación de informar de manera completa y clara al paciente no sólo de los reglamentos del establecimiento hospitalario, o de los procedimientos que requiere, sino de las vicisitudes y eventualidades que pueden llegar a presentarse en su curso, con ocasión de o con posterioridad a la intervención, y esa obligación de información adquiere especial importancia como actitud preventiva del galeno, así como trascendencia probatoria si con posterioridad a la actuación llegare a presentarse un accidente.

En estricto rigor y en aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, la obligación de probar la ausencia de falla o la ausencia de nexo causal corresponde a la parte que se sitúa en condiciones más favorables para demostrar la imputabilidad (imputacio facti e imputacio juri); ello no quebranta ni desconoce el artículo 90 de la Constitución Política, que constituye el régimen de responsabilidad que nos gobierna, en la medida en que el Estado está llamado a responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, teniendo en cuenta que la fuente del daño constituye la misma actividad de la administración. Esta orientación permite concluir que para efectos de determinar la responsabilidad es indispensable que no exista duda sobre el nexo causal, porque de lo contrario se llegaría a aceptar que la entidad pública en todos los casos se viera abocada a responder muy seguramente por un daño que no tiene origen en su actuación o cuando la causa de aquél se desconoce. Así mismo, que establecidos los otros dos elementos de la responsabilidad, aparezca acreditada la falla administrativa, según el caso.

En materia de responsabilidad médica la doctrina nacional y extranjera se ha ocupado del elemento “nexo causal”, determinante para imputar responsabilidad a la entidad pública demandada.

“I. La noción de imputabilidad

“Para que surja responsabilidad no es suficiente que exista una conducta antijurídica ni que se compruebe una relación de causa a efecto en el orden físico. Es necesario además que el acto generador del daño sea atribuible a una persona.

“Tomemos contacto con el concepto de imputabilidad, el cual encuentra soporte en las nociones de antijuridicidad y relación causal. Imputar significa adjudicar a una persona la autoría de un hecho y sus consecuencias.

“La imputación va más allá de la mera autoría material; si se quiere, completa la fisonomía jurídica del autor; es una “autoría de segundo grado”. Puede una persona ser autor en el primer sentido pero no ser imputable por mediar una causa de exclusión (minoridad, demencia). Inversamente, puede una persona no ser autor causal de un daño y ser igualmente imputable (responsabilidad indirecta o refleja).

“La imputabilidad puede significar un juicio de valor acerca de un acto voluntario productor de un daño, centrándose el problema en la evaluación de la culpa, el dolo o la malicia. Puede también implicar una mera atribución legal, que subvaluando las connotaciones que exhiba la conducta, ligue una causa a un determinado resultado, en la intención de proteger a la víctima.

“En el primer caso, se trata de factores subjetivos de atribución; en el segundo de factores objetivos.

“En el estado actual de la doctrina, hay consenso en que cuando existe un factor subjetivo de imputación, el deudor se libera demostrando su falta de culpa o la causa ajena: hecho de la víctima, de un tercero o el caso fortuito. Cuando la imputación es objetiva no puede eximirse por la prueba de falta de culpa, siendo sólo posible la demostración de la causa ajena.

“La imputación típicamente subjetiva se basa en un juicio formulado contra el autor.

“Los factores subjetivos son la culpa y el dolo en el ámbito cuasidelictual, y la culpa, el dolo y la malicia en el terreno obligacional.

“Como ya lo hemos señalado en este trabajo, en un primer estadio histórico se pretendió basar la responsabilidad médica únicamente en la imputación dolosa, o bien en la culpa grave que prácticamente tenía la misma fisonomía del dolo. La intención subyacente era la irresponsabilidad.

“La evolución trajo consigo la acepción de la culpa profesional primero, y luego la culpa común, como bases de atribución. El fin perseguido es la responsabilidad”(7).

El caso concreto.

Teniendo en cuenta que la conducta de la entidad prestataria del servicio implica la colocación al alcance del paciente de todos los recursos técnicos, científicos, humanos o físicos en el procedimiento a seguir; y que en este caso los facultativos aplicaron el procedimiento adecuado, las maniobras y los elementos utilizados fueron los idóneos en la intervención quirúrgica, en principio no podría deducirse responsabilidad por ese aspecto. Pero paralelamente a esta conducta existía un riesgo propio producto de las condiciones generales del paciente, la gravedad, evolución y estado de la enfermedad que obligaban a tener en cuenta factores como los riesgos de todo paciente asistido en un procedimiento quirúrgico, otros riesgos propios de cada persona en particular según las diferentes condiciones de cada organismo y otros riesgos tinentes a la enfermedad; pues, entre más avanzado se encuentre el estado patológico los riesgos de morbilidad son mayores.

Esto quiere decir que si a pesar de aplicarse el procedimiento recomendado y aceptado mundialmente, el paciente no responde adecuadamente o queda sometido a condiciones de incapacidad física y mental, como ocurrió en el caso concreto, o, en el peor de los casos, fallece, por ese solo hecho no hay lugar a imputar dicha lesión al establecimiento público, si el daño no obedece efectivamente a falta de diligencia y observación de la lex artis en el procedimiento operatorio.

En el caso sub judice, se recopilaron elementos demostrativos que conducen a evidenciar a la vez, la diligencia y cuidado, pero en cambio la omisión en la debida e ilustrada información a que tenía derecho el paciente.

La realidad probatoria muestra que el señor Luis Alfredo Sánchez consultó por primera vez al servicio de cirugía del Hospital Militar el 16 de febrero de 1990, por presentar masa en región submaxilar izquierda de aproximadamente 5 x 4 cms. En este momento se solicitó citología por aspiración y gamagrafía de glándula salival. El señor Sánchez sólo asistió al respectivo hasta el 22 de febrero de 1993, en cuya oportunidad, el reporte de medicina nuclear diagnóstico glomus carotídeo, y el volumen de la masa había aumentado aproximadamente a 8 x 6 cms. En la consulta realizada el 5 de abril siguiente se ordenó arteriografía y exámenes prequirúrgicos, y a continuación el 13 de mayo de 1993 fue hospitalizado. Esta lesión de origen eminentemente vascular en la medida que aumenta de tamaño, el número de vasos que lo nutren aumenta notoriamente y el procedimiento quirúrgico es más complicado e incrementa la posibilidad de morbilidad (fl. 48, c. 2).

El paciente ingreso al Hospital Militar el 13 de mayo en buen estado general y el 18 de mayo siguiente fue practicada una cervicotomía en J y resección de glomus carotídeo izquierdo que se extendía por detrás de la carótida primitiva y la bifurcación de la misma acompañado de la carótida interna hasta el cráneo de 6 x 8 centímetros aproximadamente, procedimiento que consistía en que una vez realizada la incisión quirúrgica, se identifican todas las estructuras vasculares y nerviosas, se reseca cuidadosamente la masa liberándola progresivamente de las estructuras vitales (arterias, nervios y músculos) los cuales están comprometidos y se procede a desprender el tumor de la arteria carótida, una vez extraído se envía a patología para su análisis. Estos tumores a veces se adhieren tanto que involucran el espesor de los vasos, lo cual hace muy delicado el desprendimiento y el manejo de la hemorragia.

En principio, la evolución del post operatorio fue satisfactoria, sin hematomas, dificultad respiratoria, ni sangrado por herida quirúrgica. Al día siguiente a las 11:00 a.m., de manera súbita presentó deterioro de su estado general, con desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo, hemiparesia facio bronquial crural derecha, afasia motora y dificultad para entender y ejecutar órdenes sencillas, por lo cual se interpretó el cuadro como embolización.

Fue llevado nuevamente a cirugía el 19 de mayo de 1993, por trombosis de carótida interna izquierda realizándose embolectomía, encontrando placa arterioesclerótica con formación de coágulos, por lo tanto fue manejado en la unidad de cuidados intensivos con anticoagulación y ventilación mecánica, continuando con hemiparesia derecha, afasia motora y coma superficial vigil. Se tomó TAC el 31 de mayo encontrando múltiples infartos cerebrales correspondientes a una isquemia cerebral. La evolución en la unidad fue complicada por sobreinfecciones pulmonares y reaccionó levemente.

De las pruebas recaudadas se concluye que el accidente isquémico se originó en el desprendimiento de placas ateromatosas y por la presencia de pequeños coágulos que forman un trombo y obstruye el flujo sanguíneo al cerebro.

Esta isquemia cerebral que limitó totalmente el funcionamiento de los órganos vitales del paciente y lo redujo a una incapacidad física del 100%, sin duda tiene estrecha relación con el procedimiento quirúrgico consistente en cervicotomía en J y resección de glomus carotídeo izquierdo practicada en el Hospital Militar, pero tampoco hay duda que dicha intervención era de altísimo riesgo, no sólo por las características que revestía esta lesión de origen eminentemente vascular que comprometía los órganos de irrigación cerebral debido del tumor que se extendía hasta la base del cerebro, sino porque aun siendo el procedimiento quirúrgico adecuado se presentó con posterioridad un desprendimiento de la placa ateromatosa o arterioesclerótica, accidente que si bien es previsto no pudo ser prevenido porque implicaría que en la intervención se obstruyera totalmente la arteria carótida que conllevaría a un accidente cerebro vascular de consecuencias impredecibles, tal como se desprende de la explicación científica dada por el jefe de cirugía Dr. Julio Alberto Nieto Silva (fl. 48, c. 2).

Lo anterior, permite tener claridad en cuanto a los riesgos que implicaba este tipo de cirugía consistentes en hemorragia post operatoria, formación de coágulos, desprendimiento de la placa ateromatosa o arterioesclerótica, los cuales producen isquemia cerebral.

Este análisis conduce a despejar cualquier duda en cuanto al tipo de intervención desarrollado, primero porque los facultativos que asistieron al paciente en todo el proceso pre a post quirúrgico estaban altamente calificados. El Dr. Julián Castiblanco, a la fecha en que se produjeron los hechos era el profesional con más amplia experiencia en este tipo de cirugías de cuello en el Hospital Militar, el equipo, los recursos técnicos, científicos, físicos y humanos fueron los aconsejados por la ciencia moderna. Aun el procedimiento anestesiológico no tuvo complicación alguna y el paciente fue preparado quirúrgicamente, con los exámenes que requiere esta clase de cirugías como se desprende de la historia clínica.

En esta clase de procedimientos, donde la probabilidad de mejoría está limitada por los riesgos propios de la patología, las maniobras aplicadas también se ven limitadas, por lo tanto los facultativos estaban impedidos para garantizar un éxito total de recuperación, debido a la evolución de la lesión, tumor que para la fecha de intervención casi había duplicado su tamaño desde la primera evaluación.

Consentimiento.

Si bien, la atención científica dispensada al demandante fue diligente y la indicada, es del caso analizar el punto relativo al consentimiento que del paciente respecto de su intervención, debe mediar, a fin de exonerar de toda responsabilidad al tratante, y en el caso a la administración. Ya se ha dicho que el consentimiento debe ser ilustrado, idóneo y concreto, previo, y que su prueba corre a cargo del demandado, en atención a la situación de privilegio en que se encuentra fácticamente, para procurar la verdad dentro del proceso.

De otra parte, es preciso insistir en que el derecho a la información, que tiene el paciente, es un desarrollo de su propia autonomía así como de la titularidad que ostenta de su derecho a la integridad, a su salud, y ante todo a su libertad para decidir en todo cuanto compete íntimamente a la plenitud de su personalidad.

Por ello importa el conocimiento sobre las alternativas de tratamiento y de todas las posibles complicaciones que implique el procedimiento o terapéutica al cual va a ser sometido. La decisión que tome el paciente es en principio personal e individual. En ese orden de ideas, la información debe ser adecuada, clara, completa y explicada al paciente; y constituye un derecho esencial para poner en ejercicio su libertad; de lo contrario, ante una información falsa, errónea o incompleta se estará frente a una vulneración de la libertad de decisión del paciente. 

Se tiene entonces que el consentimiento, para someterse a un intervención médico-quirúrgica debe ser expreso, y aconsejable que se documente, y que siempre se consigne su obtención en la historia clínica, debe provenir en principio del paciente, salvo las excepciones consagradas en la ley y atendidas las particulares circunstancias fácticas que indicarán al juez sobre la aplicación del principio.

El consentimiento idóneo se presenta cuando el paciente acepta o rehúsa el procedimiento recomendado luego de tener una información completa acerca de todas las alternativas y los posibles riesgos que implique dicha acción y con posterioridad a este ejercicio tomar la decisión que crea más conveniente.

Para Lorenzetti desde el momento en que el paciente se somete a un tratamiento médico, celebra un contrato expresando su consentimiento y dispone de un derecho personalísimo manifestando su asentimiento. Sin embargo en los actos posteriores de ejecución cuando se requiere una intervención quirúrgica ampliatoria, no vale el consentimiento dado para la primera intervención, lo que resulta claro es que necesita una nueva declaración legitimante del paciente. 

“Sin embargo es revelante señalar que el consentimiento muestra un aspecto contractual en el que la información procura mejorar la capacidad de discernimiento del paciente para decidir sobre opciones que se le presenten, y otro vinculado con la libertad, en la que se hallan implicados sus derechos personalísimos.

Esta formulación tiene importancia jurídica por sus efectos, en materia de capacidad de los menores y en la responsabilidad, ya que la mera lesión a la libertad podrá generar responsabilidad, como veremos más adelante.

Se trata de una apreciación de los bienes jurídicos implicados en cada caso.

Cuando el médico y el paciente se relacionan mediante un contacto social típico se produce un vínculo jurídico que puede ser precontractual, contractual o extracontractual. En estos casos la expresión del paciente es una declaración de voluntad, vinculada con la libertad de contratar. Siendo un acto voluntario se requiere del discernimiento y para que exista se precisa de información suficiente, como veremos más adelante.

En virtud de este consentimiento las partes pueden haberse referido a una serie de actos que importen, además, la afectación de derechos personalísimos. Por ejemplo, si en la visita al médico se acuerda una intervención mutilante, el consentimiento y el asentimiento se confunden.

En cambio, puede ser que haya consentido hacerse estudios y luego de ellos se recomiende una intervención quirúrgica, lógicamente se requiere de una nueva expresión de voluntad del paciente. Sin embargo, ello será necesario sólo si la intervención es importante y lesiona derechos personalísimos(8).

Así, y descendiendo al caso particular se tiene que Luis Alfredo Sánchez el 5 de abril de 1993, consultó nuevamente la unidad, expresó que la masa había aumentado de tamaño con presencia de dolor en la movilización cervical. El diagnóstico, después de las pruebas de medicina nuclear, corroboró glomus carotídeo izquierdo y el plan sugerido “fue cirugía y arteriografía” (fl., c. 2).

A continuación el 13 de mayo de 1993 el demandante ingreso al establecimiento hospitalario y expresamente consintió en someterse a todos los procedimientos médicos y paramédicos necesarios (fl. 3, c. 2)

Igualmente se obtuvo autorización expresa del señor para practicar todo el procedimiento radiológico.

De lo recaudado se evidencia que en las sucesivas oportunidades en que el demandante entró en contacto con sus médicos tratantes, fue requerido y consintió en los procedimientos (fl. 3, c. 2), lo mismo que para la radiología, sin que se evidencie por ningún medio probatorio ni documento ad hoc, ni historia clínica, ni testigos salvo un dicho aislado, que se hubiere advertido al paciente sobre los riesgos que implicaba tan delicada intervención, que si bien propios de ella y que en caso de asumirse eran para beneficio de aquél, no por ello podían dejar de informarse por parte del cirujano.

El consentimiento que exonera, no es el otorgado en abstracto, in genere, esto es para todo y para todo el tiempo, sino el referido a los riesgos concretos de cada procedimiento; sin que sea suficiente por otra parte la manifestación por parte del galeno en términos científicos de las terapias o procedimientos a que deberá someterse el paciente, sino que deben hacerse inteligibles a éste para que conozca ante todo los riesgos que ellos implican y así libremente exprese su voluntad de someterse, confiado a su médico.

En este orden de ideas, y conocidos los resultados, que por cierto sirven de fundamento a esta demanda, habrá de condenarse a la demandada por falla en la administración del servicio, que se repite, no consiste en falencia en la atención diligente y científica, sino por la omisión en el deber de información al paciente, hecho que le impidió optar por someterse o rehusar la intervención médica y con ello perdió la oportunidad de no resultar afectado por una intervención que podía aceptar o no. 

El perjuicio es una condición para la reparación, y debe ser directo, actual y cierto. No obstante se acepta la indemnización del daño futuro y por ello el tema se centra en la certidumbre del daño, a cuyo lado se desarrollan temas como el perjuicio virtual o el perjuicio eventual, ya con una existencia potencial o probable. El eventual es una expectativa, es una hipótesis. Cuando el daño existe al momento del juicio no hay dificultad, pero la jurisprudencia admite indemnizar el perjuicio futuro cuando es virtual, esto es prolongación directa y probable de un estado actual susceptible de una evaluación inmediata. Así, se repara la disminución de la capacidad laboral inherente a las heridas de la víctima aunque su remuneración no se haya visto reducida.

Así ocurre en materia de pérdida de oportunidad y en cada caso se impone el examen de los hechos que permita calificar el daño. La pérdida de oportunidad en ocasiones es un perjuicio actual y en otras un perjuicio futuro. Invocada la posibilidad de un perjuicio cuya realización no puede constatarse, la incertidumbre subsistirá por siempre pero la oportunidad existía, se perdió y en forma definitiva. Hipótesis en el terreno judicial suelen concebirse como la del abogado que no apeló y por ello se perdió la oportunidad de éxito en el recurso. Si la oportunidad aparece como nula o prácticamente nula el perjuicio se limita a los gastos resultantes para el cliente por el error cometido por el responsable.

La pérdida de una oportunidad como perjuicio futuro siendo creíblemente irremediable también puede implicar repercusiones futuras, porque o bien se prolonga en el tiempo como la pérdida de la posibilidad de una situación superior, o de una curación, o de obtener asistencia alimentaria.

La pérdida de la oportunidad de curarse o de sobrevivir se toma en consideración cuando es virtual y atribuible al accidente, en tanto que si ella es apenas eventual no será tenida como reparable: “Si la víctima o sus causahabientes pueden establecer que sus oportunidades de curación hubiesen sido más grandes si el médico le hubiera dispensado cuidados más atentos, ella podría obtener por ese concepto indemnización de daños y perjuicios”(9).

En el caso sub análisis, la oportunidad habría consistido, si no en curarse, sí en no agravarse y mantenerse en el estado en que se encontraba, y que los demandantes valoran como superior a aquél en que el paciente quedó luego de la intervención a la cual fue sometido sin la suficiente ilustración sobre el grave riesgo que corría. 

Perjuicios.

En la demanda se pretendió por indemnización: perjuicios morales, en equivalente a 1000 gramos de oro para el lesionado, la esposa y los hijos; por perjuicios fisiológicos 2000 gramos de oro para el lesionado, y por perjuicios materiales el salario devengado por la víctima o en su lugar, el salario mínimo más el 25% por prestaciones sociales.

Se recuerda que la falla no consistió en la atención médica propiamente dicha, la cual fue diligente y oportuna (ver su copiosa historia clínica contenida en el c. 3), sino en la pérdida de oportunidad del paciente, ampliamente comentada. Esto nos conduce necesariamente a reflexionar sobre el monto de la condena.

Está evidenciada la preexistencia de la afectación en la salud que presentaba el paciente para el 13 de mayo de 1993, día en el cual se cometió la omisión fuente de la responsabilidad. En efecto, en febrero 16 de 1990, el paciente consultó a la institución por presentar “masa en región submaxilar izquierda de aproximadamente 5 x 4 cms.” en febrero 22 de 1993 asistió nuevamente, fecha en la cual se le diagnosticó glomus carotídeo” el 5 de abril de 1993 “la masa mide aproximadamente 8 x 6 cms.”, y ello hizo tomar la decisión médica de citarlo para cirugía el 13 de mayo de 1993 (of. 569 de mar. 6/95, c. 3).

El dictamen 730-MJ del 12 de diciembre de 1995 rendido por el médico subdirector control de invalidez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, informa:

“Me refiero al caso médico-laboral del señor Luis Alfredo Sánchez, para comunicarles que la evaluación de todos los antecedentes obrantes en autos permiten establecer que el accionante presenta secuelas neurológicas de enfermedad vasculocerebral gangliobasal izquierda secundaria a múltiples infartos. Esta condición clínica le determina una invalidez del cien (sic) por ciento (100%)” (fl. 42, c. 2).

Entonces, tomando como referencia el ya deteriorado estado de salud presentado por Luis Alfredo Sánchez antes del 13 de mayo de 1993, y el dictamen médico laboral rendido con posterioridad, la Sala, en aplicación del principio de arbitrio judicial, considera justo y proporcional al 50% del perjuicio causado, reconocer a los demandantes las siguientes sumas:

Por perjuicios morales:

• Para Luis Alfredo Sánchez, la cantidad equivalente a 28.85 salarios mínimos legales mensuales, que a la fecha corresponden a $ 8.251.224.

• Para Martha Liliana Quintero de Sánchez, Sandra Milena Sánchez Quintero, Andrea Carolina Sánchez Quintero y Juan Carlos Sánchez Quintero, la cantidad equivalente a 14.42 salarios mínimos legales mensuales, que a la fecha corresponden a $ 4.125.550, para cada uno de ellos.

Por daños a la vida de relación:

• Para Luis Alfredo Sánchez, la cantidad equivalente a 54.09 salarios mínimos legales mensuales, que a la fecha corresponden a $ 15.471.045.

Por perjuicios materiales:

• Para Luis Alfredo Sánchez, el 50% del valor del salario mínimo legal vigente para 1993, ($ 81.510), es decir, $ 40.755. Tomando esta suma como base para la condena, se liquidarán el período vencido o consolidado y el futuro o debido, previa la actualización de tal suma, así:

Fecha nacimiento demandante: 18 de julio de 1945 (fl. 1, c. 2)

Porcentaje a tener en cuenta: 50%

Fecha de los hechos: 13 de mayo de 1993.

Actualización de la base: $ 40.755

S1270-1
 

a) Indemnización consolidada. Desde mayo de 1993 hasta la fecha de esta sentencia (sept. de 2001), esto es 100 meses, utilizando la siguiente fórmula:

Base: $ 137.752

S1270-2
 

b) Indemnización futura. Desde el 1º de octubre de 2001 hasta el término de la vida probable de la víctima, la cual nació el 18 de julio de 1945; para la fecha cuenta con 56 años y 2 meses, con una expectativa de vida de 22.11 años, esto es hasta noviembre del año 2023, lo que a partir de la fecha corresponde a 265 meses, utilizando la siguiente fórmula.

S1270-3
 

Total perjuicios materiales: $ 45'991.260

Resumen perjuicios

DemandanteMorales (smlv)Materiales ($)Daño vida de relación (smlv)
Luis Alfredo Sánchez28.85$ 45'991.26054.09
Martha Liliana Quintero de Sánchez14.42————
Sandra Milena Sánchez Quintero14.42————
Andrea Carolina Sánchez Quintero14.42————
Juan Carlos Sánchez Quintero14.42————
Total86.53$ 45'991.26054.09

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera— el 18 de julio de 1996, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, y en su lugar SE RESUELVE:

1. DECLARAR administrativamente responsable al Hospital Militar Central, de los daños y perjuicios ocasionados a Luis Alfredo Sánchez, con motivo de la pérdida de oportunidad representada en la omisión a comunicarle los riesgos de la intervención médico-quirúrgica que le fue practicada el 13 de mayo de 1993.

2. DECLARAR administrativamente responsable al Hospital Militar Central de los perjuicios morales causados a Martha Liliana Quintero de Sánchez, Sandra Milena Sánchez Quintero, Andrea Carolina Sánchez Quintero y Juan Carlos Sánchez Quintero por las mismas circunstancias y hechos padecidos por la víctima, en su condición de esposa e hijos de Luis Alfredo Sánchez.

3. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital Militar Central a pagar las siguientes indemnizaciones:

a) Por perjuicios morales a favor de Luis Alfredo Sánchez, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a 28.85 salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a ocho millones doscientos cincuenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($ 8'251.214) moneda legal colombiana.

b) Por el daño a la vida de relación a favor del mismo demandante Luis Alfredo Sánchez, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a 54.09 salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a quince millones cuatrocientos setenta y un mil cuarenta y cinco pesos ($ 15'471.045) moneda legal colombiana.

c) Por concepto de perjuicios materiales a favor de Luis Alfredo Sánchez, la suma de cuarenta y cinco millones novecientos noventa y un mil doscientos sesenta pesos ($ 45'991.260) moneda legal colombiana.

d) Por concepto de perjuicios morales a favor de Martha Liliana Quintero de Sánchez, en su condición de esposa de la víctima, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a 14.42 salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a cuatro millones ciento veinticinco mil quinientos cincuenta pesos ($ 4'125.550) moneda legal colombiana.

e) Por perjuicios morales, a favor de Sandra Milena Sánchez Quintero, Andrea Carolina Sánchez Quintero y Juan Carlos Sánchez Quintero, en su condición de hijos de la víctima directa de las lesiones, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a 14.42 salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de esta sentencia corresponde a cuatro millones ciento veinticinco mil quinientos cincuenta pesos ($ 4'125.550) moneda legal colombiana, para cada uno de ellos.

4. El Hospital Militar Central cumplirá la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirán copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. DEVOLVER el proceso al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, presidente de la Sala—Jesús M. Carrillo ballesterosGermán Rodríguez VillamizarMaría Elena Giraldo GómezAlier E. Hernández Enríquez.

1 29 de mayo de 1951, BL Nº 162, cit. por Huguete Le Foyer De Costil, en Rapport Public 1998, reflexión sur le droit de la Santé. Estudios y documentos Nº 49. Conseil d´Etat.

2 Primera Sección, 25 de febrero de 1997, B1 Nº 75.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1994 de 12 de septiembre de 1994, expediente T-36771.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1992, exp. 6897.

5 Artículo 90, inciso 2º C.P. Culpa grave o dolo probados.

6 La responsabilidad de los centros de asistencia médica privada y del personal médico y paramédico a su servicio. Tesis Universidad Externado de Colombia, 1989, C. Patricia Molano, Bogotá, Colombia.

7 Lorenzetti, Ricardo Luis. Responsabilidad Civil de los Médicos. Tomo 1, págs. 441 y 442.

8 Lorenzetti, Ricardo Luis, ob. cit.

9 La Responsabilité Civile, Philippe Le Tourneau, Dalloz, 1972, pág. 112.