Sentencia 12719 de mayo 10 de 2001

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1992-8344-01 (12719)

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Carmen Alicia Bello De Ruiz

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia

Bogotá, D.C. diez de mayo de dos mil uno

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 4 de julio de 1996, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

Por intermedio de apoderado judicial, la señora Carmen Alicia Bello de Ruiz formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de octubre de 1992 (la cual corrigió el 15 de marzo de 1993), en contra de la Nación - Ministerio de Justicia, a efecto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera, Que la Nación representada por el Ministerio de Justicia (rama jurisdiccional) es responsable de los perjuicios ocasionados a mi poderdante como consecuencia de la falla en el servicio de la administración de justicia, con ocasión de la adjudicación que se le hiciera de unos bienes en la diligencia de remate llevada a cabo por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. el día 16 de febrero de 1990 dentro del proceso ejecutivo adelantado por Andrés Rivera contra Mohamad Khalin Mustafá.

“Segunda. Que como consecuencia de tal declaración se condene a la Nación - Ministerio de Justicia (rama jurisdiccional) a reconocer y pagar a mi poderdante a título de indemnización los intereses comerciales más la corrección monetaria o indexación certificada por el Banco de la República sobre la suma de $ 12.080.870 (doce millones ochenta mil ochocientos setenta pesos), durante el tiempo que permaneció consignada a órdenes del Juzgado 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., así como los intereses comerciales y corrección monetaria de dichas sumas hasta la fecha en que efectivamente sean canceladas por la demandada.

“Tercera. Se condene igualmente a la Nación - Ministerio de Justicia (rama jurisdiccional) al pago de los perjuicios materiales incluido el daño emergente y el lucro cesante, ocasionados como consecuencia de la revocatoria de la adjudicación de los inmuebles rematados por mi cliente en la diligencia practicada por el Juez 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. el 16 de febrero de 1990”.

En el escrito de corrección de la demanda, el apoderado aclaró que la cuantía de las pretensiones era superior a $ 15.000.000, pues “la indemnización cuyo reconocimiento se pretende comprende no solamente el reconocimiento de intereses y corrección monetaria generados por las sumas consignadas a órdenes del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, sino también el resarcimiento de los perjuicios materiales ocasionados”.

2. Fundamentos de hecho.

a. El día 4 de julio de 1980, el señor Andrés Rivera demandó en proceso ejecutivo al señor Mohamad Khalin Mustafá ante el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá. En dicho proceso se decretó el embargo y secuestró de los siguientes bienes inmuebles: un lote y la casa sobre él construida, ubicado en la calle 1ª D No. 27ª-04 de Bogotá y los lotes 116,117 y 118 del plano de loteo Santa Bárbara, hacienda Molinos, de esta misma ciudad.

b. Mediante memorial presentado el 27 de agosto de 1984, el apoderado del demandado en el proceso referido, advirtió que los lotes 116, 117 y 118 objeto de la medida cautelar le pertenecían solo en un 50%, pues los poseía en común y proindiviso con el señor Said Mahud. Por esta razón, el juez ofició al registrador de instrumentos públicos de Bogotá para aclarar el embargo.

c. A pesar de esta situación, el remate se decretó sobre el 100% de los bienes inicialmente embargados, sin tener en cuenta que el ejecutado solo era propietario del 50% de los lotes ya relacionados.

d. Con el interés de participar en el remate la señora Carmen Alicia Bello de Ruíz consignó el día 16 de febrero de 1990 la suma de $ 5.000.000, correspondiente a dos consignaciones: una por $ 3.500.000 y otra por $ 1.500.000. Como los bienes le fueron adjudicados en el remate la señora Bello de Ruíz consignó el día 20 del mismo mes, el valor restante de los mismos, esto es $ 7.080.870, distribuidos en dos consignaciones: una por $ 6.729.000 y otra por $ 351.870.

e. Mediante auto de 30 de noviembre de 1990, el Juez 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá declaró la nulidad del remate porque el demandado solo era propietario del 50% del bien inmueble. Decisión que fue confirmada mediante providencia del 16 de agosto de 1991 por el Tribunal Superior de Bogotá que conoció de la apelación interpuesta por la adjudicataria.

f. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del remate, el 1º de noviembre de 1991, el juzgado entregó a la señora Bello de Ruíz los títulos correspondientes a la devolución de las sumas consignadas.

3. La sentencia recurrida.

Consideró el tribunal que no había lugar a acceder a las pretensiones formuladas por la parte actora porque la entidad demandada no incurrió en falla del servicio por error judicial, dado que:

a) “La actuación judicial fue correcta y acorde con las normas de procedimiento; solo al momento de elaborarse el aviso para la publicación, el empleado encargado de hacerlo omitió aclarar que el inmueble a rematar era el derecho que tenía el demandado, esto es, un 50% del mismo. Sin embargo, se dejó claro en el aviso de remate que el valor del avalúo era de $ 6.720.000, esto es, el valor del 50% del inmueble relacionado. Así las cosas, la actuación del juez al practicar la diligencia de remate era procedente por cuanto el aviso dispuso la venta del bien, sin indicar que era solo un derecho, omisión que por sí sola no logra producir la falla que se imputa”.

b) “La declaración de la nulidad del remate desde el punto de vista legal está acorde con las normas pertinentes, cualquier otra decisión hubiere constituido una providencia contraria a derecho. Precisamente el Tribunal Superior, considerando que se daban los elementos de juicio suficientes para la declaratoria de nulidad, confirmó la decisión de primera instancia”.

c) “Tampoco se puede endilgar un funcionamiento deficiente del administrador de justicia, pues en la relación de pruebas se dejó claro que el incidente pedido por el demandado fue tramitado con el cumplimiento de todas las etapas que exige el Código de Procedimiento y dentro de un período normal”.

d) “Hay prueba dentro del proceso que demuestra que la demandante conocía de mucho tiempo atrás a la última diligencia de remate los pormenores del proceso, pues el pretender acceder a una diligencia en pública subasta le imponía conocer el expediente y enterarse de todo lo relacionado con el bien objeto de remate. Es decir, debió conocer el certificado de tradición, la diligencia de secuestro, el dictamen pericial, documentos estos en donde consta expresamente que el demandado solo era propietario del 50% del inmueble”.

Dos de los magistrados que integraron la Sala del Tribunal salvaron el voto por considerar que el Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá “incurrió en errores constitutivos de una falla en la prestación del servicio que dieron origen, con relación de causa a efecto, a que los dineros depositados por la actora permanecieran inactivos, sin reportar utilidad alguna y sufriendo, por el contrario, la depreciación monetaria de todos conocida en nuestro medio, disminuyéndose el valor real de las sumas, de manera que sufrió un perjuicio que no tiene porque soportar siendo por tanto, indemnizable en los términos del artículo 90 de la Constitución Política”.

Agregaron que “la sentencia, para negar las pretensiones parte del supuesto de que la actuación del juez fue legal al anular el remate y este aspecto es indiscutible, pero olvida que el trámite del incidente de nulidad se originó precisamente en los errores ya anotados y que sin ellos la demandante no hubiera sufrido perjuicio alguno, razón para que se accediera a sus pretensiones”.

4. Razones de la apelación.

Afirma la apoderada de la parte demandante que en la providencia recurrida se “desconoce no solo los principios que estructuran la responsabilidad del Estado colombiano sino también la realidad objetiva y cabalmente demostrada en el proceso”.

En su criterio, el A quo incurrió en varios errores en la providencia: “apreció erradamente que todos los bienes, casa y lotes, fueron objeto del error del juzgado cuando el error se circunscribía exclusivamente a la propiedad de los lotes; atribuye a diligencia del juez la aclaración del embargo a la oficina de registro cuando lo cierto es que el mismo ejecutado y el tercero perjudicado con la medida le replicaron sobre la inscripción, así que este debió proceder a solicitar la aclaración de la oficina de registro, hecho que sumado al dictamen pericial, demuestra el suficiente conocimiento respecto a la propiedad de los lotes, con lo cual el error se hace inexcusable, pretende exonerar de culpa a la administración de justicia aduciendo una supuesta culpa de la víctima al decir que esta conocía de tiempo atrás el expediente y se supone que había estudiado los títulos, el certificado de tradición, la diligencia de secuestro y el dictamen. Lo anterior es un hecho cierto pero anótese que doña Alicia Bello en ningún momento reclamo que se le reconociera a su favor un porción mayor de bienes a la por ella cancelada, igualmente no fue ella quien determinó que el remate de los lotes se efectuaría respecto del 100% del derecho de dominio; es más, nótese que su inconformidad al conocer la decisión de anular el remate se circunscribía a que ha debido respetarse su derecho en la adjudicación de la casa, no de los lotes, por haber hecho postura separada sobre esta y sobre la cual no recaía el error”.

Añade que en el caso concreto se produjo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un error jurisdiccional, pues se decretó equivocadamente el remate de la totalidad del derecho sobre unos lotes, cuando solo podía ser objeto de la decisión el 50% de tales derechos y se adjudicó a la demandada los bienes con el consecuente perjuicio que la nulidad de los actos le acarreó por la retención por casi dos años de las sumas que depositó para el efecto. Pero además de dicho error, se incurrió en una dilación injustificada de la actuación procesal, por el amplio término que se tardó el pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad del remate y el trámite de la apelación, contraviniendo lo establecido en el artículo 124 del CPC. Los demás requisitos para la procedencia de la reparación se hallan cumplidos, pues la víctima del daño interpuso oportunamente los recursos legales y las providencias en las cuales se incurrió en el error están en firme.

5. Actuación en segunda instancia.

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones hicieron uso las partes. La apoderada de la demandante reitera los argumentos expuestos en el escrito de impugnación de la sentencia.

El apoderado de la entidad demandada por su parte, solicita la confirmación del fallo con los siguientes fundamentos: a) la jurisdicción civil actuó en el caso concreto conforme a derecho al declarar la nulidad del remate; b) en el proceso ejecutivo adelantado ante la jurisdicción ordinaria no se incurrió en ninguna falla del servicio. Por lo tanto, no existe relación causal entre la actuación judicial y el daño aducido por la demandante; c) las disposiciones procesales pertinentes obligaban a la demandante a revisar el proceso correspondiente. Sin embargo, a pesar de la oportunidad que la misma tuvo para percatarse del error, no dio aviso al despacho, lo cual permite presumir que no obró con la lealtad procesal que debía hacerlo; d) “al no señalarse la omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia imputable al funcionario que hoy representa el Ministerio de Justicia y de la cual pueda establecerse la relación de causalidad entre la falla y el daño, es de fuerza concluir la inexistencia de la obligación de la Nación de reparar el supuesto daño ocasionado” y e) “El hecho de que la actora se haya precipitado a actuar como dueña del predio sin que hubiera dado espera a que la decisión de aprobación del remate hubiera quedado en firme, es una conducta imputable con todas sus consecuencias a la misma”.

Consideraciones de la Sala

I. Está acreditado en el expediente que el señor Andrés Rivera inició ante el Juzgado18 Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo en contra del señor Mohamed Khalin Mustafá, en el cual se decretó el embargo de los siguientes bienes inmuebles: “Bien ubicado en la calle 1ª D Nº 27ª - 04, barrio Santa Isabel de Bogotá” y el derecho que el demandado posea sobre el globo de terreno del potrero Santa Barbara, de la hacienda Los Molinos, con área de (…) 4.480 mts. mejorado con horno para cocción de ladrillo, cuarto para trabajadores y demás instalaciones, inmueble ubicado en esta ciudad, zona Usme”, según los despachos comisorios 048 del 1º de noviembre de 1987 y 0275 del 30 de junio de 1987 (fls. 635 y 658-659 C-2).

El apoderado del demandado solicitó al juez aclarar al Registrador de Instrumentos Públicos que la medida cautelar impuesta sobre el inmueble denominado Los Molinos solo afectaba el 50% del bien por ser ese el porcentaje que poseía el señor Mohamed Khalin sobre el mismo (fl. 155 C-1). Petición que fue atendida por el juez, quien en tal sentido oficio al registrador de instrumentos públicos de esta ciudad (fl. 156 C-1).

Posteriormente, el señor Enrique Cifuentes, en su calidad de cesionario del derecho litigioso solicitó el secuestro y avalúo de los bienes embargados (fls. 20 y 35 C-1). Diligencias que fueron ordenadas por el Juez 18 Civil del Circuito mediante autos del 12 de junio y del 8 de octubre de 1987 (fl. 20, vto. Y 36 C-1). El secuestro de los bienes fue realizado por las inspecciones dieciocho A y catorce B distritales de policía de Bogotá, el 24 de agosto y el 2 de diciembre de 1987, respectivamente (fl. 29 y 48 C-1).

Los bienes fueron avaluados por los peritos en $ 6.720.000 y $ 16.738.000 respectivamente, teniendo en cuenta los derechos que tenía el demandado en las propiedades demandadas, es decir, con la deducción del 50% del derecho en el lote Los Molinos (fls. 53-56 y 60 C-1).

El primer aviso de remate fue fijado el 12 de julio de 1987 y en este se señaló el 31 de julio de 1989 como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate y además se estableció que era postura admisible la que cubriera el 70% del avalúo total de los bienes, previa consignación del porcentaje legal (fls. 73-74 C-1).

La diligencia de remate fue fijada nuevamente el 27 de octubre de 1989, para llevarse a efecto el 22 de noviembre de 1989 y en esta se señaló como postura admisible la que cubriera el 50% del avalúo total de los bienes, previa consignación del porcentaje legal (fls. 84-85 C-1).

Finalmente, en el aviso de remate fijado por el juzgado el 16 de enero de 1990 (fls. 9697 C-1), se señaló el día 16 de febrero de 1990 para llevar a cabo la diligencia de remate de los siguientes bienes: “1) un globo de terreno formado por los lotes 116, 117 y 118 del plano del lote denominado potrero Santa Bárbara de la hacienda Los Molinos, con un área aproximadamente (de) 6.922, 57 Vs2, equivalente a 4.480 mts2(…). El anterior inmueble fue avaluado pericialmente en la suma de seis millones setecientos veinte mil pesos mcte. ($ 6.720.000). 2) Una casa de habitación ubicada en la calle 1ª D Nº 27a-04, junto con el lote de terreno donde se halla construida. El anterior inmueble fue avaluado pericialmente en la suma de dieciséis millones setecientos treinta y ocho mil pesos mcte ($ 16.738.000). Será postura admisible la que cubra el 50% por ciento del avalúo total dado a los bienes, previa consignación del porcentaje legal”.

En la diligencia de remate efectuada el 16 de febrero de 1990 (fl. 98 C-1), la señora Carmen Alicia Bello de Ruíz fue postora única y ofreció por los bienes la suma de $ 11.729.000, para lo cual presentó los títulos 3178089 por $ 3.500.000 y 3178087 por la suma de $ 1.500.000 (fls. 170-171 C-1). El juzgado le adjudicó los bienes en la suma ofrecida por estos. Para completar el precio, la adjudicataria consignó en Banco Popular el 20 de febrero siguiente las sumas de $ 6.729.000 y $ 351.870, según la copia de los títulos 3180107 y 3180105 que obran en el expediente (fls. 168-169 C-1).

Mediante providencia del 30 de noviembre de 1990, el juzgado 18 declaró la nulidad del remate efectuado el 16 de febrero anterior y se ordenó devolver a la interesada las sumas consignadas (fls. 139 C-1). Dicha decisión tuvo como fundamento la irregularidad del aviso y las publicaciones, pues se anunció en el primero “el remate de „un globo de terreno formado por los lotes 116, 117 y 118 del plano de loteo denominado potrero Santa Bárbara de la hacienda Los Molinos‟, sin especificar que no se trataba de la totalidad del inmueble sino del 50% que es lo correspondiente a los derechos del ejecutado. Anomalía que igualmente se refleja en el acto de la licitación al realizarse esta y hacerse la adjudicación por la totalidad del citado bien”.

Interpuestos los recursos de ley contra dicha providencia, el Juzgado decidió, mediante auto del 31 de enero de 1991 no reponerla (fls. 152-153 C-1). Añadió en esa oportunidad que no era procedente “aprobar el remate únicamente por el 50% del referido inmueble porque el auto aprobatorio del remate debe estar en concordancia con la diligencia de remate y por ende con la adjudicación efectuada en ella, esto es, que se apruebe el remate tal y como fue efectuado o se invalide pero no se puede seccionar aprobando una parte e improbando la otra”.

De igual manera, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, mediante auto del 16 de agosto de 1991 resolvió confirmar la providencia apelada (fls. 175-178 C-1), por considerar que:

“En el caso de autos, lo que se dio a conocer al público con el aviso fueron unos datos errados sobre uno de los dos inmuebles en lugar del informe verídico que exige la ley. En efecto, anunció el remate de la totalidad de los lotes 116 - 117 y 118, en lugar de anunciar el remate del 50% de los derechos que le correspondían al demandado. Y por si fuera poco se le avisó al público que el avalúo de la totalidad de los lotes era $ 6.720.000, cuando esta suma equivalía a la mitad del valor total. Lo que implicaba un engaño más para el posible público interesado en el remate.

“No habiéndose elaborado el aviso, de acuerdo con lo que estrictamente ordena la ley en su artículo 525, el remate realizado el 22 de febrero de 1990, quedó afectado de nulidad, tal como lo declaró el A quo, a petición de la parte interesada, como era el demandado.

(…)

“La Sala encuentra válida la razón del A quo (…) en cuanto a que no es procedente aprobar el remate parcialmente, es decir, porque el rematante hizo una única postura por los dos bienes, desde el principio de la diligencia; en efecto, ofreció la cantidad de $ 11.729.000, por el total de los dos bienes: casa y lotes. Y el juzgado, a su vez hizo en igual forma la adjudicación de la totalidad de los dos inmuebles, incurriendo en la misma equivocación del aviso, lo anterior impide aprobar una parte e improbar otra. Caso diferente hubiera podido suceder si el postor hace la licitación por separado para cada uno de los inmuebles”.

Según el oficio remitido por el Juez 18 Civil del Circuito de Bogotá al gerente del Banco Popular, sección de depósitos judiciales de esta misma ciudad, el 1º de noviembre de 1991, se ordenó reintegrar a la señora Bello de Ruíz las sumas depositadas con el fin de adquirir los inmuebles objeto de remate (fl. 108 C-1).

La demandante solicitó a través de su apoderado, en el trámite del incidente de nulidad del remate que la adjudicación de los lotes se hiciera por el 50% que era el porcentaje que sobre el bien poseía el demandado en ese proceso, o que al menos se le adjudicara la casa en relación con la cual no se había presentado ningún vicio (fls. 216218 C-2).

II. Con las pruebas que obran en el expediente queda demostrado que la demandante consignó a órdenes del Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá los días 16 y 20 de febrero de 1990 una suma total equivalente a $ 11.729.000, con el objeto de adquirir los inmuebles sometidos a remate dentro del proceso ejecutivo iniciado por el señor Andrés Rivera contra el señor Mohamad Khalin Mustafá y como consecuencia de la declaratoria de nulidad del remate, esa suma le fue reintegrada el día 1º de noviembre de 1991.

Se demanda la reparación de los perjuicios que sufrió la demandante durante el tiempo en que su dinero permaneció inactivo por causa del error cometido en el aviso de remate. En otros términos, se reclama la indemnización de los perjuicios producidos con ocasión de una falla del servicio de justicia.

Con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la Corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional.

Por fallas del servicio judicial fue condenada la Nación en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios. En providencia de la Sección del 24 de agosto de 1990, expediente: 5451, se consideró:

“Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el A quo, ha aceptado la responsabilidad del Estado por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial”.

En lo que se relaciona con el error judicial frente a decisiones jurisdiccionales propiamente dichas hay que advertir que la jurisprudencia de la corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que dicho error no comprometía la responsabilidad del Estado porque era un riesgo a cargo del administrado, “una carga pública a cargo de todos los asociados”(1), en aras de la seguridad jurídica y que en este campo solo tenía aplicación la responsabilidad personal del juez, siempre y cuando se tratara de un error inexcusable (art. 40 CPC).

De manera excepcional se llegó a reconocer la responsabilidad del Estado por error judicial en los eventos en los cuales la decisión pudiera asimilarse a una vía de hecho. En providencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 16 de diciembre de 1987, Exp: R-01, se consideró:

“(…) pero otra cosa es cuando el juez, aún dentro del ejercicio de sus funciones, acude a las vías de hecho o irregulares de todas maneras y causa lesión a una de las partes o a su apoderado, o a un auxiliar de la justicia, o a un tercero en general. No es esta, entonces, una simple responsabilidad personal del juez, sino una manifestación evidente de que tan importante servicio público o cometido esencial ha fallado en su funcionamiento, que compromete indudablemente al Estado. Exigirle al administrado víctima del desborde público, que tenga que individualizar al protagonista mismo de la función mal prestada y enderezar y obtener de este la digna reparación, implica regresar los avances del derecho público a los años de la franca irresponsabilidad estatal”.

Sin embargo, la resistencia de la corporación a reconocer la reparación de perjuicios por el error judicial no estaba fundamentada en limitaciones de carácter positivo. Por el contrario, existían fundamentos supralegales que permitían acceder a las pretensiones que en tal sentido fueran formuladas por los demandantes.

En efecto, aunque la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares, el artículo 16 de la misma consagraba el deber de las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, disposición que sirvió de fundamento a la jurisprudencia para deducir el deber estatal de responder patrimonialmente por los perjuicios causados a los particulares con sus actuaciones u omisiones.

En vigencia ya de la Constitución de 1991 el campo de la responsabilidad del Estado por la función judicial ha logrado un mejor desarrollo. En un caso similar al que ahora se resuelve, si bien se negaron las pretensiones por considerar que el demandante había incurrido en culpa al haber sido advertido en la misma diligencia de que los bienes objeto de remate habían sido embargados previamente por otro juzgado y no obstante esta circunstancia se arriesgó a participar, sostuvo:

“A pesar de que teóricamente conforme al art. 90 de la Carta no cabe la menor duda de que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resulten dañados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiera caberle al funcionario judicial (…), no es necesario entrar a hacer este tipo de análisis dado que de entrada se deduce que el particular, hoy demandante, quien si bien es cierto era tercero o ajeno al proceso, licitó para participar en la almoneda y advertido de lo que el juez 4º había comunicado, vale decir, que esos bienes objeto del remate jurídicamente quedaban por cuenta y a disposición del juez 19 civil del circuito, asumió el riesgo que pudiera llegar a concretarse en un perjuicio como en efecto ocurrió, al declararse ineficaz en principio el remate y adjudicación que con él se hacía y posteriormente por el Tribunal Superior declarándose la nulidad de dicha diligencia y acto jurídico correspondiente. Entonces mal puede alegar hoy que fue víctima de un error en la prestación del servicio público de justicia”(2).

En providencia del 12 de septiembre de 1996, Exp: 11.092, se condenó al Estado a reparar los perjuicios sufridos por el adjudicatario de unos bienes que fueron rematados en un proceso ejecutivo, a pesar de que contra la sociedad propietaria de estos se adelantaba un proceso de quiebra, lo cual generó la invalidez del remate. En esta oportunidad, la Sala después de señalar la procedencia de la responsabilidad del Estado por las fallas en las que puedan incurrir los jueces y demás funcionarios de la rama judicial, señaló que:

“(…) la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, de anular lo actuado en virtud de la antecedente declaratoria de quiebra guarda relación directa con el hecho omisivo, consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali e imputable al Estado juez. De haberse producido el oficio enunciado de la apertura de la quiebra, el proceso ejecutivo habría sido remitido al Juzgado Tercero Civil del Circuito y en esas condiciones, el rematante lo habría hecho con conocimiento de causa, por lo cual o no estaría demandado y en caso positivo en circunstancias diferentes. No hay pues duda sobre el carácter determinante de la actuación y falla de la administración de justicia respecto de los hechos que a su turno determinan el daño reparable (…). No se observa en el expediente que el demandante rematante hubiera tenido conocimiento de la existencia del proceso de quiebra y que no obstante ello hubiese proseguido en su empeño, caso en el cual pudiera hablarse de culpa exclusiva del afectado”.

Por su parte, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Allí distinguió tres supuestos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68).

A propósito de la distinción entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ha dicho la doctrina española(3) que el error judicial se predica de las actuaciones en las cuales se interpreta y aplica el derecho, en tanto que la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales.

“(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

”En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(4).

Es ese el alcance que tiene el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando define por exclusión el defectuoso de la administración de justicia al señalar que fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, supuestos en los cuales se está frente a una decisión jurisdiccional, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. 

Se destaca que la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no ha sido objeto de discusión y se ha admitido en forma pacífica de tiempo atrás(5).

IV. Considera la Sala que como en el caso concreto el error se cometió en el aviso de remate y no en las providencias del Juez 18 Civil del Circuito de Bogotá y del Tribunal Superior de la misma ciudad que ordenaron la nulidad de la diligencia, en las cuales por el contrario se corrigió dicho error, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados se produjo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia del cual la demandante sufrió un daño antijurídico (art. 90 Constitución Política). La actuación fallida no es constitutiva de error judicial porque en esta no se interpretó el derecho sino que se realizó una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate. 

De acuerdo con lo antes expuesto se considera que a pesar de que los hechos constitutivos del daño ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, no existe impedimento legal para declarar la responsabilidad del Estado por falla en la administración de justicia, porque las normas vigentes para ese momento (art. 16 de la Constitución de 1986) así lo permitían. La referencia al artículo 90 de la Constitución vigente y a la Ley 270 de 1993 solo tiene por objeto destacar una tendencia normativa que está en consonancia con los desarrollos de la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como extranjera.

Por último, se considera que la demandante no incurrió en conducta fraudulenta ni en culpa grave en el hecho pues no participó en la elaboración del aviso de remate y además aceptó haber realizado postura por los derechos que le correspondían al demandado en los bienes secuestrados en el proceso ejecutivo. 

III. En consecuencia, se procederá a reconocer en su favor la indexación y los intereses remuneratorios, pues como lo ha señalado la Sección en repetidas oportunidades, estos rubros “tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital, en tanto que la compensación por depreciación monetaria, según Zannoni, se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufrirá menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño en signo monetario envilecido. Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. De allí que no sería equitativo revaluar y cobrar esa clase de intereses”(6) .

Liquidación:

Actualización de las sumas:

Suma: es el valor consignado por la demandante con el objeto de adquirir los inmuebles en la diligencia de remate.

Período: El lapso durante el cual el dinero permaneció consignado en la cuenta oficial del Banco Popular.

Valor actualizado: el valor de la consignación a la fecha de la entrega, indexada de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

Diferencia: el valor de la depreciación de la moneda, que es el perjuicio sufrido por la demandante, o sea la diferencia entre el valor efectivamente pagado y el que se debió reintegrar a la demandante.

Actualización a la fecha de la sentencia: indexación de la suma debida a la fecha del fallo.

Interés legal: del 6% anual causado desde la fecha en la cual debió hacerse entrega de la indexación hasta la fecha de la sentencia.

a) $ 3.500.000 x 26.26 =5.409.653- 3.500.000 = $ 1.909.653 x 124.11 = $ 9.025.401

16.99 26.26

Intereses legales del capital histórico, indexado, y de la suma debida:

$ 3.500.000x 6% x 1.41 = $ 296.100 x 124.11 = 1.399.428

26.26

$ 1.909.653 x 6% x 9.83 = $ 1.126.313

Total intereses: $ 1.399.428 + $ 1.126.313 = $ 2.525.741

b $ 1.500.000 x 26.26= 2.318.422.- 1.500.000 = $ 818.422 x 124.11 = 3.868.026

16.99 26.26

Intereses legales del capital histórico, indexado, y de la suma debida:

$ 1.500.000 x 6% x 1.41= $ 126.900 x 124.11 = $ 599.755

26.26

$ 818.422 x 6% x 9.83 = $ 482.705

Total intereses: $ 599.755 + $ 482.705 = $ 1.082.460

c)$ 6.729.000x 26.26=10.400.444-6.729.000= $ 3.671.444 x 124.11 = $ 17.351.977

16.99 26.26

Intereses legales del capital histórico y de la suma debida:

$ 6.729.000 x 6% x 1.41 = $ 569.273 x 124.11 = $ 2.690.498

26.26

$ 3.671.444 x 6% x 9.83 = $ 2.165.418

Total intereses: $ 2.690.498 + $ 2.165.418 = $ 4.855.916

d) $ 351.870 x 26.26= 543.856- 351.870 = $ 191.986 x 124.11 = $ 907.364

16.99 26.26

Intereses legales del capital histórico y de la suma debida:

$ 351.870 x 6% x 1.41 = $ 29.768 x 124.11 = $ 140.689

26.26

$ 191.986 x 6% x 9.83 = $ 113.233

Total intereses: $ 140.689 + $ 113.233 = $ 253.922

Total a pagar:

Por indexación$ 9.025.401 + $ 3.868.026 + $ 17.351.977+ $ 907.364 = $ 31.152.768

Por intereses $ 2.525.741+ $ 1.082.460+ $ 4.855.916 + $ 253.922=$ 8.718.039

Total $ 39.870.807

Resumen:

SumaPeríodo de actualizaciónValor actualizadDiferenciaActualizació a la fechanIntereses
legales
$ 3.500.00feb./90 -nov/9$ 5.409.653$ 1.909.653$ 9.025.401$ 2.525.741
$ 1.500.00feb./90 -nov/9$ 2.318.422$ 818.422$ 3.868.026$ 1.082.460
$ 6.729.00feb./90 -nov/9$ 10.400.444$ 3.671.444$ 17.351.977$ 4.855.916
$ 351.87feb./90 -nov/9$ 543.856$ 191.986$ 907.364$ 253.922
Totales$ 31.152.768$ 8.718.039

En cuanto al daño emergente y al lucro cesante que según la demanda se produjeron al haber dispuesto la señora Carmen Alicia Bello “toda la infraestructura necesaria para trasladar y expandir su establecimiento al inmueble que le había sido adjudicado”, se aportaron con el dictamen pericial copia del contrato de arrendamiento de un local comercial celebrado el 30 de septiembre de 1988 entre las señoras Blanca Rodríguez de Useche y Carmen Alicia Bello de Ruíz, por el término de un año y con un canon de arrendamiento mensual de $ 30.000, el cual sería destinado por la arrendataria al funcionamiento de un “centro vegetariano, venta de productos naturales” (fl. 21 C-3); además se allegó copia de una carta dirigida el 20 de febrero de 1990 por la demandante a la arrendadora donde le manifestaba su intención de dar por terminado dicho contrato a partir del 30 (sic) de febrero de ese año, por haberle sido adjudicado otro inmueble en un remate a donde trasladaría su negocio, así como su decisión de pagar la cláusula penal prevista en el mismo (fl. 22 C-2).

Igualmente, se aportó copia de los siguientes pagarés: por valor $ 5.000.000, del crédito otorgado por el Banco Cafetero, el 15 de febrero de 1990, a las señoras Carmen Alicia Bello, Prisila Novoa y Martha Esperanza Bello (fls. 23-24 C-3); por el crédito de $ 4.500.000 otorgado a la señora Carmen Alicia Bello por la Caja Social de Ahorros, el 17 de noviembre de 1989 (fl. 25 C-3) y -por el crédito de $ 3.000.000 en la modalidad: vivienda, contraído por la demandante con la Caja Social de Ahorros , el 27 de noviembre de 1990 (fl. 26 C-3).

Se advierte que aunque la prueba documental relacionada no fue solicitada ni aportada con la demanda, esta puede ser apreciada porque fue allegada con el dictamen, del cual se dio traslado a la parte demandada (fl. 293 C-1) y esta no tachó tales documentos dentro de la oportunidad legal (arts. 238 y 289 C.P.C.).

El señor Melquisedec Bello Mora, padre de la demandante, declaró ante el consulado general de Colombia en Houston (fl. 31-33 C-3), que está en compañía de otras personas poseían “un negocio de productos vegetarianos, ella movía sus cuentas bancarias y hacía sus combinaciones con las cajas de ahorro”; que la sociedad se disolvió en 1991 y que el perjuicio sufrido por esta con ocasión de la declaratoria de nulidad del remate fue la frustración de su interés de “pasar el negocio allá”. Agregó que su hija “tenía sus cuentas en el Banco Cafetero y en instituciones de ahorro, pero nunca supo de préstamos. “En una de las instituciones de la Caja Social de Ahorros sí supe que hizo préstamos. No supe si alguno era para el juzgado o no”.

Ante el consulado general de Colombia en Lima, Perú declaró el señor Orlando Ríos Hortúa (fls. 53-54 C-3), quien manifestó ser amigo y exempleado de la demandante, en el almacén de productos vegetarianos que esta poseía. Afirmó que “ella estaba confiada en su nueva casa para trasladar un almacén vegetariano y ampliar su negocio pero al no adjudicársele la casa tuvo que dejar todos los productos en su casa de habitación donde se le dañaron en su mayoría y prácticamente quebró el negocio”.

Considera la Sala que las pruebas aportadas no demuestran la relación causal entre la declaratoria de nulidad de la diligencia de remate en la que intervino la señora Carmen Alicia Bello y la disminución patrimonial aducida por la demandante porque:

a) aunque en el escrito del 20 de febrero de 1990 se afirmó que la demandante dio por terminado el contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio porque su intención era la de trasladar la actividad comercial al inmueble que pretendía adquirir en la diligencia y además que tuvo que pagar la cláusula penal por dar por terminado el contrato unilateralmente, se considera que tales hechos no fueron debidamente acreditados. Por el contrario, el mismo padre de la demandante manifestó que esta no había continuado con la venta de los productos vegetarianos porque se había disuelto en 1991 la sociedad que ejercía dicha actividad y a la cual pertenecía su hija, pero no afirmó que lo hubiera sido por carecer de establecimiento de comercio. Más aún en el evento de ser ciertos tales hechos, la responsable de la pérdida patrimonial en este evento lo fue la misma demandante quien se apresuró a tomar unas decisiones sin que para esa fecha hubiera sido aprobada la diligencia de remate de los bienes.

b) Tampoco se demostró que los préstamos bancarios obtenidos por la demandante estuvieran destinados al pago de los inmuebles que pretendía adquirir en el remate. El mismo señor Melquisedec Bello declaró que la demandante realizaba sus movimientos bancarios en desarrollo de su actividad comercial. Adicionalmente se advierte que el primer crédito referido fue otorgado a varias personas, el segundo cuando aún no había sido fijado siquiera el aviso de remate en el cual intervino la demandante y el tercero es un crédito para vivienda. Estas circunstancias permiten concluir que la inversión realizada por la actora con el fin de obtener los bienes objeto de remate no fue financiada con ninguno de tales créditos y por lo tanto, no hay lugar a reparar los perjuicios que reclama a título de los intereses que debió pagar por los mismos.

IV. Finalmente debe advertirse que aunque la entidad demandada estuvo representada durante todo el proceso por el Ministerio de Justicia, la condena deberá ser reconocida con cargo al presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

En asuntos similares, la Sala ha precisado la distinción entre la legitimación en la causa por pasiva y la representación en estos términos:

“Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub judice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo.

“Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque „los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas‟ que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 83 CCA) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 CCA.

“Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, solo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se el atribuya el hecho, la omisión o la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (art. 85 CCDA)”(7).

Concretamente, en relación con la representación de la Nación en los procesos en los cuales se discute su responsabilidad por las actuaciones judiciales, se precisa que con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, el artículo 149 del Decreto 1 de 1984 disponía que “el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

Ya en vigencia de la Constitución de 1991 que estableció el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia (art. 228), el Decreto 2652 de ese mismo año, le asignó al director nacional de administración judicial la función de “llevar la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura” (art. 15-4).

La Corte Constitucional en Sentencia C-388 del 1º de septiembre de 1994 al declarar la exequibilidad del artículo 149 del CCA consideró que:

“(…) es preciso señalar que para la Corte no es incompatible, ni inconstitucional, la coexistencia de la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del director nacional de administración judicial para los asuntos propios de la gestión administrativa y contractual de este tipo de intereses administrativos y de gestión, y aun de la judicial de los mismos fines bajo los términos que señale el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y dentro de las competencias previstas en el Decreto 2652 de 1991, con la especial representación judicial de la Nación-Rama Judicial en cabeza del Ministro de Justicia para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que está comprometida la voluntad de aquella por actos, actuaciones o vías de hecho de los jueces y magistrados, en ejercicio de la funciones que les corresponden”.

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, confirió la representación para toda clase de procesos judiciales de la Nación —rama judicial— al director ejecutivo de administración judicial (art. 99-8).

Así las cosas, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por las actuaciones de los jueces o magistrados y así ocurrió en el presente caso. No obstante, como el fallo se profiere en vigencia de la Ley 270 de 1996, la Nación deberá responder por los perjuicios causados a la demandante a través del Consejo Superior de la Judicatura, sin que pueda entenderse vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad demandada, pues la parte en el mismo que lo es la Nación, tal como se señaló antes, sí estuvo debidamente asistida. Este es un problema presupuestal y no procesal.

En este mismo sentido, la Sala Plena de la corporación al resolver el conflicto de competencias administrativas surgido entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la dirección ejecutiva de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión del cumplimiento de la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en contra de la Nación-Ministerio de Justicia, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el demandante, consideró:

“Advierte la Sala que la persona jurídica condenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue la Nación y que el papel que desempeñó el Ministerio de Justicia en el proceso que dio origen a la mencionada sentencia, fue el representante de aquella, por derivarse responsabilidad de actuaciones de funcionarios de la rama jurisdiccional, como lo tenía establecido el inciso 3º del artículo 149 del CCA.

“No obstante, en virtud de la ley, aquella representación, fue radicada por el artículo 99,8 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), en cabeza del director ejecutivo de administración judicial, quien además, según el numeral anterior es el ‘ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan’.

“Entonces, si por mandato de la ley la representación de la Nación en tratándose de procesos judiciales en que se la ha demandado por actos o hechos atribuidos a la rama judicial la tiene aquel Director Ejecutivo, resulta insustancial que la sentencia en cuestión le haya atribuido esa representación al Ministerio de Justicia, porque en el momento en que aquella se profirió, el 17 de junio de 1999, ya no la tenía.

“Es claro, para la Sala, que la presencia del representante de la Nación en un proceso judicial, no lo convierte en la parte demandante o demandada, y su papel procesal no es que ese, un simple representante.

“Además, la circunstancia de que aquí se resuelva que es la dirección ejecutiva de administración judicial la encargada por la ley para satisfacer las obligaciones pecuniarias de la Nación-Rama judicial, no significa que se esté modificando la providencia judicial contentiva de la condena, porque de ninguna manera se ha cambiado a la persona jurídica condenada, la Nación, y lo que se hace es simplemente reconocer lo que la ley ha establecido, en el sentido de que el representante de aquella ya no es el mismo que la representó cuando se inició el proceso, sino otro.

“En síntesis, dándole la Sala prevalencia al derecho sustancial que acaba de exponerse, frente a la forma utilizada en la sentencia de expresar, sin necesidad, quien era el representante de la persona condenada, resulta imperativo resolver este conflicto de competencias, en el sentido indicado anteriormente”(8).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia proferida el 4 de julio de 1996, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar se dispone:

1. DECLARASE la responsabilidad de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura por los perjuicios ocasionados a la señora Carmen Alicia Bello De Ruiz como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la actuación cumplida por el Juzgado 18 Civil del Circuito de esta ciudad, a raíz de los cuales se declaró la nulidad del remate en el cual participó la demandante.

2. CONDENASE a la Nación- Consejo Superior de la Judicatura a pagar a la señora Carmen Alicia Bello De Ruiz la suma de treinta y nueve millones ochocientos setenta mil ochocientos siete pesos m.l. ($ 39.870.807), por concepto de perjuicios materiales.

3. NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase

Consejero: Alier Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodriguez V.

1 Sentencia del 14 de febrero de 1980, Exp: 2367. En el mismo sentido, auto del 26 de noviembre de 1980, Exp: 3062

2 Sentencia del 22 de julio de 1994, Exp: 9043.

3 Cabe anotar que la jurisprudencia y doctrina española son de recibo en la resolución de los casos de responsabilidad contra el Estado colombiano porque la Ley 270 de 1996 tuvo como fuente la Ley Orgánica del Poder Judicial de España.

4 Eduardo Cobreros Mendazona. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Cuadernos Cívitas. 1998, pág. 25.

5 La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se ha puesto en duda por cuanto allí no existe el obstáculo de la cosa juzgada, cfr. León DUGUIT, Las transformaciones del derecho público, Buenos Aires, edit. Heliastra S.R.L., 1975. P. 149 y ss. La sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 10 de noviembre de 1967 (Exp. 867), señaló: “una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de la sociedad y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad (...) no es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes una veces por (sic) la inseguridad en que se mantiene los despachos judiciales y otras por negligencia de sus empleados”.

6 Sentencia del 20 de marzo de 1980 y del 26 de febrero de 1998, Exp: 10.813.

7 Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Exp: 10.285

8 Providencia del 27 de junio de 2000, Exp: C-642.