Sentencia 12720 de abril 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL NIVEL TERRITORIAL

SE RECTIFICA JURISPRUDENCIA RECIENTE

EXTRACTOS: «Respecto del cargo de violación del artículo 22 de la Ley 27 de 1992, es preciso señalar que la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento (sentencia 030 de enero 30 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía. Actor: Luis Alfonso Castaño Mendieta)(*), declaró su inexequibilidad, al igual que lo hizo respecto de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987.

(*) Publicada en J. y D. Nº 304, pág. 422 (N. del D.).

Reza apartes del pronunciamiento de la Corte:

“Las normas acusadas, en su orden, los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987, y el 22 de la Ley 27 de 1992, las primeras aplicables a los empleos del nivel nacional, el segundo, a los empleos del nivel territorial, señalan en términos generales, que, a su entrada en vigencia, los empleados que ocupen un cargo de carrera, podrán, dentro del año siguiente, solicitar su inscripción en la carrera administrativa, previa acreditación de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional o por los decretos que prevean las correspondientes equivalencias. Igualmente, consagran la posibilidad de que las personas que ocupen esos cargos y no puedan acreditar los requisitos en el término que ellas prevén accedan a la carrera, cuando logren acreditar esos requisitos.

Estas normas, tal como lo indica el actor, permiten el ingreso automático a la carrera administrativa, de funcionarios que reúnan dos condiciones, a saber: la primera, estar ocupando un cargo que la ley ha definido como de carrera; la segunda, acreditar una serie de requisitos contemplados en leyes y decretos, en un período determinado.

De esta manera, esas normas facilitan el ingreso y permanencia en la carrera administrativa de cierto grupo de personas que, por estar en cierta condición (desempeñando un cargo de carrera), no requieren someterse a un proceso de selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocen, no sólo el mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Constitución, que exige la convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública (arts. 13 y 209 de la Constitución).

La excepción que establecen las normas acusadas para el ingreso a la carrera administrativa, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos que crean tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades.En tres casos similares al analizado en esta sentencia, la Corte ha sido absolutamente clara: no puede existir norma alguna dentro de nuestro ordenamiento que permita el ingreso automático a cargos de carrera (...).

En conclusión: las normas acusadas desconocen el mandato general del artículo 125 de la Constitución, y los principios de igualdad y eficacia que deben regir la administración pública. Razón por la que se declarará la inexequibilidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de la Ley 27 de 1992.

Efectos de la declaratoria de inexequibilidad.

(...) Para el caso en estudio, a los empleados que accedieron a la carrera administrativa con fundamento en las normas que serán declaradas inexequibles, no pueden desconocérseles los derechos que en virtud de ellas adquirieron. Es decir, quienes en desarrollo de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987 y 22 de 1992, lograron obtener su inscripción en carrera administrativa, mantendrán esa situación, a pesar de esta declaración de inexequibilidad. Si bien no se agotó un proceso de selección adecuado, estos empleados, que al entrar en vigencia las normas acusadas, una vez cumplidos los requisitos allí señalados, fueron inscritos en carrera, adquirieron unos derechos que no pueden ser desconocidos por este fallo. Derechos como el de permanecer en la carrera a pesar de que su ingreso a ella no cumplió todos los requisitos para el efecto.

Pero aquellos funcionarios que aún continúan vinculados a la administración ocupando un cargo de carrera, sin hallarse inscritos como tales, no podrán solicitar su inscripción, pues para ello deberán someterse al correspondiente proceso de selección que cada entidad a nivel nacional o territorial adopte, a efecto de proveer cargos de esta naturaleza. En conclusión, a partir de la notificación de este fallo, se negará cualquier inscripción en carrera que tenga como fundamento las normas que por medio de esta sentencia serán declaradas inexequibles”.

Bastan en el sub lite los anteriores razonamientos de la Corte Constitucional, para decidir que no tiene vocación de prosperidad el cargo que al acto le endilga la demandante por la infracción de las normas sobre carrera de los empleados del orden territorial, pues su censura, precisamente parte del argumento de que podría ingresar al escalafón de la carrera, acreditando los requisitos exigidos en el artículo 22 de la Ley 27 de 1992, acceso que fue obstaculizado por la entidad, como lo estima en su libelo, razonamiento que no es posible aceptar en este momento, dada la declaratoria de inexequibilidad del citado artículo 22 por la Corte Constitucional, y por cuanto además, según los lineamientos del fallo, el ingreso al escalafón sólo es posible previo el agotamiento del proceso de selección por concurso.

Rectifica así la Sala, la jurisprudencia que sostuvo respecto del régimen de carrera de los empleados del nivel territorial, a partir de la expedición de la citada Ley 27 de 1992, entre otras la contenida en las sentencias de noviembre 7 y 28 de 1996. Expedientes 10923 y 11.441(*).

(*) Véase J. y D., Nº 301, pág. 36 (N. del D.).

Frente al razonamiento de la Corte Constitucional en la sentencia citada, resulta irrelevante en el sub lite, examinar si a la fecha de la declaratoria de insubsistencia la entidad había o no expedido el manual de funciones, pues lo cierto es que el ingreso al escalafón de la carrera administrativa no podía hacerse, como se dijo en la sentencia de la Corte, sino por el proceso de selección propio de la carrera (concurso de méritos).

No le favorece tampoco a la actora, los efectos señalados por la Corte respecto de la citada sentencia 030 de 1997, puesto que antes de su retiro de la entidad no había accedido al escalafón, demostrando que reunía los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

La situación de la demandante al momento del retiro de la entidad era la de una empleada de libre nombramiento y remoción, por lo que bien podía la entidad, en aras del buen servicio, declarar su insubsistencia».

(Sentencia de abril 3 de 1997. Expediente 12720. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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