Sentencia 12721 de abril 26 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATOS ESTATALES

TÉRMINO PARA PAGAR LAS CUENTAS DE COBRO

EXTRACTOS: «Para la Sala no resulta aceptable la tesis de la parte actora, según la cual la entidad debía pagar las cuentas de cobro el mismo día de la presentación de ésta, pues en modo alguno se advierte de la lectura de la cláusula contractual que ello hubiese sido acordado o estipulado por las partes. Dicha cláusula interpretada acorde con la práctica contractual y mercantil implica que el pago se realice dentro del mes siguiente a la presentación o radicación de las cuentas de cobro, porque no sería razonable que la entidad en el mismo día pudiese estudiar o analizar los comprobantes de gestos reembolsables y de servicios prestados por terceros, de verificar y aprobar las cuentas, de impartir el visto bueno por parte del coordinador del ICEL y de la división de licitaciones y contratos así como las de aprobarlas el gerente de dicha entidad.

Así las cosas, como las partes no pactaron sobre el plazo que la entidad tenía para pagar al contratista las cuentas de cobro una vez éste las presentara, se acudirá a la práctica contractual y mercantil que comúnmente se aplica frente a esta clase de controversias. Para tal efecto se ha aceptado tradicionalmente que el contratista presente las cuentas de cobro en los primeros días del mes siguiente a la ejecución de las obras, de igual modo es usual que el pago se realice dentro del mes siguiente a la presentación o radicación de las cuentas de cobro por parte del contratista. Bajo esta concepción en el caso sub examine la administración solo estaba obligada a pagar la respectivas cuentas dentro del mes siguiente a la presentación de las mismas conforme se interpreta por analogía del artículo 885 del Código de Comercio, según el cual "Todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga al fiado, sin estipulación del plazo para el pago, un mes después de pagada la cuenta”.

Sobre el particular la Sala en sentencia de 13 de abril de 1999, expediente 10131, actor consorcio Carlos González Vanegas y Luis Guillermo Arévalo, se afirmo lo siguiente:

"Nada se dijo sobre el término en que la entidad contratante pagaría al contratista las cuentas de las actas parciales de obra correspondientes al saldo del valor del contrato, a pesar de que el estatuto fiscal distrital advertía que los plazos para el pago de las cuentas de cobro que presentara el contratista se debían estipular en los pliegos de condiciones (último inc., art. 298).

Habrá entonces que acudir a la practica contractual y mercantil sobre la materia. Es usual en la contratación de obra pública que la administración entregue al contratista un anticipo correspondiente a un porcentaje del valor del contrato y que el saldo se cancele en pagos mensuales, previa la elaboración de las actas de ejecución de obra entre el contratista y el interventor en los primeros días del mes siguiente al mes en que se ejecutaron las obras. También es usual que el pago se realice dentro del mes siguiente a la presentación o radicación de las cuentas de cobro por parte del contratista y generalmente se deja constancia de dicho plazo en las estipulaciones contractuales.

Esto significa que presentadas las cuentas por el contratista en el caso que se debate, nacía para la administración la ligación del pago aunque no fuera inmediatamente, pues habría de operar la práctica común como lo interpretó el a quo, al considerar que debía aplicarse por analogía el artículo 885 del Código de Comercio, según el cual “Todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales de los suministros o ventas que haga el fiado, sin estipulación del plazo para el pago, un mes después de pasada la cuenta”.

La pregunta obligada es si el pago del precio de las obras es la principal obligación que adquiere la administración para con el contratista.

La reciprocidad de las obligaciones y la utilidad de ambos contratantes es de la esencia de los contratos bilaterales y onerosos (C.C., arts. 1496 y 1497).

Cuando la administración pública encarga la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, la entrega de un bien, es para ella el objeto principal que el encargo se cumpla y para la contraparte que por ello se le pague. No es otra la definición del contrato oneroso y conmutativo que trae el artículo 1497 del Código Civil “Cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez”.

Dentro de esta perspectiva, la Sala entrará a reconocer intereses moratorios sobre aquellas cuentas de cobro, que la administración no hubiese pagado dentro del mes siguiente a su presentación, teniendo en cuenta para ello además lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994.

(...).

Pues bien, para la Sala resulta claro que la entidad demandada incumplió con los términos del contrato, en tanto que no pagó en su oportunidad las cuentas de cobro, pues la cancelación de las mismas solo vino a efectuarlas días o meses después, según se advierte de la constancia expedida por la entidad demandada que obra a folios 84, 85 del cuaderno número dos, como de otras pruebas que en su oportunidad relacionó en la sentencia el fallador de primer grado.

Las razones precedentes conducen necesariamente a afirmar que el actor sufrió un detrimento patrimonial por la mora en el pago de las prestaciones que se causaron en la ejecución de la labor contratada, por lo que habrá lugar a reconocer a su favor la indemnización a que haya lugar, teniendo en cuenta para ello los pronunciamientos que esta Sala ha sentado para resolver controversias similares a la que ocupa su atención. En efecto en sentencia de octubre 11 de 2001, expediente 12391, actor sociedad Castores Ingenieros Ltda., se afirmó lo siguiente:

Así mismo, es relevante señalar que las partes no convinieron expresamente el monto de los intereses que se causarían en el evento en que se presentara mora en el pago de las sumas adeudadas al contratista.

Ahora bien, el impugnante pretende que en el sub judice se condene a la entidad demandada al pago de intereses moratorios en los términos estipulados en el artículo 884 del Código de Comercio, esto es, a una tasa equivalente al doble del interés bancario corriente alegando para este efecto su calidad de comerciante, evento en el cual el contrato debe regirse por las disposiciones de la legislación mercantil

Para la Sala no resulta de recibo la tesis expuesta por los demandantes, para que se dé aplicación a la norma antes mencionada, toda vez que el Estado no puede situarse a la par con los particulares en sus relaciones contractuales, por manera que al juzgador, al interpretar las normas tanto mercantiles como de derecho público que regulan las relaciones contractuales entre los particulares y la administración, deben tomar siempre en consideración, de una parte, el fin buscado por el Estado de prestación de un servicio a su cargo y, de otra, las aspiraciones económicas del contratista, que si bien tiene derecho a derivar una utilidad de la labor que realiza, este provecho no puede constituirse en una fuente de enriquecimiento exagerado, de tal suerte que llegue a producir detrimento del patrimonio público.

Ahora bien, al momento de celebrar el contrato las partes contaron con la posibilidad de señalar el monto de los intereses que se generarían en caso de incumplimiento en los pagos a que estaba obligado el ICEL, pues, como no lo hicieron, la Sala en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, considera que en el caso presente deben aplicarse las disposiciones que regulan especialmente la contratación estatal, por lo que se estima que resulta pertinente la aplicación de los artículos 4º ordinal 8º de la Ley 80 de 1993 y 1º del Decreto 679 de 1994, toda vez que para la época de suscripción del contrato no existía norma que contemplara, exactamente, el punto referido a la omisión de las partes de establecer el monto de los intereses ni la actualización de tales cantidades.

En relación con la actualización de las sumas adeudadas por razón de los contratos de la administración y los intereses debidos, precisan las disposiciones citadas lo siguiente:

ART. 4º—De los derechos y deberes de las entidades estatales (...).

”Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”.

ART. 1º—Decreto 679 de 1984:

“ART. 1º—De la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4º, numeral 8º de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no hayan transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos”.

Por tanto, es del caso realizar una nueva liquidación, acorde con las disposiciones transcritas, que permitan establecer el valor actual de la suma adeudada y el de los intereses, que equivocadamente el tribunal calculó a una tasa del seis por ciento (6%) anual, cuando ésta debe ser del doce por ciento (12%).

Sobre el asunto referido al reconocimiento y pago de intereses, por razón del incumplimiento de los pagos a que se encuentra obligada la administración por razón de los contratos estatales, la Sala, en sentencia del 17 de mayo de 2001 (exp. 13635), preciso:

“En este orden de ideas, es perfectamente posible que las partes de un contrato estatal pacten un interés moratorio superior o inferior al 12% anual, como nada impide que pacten una tasa igual o inferior al interés bancario corriente y como interés de mora el doble de éste, mientras se ajuste a las previsiones comerciales y penales, esto es sin incurrir en el interés de usura (L. 510/99, art. 111). Pero ante la ausencia de ese pacto, no será el artículo 884 del Código de Comercio, el aplicable sino el artículo 4º ordinal 8º de la Ley 80 de 1993, es decir, el 12% anual sobre el valor histórico actualizado”.

De otro la lado, al establecer cuál es la suma que debe actualizarse, se tomaran en consideración los pagos hechos por la entidad demandada, para determinar el monto del capital insoluto, debiendo hacerse la imputación del pago efectuado primero a los intereses debidos y luego a capital, acorde con lo dispuesto por el artículo 1653 del Código Civil”.

Esta tesis tiene plena aplicación frente al caso que se estudia pues entre otras cosas al no pactar los contratistas cuál era el interés que se debía reconocer por el incumplimiento en el pago de las cuentas de cobro, para tal efecto se considerará el 12% anual de que trata el artículo 4º número 8º de la Ley 80 de 1993, reglamentado mediante el Decreto 679 de 1994».

(Sentencia de 26 de abril de 2002. Expediente 12.721. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros).

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