Sentencia 12752 de febrero 13 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 1100103270002001034101

Rad.: 12752 y acumulado (13141)

Consejero Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Yolanda Angarita Gómez

Impuesto ventas.

Fallo

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil tres

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

La corporación tiene competencia para conocer el presente proceso privativamente y en única instancia en razón a que los actos administrativos que se demandan, las resoluciones 1584.10, 183-1413 de 30 de diciembre de 1999, 84.10.183-657 de 30 de diciembre de 1999, 84.10.183-00648 de 6 de marzo de 2000, 84.10.183-00508 de 6 de marzo de 2000 y 84.10.183-002100 de 22 de junio de 2000, son del orden nacional y carecen de cuantía.

La litis se centra a determinar si los actos administrativos anteriormente reseñados, por medio de los cuales se reclasificó a los actores como responsables del impuesto a las ventas en el régimen común se ajustan o no a derecho, ya que en criterio de los actores con tales actuaciones se han vulnerado entre otros, los artículos 499 y 508-1 del estatuto tributario, el primero por falta de aplicación, y el segundo por indebida aplicación.

Las normas en mención en su orden textualmente consagran lo siguiente:

“ART. 499.—Quiénes pertenecen a este régimen. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, así como quienes presten servicios gravados, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Que sean personas naturales.

2. Que tengan máximo dos establecimientos de comercio.

3. Que no sean importadores de bienes corporales muebles.

4. Que no venda por cuenta de terceros así sea a nombre propio.

5. Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, sean inferiores a la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos ($ 44.700.000, valor base año 1994). (año 1998: $ 77.900.000).

6. Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sea inferior a ciento veinticuatro millones doscientos mil pesos ($ 124.200.000, valor base año 1994)” (año 1998: $ 216.500.000)”.

“ART. 508-1.—Cambio de régimen por la administración. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (art. 508) (1) , para efectos de control tributario, el administrador de impuestos podrá oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común.

(1) ART. 508.—Estatuto tributario: “Quienes se acojan al régimen simplificado deben manifestarlo a la Dirección General de Impuestos Nacionales. Los responsables que se acojan al régimen simplificado deberán manifestarlo expresamente ante la Dirección General de Impuestos Nacionales, al momento de la inscripción y en todo caso, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer período gravable.

De no hacerlo así, la Dirección General de Impuestos Nacionales los clasificará e inscribirá de conformidad con los datos estadísticos que posea”.

La decisión anterior será notificada al responsable, contra la misma no procede recurso alguno y a partir de bimestre siguiente ingresará al nuevo régimen”.

El administrador de impuestos y aduanas nacionales de Manizales, nacionales de Medellín, sustentó la decisión de reclasificar a los actores en los siguientes considerandos:

“1. Que para efectos de control tributario, el administrador de impuestos nacionales podrá oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común.

2. Que dentro de las funciones establecidas en el artículo 34 del Decreto 1265 del 13 de julio de 1999, corresponde al administrador cumplir las normas que regulan los procedimientos tributarios”.

Planteada así la controversia en torno a los actos administrativos arriba reseñados, la Sala se pronuncia en los siguientes términos:

Para efectos del impuesto sobre las ventas, los responsables se clasifican en responsables del régimen común y responsables del régimen simplificado. Por regla general los responsables del impuesto a las ventas pertenecen al régimen común, y por excepción, esto es, cuando cumplen la totalidad de requisitos consagrados en la ley (E.T., art. 499), pertenecen al régimen simplificado.

El régimen simplificado conlleva un tratamiento especial para las personas naturales, pequeños comerciantes, fabricantes y quienes prestan servicios gravados, cuyo objetivo es facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por medio del cálculo del impuesto, la presentación de la declaración de ventas, la facturación y la contabilidad de fácil y limitado manejo, como quiera que los responsables que encajan en este régimen por lo general no tienen que pagar impuesto. (A partir de la L. 223/95 se modificaron tales obligaciones, por tanto, la responsabilidad frente al Estado es meramente nominal).

Ahora bien, los responsables que se acogen al régimen simplificado deben manifestarlo expresamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al momento de la inscripción (registro nacional de vendedores) o a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer período gravable (E.T., art. 508).

Si los ingresos netos de un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado en lo corrido del respectivo año gravable superan la suma de $ 44.700.000 (valor base año 1994) (año 1999: $ 77.900.000), el responsable pasa automáticamente al régimen común a partir de la iniciación del bimestre siguiente (E.T., art. 508-2, adicionado a la L. 488/99, art. 56).

De igual modo, “para efectos de control tributario” la administración oficiosamente, puede reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado ubicándolos en el régimen común (E.T., art. 508-1), siempre y cuando no cumplan las condiciones señaladas en la ley para pertenecer a aquél.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala estima que las actuaciones acusadas vulneran las normas que citan las demandas toda vez que, si bien la administración de impuestos tiene facultad para reclasificar “de oficio” o por iniciativa de aquélla a un responsable del régimen simplificado ubicándolo en el régimen común, tal facultad debe ser ejercida sin desconocer los requisitos que para pertenecer al régimen simplificado consagra el artículo 499 del estatuto tributario.

En efecto, a juicio de la Sala la facultad de reclasificar “de oficio” a un responsable del régimen simplificado “para efectos de control tributario” debe ser interpretada armónicamente con la norma que establece los requisitos para pertenecer a dicho régimen, toda vez que con independencia de la finalidad que persigue la norma, consistente en el control tributario, el traslado del régimen simplificado al régimen común implica tal y como lo advierten los actos administrativos acusados “cumplir todas las obligaciones formales del régimen común” y por ende, perder los beneficios que se derivan del régimen simplificado en el que se encuentran inscritos los responsables.

En tales condiciones, no podía la administración sin violar la ley reclasificar a los responsables con el sólo argumento del “control tributario”, ya que como lo puso de manifiesto la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 49 de 1990 (E.T., art. 508-1), la atribución otorgada no equivale a que el funcionario en ejercicio de ella pueda adoptar una decisión arbitraria y desprovista de la sujeción a la regulación legal integral de la cual forma parte ya que tornaría el acto en simple expresión de una voluntad omnímoda y caprichosa del funcionario.

En el sub judice, tal y como se evidencia de los considerandos de las resoluciones y se corrobora en el proceso, la administración se fundamentó en una encuesta de reclasificación y en las facultades otorgadas por el artículo 508-1 del estatuto tributario, sin determinar de manera clara si el responsable inscrito en el régimen simplificado, para la época de los hechos cumplía o no los requisitos establecidos en el artículo 499 ibídem, pues de la información que contiene los actos administrativos acusados no se deduce que los contribuyentes excedieran el valor de los ingresos netos y el patrimonio bruto límite para el año gravable inmediatamente anterior al objeto de la reclasificación.

La administración, tal y como aparece probado en el presente proceso, se limitó a verificar aspectos relacionados con la actividad económica, inscripción en el régimen simplificado y si había o no declarado en el impuesto de renta, lo cual no es suficiente por cuanto lo que se debía determinar, tal y como se precisó y lo advirtió la honorable Corte Suprema de Justicia al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad del artículo 508-1 del estatuto tributario en sentencia de julio 18 de 1991, era lo relacionado con los requisitos establecidos en el artículo 499 del estatuto tributario, que involucra entre otros aspectos , “el valor de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable inmediatamente anterior y el patrimonio bruto poseído a 31 de diciembre del mismo año”, así como lo establece la Orden Administrativa 0009 del 14 de diciembre de 1999, criterio que igualmente desconocen los actos acusados.

Es de anotar que los actores en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 508 del estatuto tributario, se acogieron de manera expresa al régimen simplificado, por tanto, como ya lo ha expresado la Sala en otras oportunidades, a la administración le correspondía la carga de la prueba encaminada a desvirtuar ese hecho, vale decir, que el responsable no se encontraba dentro de los parámetros establecidos en el artículo 499 para pertenecer al régimen simplificado.

Dado que las informaciones que sirvieron de fundamento a los actos acusados no son prueba idónea, pues se repite, de ellas no se deduce la calidad de responsable del régimen común de los actores, fuerza concluir que la actuación acusada vulnera las normas legales que para la época de los hechos establecen los requisitos para acogerse al régimen simplificado.

De conformidad con las consideraciones que anteceden y de acuerdo con el concepto emitido por la procuradora sexta delegada, debe accederse a las pretensiones de las demandas encaminadas a obtener la nulidad de los actos administrativos acusados declarando que los actores no están obligados a cumplir las obligaciones formales de los responsables del régimen común.

En similar sentido se pronunció la Sala en las sentencias de 14 de julio de 2000, expediente 9996, actor: Alberto Daniel Múnera Cabas; de 28 de julio de 2000, expediente 10075, actor, Hernán Manrique Callejas, ambas con ponencia del magistrado doctor Julio E. Correa; y la sentencia del 15 de septiembre de 2000, expediente 10163, actor, Álvaro Pinilla Pineda, M.P. Dr. Delio Gómez Leyva.

Finalmente, y en relación con la petición de devolución de los pagos efectuados por el contribuyente, la Sala precisa que esta solicitud debe hacerse mediante el procedimiento establecido para estos efectos por la ley. Además la solicitud del pago de daños y perjuicios resulta igualmente improcedente al no haberse demostrado estos; por lo tanto no se accederá a estas pretensiones.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 1507 de junio 23 de 2000 y 2024 de diciembre 29 de 1999, por medio de las cuales el administrador de impuestos y aduanas nacionales de Bucaramanga y el administrador local de Impuestos Nacionales de Ibagué, reclasificó a los contribuyentes Yolanda Angarita Gómez y Luis Fernando Martínez Riascos, del régimen simplificado al régimen común para efectos del impuesto a las ventas.

2. DECLARAR que los contribuyentes en mención no están obligados a cumplir las obligaciones formales del régimen común, mientras cumplan los requisitos del régimen simplificado en el cual se han inscrito.

3. DENIÉGANSE las demás súplicas de las demandas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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