Sentencia 12757 de enero 27 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO AUTORRETENEDOR

SUSPENSIÓN POR ACTO DISCRECIONAL

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el subdirector de Recaudación de la Administración de Impuestos Nacionales de la DIAN, suspendió la autorización que le había otorgado a Hilacol S.A. para actuar como autorretenedor.

Acusa el demandante los actos de violar los artículos 3º del Decreto 2509 de 1985 y 20 del Decreto 1265 de 1999.

La primera de estas disposiciones establece los requisitos para que las personas jurídicas beneficiarias de pago o abono en cuenta, sean autorizadas por la Dirección General de Impuestos Nacionales para efectuar retención en la fuente sobre sus ingresos, condiciones que en criterio de la demandante ella cumple y por ésta razón la Administración la incluyó dentro del sistema de autorretención.

La segunda le otorga en su numeral 20 a la subdirección de recaudación de la DIAN, la facultad de:

“Autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos”.

La última disposición le confiere al subdirector de recaudación la facultad de autorizar a las personas o entidades para que actúen como autorretenedores pero al mismo tiempo le otorga la de suspender esa autorización cuando “a su juicio” los recursos del Estado autorretenidos están en riesgo de no ser pagados.

La facultad de suspender la autorización indicada, implica para el funcionario de una parte, el análisis permanente y oportuno de la situación financiera por la que atraviesan las personas y entidades autorizadas así como del estricto cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de otro una gran responsabilidad para prevenir que los recursos fiscales puedan perderse por no haber actuado oportunamente. Es por ello que correlativamente tiene la atribución de calificar la necesidad y conveniencia de adoptar la determinación en aras de proteger los valores retenidos, juicio que solo a él corresponde sin que le sea dado a otros intervenir para descalificar las razones que motivan la decisión, salvo que se demuestre que ésta es producto de la arbitrariedad y por consiguiente de abuso del poder.

En otros términos al subdirector de recaudación se le ha otorgado una facultad discrecional para calificar los hechos y circunstancias para decidir sobre la conveniencia de tomar la medida si estima que pueden afectarse o corren peligro los recursos del erario público.

En el sub examine a la sociedad actora la administración la había autorizado para actuar como agente autorretenedor mediante la Resolución 476 de 8 de abril de 1988 aclarada mediante la Resolución 1495 del mismo año.

Este acto fue suspendido por el subdirector de recaudación mediante Resolución 8480 de 19 de octubre de 2000, confirmada por la Resolución 2667 de 15 de mayo de 2001 al decidir el recurso de reconsideración. Esta determinación está motivada en el hecho de que la empresa “se encuentra en concordato y además presenta deudas pendientes por los conceptos de impuesto de renta y complementarios, ventas y retenciones en la fuente”

A juicio del funcionario de la administración por estas circunstancias y las dificultades económicas de la sociedad, según lo expone en la Resolución 8480 de 2000, es conveniente que ésta se someta al régimen general de la retención en la fuente que se realiza de conformidad con las normas que regulan la materia, por la persona que efectúe el pago o abono en cuenta.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare que los actos impugnados se expidieron dentro del marco de esa facultad discrecional que tiene el funcionario y que su motivación guarda relación directa con la responsabilidad de prevenir situaciones de riesgo para los ingresos fiscales. Por esta razón no hay trasgresión de las normas que invoca el actor sino por el contrario una debida aplicación de las mismas, por lo que se denegarán las súplicas de la demanda».

(Sentencia de enero 27 de 2003. Expediente 12.757. Consejero Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

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