Sentencia 12768 de septiembre 4 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE SECUESTRO

CUANDO SE RETIENE MOMENTÁNEAMENTE A LA VÍCTIMA DEL HURTO

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor público de Ricardo Arturo Grajales Rodríguez, contra la sentencia de agosto 5 de 1996, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín lo condenó a 84 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, y secuestro simple, dentro de las causas acumuladas 6.489 y 7.006.

Hechos y actuación procesal

1. Causa Nº 6.489.

1.1. El 7 de octubre de 1994, aproximadamente a las 12:15 del día, el vehículo de placas KEC-888 conducido por el señor Walter Alberto Román en el que transportaba 15 neveras y 5 estufas marca Haceb, fue abordado por dos sujetos que portaban armas de fuego, quienes hicieron bajar al conductor y se llevaron el automotor con la mercancía. El conductor fue dejado en manos de otro sujeto, quien lo obligó a subirse a un bus intermunicipal y lo llevó después a una cafetería del centro de la ciudad, donde lo retuvo por espacio de media hora, transcurrida la cual lo dejó libre. La mercancía y el vehículo hurtado fueron avaluados en más de 12 millones de pesos.

Grajales Rodríguez fue capturado momentos después cuando se movilizaba en el carro que acababa de hurtar, en razón a que fue reconocido por el señor Bedoya Puerta, a quien aquel, dos días antes, le habla hurtado el automotor de placas LLE- 8111.

1.2. Abierta la respectiva investigación el 8 de octubre de 1994, la fiscalía vinculó mediante indagatoria a José Mauricio Tiguaque Colorado y Ricardo Arturo Grajales Rodríguez. Al resolverles la situación jurídica, los afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de hurto calificado y agravado.

Una vez cerrada la investigación, la Fiscalía 103 Seccional de Medellín los acusó como coautores de los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego, de que tratan los artículos 350-1, 351, numerales 9º y 10, 372-1, 269 del Código Penal anterior, y 1º del Decreto 3664 de 1986, acogido como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991 mediante proveído del 20 de diciembre de 1994, el cual quedó ejecutoriado el 5 de enero de 1996.

2. Causa Nº 7006.

2.1. En las horas de la mañana del 5 de octubre de 1994 Alexander de Jesús Bedoya Puerta conducía el vehículo de placas LLE-8111 cargado de juguetería, cuando a la altura del sitio “Pinilla” de la ciudad de Medellín fue abordado por Ricardo Arturo Grajales Rodríguez y tres sujetos más no identificados, quienes lo amenazaron e hicieron bajar del automotor, siendo conducido a una cafetería por dos de ellos, mientras los otros dos se llevaban el vehículo. Bedoya Puerta fue obligado a permanecer en la cafetería durante más de 20 minutos, después de los cuales sus captores lo dejaron marchar.

2.2. El 28 de octubre de 1994, la Fiscalía 70 de la Unidad de Patrimonio de Medellín dispuso la apertura de instrucción, vinculó mediante indagatoria a Ricardo Arturo Grajales Rodríguez, a quien al resolverle la situación jurídica afectó con detención preventiva como autor del delito de hurto agravado y califcado, según resolución del 28 de junio de 1995.

Clausurada la investigación, la fiscalía 70 seccional calificó el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación en contra de Grajales Rodríguez como responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, y secuestro simple, mediante decisión de fecha 18 de octubre de 1995, la cual quedó ejecutoriada el 17 de noviembre siguiente, cuando se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el procesado.

3. Acumulación actuación subsiguiente.

3.1. Por auto de febrero 16 de 1996, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín dispuso la acumulación de las causas que vienen de ser referidas, cumplido lo cual se dio inicio a la vista pública, en cuyo trámite actuó como defensor del sindicado quien se venía desempeñando como tal en el proceso 6.489.

3.2. Concluida esta diligencia, el juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 3 de junio de 1996 condenó a los acusados Grajales Rodríguez y Tiguaque Colorado a 56 y 24 meses de prisión, respectivamente; al primero, como responsable del doble delito de hurto calificado y agravado (C. Penal, arts. 26, 349, 350, 351 y 372), cometidos en desmedro de los intereses patrimoniales de Alfredo Hoyos Ochoa y Luis Alberto Román Arenas, y, al segundo, como autor del delito de hurto calificado y agravado (C. Penal, arts. 26, 349, 350, 351 y 372), ejecutado en contra de los intereses patrimoniales de Luis Alberto Román Arenas. En el mismo proveído los absolvió de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y secuestro simple.

3.3. Apelado este fallo por la fiscalía, el tribunal superior, mediante sentencia de agosto 5 de 1996, confirmó las condenas por los delitos de hurto, así como las absoluciones por el ilícito de porte ilegal de armas, pero revocó la decisión respecto a la absolución por los delitos de secuestro simple, y condenó a los procesados por esta conducta delictiva; en consecuencia, les impuso a los acusados Grajales Rodríguez y Tiguaque Colorado la pena de 84 y 54 meses de prisión, respectivamente.

El defensor del procesado Grajales Rodríguez interpuso el recurso extraordinario de casación, presentó oportunamente la demanda, fue admitida y se recibió concepto del procurador 2 delegado en lo penal .

(...).

Consideraciones de la Corte

(...).

Segundo cargo (violación directa).

1. Sostiene el demandante que en el fallo impugnado se violó directamente la ley sustancial, en razón a que se interpretó erróneamente el último inciso del artículo 350 del Código Penal, el cual dispone que “La misma pena se aplicará cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad”.

Asegura que la momentánea retención y desplazamiento de las víctimas del hurto de sus actividades ordinarias, una vez consumado el apoderamiento del automotor, se hacía necesaria para asegurar el producto o la impunidad y, por lo tanto, no puede configurar independientemente el delito de secuestro simple, como equivocadamente lo hizo el juez colegiado.

2. Como lo señala el procurador delegado con apoyo en jurisprudencia de esta Sala de Casación, el tribunal superior no incurrió en violación directa por interpretación errónea del articulo 350 ni en aplicación indebida del artículo 269 (modificado por L. 40/93, art. 2º) del Código Penal entonces vigente, sino que frente a las circunstancias concretas en que sucedieron los hechos objeto de investigación, aplicó la hipótesis normativa que correspondía, dado que los asaltantes, luego de apoderarse de los vehículos merced a la violencia ejercida sobre sus conductores, les limitaron su libertad de locomoción, reteniéndolos mediante amenazas y conduciéndolos en contra de su voluntad a un establecimiento de la ciudad, donde debieron permanecer por espacio de media hora.

3 Esta acción violenta resultaba innecesaria para consumar el hurto de los vehículos y la carga que llevaban, pues dicho ilícito se había perfeccionado ya en el momento en que los conductores fueron obligados a abandonar los automotores dejándolos en poder de los asaltantes. La retención de las víctimas fue posterior al acto de desposesión de los bienes muebles referidos. No fue el medio para consumar el hurto ni puede tenerse como circunstancia calificante a posterior del apoderamiento, pues la violencia inicial o coetánea desplaza a la subsiguiente. Cuando se produjo la retención de las víctimas, los delitos de hurto ya habían adquirido su entidad plena.

Un acto posterior al hurto, como ocurrió en este caso, que comporta la violación de un bien jurídico distinto al patrimonial, cual es el de la libertad personal, da lugar a que con esa nueva conducta se genere el concurso de hechos punibles, toda vez que en forma evidente trasciende la simple violencia ejercida sobre las personas que se contempla como circunstancia calificante del hurto.

Precisamente, sobre la posibilidad de escindir el ámbito de influencia de una y otra violencia encaminadas a afectar dos bienes jurídicos distintos, la Corte precisó en el fallo de casación 13.662 del 5 de febrero de 2002 con ponencia del magistrado Herman Galán Castellanos, lo siguiente:

“Una es la acción que se realiza mediante el apoderamiento con violencia de un objeto mueble y otra la de privar de la libertad de locomoción a las personas que ejercen sobre el bien hurtado posesión, tenencia o contacto físico. Cada uno de estos actos son separables, dentro de la complejidad de un comportamiento, uno supone una maniobra sobre el objeto del hurto, para cambiar su disponibilidad, otra supone un retener, arrebatar o sustraer a una persona de su autonomía de permanecer o no en un determinado lugar”.

Así mismo, en un caso similar al que es objeto de estudio, la corporación con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, expuso:

“El legislador no previó como elemento estructurante de la conducta punible de secuestro simple el factor de la “temporalidad” de la acción, sino la efectiva limitación de la libertad de locomoción y de las posibilidades de autodeterminación de los afectados. Por lo tanto, el hecho de que en el presente caso sólo se hubiese retenido a los afectados por un breve lapso —40 minutos según el dicho del ciudadano holandés— tal circunstancia, por sí sola, no es óbice para descalificar el secuestro imputado en el acta de formulación de cargos, pues, se reitera, la vigilancia ejercida sobre las personas no fue circunstancial, sino que se prolongó a la que habría sido suficiente o necesaria para el despojo de sus haberes, tiempo en el que las víctimas no tuvieron oportunidad de obrar con libre albedrío.

Razón tuvo la fiscalía de la segunda instancia cuando para deducir el atentado contra la libertad de locomoción adujo:

“La desposesión, de lo propio y lo ajeno, a los aquí denunciantes, se consumó en el momento en que tomaron los cacos el control del rodante y su contenido, entendido como “cosas”. Pero cuando se dispusieron a desplazar hasta algún lugar de la ciudad al mismo tiempo a las personas que eran dueñas de esos objetos, empezaron ahí a vulnerar su libertad y autonomía. Situación diferente se hubiera presentado si les dejan en el mismo lugar de la desposesión: sólo les hubiera sido imputable el delito de hurto. Para la fiscal instructora no tiene relevancia jurídica la actuación posterior al latrocinio, en los mismos términos en que le fue expresada por los incriminados, dejando de lado lo que los hechos muestran y dicen con su propio lenguaje”.

Por modo que, en el presente evento mal se puede considerar infundada la adecuación típica de la conducta como concurso de hurto calificado agravado y secuestro simple (sent. abr. 30/2002, rad. 19.394).

Por eso resulta inadmisible alegar que en la conducta atribuida a Grajales Rodríguez hubo unidad de acción y de propósito. En ella se presentan dos momentos perfectamente separables en el tiempo y en el espacio. En una primera etapa, cuando los asaltantes logran el apoderamiento del bien mueble ajeno esgrimiendo un arma, la acción va dirigida a la consumación del delito de hurto mediante violencia. En la segunda, cuando ya el delito de hurto se ha consumado, los autores del hecho realizan una conducta autónoma que no era necesaria para consumar el delito contra la propiedad. La retención de los conductores está dirigida no a consumar el delito ni asegurar el producto del hurto, sino para agotarlo, y esa búsqueda de agotamiento del hecho —más allá, se reitera, de la consumación y del aseguramiento del producto— es precisamente lo que constituye el ingrediente subjetivo del secuestro simple dentro de este asunto.

4. Por estas razones no son de recibo la tesis ni las pretensiones del casacionista. La conducta de Grajales Rodríguez y de los otros asaltantes, en virtud de la cual privaron del derecho de locomoción a los conductores de los automotores, no puede considerarse como parte consustancial del apoderamiento ilícito de los automotores guiados por Román Flórez y Alexander de Jesús Bedoya. La primera acción consistente en la desposesión de los bienes muebles, se adecúa al esquema conceptual del hurto. La segunda, esto es, la retención subsiguiente de que fueron objeto los conductores, quienes fueron obligados a tomar un vehículo en compañía de dos de los asaltantes y a permanecer retenidos en un establecimiento de la ciudad, se subsume en la hipótesis normativa del secuestro simple.

La censura, por lo tanto, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO, CASAR el fallo motivo del recurso extraordinario».

(Sentencia de casación, 4 de septiembre de 2003. Radicación 12.768. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

________________________________