Sentencia 1277 de febrero 9 de 2009 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000200801277 02 (628-03)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado Según acta de Sala Nº 13 de la misma fecha.

Bogotá, febrero nueve de dos mil nueve.

Asunto

Negado el impedimento manifestado por el H. magistrado Dr. José Ovidio Claros Polanco, procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra el fallo proferido el 14 de noviembre de 2008, por la Sala de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual se tuteló el amparo deprecado, dentro de la acción de tutela instaurada por José Domingo Roncancio y sus otros 352 homólogos relacionados en el citado proveído en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá, Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Dirección Nacional de Administración Judicial y del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Antecedentes y actuación procesal

1. Los ciudadanos José Domingo Roncancio, Juez 43 Civil Circuito de Bogotá y demás servidores de la rama judicial que a continuación se relacionan, quienes laboran en diferentes cargos en el Edificio Hernando Morales Molina ubicado en la Carrera 10 Nº 14-33 de esta ciudad, solicitaron protección a sus derechos fundamentales a la vida, integridad física personal y al trabajo en condiciones dignas.

(…).

Solicitud fundamentada en los hechos que a continuación se sintetizan:

1.1. Que el referido edificio tiene más de 60 años de construido y por tanto, no cumple con las normas urbanísticas de sismo resistencia, además de no contar con salidas de emergencia que permitan la rápida evacuación en casos como un sismo o atentado terrorista.

1.2. Señalaron que, con ocasión del movimiento telúrico ocurrido el pasado 25 de mayo el edificio sufrió agrietamientos y daños en su estructura generando un clima de inseguridad y zozobra constante y perturbadora, pues consideran que están ante un peligro real e inminente y en caso de emergencia se verían abocados a salir por una puerta de escaso un metro de ancho.

1.3. Indicaron que, al parecer, la problemática anterior no le interesa a la administración judicial, pues lejos de tomar medidas de control o de prevención, insiste constantemente en efectuar modificaciones a la edificación, tumbando muros que comprometen la estructura, optando por poner divisiones y entrepaños, llevando varios juzgados, aumentando considerablemente el peso, no solo por “el aterrador número de usuarios que visitan diariamente las instalaciones, sino por las incalculables toneladas de papel que conforman los procesos”

1.4. Por último adujeron, que están frente a una tragedia anunciada y en razón de la negativa a adoptar medidas urgentes de protección de su derecho a la vida, a la integridad personal, desde ya responsabilizan al Estado, en cabeza de las dependencias a cuyo cargo se halla la adopción de medidas eficaces para evitarla.

2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron como medidas provisionales e inmediatas de protección, entre otras, el cierre extraordinario de los despacho judiciales que funcionan en el referido edificio, hasta tanto se proceda a su reubicación en unas instalaciones que cuenten con las normas de sismo resistencia y salidas de emergencia.

2.1. Que en forma inmediata se ordene el traslado o reubicación de las instalaciones de la totalidad de los juzgados que se encuentran en el Edificio Hernando Morales Molina ubicado en la Carrera 10 Nº 14-33 de esta ciudad.

2.2. Que en caso de no ser posible la reubicación inmediata, reiteran la solicitud de cierre extraordinario de los juzgados, hasta cuando se brinden condiciones de seguridad a todos y cada de los funcionarios y empleados que laboran en dicha sede.

2.3. Solicitaron igualmente, acompañamiento durante ese trámite de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, del DPAE y de la oficina de prevención y atención de desastres de la Presidencia de la República (fls.1 a 68 c.o.).

3. Radicada la tutela en esta colegiatura, con proveído del 9 de junio de 2008, en aras de garantizar el principio de doble instancia, se ordenó su remisión inmediata al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, comunicando la decisión a los accionantes (fls. 72 a 356 c.o.).

4. Arribada la actuación al seccional de instancia, el 24 de junio de 2008, los magistrados manifestaron su impedimento para avocar conocimiento, el 27 siguiente se realizó el sorteo de conjueces, quienes una vez recibida la comunicación, con proveído del 7 de julio aceptaron el impedimento exteriorizado por los magistrados (fls. 359 a 369 c.o.).

5. Con proveído del 7 de julio de 2008, el conjuez ponente, admitió el trámite de la tutela, no accedió al decreto de la medida provisional, ordenó la práctica de pruebas, la comunicación a los accionados, lo mismo que a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, el DPAE y a la oficina de prevención y atención de desastres de la Presidencia de la República, para, si a bien lo tienen, participen en el trámite de la acción, conforme a la solicitud de los accionantes (fls. 370 a 475 c-1).

6. Con proveído del 17 de septiembre de 2008, esta colegiatura declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la tutela, dictado por el a quo el 7 de julio de 2008 para que se procediera a vincular a este trámite al Juzgado Once Administrativo de Bogotá, dado que en ese despacho se adelanta acción popular donde se debaten los mismos hechos de esta solicitud de amparo (fl.4 cdno. segunda instancia).

Intervención de los accionados antes de la nulidad

1. La doctora Emilia Montañéz de Torres, presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en oficio SACUN08-4297 del 9 de julio de 2008, dio respuesta a la solicitud de tutela, indicando que dentro de las funciones establecidas a esa Sala por la ley estatutaria de la administración de justicia, en ninguna de ellas está la de la administración de los bienes pertenecientes a la rama judicial, motivo por el cual esa Sala no está llamada a responder por los requerimientos de los actores, ni tampoco tiene legitimidad por pasiva para ser vinculada, solicitando así se declare.

Adujo que, no obstante lo anterior, esa Sala ha manifestado su preocupación por el estado de las instalaciones de las sedes judiciales, razón por la cual envió oficio a su Sala Superior, recibiendo respuesta del director de la unidad de recursos físicos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, donde pone en conocimiento que desde el año 2006 la dirección ejecutiva seccional. Efectuó contrato con el ingeniero Ricardo Naranjo, para realizar las mediciones del edificio de manera periódica para establecer si el mismo ha sufrido algún movimiento o inclinación cuyos resultados deben reposar en la referida seccional (fls. 36 a 38 c-2).

2. El director ejecutivo seccional, con oficio 7290 del 10 de julio de 2008, informó que el 10 de julio, previo a llevarse a cabo la diligencia de inspección judicial, hizo entrega de los planos correspondientes a cada uno de los pisos de la sede judicial al doctor Jairo Gerardo Chávez, se anexaron los referidos planos (fls. 40 a 75 c.2).

3. La doctora Tatiana María Vásquez Pastrana, en su calidad de profesional universitaria de la división de procesos de la unidad de asistencia legal de la dirección ejecutiva de administración judicial, destacó la improcedencia de la tutela, en razón de ser objeto de acción popular promovida por el ciudadano Tomás Carrizosa, la cual cursa en el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, radicado 2005-832.

Señaló que en el trámite de la citada acción popular se han realizado varios estudios técnicos por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que han dictaminado que el edificio Hernando Morales Molina cuenta con estructuras aptas para ser habitado y que las mismas reúnen las normas urbanísticas de sismo resistencia.

Indicó además, que debe tenerse en cuenta los avances en materia de mantenimiento de las zonas pertenecientes al complejo judicial “Hernando Morales Molina”, realizados por la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá y Cundinamarca, en lo referente a iluminación, señalización y condiciones adecuadas de acceso en casos de emergencia en las puertas habilitadas para la evacuación, mantenimiento de techos, pisos, baños, canalización de instalaciones eléctricas y otros.

Adujo que, de acuerdo a las pruebas practicadas en el trámite de la acción popular, el edificio Hernando Morales Molina, reúne las normas técnicas y urbanísticas de sismo resistencia requeridas para su funcionamiento, motivo por el cual solicitó denegar la presente acción por resultar improcedente.

4. Con oficio del 10 de julio de 2008, el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia indicó que, conforme a lo previsto en el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es una entidad con autonomía administrativa y financiera y la representación judicial de la Nación rama judicial recae en el director ejecutivo de administración judicial, por tanto es equivocada la vinculación de ese ministerio a la presente acción de tutela.

No obstante lo anterior, destacó la improcedencia de la tutela, por no evidenciarse vulneración de derecho fundamental alguno a los petentes por parte de ese ministerio, solicitando denegarla o, en su lugar, declararla improcedente (fls. 90 a 93 c-2).

5. Con auto del 16 de julio de 2008, se decretó la prueba solicitada por la dirección ejecutiva de administración judicial, en el sentido de oficiar al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá, requiriendo información sobre el estado del proceso de acción popular con radicado 2005-832, respuesta recibida en la misma fecha, indicando que la actuación se encuentra a despacho para decretar las pruebas que se consideren necesarias (fls. 99 a 101 c-2).

Intervención de los accionados posterior a la nulidad

1. Durante el nuevo tramite realizado por el a quo, se corrigió el yerro que generó la nulidad, corriéndose los traslados respectivos, teniéndose que al proceso concurrieron:

1.1. El Ministerio del Interior y de Justicia, por intermedio del jefe de la oficina asesora jurídica mediante comunicación calendada el 11 de noviembre de 2008, solicitó despachar desfavorablemente la presente acción o en su defecto declarar su improcedencia, teniendo en cuenta que existen otros mecanismos judiciales de defensa, y además por que no hay vulneración de derechos fundamentales por parte de ese ministerio (fl 85).

1.2. Igualmente concurrió el director ejecutivo seccional de administración judicial de Bogotá, doctor Carlos Enrique Másmela González, solicitó la improcedencia de la acción de amparo por la existencia de otro medio de defensa judicial, sin advertirse la trasgresión de los derechos fundamentales de los accionantes, como también un perjuicio irremediable (fl. 89).

Se advierte que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, guardó silencio en esta etapa procesal.

El fallo impugnado

El a quo tras concluir que en el evento de examen, tal y como lo señalaron los accionados, se está en presencia de una amenaza cierta y real sobre el derecho a la vida de los empelados y funcionarios que actualmente permanecen durante su jornada laboral en las instalaciones del edificio, pues según los experticios técnicos, no se encuentra en condiciones normales de seguridad, accedió a la solicitud de tutela y en consecuencia:

Ordenó a las entidades accionadas que en un término perentorio de seis (6) meses, sean reubicados la totalidad de los despachos judiciales que funcionan en el complejo Judicial Hernando Morales Molina de la carrera 10ª Nº 14-33 de Bogotá, a unas instalaciones acordes con lo dicho en el cuerpo del proveído, igualmente, de no haberlo hecho, inicien los trámites y procedimientos respectivos, de acuerdo a su competencia y funciones para proceder al traslado de los despachos judiciales conforme al punto anterior; contratar los estudios de vulnerabilidad estructural y funcional del complejo judicial ubicado en el Edificio Hernando Morales Molina; iniciar los trámites y procedimientos respectivos para el comienzo de los estudios necesarios para la elaboración de un plan de contingencia para la prevención y atención de emergencias, acorde con el Decreto 633 de 28 de diciembre de 2007 y demás normas señaladas por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Ordenó también, a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá, en un término no superior a las 48 horas, si aún no lo han hecho, proceder al aseguramiento de la infraestructura técnica necesaria, conexión de las mangueras contra incendio que se encuentran en los gabinetes de los pisos 13 y 15.

Ordenó, especialmente a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá, y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en un término no superior a 48 horas, “si aún no lo han hecho, acoger e iniciar el desarrollo de las recomendaciones dadas por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá; y, en forma inmediata, si aún no lo han hecho, desarrollar las normas para la prevención y atención de desastres e institucionalizar un plan de contingencia como lo indica el Cuerpo de Bomberos de Bogotá”.

Igualmente, ordenó “que cada mes, a más tardar, el siguiente día hábil, contado desde la notificación de este fallo, se publiquen, a manera de informe, en cada piso del complejo judicial Hernando Morales Molina, los avances de los ordenado en la parte resolutiva en los puntos (…)…”.

Además, dispuso la compulsa de copias a la alcaldía menor de la Candelaria, para que “investigue las conductas omisivas que se pudieron presentar al efectuar obras de gran magnitud en el Edificio Hernando Morales Molina, sin la licencia de construcción respectiva”.

Por último, advirtió la Sala el obligatorio cumplimiento de la decisión so pena de desacato, surtiéndose las correspondientes notificaciones.

De la impugnación

1. Mediante escrito del 1º de diciembre de 2008, el doctor Carlos Enrique Másmela González, obrando en nombre de la Nación —Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Administrativa, dirección ejecutiva de administración judicial y dirección ejecutiva seccional de administración judicial Bogotá -Cundinamarca, impugnó el anterior fallo, bajo los mismos argumentos expuestos en su libelo de contestación de la tutela (fl. 249).

2. La doctora Tatiana María Vásquez Pastrana, profesional universitaria de la división de procesos de la unidad de asistencia legal de la dirección ejecutiva de administración judicial, también impugnó el fallo, exponiendo similares argumentos a los manifestados en su contestación de la acción de tutela (fl. 261).

Consideraciones

1. De la competencia.

Por disposición de los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, en armonía con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia de la impugnación instaurada contra los fallos de tutela proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del citado decreto consagra “(…) El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (…)”. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo (…). Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará (…)”.

2. Procedibilidad de la acción de tutela.

Se ha planteado por parte de los accionantes, la improcedencia de la presente acción de amparo, al considerar que existen otros mecanismos judiciales que llevan a proteger los derechos fundamentales invocados por los actores.

Esta superioridad, tal y como lo plantea el a quo coincide en que para este preciso evento, la acción de tutela es el mecanismo procedente para proteger los derechos fundamentales invocados por los demandantes en su libelo tutelar, toda vez que de un lado el medio ordinario “idóneo” al cual se hizo referencia en los escritos de descargos, referido a la existencia de una acción popular en curso, la cual en teoría estaría llamada a ser la vía natural para resolver el problema jurídico, en la práctica al tenor de las dimensiones de la falla estructural que presenta el inmueble donde funcionan los despachos judiciales donde laboran los accionantes, aunado a la pasividad del Juez 11 Administrativo que actualmente conoce de la señalada acción, NO garantiza en términos de tiempo los correctivos necesarios para salvaguardar la integridad personal de los numerosos empelados, funcionarios y visitantes que a diario, asisten a las instalaciones del complejo judicial en cita.

En efecto, la vulnerabilidad que revelan los estudios técnico de ingeniería y arquitectura entre otros, obligan —se repite— en este particular caso, a que el juez de tutela, intervenga directamente en la solución de la inminente amenaza que hoy se cierne sobre la vida no solo de el número plural de demandantes en tutela, sino del conjunto de la ciudadanía que igualmente frecuenta el edificio “Hernando Morales Molina”; máxime si como obra en la actuación el mutismo del juez administrativo encargado de emitir pronunciamiento, a apropósito de la acción popular ya citada, dentro del ámbito de su competencia no se ha pronunciado de fondo sobre el tema, sino que, incluso, desatendiendo los requerimientos de la justicia constitucional, tampoco allegó a la presente actuación, explicación alguna sobre la suerte y el trámite de la acción popular en curso; circunstancia que, obliga a esta superioridad a predicar la falta de idoneidad del mecanismo alterno de defensa judicial y en consecuencia no solo abordar el estudio a fondo de las pretensiones tutelares, como mecanismo definitivo, sino a compulsar copias disciplinarias para que se investigue la posible responsabilidad que le asiste el funcionario encargado de tramitar y fallar la acción popular tantas veces citada, e igualmente, el silencio que guardó de frente a su vinculación a la actuación de tutela que hoy nos ocupa.

Nótese que tal y como lo adujera el a quo, en relación a la acción popular, esta versa sobre intereses colectivos, pero, en la acción de amparo invocada los actores demostraron individualmente la conculcación del derecho a la vida e integridad personal y trabajo en condiciones dignas, al suscribir cada uno de ellos, individualmente la acción de tutela, siendo “identificables y determinables”, tal y como lo dijo el fallador de primer grado.

Debe destacarse, que son 352 los homólogos quienes instauraron la presente acción, razón por la cual esta corporación comparte que es este el mecanismo legal y constitucional viable, para la protección de los derechos invocados, en tanto pese a que es un número significativo de afectados, que podrían reclamar en interés colectivo la lesión de sus derechos a través de una acción popular, se destaca, que con la acción de tutela se pretende proteger de manera urgente, la amenaza sobre los derechos individualmente considerados de los accionantes.

La Corte Constitucional en distintos pronunciamientos se ha referido al alcance de ambas acciones, destacando la diferencia y procedencia entre la tutela y acción popular:

“… Las acciones populares han sido consagradas en la Constitución como la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente, entre otros, razón por la cual tales derechos pueden llegar a ser garantizados mediante estas acciones atendiendo los mecanismos debidamente consagrados en la Ley 472 de 1998, que las regula y fija su objeto, principios, jurisdicción y procedimiento. En el caso de la protección de los derechos constitucionales fundamentales, la acción expedita, como es de conocimiento general, será entonces la acción de tutela. Sin embargo, existen casos en los que por la vulneración o amenaza de derechos colectivos se produce la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En estas circunstancias, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al concluir que ante estos eventos resulta viable la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y se acredite la real vulneración o amenaza del derecho fundamental. En estas condiciones, se ha considerado efectivamente que dada la conexidad del ataque entre derechos colectivos y fundamentales deberá prevalecer la tutela sobre las acciones populares, para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la unidad de defensa y la economía procesal. En ese orden de ideas, se requiere para el conocimiento de una acción orientada en ese sentido, que exista un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales del solicitante o su familia, una perturbación de derechos colectivos y un nexo causal o vínculo directo entre uno y otro, de manera tal que se pueda determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho fundamental es producto de la perturbación de los derechos colectivos…” (1) .

Así las cosas, para esta Sala no admite duda que a las diligencias se allegaron varios e importantes medios de convencimiento probatorio, los cuales permiten afirmar la presencia de una amenaza cierta e inminente de los derechos colectivos fundamentales de todas aquellas personas que laboran y frecuentan a diario las instalaciones del edificio Hernando Morales Molina, pues, según los resultados de los estudios técnicos la estructura del inmueble en comento, presenta fallas, así lo advirtió la diligencia de inspección judicial que obra en la foliatura.

3. Del caso en concreto.

Como se infiere del escrito introductorio de la acción de tutela, los accionantes pretenden la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al trabajo en condiciones dignas, pues consideran que el edificio en donde habitualmente desempeñan su labor judicial, no es sismo resistente y tampoco cuenta con la seguridad debida frente al acaecimiento de una emergencia de gran entidad, en tanto, como se evidenció tras el temblor de tierra ocurrido el pasado 24 de mayo de 2008, la estructura del inmueble en cuestión resultó seriamente afectado.

Sobre el tema desde ya no duda la Sala en aseverar que en sub lite se está en presencia de una evidente amenaza de vulneración de los derechos fundamentales invocados por los demandantes en su escrito constitucional, pues, de las inspecciones técnicas realizadas por los peritos ingenieros, al igual que los conceptos emitidos por entendidos en la materia, quienes evaluaron la infraestructura del edificio, es dable concluir, pues si bien estructuralmente no se está ante un posible colapso; el inminente peligro y la amenaza se observa frente a los problemas arquitectónicos, de diseño, mampostería, que ponen en serio riesgo la vida y la integridad de quienes laboran y concurren cotidianamente al Edificio Hernando Morales Molina ubicado en la carrera 10 Nº 14 – 23 de esta capital.

Es que los precisos y puntuales informes, datos y estudios vertidos al expediente, permiten inferir sin hesitación que la vida e integridad del personal propio y extraño, quienes a diario recorren las instalaciones de la vetusta mole de acero y cemento ubicada en pleno corazón de la capital, corre sería amenaza, circunstancia que en obedecimiento del mandato previsto en el canon 86 superior, avala la intervención sin demora del juez de tutela, con el objeto de adoptar los correctivos en aras a proteger los preciados derechos fundamentales ya señalados, pero sobre todo a adelantar en el tiempo los correctivos necesarios con el fin de evitar una tragedia de incalculables consecuencias.

La motivación extensa y puntual contentiva en la sentencia de primer grado, resulta tan atinada que como pocas veces, esta sala, se entiende relevada de ahondar en argumentos en pos de confirmar las jurídicas conclusiones y decisiones que sobre el tema adoptó la sala de primera instancia; pues, como se sabe el fin último de los operadores por vía del artículo 86 constitucional, es proteger —para el caso a examen— de manera objetiva y fáctica, el derecho a la vida de los asociados, como también los derechos de un número indeterminado de usuarios que acuden diariamente al edificio Hernando Morales Molina, en el legítimo ejercicio de acceso a la administración de justicia.

Es que la Constitución Política en su artículo 2º, impone la obligación a las autoridades encargadas el deber de proteger y tomar las medidas necesarias para salvaguardar y materializar tal derecho fundamental, haciéndose efectivo con la toma de medidas y decisiones que garanticen el cese de esa vulneración, amenaza o peligro sobre el derecho fundamental invocado.

A tono con lo anotado, esta superioridad tiene fijada línea jurisprudencial, entratándose del derecho al acceso a la administración de justicia, cuando a propósito del lamentable atentado al complejo judicial en la cuidad de Cali, en el cual afectó gravemente este servicio público, en fallo de tutela del 21 de enero de 2009, dentro del radicado 11001 01 02 000 2008 03045 00, con ponencia del H. magistrado José Ovidio Claros Polanco dijo:

“… considera esta Sala, que el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha ha sido más que prudencial, para que las accionadas hayan dispuesto lo pertinente a fin de que la totalidad de los despachos judiciales restablezcan normalmente la prestación del servicio, atendiendo a que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de un sinnúmero usuarios de los Juzgados Civiles Municipales de Cali se vea afectado día tras día.

Pues se recuerda que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia es aquel a través del cual se garantiza que los asociados puedan acceder al órgano de justicia en procura de la resolución pronta y oportuna de las controversias, principio básico en una sociedad civilizada, en donde la expectativa de justicia que se reclama no puede quedar supeditada a la prórroga indefinida del cierre de sus despachos judiciales.

Al respecto la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar el acceso a la administración de justicia contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política como uno de los derechos susceptible de protección jurídica inmediata a través de la acción de tutela (2) .

Concordante con todo lo anterior y atendiendo a que las actuaciones desarrolladas por las accionadas, han arrojado resultados positivos, logrando restablecer el servicio en esa ciudad capital de la gran mayoría de despachos judiciales y, para el caso, se cuenta con los elementos básicos para que los restantes, esto es, los juzgados civiles municipales, empiecen a laborar —estando ya ubicados en sus respectiva sede y en su etapa final de acomodamiento—, frente a tales circunstancias no surge imposible amparar el derecho invocado.

Por consiguiente, se ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y a la dirección ejecutiva de administración judicial, que dentro del término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, dispongan lo necesario para que entren en funcionamiento los Juzgados Civiles Municipales de Cali, y en especial, el Juzgado 22 Civil Municipal, los que serán dotados con los elementos necesarios para la correcta prestación del servicio...”.

De igual manera, tal como lo precisó el a quo, las condiciones técnico científicas y la eventualidad de un accidente o una tragedia de bastas proporciones, urgen la toma de los correctivos dispuestos en el fallo de primera instancia, que obligan a cada una de las entidades accionadas a tomar las medidas de rigor ordenadas en la resolutiva del citado pronunciamiento.

La Corte Constitucional se ha referido a la protección del derecho a la vida entre otras en la Sentencia T-102 de 1993, al afirmar:

“La protección y el respeto que el Estado debe brindar a los titulares del derecho a la vida no puede reducirse a una simple consideración de carácter formal, por cuanto el derecho a la vida no solo implica para su titular el hallarse protegido contra cualquier tipo de injusticia, sea esta de índole particular o institucional, sino además tener la posibilidad de poseer todos aquellos medios sociales y económicos que le permitan a la persona vivir conforme a su propia dignidad.

(…).

… la Constitución protege a las personas contra todos aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva su vida. El estatuto fundamental protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar cuando quiera que se afecte el goce del derecho, no importa el grado de afectación.

Así pues, una perspectiva constitucional muestra bien cómo se vulnera el derecho fundamental a la vida por la realización de actos que ponen en peligro objetivo tal derecho, así el peligro no sea inminente.

Sería ingenuo creer que la consagración expresa del derecho a la vida en el texto constitucional actúa como una fórmula mágica sobre nuestra realidad política y social, convirtiendo a Colombia en una sociedad pacífica. Esa consagración tiene sentido y alcance en cuanto manifiesta una voluntad nacional de crear las condiciones necesarias para que la violencia deje de ser empleada como medio de solución de conflictos. En otras palabras, el reconocimiento del derecho humano a la vida en una norma de rango jurídico supremo (C.N., art. 11), deberá asumirse por gobernantes y gobernados como un compromiso de restablecer las reglas que conforman el mínimo exigido para el mantenimiento y desarrollo de la convivencia civilizada y el consenso social” (negrillas de la Sala).

Así las cosas, se evidencia sin duda en el sub examine, una serie de omisiones de las autoridades accionadas, en el emprendimiento de las medidas necesarias que garanticen no solamente a los actores, y a los usuarios que concurren a dicha edificación, la efectiva y concreta protección de sus derechos, lo cual impone sin demora la intervención del juez de tutela, a fin de tomar las decisiones de rigor, expidiendo una declaración judicial que ponga fin, a la amenaza de los derechos invocados por los demandantes en su libelo tutelar.

De frente al tema de la celeridad, la economía procesal y la claridad de los fallos judiciales, la Sala acoge totalmente los resultados de los informes y los resultados de las inspecciones realizadas por los diversos profesionales recadados en el expediente, que alimentan la actuación y a fin de no resultar repetitivo, integra dichas conclusiones al cuerpo del presente fallo, avalando como se expuso en todo, las consideraciones plasmados por el colegiado a quo en el sentencia materia de impugnación.

No sobra además, poner de presente la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96), la cual entre otras cosas, precisa las funciones y deberes del director ejecutivo de la administración judicial:

“… ART. 99.—Del director ejecutivo de administración judicial. El director ejecutivo de administración judicial deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Son funciones del director ejecutivo de administración judicial:

1. Ejecutar el plan sectorial y las demás políticas definidas para la rama judicial.

2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.

3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse. Tratándose de contratos que superen la suma de cien salarios mínimos legales mensuales, se requerirá la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Superior de la Judicatura y definir sus situaciones administrativas, en los casos en los cuales dichas competencias no correspondan a las salas de esa corporación.

5. Nombrar a los directores ejecutivos seccionales de ternas preparadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

6. Elaborar y presentar al Consejo Superior los balances y estados financieros que correspondan.

7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

8. Representar a la Nación-rama judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales; y,

9. Las demás funciones previstas en la ley…”.

Así mismo la mencionada ley establece las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las cuales se destaca:

“De la administración de la rama judicial

ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

3. Autorizar la celebración de contratos y convenios de cooperación e intercambio que deban celebrarse conforme a la Constitución y las leyes para asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente ley.

4. Aprobar los proyectos de inversión de la rama judicial.

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de estos y los juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el consejo no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

15. Declarar la urgencia manifiesta para contratar de acuerdo con el estatuto de contratación estatal.

16. Dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y empleados de la rama judicial, de acuerdo con las leyes que en la materia expida el Congreso de la República (negrilla fuera de texto).

De suerte que la omisión palpable en el caso a examen del ente administrativo encargado de garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia, en tanto, no se evidencia una oportuna y eficaz vigilancia para el cumplimento del cometido-mandato ya trascrito, revelan riesgo en la infraestructura arquitectónica, falta de medios de seguridad y emergencia, y las deficientes vías de evacuación en las instalaciones del edificio Hernando Morales Molina, lo que genera un riesgo grave e inminente sobre la vida de las personas que laboran y acuden diariamente a dicha edificación.

Dado lo anterior, y en acatamiento a lineamientos jurisprudenciales, constitucionales y legales, se procederá a conceder el amparo de los derechos fundamentales conculcados e invocados por el señor José Domingo Roncancio y sus otros 352 homólogos accionantes, por lo que se modificará el fallo impugnado, modificándolo en cuanto al término concedido en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, el cual se fija en dos (02) meses, y en lo demás se confirmará integralmente el fallo impugnado.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR el fallo impugnado en el siguiente sentido.

1. FIJAR en dos (02) meses el término establecido en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, conforme se dijo en la parte considerativa de este proveído.

2. ADICIONAR el fallo objeto de impugnación en el sentido de COMPULSAR COPIAS disciplinarias para ante el Consejo Seccional de la Judicatura —Sala Disciplinaria—, a efectos de investigar la responsabilidad que le asiste al juez 11 administrativo del circuito de Bogotá, en la posible mora que presenta la solución de la acción popular radicada en su despacho, relacionada con los hechos materia de la presenta tutela, e igualmente en la falta de acatamiento que se le hiciera al momento de vincularlo a la presente actuación de tutela.

3. En lo demás, se CONFIRMA integralmente la sentencia del 14 de noviembre de 2008, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que TUTELÓ los derechos fundamentales a la vida e integridad personal y al trabajo en condiciones dignas conforme al fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.

4. REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional, a efecto de tramitarse su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados:Angelino Lizcano Rivera—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—María Mercedes López Mora—Carlos Arturo Ramírez Vásquez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros. 

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial. 

(1) Corte Constitucional. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia T-453 de 1998.

(2) Sentencia C-037 de 1996.

______________________________