Sentencia 12782 de octubre 24 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 1100103270002001-0354-01. Rad. 12782

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Country Club de Bogotá C/ Ministerio de Hacienda - Comité de entidades sin ánimo de lucro.

Impuesto renta 1997

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Fallo

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el Country Club de Bogotá, a través de apoderado, demandó los actos administrativos mediante los cuales el comité de entidades sin ánimo de lucro se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de calificación elevada por la entidad, en relación con el impuesto sobre la renta por el año gravable de 1997.

Antecedentes

El 12 de marzo de 1998, el Country Club de Bogotá, a través de su representante legal formuló petición para que se declarara la calificación de la procedencia de egresos efectuados en el período gravable de 1997.

A través de Resolución 359 del 14 de julio de 1999, el comité de entidades sin ánimo de lucro resolvió no otorgar la calificación a que se refiere el artículo 363, del estatuto tributario, por el año gravable de 1997, por cuanto la demandante no cumple con los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario para pertenecer al régimen tributario especial.

Por cuanto la demandante no cumple con los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario, en concordancia con el parágrafo del artículo 1º del Decreto 124 de 1997, para pertenecer al régimen tributario especial.

La anterior decisión se fundamentó en los documentos aportados con la solicitud de los que se dedujo que las actividades del club no propenden por el mejoramiento del conglomerado social, puesto que el objeto social no corresponde al estimulado fiscalmente y aun cuando se indica el deporte aficionado, éste no corresponde al principal ni sus recursos se encaminan a dicha actividad. De los estados financieros observó que los recursos se dirigen a mantener su infraestructura y a cumplir con los servicios ofrecidos a los socios. Igualmente en las actividades del club prima el interés de un determinado grupo (socios), oponiéndose al interés general, referido al beneficio colectivo de la mayoría de los ciudadanos.

Al considerar que el club no es contribuyente del régimen tributario especial, sino asimilado al régimen de las sociedades limitadas en el impuesto sobre la renta, decidió negar la concesión del plazo especial previsto para presentar la declaración de renta.

Dicho acto administrativo fue confirmado en reposición a través de Resolución 47 del 14 de abril de 2000.

(…).

Consideraciones de la Sala

La litis en la instancia se centra en establecer si se ajustan a derecho los actos administrativos demandados, mediante los cuales el comité de entidades sin ánimo de lucro resolvió no emitir pronunciamiento sobre la calificación de egresos solicitada el año gravable 1997, y negó el plazo especial para la presentación de la declaración de renta, al considerar que el club actor no cumple con las exigencias previstas en el ordenamiento que rige la materia para acceder al régimen tributario especial.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario, modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, son entidades del régimen tributario especial, las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos, estén destinados a las actividades incentivadas de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, las que deben ser de interés general.

El interés general que prevé la ley, se satisface conforme lo indica el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 124 de 1997, cuando las actividades “afectan a la colectividad al propender por el mejoramiento social”.

Como se indicó en los antecedentes de este fallo, la entidad demandante solicitó al comité de entidades sin ánimo de lucro, emitir calificación acerca de la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, para el año de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 363, literal b) del estatuto tributario.

Según lo prescrito en el artículo 363 del estatuto tributario, al comité de entidades sin ánimo de lucro, o comité de calificaciones, (art. 362, ibíd.), le corresponden las funciones de calificar las importaciones de bienes a que se refiere el artículo 480 “para efecto de la exención del impuesto a las ventas a dichas importaciones” y de calificar la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente a los fines previstos, para las entidades sin ánimo de lucro cuyos ingresos o activos superen los topes fijados en la norma, “sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria”.

Se da cuenta en el expediente, que el comité de entidades sin ánimo de lucro se abstuvo de emitir el pronunciamiento solicitado, el 12 de marzo de 1998, sobre la calificación por el año gravable de 1997, por cuanto la actora no cumple los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario. Se expresó que sus actividades se dirigen solamente el beneficio de sus asociados y no hacen parte del desarrollo social estimulado fiscalmente. Consideró que el club no se ajustó a las previsiones del numeral a) del artículo 19 del estatuto tributario, concordante con el literal b) del artículo 4º del Decreto 124 de 1997 y el 359, que dan derecho a un tratamiento preferencial.

Sobre el particular, se advierte que es evidente que con los actos acusados la demandada desbordó los límites de su competencia, dado que no está facultada para abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la calificación de egresos, pues dentro de sus funciones no tiene la de pronunciarse en tal sentido, con lo que desconoce tanto el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario, como el artículo 11 del Decreto 124 de 1997, en lo pertinente.

Al respecto, la Sala reitera su criterio expuesto en el fallo del 15 de noviembre de 1996, expediente 7995, consejero ponente, doctor Julio Enrique Correa Restrepo, y reiterado en copiosa jurisprudencia, donde se ha expresado:

“(...) advierte la Sala, que de las normas sobre la materia consagradas en el estatuto tributario y en particular del artículo 363, es dable concluir que dentro de las funciones del comité, que enmarcan su competencia y facultades, no se cuenta la de abstenerse de efectuar calificación respecto de las solicitudes elevadas. Pues la autorización dada por la norma en este aspecto, está referida a calificar la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedentes a los fines previstos, sin que resulte jurídicamente viable que expida actuaciones en otro sentido, máxime cuando éstas constituyen procedimientos diferentes, lógicamente no autorizados.

Con tal proceder, la entidad demandada está invadiendo la competencia de la administración tributaria, pues al determinar que el objeto social de la actora no le permite acceder a los beneficios del régimen especial, no está haciendo cosa distinta que ejercer facultades de fiscalización para lo cual no está habilitada, máxime si se tiene en cuenta el texto del artículo 13 del Decreto 124 de 1997, que, en concordancia con el artículo 363 del estatuto tributario, prevé que la administración tributaria desarrollará programas de fiscalización a las entidades del régimen tributario especial para determinar, entre otros, el cumplimiento de las actividades señaladas en dicha norma, y “las demás disposiciones vigentes sobre la materia”, una de las cuales, es, a no dudarlo, el artículo 19 del estatuto tributario.

Las razones que anteceden son suficientes para acceder a las súplicas de la demanda, por lo cual se anularán los actos acusados.

Finalmente, en lo atinente a la solicitud elevada en la demanda en el sentido de “condenar a la parte demandada al pago de las agencias en derecho”, la Sala advierte:

De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en la forma como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, que faculta al juez para condenar en costas, indica que la condena deberá imponerse “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes”.

Pues bien, la norma que autoriza la condena en costas, de la cual forman parte las agencias en derecho, exige al juez una valoración y ponderación subjetivas, imperativo que se traduce en que no basta con que se haya vencido a la parte, sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por aquélla. En el asunto en litis, no advierte la Sala que la entidad demandada haya incurrido en una conducta reprochable que amerite la referida condena a correr con los gastos realizados por la parte actora para obtener un pronunciamiento judicial.

A todo ello se agrega que de conformidad con lo establecido por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, acerca de las reglas que deben ser tenidas en cuenta al momento de tomar la medida de condenación, la regla octava establece: “8ª. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca demostrada su causación”. Conforme a lo anterior, se negará la condena impetrada.

Consecuencial, a la declaratoria de nulidad a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la demandada que proceda a calificar los egresos que le fueron presentados por la actora, correspondientes al año gravable 1997.

Así mismo, a título de restablecimiento del derecho, se declarará que la demandante tiene derecho a presentar su declaración de renta correspondiente, dentro del mes siguiente al pronunciamiento de dicho comité.

Finalmente, se advierte que la señora consejera María Inés Ortiz Barbosa, mediante escrito obrante al folio 196 del cuaderno principal, expresó encontrarse impedida para conocer del presente negocio, de conformidad con el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, manifestación que la Sala acepta por hallar configurada la causal, declarándola separada de su conocimiento. No se dispuso el sorteo de conjuez, por no requerirse, en atención a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ANÚLANSE, las resoluciones 359 del 14 de julio de 1999 y 47 del 14 de abril de 2000, expedidas por el comité de entidades sin ánimo de lucro.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE, a la demandada que proceda a calificar los egresos que le fueron presentados por la actora, correspondientes al año gravable 1997.

3. A título de restablecimiento del derecho, también, DECLÁRASE, que la demandante tiene derecho a presentar su declaración de renta correspondiente, dentro del mes siguiente al pronunciamiento de dicho comité.

4. ACÉPTASE el impedimento manifestado por la señora Consejera María Inés Ortiz Barbosa. En consecuencia DECLÁRASELE separada del conocimiento del presente asunto.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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