Sentencia 12788 de julio 27 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 12788

Consejero ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Ofelmina Mejía Villa

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa-Policia Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 30 de agosto de 1996, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES PROCESALES 

1. Las pretensiones. 

Por intermedio de apoderado judicial, la señora OFELMINA MEJIA VILLA obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores HEIMER DE JESUS y ORNEY OSPINA MEJIA, y MARIA EVANGELINA CASTAÑO GOMEZ, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el 12 de diciembre de 1994, en contra de la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Declárese a la NACION COLOMBIANA (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL), administrativamente responsable de la muerte de los señores ORLANDO OSPINA CASTAÑO y JAMES OSPINA MEJIA y por consiguiente de la totalidad de daños y perjuicios ocasionados a OFELMINA MEJIA VILLA (esposa y madre), HEIMER DE JESUS y ORNEY OSPINA MEJIA (hijos y hermanos), lo mismo que MARIA EVANGELINA CASTAÑO GOMEZ (madre y abuela).

Como consecuencia de la anterior declaración, háganse las siguientes o similares condenas:

1º. POR PERJUICIOS MORALES. Se debe a cada uno de los demandantes, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, el equivalente en pesos a dos (2.000) mil gramos oro fino, al precio que se encuentre el metal en la fecha de ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la certificación que en tal sentido expida el Banco de la República. La anterior petición se efectúa considerando que se trata de dos (2) parientes de la misma familia, los fallecidos y en este caso, se AMPLIFICA el dolor para quienes se consideran damnificados con este hecho trágico, argumento que se encuentra respaldado por nutrida jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

2º. POR INTERESES. Se debe a cada uno de los actores, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

De conformidad con el art. 1653 del C.C., todo pago se imputará primero a intereses.

Se pagarán intereses comerciales y transcurridos seis (6) meses los de mora”.

2. Fundamentos de hecho. 

Se refiere en la demanda que el día 11 de diciembre de 1992, los señores Orlando Antonio Ospina Castaño y James Ospina Mejía padre e hijo respectivamente, se dirigieron a la vereda La Selva, jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda a realizar labores de minería. Aproximadamente a las 6 de la mañana fueron abaleados por miembros del grupo UNASE, quienes los señalaron como autores del delito de extorsión que se pretendía cometer en contra de la señora Mélida Díaz y cuya misión era la de impedirlo.

Las víctimas aparecieron provistas de costales, con prendas de uso privativo de las fuerzas militares e insignias de grupos guerrilleros, con un revólver en mal estado y otros elementos que según los integrantes del grupo UNASE les permitieron concluir que eran los delincuentes buscados.

Sin embargo, ellos eran campesinos y mineros de la región y sólo portaban las prendas propias para su permanencia en el lugar, a las cuales les fueron adicionadas las de uso privativo de las fuerzas militares, de una manera tan aberrantes que el sólo hecho de llevarlas les habría impedido por su peso haberse enfrentado a la patrulla de la manera como éstos lo narran.

3. La sentencia apelada. 

Consideró el Tribunal que aunque en la demanda se solicitó para la señora Evangelina Castaño Gómez indemnización por los perjuicios producidos por la muerte de su hijo Orlando Ospina Castaño y de su nieto James Ospina Mejía, ésta sólo otorgó poder para reclamar indemnización por la muerte de su hijo.

En relación con la responsabilidad de la entidad demandada afirmó, luego de analizar la prueba que obra en el proceso, que en el caso concreto no se produjo la falla del servicio que obligara al Estado a indemnizar a las víctimas ya que el daño ocasionado no fue originado en una conducta irregular desplegada por los militares sino que fue el resultado de la prestación de los servicios que les correspondía cumplir.

Advirtió que aunque casos como el sub judice “bien pueden ser manejados con el criterio de la responsabilidad derivada de lesiones o daños causados con armas de dotación oficial”, las circunstancias que rodearon la situación particular, “permiten aseverar que el daño no fue antijurídico por la actitud de los occisos”.

4. La apelación 

El apoderado judicial de la parte actora manifestó su inconformidad con el fallo, aduciendo que era la entidad demandada quien corría con la carga de probar que el daño ocasionado no era antijurídico en los términos del artículo 90 de la C.P., pero ésta no lo hizo; por el contrario, la parte demandante cumplió con lo que le correspondía de acuerdo con el régimen de responsabilidad presunta, al acreditar que el hecho fue cometido por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones y con armas de dotación oficial.

De lo anterior concluye que no fue acertado el análisis probatorio elaborado por el a quo, lo que condujo a una errada decisión. Afirma que si se revisa la prueba, la versión de los uniformados se desvirtúa al advertirse que los fallecidos sí eran mineros, tal como se infiere del acta de levantamiento, al dejar constancia de la existencia de los carnet que así los acreditaba. En ningún caso pudieron sostener un enfrentamiento de cinco minutos, con un arma oxidada, no apta para disparar según la experticia practicada por medicina legal. No es posible que un grupo de tal entrenamiento, que había pasado toda la noche esperando a los extorsionistas, no concluyera el operativo con éxito, es decir, con las respectivas capturas.

Afirma que los testimonios de los militares son además contradictorios y llama la atención sobre la distancia a la cual fueron hallados los cuerpos (37 metros) y que la causa de la defunción según el protocolo de necropsia, fue muerte por “carga única y múltiple”, que se traduce en la explosión de una granada, lo cual olvidaron mencionar los uniformados y permite concluir que luego de ser heridos con carga única, fueron vestidos de militar y para ser consecuentes con la coartada les explotaron los artefactos, dando como consecuencia la relación directa entre las heridas y el vestuario utilizado. Se cuestiona igualmente, cómo no se lesionaron también los militares, si según algunas de sus declaraciones, se encontraron frente a frente.

Sostiene que toda la prueba desvirtúa las declaraciones de los militares y permite concluir que no sólo se apartaron del procedimiento propio de este tipo de actividades, sino que actuaron con una agresión de tal naturaleza “que mientras los transportaban a lomo de mula, a uno de ellos la masa encefálica se le regaba, debido a la pérdida de la bóveda craneana”.

5. Actuación en segunda instancia. 

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones hicieron uso la parte demandada y el Ministerio Público.

El primero sostuvo que en el presente asunto se dio “la llamada eximente de responsabilidad extracontractual de la Administración CULPA EXCLUSIVA DE LAS VICTIMAS, quienes actuando en forma delictiva, y ante la inminente captura accionaron sus armas de fuego contra los policiales, los que respondieron en defensa de sus vidas y actuaron dentro de los parámetros que la ley y la constitución les imponen en su calidad de defensores de la seguridad pública”. Por lo anterior solicita que se confirme el fallo.

Por su parte el Ministerio Público estima que “bien puede darse por establecido un comportamiento de la fuerza pública encaminado a frustrar o evitar la extorsión de que era víctima la señora Luz Mélida Díaz Giraldo. Sin embargo, existen varios hechos indicadores de serias y graves irregularidades por parte de los militares en la ejecución del operativo”.

Considera que la reacción defensiva de los militares ante la agresión inicial de las víctimas fue desproporcionada, lo que se evidencia con las múltiples lesiones, algunas de ellas de impresionante tamaño, indicadoras de haber sido francamente masacrados por los miembros del UNASE. No se insinúa siquiera que los uniformados hubieran utilizado las armas como medio de persuasión o defensa y que hubieran procurado causar el menor daño posible; por el contrario, se muestra una intención destructiva y plena de saña en los militares que participaron en los hechos.

Por lo anterior solicita la revocatoria del fallo apelado para en su lugar declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, pero sin desconocer el comportamiento ilícito de las víctimas lo cual implica que el monto indemnizatorio que llegare a reconocerse deberá disminuirse.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

I. Se afirma en la demanda que la muerte de los señores Orlando Ospina Castaño y James Ospina Mejía fue causada por miembros del grupo UNASE que participaron en un operativo en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, cuyo objetivo era lograr la captura de los autores del delito de extorsión denunciado por la señora Mélida Díaz.

Estos hechos están debidamente probados en el expediente. En efecto, la muerte de los nombrados está acreditada con el acta de levantamiento de los cadáveres practicado por la inspección de justicia Guayabal (fls. 5-8 C-3); la necropsia médico legal practicada por el legista de Pueblo Rico, quien certificó que aquéllos fallecieron como consecuencia natural y directa de las múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego de carga única y múltiple, que les ocasionaron lesiones en diferentes órganos del cuerpo (fls. 20-21 C-3), y los registros civiles de su defunción, expedidos por la Notaría Unica de ese municipio (fls. 12 y 13 C-1).

Consta igualmente en el expediente que el jefe de la unidad antiextorsión y secuestro del grupo UNASE emitió la orden de trabajo No. 106 del 4 de septiembre de 1992, mediante la cual se comisionó a un grupo de oficiales adelantar “las investigaciones tendientes a identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales del delito de extorsión de que viene siendo objeto la señora LUZ MERIDA DIAZ GIRALDO” (fl. 16 C-2).

Según el jefe de policía judicial del grupo UNASE, en el operativo llevado a cabo el 11 de diciembre de 1992 intervinieron los oficiales del Ejército Luis Fernando Castro Rojas, Jhon Jairo Arango Castro, José Ferney Marín Zapata, Alvaro Malaver Echeverry y el agente de la Policía José William González Jiménez (fl. 21 C-2).

Con las actas de posesión, decretos de ascenso y extractos de hojas de vida de José Ferney Marín Zapata, Luis Fernando Castro Rojas, Jhon Jairo Arango Castro y José William González Jiménez (fs. 13-15, 23, 24, 47, 52, 55 y 58 C-2; 66 y 67 C-3) se acreditó la condición de funcionarios de los integrantes del grupo que participaron en el operativo.

También se acreditó que todos ellos portaban fusiles galil (fl. 55 C-3), armas de uso privativo de las fuerzas militares, con las cuales se causó la muerte a los señores Orlando y James Ospina, como ellos mismos lo aceptaron en las respectivas declaraciones rendidas ante el Juez Setenta y Uno de Instrucción Criminal que adelantó el proceso penal en su contra (cuaderno 3) y ante el a quo (fls. 71-89 C-2).

II. Sin embargo, sobre las circunstancias en las cuales se produjo la muerte de los señores Orlando y James Ospina existe contradicción entre lo que se afirma en la demanda y las versiones de los funcionarios implicados en el hecho, pues en tanto que en aquélla se atribuye el daño a una falla del servicio de la administración por la utilización irregular de las armas de uso privativo, éstos manifiestan que actuaron en legítima defensa respondiendo a la agresión injusta de la cual fueron víctimas.

En declaración rendida ante el Juzgado Setenta y Uno de Instrucción Penal Militar el teniente del Ejército Luis Fernando Castro Rojas (fls. 49-52 C-3), quien comandaba a los integrantes del grupo UNASE que participaron en el operativo, afirmó que en razón de la denuncia formulada por la señora Mélida, propietaria de la finca Montesuma, ubicada en el corregimiento de Pueblo Rico, Risaralda, quien era víctima del delito de extorsión, se ordenó su desplazamiento hacia la finca la noche del 10 de diciembre de 1992; de allí fueron conducidos por un empleado de la misma, señor Darío N. al lugar donde éste debía reunirse con los delincuentes a la mañana siguiente para concretar la entrega del dinero, como se indicaba en la nota que les enviaron. En el sitio, los integrantes del organismo oficial se distribuyeron estratégicamente formando una L, con el objeto de impedir que los delincuentes pudieran huir. Aproximadamente a las seis y treinta de la mañana (“hora Gaviria”) el declarante fue informado por otro de los oficiales de que un grupo de hombres se acercaba a él, ordenó entonces al cabo Marín que diera la voz de alto y se identificara ante aquéllos, pero la respuesta que recibió fue un disparo que no lo alcanzó. Inmediatamente todos los demás miembros del grupo oficial comenzaron a disparar contra los delincuentes. El enfrentamiento dejó como resultado dos muertos. Los demás huyeron.

El mismo oficial manifestó ante el Tribunal (fls. 83-89 C-2) haber visto cuatro hombres, a pesar de que aclaró en la misma diligencia que el resultado de la operación fue: “la baja de dos bandidos y uno que se nos escapó” (fls. 83-89 C-2).

En términos generales las versiones rendidas por los demás integrantes del grupo UNASE que participaron en el operativo son similares. Se observa sin embargo, que en relación con el número de personas que integraban el grupo de los presuntos subversivos, las armas que éstos llevaban y el sitio por donde huyeron existen contradicciones relevantes.

Así, el cabo primero Alveiro Malaver Echavarría manifestó ante el juez de instrucción (fls. 55-58 C-3) que vio “unos sujetos en número de cinco o seis”, vestidos con uniformes camuflados, con brazaletes del EPL y a dos de ellos con armas largas y que los otros hombres lograron huir por la quebrada.

El sargento segundo del Ejército Jhon Jairo Arango Castro en declaración rendida ante el juez de instrucción (fls. 60-62 C-3) afirmó que sólo vio a un hombre porque estaba oscuro, pero que eran como cuatro o cinco; que no percibió el momento ni lugar por donde huyeron los demás delincuentes y sólo vieron después del tiroteo rastros de la fuga. No obstante, en la declaración rendida ante el a quo (fls. 76-82 C-2) manifestó haber visto “como cinco o seis personas”.

El cabo primero José Ferney Marín Zapata (fls. 63-64 C-3), afirmó en el proceso penal que cuando los cuatro o cinco hombres entraron a la emboscada organizada por el grupo, no se les veía armas ni vestidos camuflados y por eso se procedió a rodearlos. No obstante, cuando se dirigió al primero éste le disparó, por lo cual se inició el combate; que no pudo ser hallada el arma que llevaba el más joven de los fallecidos, ni se ubicaron el sitio por donde huyeron los demás.

Por su parte, el agente de la Policía Nacional José William González Jiménez ante el juez de instrucción (fls. 90-94 C-3) afirmó que por la oscuridad no pudo ver cuántas personas conformaban el grupo de los delincuentes, pero que por información de sus compañeros supo que eran cinco o seis. Versión similar rindió ante el a quo (fls. 71-75 C-2).

No ofrecen credibilidad a la Sala las versiones de los oficiales pues comienzan por incurrir en una contradicción notoria. No tiene explicación razonable el hecho de que algunos de los funcionarios que participaron en el hecho afirmen haber visto varios hombres, armados, uniformados y con distintivos de un grupo subversivo, en tanto que sus demás compañeros no hubieran podido observar por la oscuridad a los otros dos, tres o cuatro presuntos delincuentes.

Es de destacar que las versiones rendidas ante el tribunal por algunos funcionarios, en las que afirman haber visto a las víctimas acompañados de otros hombres, en tanto que en el proceso penal aseguraron no haberlos vistos por falta de claridad, resultan aún menos verosímiles si se tiene en cuenta que estas últimas versiones fueron rendidas en enero de 1996, esto es, cuatro años después del hecho y que las primeras pruebas fueron practicas entre febrero y julio de 1993, es decir, en tiempo más próximo a su ocurrencia y es de presumir que con el tiempo se hagan menos claros y no más precisos los pormenores de un hecho.

En consecuencia, no existe certeza sobre la presencia de un número mayor de personas acompañando a las víctimas en el lugar de los hechos, pues no resulta creible que bajo las mismas condiciones de visibilidad algunos funcionarios hayan logrado observarles hasta insignias y armas a los presuntos guerrilleros, en tanto, que los otros ni siquiera los hayan visto.

III. Tanto como la presencia de otras personas distintas de las víctimas en el escenario de los hechos, ofrece serios motivos de duda la agresión armada que según los integrantes del grupo UNASE desplegaron los señores Orlando y James Ospina y que los obligó a usar sus armas en defensa de sus vidas. Las razones de esa duda son las siguientes:

a) Entre los elementos hallados a los cadáveres se relacionó en el acta de diligencia de levantamiento “un revólver de quebrar, oxidado con cacha de nácar, en mal estado de funcionamiento, con tambor para cinco alvéolos” (fl. 10 C-3).

La prueba pericial practicada por el experto del Instituto Seccional de Medicina Legal e Investigaciones Forenses de Pereira sobre el arma que presuntamente se decomisó a las víctimas, arrojó el siguiente resultado: “presenta oxidación general que impide su normal funcionamiento. En las condiciones que se encuentra, no es idóneo para disparar” (fl. 89 C-3).

Con estas pruebas se desvirtúa la agresión armada que afirman los oficiales. Es de anotar que algunos de los declarantes señalaron que las víctimas estaban además armadas con una escopeta, pero que a pesar de su búsqueda no la hallaron y presumen que haya sido arrastrada por la quebrada que corre por el sitio donde ocurrieron los hechos. La existencia de esta arma o de las demás que presuntamente llevaban los que huyeron, no tiene ningún respaldo probatorio.

b) Las lesiones descritas por el legista sólo coinciden parcialmente con los orificios hallados en las ropas de las víctimas y señalados por el inspector judicial al realizar la diligencia de levantamiento de los cadáveres. Al confrontar esas pruebas se observa:

Señales encontradas en las ropas de James Ospina Mejía

“vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, camisa camuflada...la cual presenta perforaciones a la altura del bolsillo delantero derecho y a la altura del cuello, pantalón camuflado...presenta perforaciones a la altura de la rodilla derecha (fl. 5 C-3).

Lesiones referidas en el acta de necropsia médico legal de James Ospina Mejía:

“Heridas producidas por proyectil de carga múltiple, en número de 60, diámetros entre 0.2 y 3 cm, diseminadas en la cara, parte lateral derecha del cuello, tórax y parte superior del abdomen. En región torácica (preesternal) presenta orificio de entrada de proyectil único, de 1.5 cm de diámetro con trayectoria anteroposterior y de abajo a arriba, produce lesiones en cuello, mandíbula, paladar dura, base del cerebro, cerebelo, donde finalmente se encuentra el proyectil, Herida de epigastrio de 5 cm. de longitud, vertical, trayectoria anteroposterior y diagonal de abajo a arriba, penetrante a cavidad torácica. Herida de 1 cm. de diámetro en parte lateral de rodilla derecha” (fl. 18 C-3).

Características descritas en las ropas de Orlando Ospina Mejía:

“vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, camisa camuflada la cual presenta perforaciones en: a la altura del hombro izquierdo, parte alta del bolsillo lado derecho y en la parte trasera, se hace constar que además tenía otra camisa puesta, de manga larga, color morado a rayas rojas y azules...la cual presenta las mismas perforaciones que la camisa camuflada, un pantalón camuflado, número 9009260547 en el bolsillo trasero derecho, el cual tiene perforaciones a la altura de la rótula derecha” (fl. 6 C-3)

Lesiones halladas en el cuerpo de Orlando Ospina:

“Cabeza: gran herida de 12 cm. de diámetro mayor, bordes irregulares, compromete las regiones occipital, temporal y parietal derecha, con pérdida de cuero cabelludo, fragmento de hueso y de la totalidad del cerebro.

“Cuello: herida de 2 cm. irregular, bordes estrellados, ubicada en la parte anterosuperior del tórax, de 25 cm. de longitud por 5 de ancho, no penetrante a tórax.

“Adomen: herida en hipocondrio derecho de 1 cm. de diámetro, bordes estrellados; herida de 7 cm. de longitud vertical en región infraumbilical, con salida de intestino delgado.

“Extremidades: múltiples heridas por proyectil múltiple de arma de fuego, ubicadas en hombro izquierdo, diámetro de 02. y 0.7 cm; herida transfixiante en brazo derecho, orificio de entrada en la cara anterior de 4 cm. de longitud, salida en la parte posterior de 5 cm.; dos heridas en antebrazo derecho de 3 y 6 cm. de longitud cada una, pérdida de la parte distal de la tercera falange del cuarto dedo de la mano derecha; herida superficial de 10 cm. de diámetro, ubicada en la parte anterior del músculo izquierdo, con pérdida de fragmento de piel; herida en la región anterosuperior del muslo derecho, de 0.7 cm. de diámetro” (fls. 20-21 C-3).

Se observa que los orificios descritos en las ropas son inferiores a los que se encontraron en el cuerpo de las víctimas, lo cual genera incertidumbre sobre la forma como ocurrió su muerte.

c) La prueba grafológica (fls. 78-79 C-3) realizada con el objeto de determinar si el autor de la carta presuntamente encontrada a las víctimas fue escrita por el señor Orlando Ospina al cotejarla con unos manuscritos suyos, concluyó el experto del Instituto Nacional de Medicina Legal que “entre las grafías obrantes en la nota extorsiva y las que aparecen en la agenda de bolsillo existen algunas similitudes de tipo morfológico en algunos caracteres, sin embargo, estos resultan insuficientes para conceptuar sobre la uniprocedencia caligráfica de los documentos en cuestión”.

Tampoco existe claridad sobre el hallazgo de dicha carta, pues en tanto que en la diligencia de levantamiento de los cadáveres se dejó constancia de que a una distancia de 6 metros del primer cadáver se encontró, entre otros objetos, “una carta con su respectivo sobre, escrita a mano en tinta azul” (fl. 5 C-3), el señor José Germán Osorio Flórez, el mismo funcionario que practicó el levantamiento de los cadáveres, afirmó en declaración rendida ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo, que “la carta llegó a mi poder porque uno de los del grupo UNASE que estaba de civil me la entregó, me dio a entender que se llamaba Camilo, esa carta estaba escrita a mano con tinta azul…esa carta me la entregaron y yo la anexé a las diligencias” (fls. 41 vto-42 C-2).

d) Las víctimas residían en el municipio de Pueblo Rico, eran descendientes de campesinos de la región y se ocupaban de labores de minería y comercio informal, lo cual aparece acreditado con el carnet de la asociación de mineros del litoral pacífico a nombre de Orlando Ospina Castaño que le fueron encontrados en la diligencia de levantamiento de los cadáveres (fl.10 C-3), y con el testimonio de los señores Luis Hernán Uribe Santa (fls. 33- 35 C-2) y Fabricio Ayala Betancur (fls. 35-38 C-2), Blanca Enoe Valencia Román (fls. 33-35 C-3) y Nubia Vélez Serna (fls. 40-41 C-3); así como del señor José Germán Osorio Flórez, inspector de policía de Puerto Rico, quien practicó el levantamiento de los cadáveres y declaró que “los dos occisos eran muy conocidos en el municipio sobre todo en la vereda Itauri, el señor si era más conocido el de más edad porque vendía mercancía en todo el pueblo, ropa más que todo” (fl. 29 C-3).

Se advierte que la señora Ofelmina Mejía, esposa del fallecido Orlando Ospina declaró que éste y su hijo para la fecha de los hechos se dirigían a una mina “que está por la entrada de la selva” (fls. 36 C-3), y efectivamente, en el sitio donde fueron encontrados los cadáveres es zona de explotación minera rudimentaria. Así lo indicó el señor José German Osorio Flórez, inspector de justicia de Guayabal, Pueblo Rico: “la quebrada donde se encuentran (sic) los occisos…considero yo que se pueda sacar oro porque esa zona es rica en minería y todas esas quebradas tienen oro, es común en la gente de este municipio barequiar por todas las quebradas, ríos y fuentes de agua” (fl. 42 vto. 43 C-2).

El hecho de que las víctimas fueran muy conocidos en la región de tiempo atrás, genera dudas sobre su dedicación a actividades delictivas en el mismo sitio y en particular su vinculación a un grupo subversivo. Ese no es en general el modus operandi de este tipo de delincuencia.

IV. En síntesis, las pruebas que obran en el proceso no acreditan de manera fehaciente la falla del servicio por el uso inadecuado de las armas de dotación oficial, pues existen además de los testimonios de los oficiales, algunos indicios que comprometen a las víctimas, como su presencia en el lugar y a la hora en la cual debían reunirse las personas que venían extorsionando a la señora Mélida Díaz con un empleado de ésta; el estar vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas armas; portar un arma de fuego y la existencia de una carta que aunque no pudo asegurarse, tampoco se descartó que hubiera sido escrita por el señor Orlando Ospina.

Sin embargo, las falencias señaladas en relación con los medios probatorios tampoco permiten asegurar la culpa de las víctimas, ni siquiera para disminuir proporcionalmente la condena, dado que los requisitos que configuran la legítima defensa o al menos, el exceso en la misma no están demostrados de manera indubitable.

Ante las dudas que surgen del análisis probatorio, forzoso es definir el régimen de responsabilidad bajo el cual debe estudiarse el caso concreto y de esta manera determinar a quién correspondía la carga de la prueba.

Tal como lo ha sostenido la Sala en oportunidades anteriores, el régimen aplicable en relación con los daños producidos por actividades peligrosas es el de presunción de responsabilidad y no de falla del servicio, toda vez que en estos eventos no se juzga la conducta irregular de la administración sino el daño antijurídico producido(1)

Así las cosas, en el caso sub judice no le correspondía a los demandantes probar la falla del servicio, es decir, el uso inadecuado de las armas, sino a la entidad acreditar el hecho excluyente de responsabilidad y como ésta no logró demostrar debidamente la ruptura del nexo causal deberá indemnizar a los damnificados con la muerte de los señores Orlando y James Ospina. 

Se agrega que aún en el evento de que los señores Orlando y James Ospina hubieran sido delincuentes y que pretendieran extorsionar a la señora Mélida Díaz, los funcionarios no estaban legitimados para sancionarlos con la pena de muerte, pues si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas. 

En relación con la necesidad de la defensa, el artículo 30 del decreto 1355 de 1970, modificado por el artículo 109 del decreto 522 de 1971 establece lo siguiente:

“Para preservar el orden público la policía empleará solo los medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento.

“Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga”.

No debe perderse de vista que el operativgo militar fue adelantado por miembros del grupo UNASE, esto es un grupo especializado, con mejor entrenamiento y que además había dispuesto con antelación una estrategia de captura que le daba mayores ventajas en caso de una real agresión por parte de los delincuentes.

No comparte la Sala el criterio del agente del Ministerio Público en cuanto a la disminución de la condena por la culpa de las víctimas, aún dando por probado el supuesto de que éstos fuesen los autores del delito de extorsión porque esa sola circunstancia no representaba una agresión que justificara la reacción de los oficiales en la forma en que se produjo.

En otros términos, para que pudiera aplicarse la disminución de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil era necesario que las víctimas hubieran contribuido eficazmente a la producción del daño y esa contribución sólo era predicable en el caso concreto si éstos hubieran ejercido actos de agresión hacia los oficiales, de tal magnitud que los últimos hubieran tenido que hacer uso de las armas para proteger su vida, pues no debe perderse de vista que el exceso en la legítima defensa sólo difiere de la causal de justificación en la falta de proporcionalidad, pero debe cumplir los demás requisitos de ésta. En consecuencia, para justificar la reacción de los funcionarios no tenía ninguna incidencia el sólo hecho de que las víctimas tuvieran la decisión de cometer el delito de extorsión.

V. Por último, debe tenerse en cuenta que aunque es cierto que el Juzgado Setenta y Uno de Instrucción Penal Militar se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del agente de la Policía José William González Jiménez por considerar que éste actuó en ejercicio de un deber legal y en legítima defensa (fls. 95-101 C-3); el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar se inhibió de abrir investigación penal contra los miembros del Ejército que participaron en el operativo (fls. 107-111 (C-3) y el Comandante del Departamento de Policía de Risaralda ordenó la cesación del procedimiento seguido contra el agente William González Jiménez (fls. 117-133 C-3), providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior Militar (fls. 134-140 C-3), estas decisiones no comprometen la que pueda tomarse en este proceso. Ya la Sala ha dejado en claro que la valoración que se haga en el proceso penal no incide en la decisión que se adopte en el de reparación, por cuanto en aquél se juzga la conducta personal del agente que produce el daño, en tanto que en éste se decide sobre la antijuridicidad del daño producido por un hecho imputable a la administración y porque en cada proceso la valoración probatoria está sujeta a unos principios particulares que finalmente permiten resolver las dudas probatorias de manera muy diversa(2).

2. El perjuicio 

Mediante registros civiles de los matrimonios celebrados entre los señores José Jesús Ospina Vargas y Evangelina Castaño Gómez (fl. 5 C-1) y entre los señores Orlando Ospina y Ofelmina Mejía (fls. 8 C-1), así como del nacimiento de Orlando Antonio, James, Elmer de Jesús y Orney Ospina Mejía (fls. 6 y 9-11 C-1) se acreditaron el vínculo matrimonial y el parentesco que unían a las víctimas con los demandantes.

La jurisprudencia ha considerado que en relación con el cónyuge o compañero permanente, los hijos, padres y hermanos se presume el perjuicio moral(3). En el caso concreto el mismo está acreditado adicionalmente con el testimonio de los señores Luis Hernán Uribe Santa (fls. 33-35 C-2) y Fabricio Ayala Betancur (fls. 36-38 C-2)

Además se advierte que la Sala ha admitido la acumulación de indemnización por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas(4).

Por lo tanto se condenará al Estado a pagarle a la señora Ofelmina Mejía el equivalente a 1.900 gramos de oro, pues reclamó el pago de perjuicios por la muerte de su esposo e hijo.

Para Heimer de Jesús y Orney Ospina Mejía, hijos y hermanos de las víctimas se reconocerá el equivalente a 1400 gramos de oro, para cada uno, y para la señora María Evangelina Castaño Gómez, quien como bien lo advirtió el Tribunal, sólo concedió poder para reclamar perjuicios por la muerte de su hijo Orlando Ospina (fl. 4 C-1) se le reconocerán perjuicios morales por el equivalente a 1.000 gramos de oro.

No se realiza ninguna consideración respecto a los perjuicios materiales porque éstos no fueron solicitados en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA 

REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de agosto de 1996 y en su lugar:

Primero. DECLÁRASE administrativamente responsable a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL-, de todos los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con la muerte de los señores Orlando Ospina Castaño y James Ospina Mejía.

Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENASE a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional- a pagar por concepto de perjuicios morales a OFELIA MEJÍA VILLA, el equivalente a 1900 gramos; a HEIMER DE JESÚS OSPINA MEJIA y ORNEY OSPINA MEJIA el equivalente a 1.400 gramos para cada uno y a MARÍA EVANGELINA CASTAÑO GÓMEZ el equivalente a 1.000 gramos de oro.

El precio del oro será el que tenga a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, según certificación del Banco de la República.

Tercero. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido representándolo.

Quinto. La NACION- Ministerio de Defensa -Policía Nacional- dará cumplimiento a este fallo en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase 

Magistrados: Maria Elena Giraldo Gomez—Jesús María Carrillo B.—Alier Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque.

Aclaración de voto de la doctora Maria Helena Giraldo Gómez 

Régimen de presunción de responsabilidad - Eventos / Régimen de responsabilidad objetiva - Elementos 

Aunque estuve de acuerdo con las decisiones adoptadas en el fallo, me aparto, respetuosamente, de su motivación sólo en cuanto a la denominación del régimen de responsabilidad que se aplicó al caso: “el de presunción de responsabilidad”. La “presunción de responsabilidad” pareciere que para su declaración judicial pendiera de la demostración plena de un hecho respecto del cual el legislador infiriera la responsabilidad. Sin embargo, es conocido que la jurisdicción declara la responsabilidad llamada de “presunción” cuando: De una parte, se demuestran:

el hecho dañoso, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre éste y aquél y,

De otra parte, cuando no se demuestra alguna de las siguientes exonerantes de responsabilidad: culpa de la víctima en forma exclusiva y determinante; hecho del tercero en forma exclusiva y determinante y fuerza mayor. Como la jurisprudencia alude a exonerantes de responsabilidad es, precisamente, porque alguna de ellas si es demostrada rompe el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y el hecho dañador. Para mí, la tríada de elementos configurativos de la calificada por el fallo como presunción de responsabilidad no es otra cosa que un régimen de responsabilidad objetiva, en el cual hay que establecer cada uno de los elementos. Así: En cuanto al hecho dañador: Si bien el demandante tiene que probar su existencia no tiene que demostrar la calificación de la conducta subjetiva del demandado que produjo el daño; lo mismo ocurre respecto del demandado que no le sirve probar una conducta suya de diligencia y cuidado. En cuanto al daño antijurídico: Es el segundo elemento que debe ser establecido, en sus características de cierto, particular, anormal - porque excede los inconvenientes inherentes al servicio - y recaer sobre una situación jurídica o de acto o de hecho que esté protegida jurídicamente (v.gr. propiedad y posesión) o que le haya generado una confianza legítima por parte del Estado. En cuanto al nexo de causalidad: Es el tercero y último elemento de responsabilidad de necesaria demostración, en forma directa o indirecta, porque la ley no ha señalado: ni presunciones legales respecto de las cuales, probado uno o unos hechos permita o permitan inferir la causalidad adecuada o el llamado nexo; ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo pueden conducir a deducir, de hombre o judicialmente, la certeza del nexo de causalidad. La prueba del nexo referido puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por si mismo. b) indirectamente con indicio o indicios; esta prueba lógico indirecta requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apuntan o señalan la existencia de otro hecho: el indicado. ¿Si el nexo causal no fuera objeto de prueba entonces para qué las exonerantes atrás indicadas, más cuando se sabe que la finalidad de éstas es romper o destruir dicho nexo?.

Aclaración de Voto: Doctora María Elena Giraldo Gómez

Aunque estuve de acuerdo con las decisiones adoptadas en el fallo, me aparto, respetuosamente, de su motivación sólo en cuanto a la denominación del régimen de responsabilidad que se aplicó al caso: “el de presunción de responsabilidad”.

Estimo que hay veces la jurisprudencia en las adjetivaciones del régimen de responsabilidad extracontractual que aplica, utiliza conceptos de lenguaje que no se avienen con el contenido de los mismos y que no dan certeza ni a los tribunales ni a los litigantes frente a lo que se avocan, en materia probatoria.

La “presunción de responsabilidad” pareciere que para su declaración judicial pendiera de la demostración plena de un hecho respecto del cual el legislador infiriera la responsabilidad.

Sin embargo, es conocido que la jurisdicción declara la responsabilidad llamada de “presunción” cuando:

De una parte, se demuestran:

• el hecho dañoso,

• el daño antijurídico y

• el nexo de causalidad entre éste y aquél y,

De otra parte, cuando no se demuestra alguna de las siguientes exonerantes de responsabilidad:

• culpa de la víctima en forma exclusiva y determinante;

• hecho del tercero en forma exclusiva y determinante y

• fuerza mayor.

Como la jurisprudencia alude a exonerantes de responsabilidad es, precisamente, porque alguna de ellas si es demostrada rompe el nexo de causalidad entre el daño antijurídico y el hecho dañador.

Para mí, la tríada de elementos configurativos de la calificada por el fallo como presunción de responsabilidad no es otra cosa que un régimen de responsabilidad objetiva, en el cual hay que establecer cada uno de los elementos. Así:

En cuanto al hecho dañador: Si bien el demandante tiene que probar su existencia no tiene que demostrar la calificación de la conducta subjetiva del demandado que produjo el daño; lo mismo ocurre respecto del demandado que no le sirve probar una conducta suya de diligencia y cuidado.

En cuanto al daño antijurídico: Es el segundo elemento que debe ser establecido, en sus características de cierto, particular, anormal - porque excede los inconvenientes inherentes al servicio - y recaer sobre una situación jurídica o de acto o de hecho que esté protegida jurídicamente (v.gr. propiedad y posesión) o que le haya generado una confianza legítima por parte del Estado.

En cuanto al nexo de causalidad: Es el tercero y último elemento de responsabilidad de necesaria demostración, en forma directa o indirecta, porque la ley no ha señalado:

• ni presunciones legales respecto de las cuales, probado uno o unos hechos permita o permitan inferir la causalidad adecuada o el llamado nexo;

• ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo pueden conducir a deducir, de hombre o judicialmente, la certeza del nexo de causalidad.

La prueba del nexo referido puede ser:

a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por si mismo.

b) indirectamente con indicio o indicios; esta prueba lógico indirecta requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apuntan o señalan la existencia de otro hecho: el indicado.

¿Si el nexo causal no fuera objeto de prueba entonces para qué las exonerantes atrás indicadas, más cuando se sabe que la finalidad de éstas es romper o destruir dicho nexo?.

En los anteriores términos dejo expuestos, sucintamente, los motivos de la aclaración.

Maria Elena Giraldo Gómez 

Aclaración de voto del doctor Jesús Maria Carrillo Ballesteros

PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL - Improcedencia de su estimación

Respetuosamente aclaro mi voto para manifestar que aunque comparto la decisión adoptada en el fallo discrepo en cuanto a la necesidad de estimar, en el sub-judice la prueba penal trasladada, pues obran suficientes elementos de juicio, los que fueron estudiados con acuidad por el H. Consejero conductor del proceso.

Aclaración de voto del doctor Jesús Maria Carrillo Ballesteros

Respetuosamente aclaro mi voto para manifestar que aunque comparto la decisión adoptada en el fallo discrepo en cuanto a la necesidad de estimar, en el sub-judice la prueba penal trasladada, pues obran suficientes elementos de juicio, los que fueron estudiados con acuidad por el H. Consejero conductor del proceso.

En estos términos dejo aclarado mi voto.

Fecha ut-supra 

Jesús Maria Carrillo Ballesteros 

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DOCTOR ALIER E. HERNÁNDEZ ENRIQUEZ

PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL - Requisitos / REGIMEN DE PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD - El juez no está autorizado para elaborar y aplicar un régimen general e presunción de responsabilidad cuando no está expresamente previsto en la ley 

Comparto La decisión adoptada por la Sala, pero disiento en dos puntos que se tratan en la parte considerativa del fallo. El primero hace alusión al valor que se atribuye a las pruebas practicadas dentro del proceso penal, a partir de la página novena de la sentencia. El segundo se refiere al denominado régimen de “presunción de responsabilidad” a que se alude en la página 18. Sobre el primero de ellos, me parece que se debe mantener el criterio que adoptó la Sala, entre otros, en el fallo de 18 de mayo de 2000 (expediente 11.952).En relación con el segundo, también me remito a la tesis mayoritaria de la Sala, expuesta en fallo de 2 de marzo de 2000 (expediente 11.401) y reiterada en pronunciamiento del 21 de septiembre siguiente (expediente 11.766)

Aclaración de Voto 

Comparto La decisión adoptada por la Sala, pero disiento en dos puntos que se tratan en la parte considerativa del fallo. El primero hace alusión al valor que se atribuye a las pruebas practicadas dentro del proceso penal, a partir de la página novena de la sentencia. El segundo se refiere al denominado régimen de “presunción de responsabilidad” a que se alude en la página 18.

Sobre el primero de ellos, me parece que se debe mantener el criterio que adoptó la Sala, entre otros(5), en el fallo de 18 de mayo de 2000 (expediente 11.952), donde se sostuvo:

“El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo dispone que “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

Así, en relación con el traslado de pruebas, debe aplicarse el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. (Se subraya).

De otra parte, el artículo 229 del mismo código dispone:

Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se subraya).

Se tiene, entonces, que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el otro proceso.

Conforme a lo anterior, es claro que las pruebas practicadas en un proceso distinto al contencioso administrativo no pueden ser valoradas para adoptar la decisión que corresponda dentro del mismo, salvo que, siendo procedente su traslado, éste se efectúe dando cumplimiento a los requisitos antes referidos. Si éstos no se cumplen, no podrán ser tenidas en cuenta por el juzgador”.

En relación con el segundo, también me remito a la tesis mayoritaria de la Sala, expuesta en fallo de 2 de marzo de 2000 (expediente 11.401) y reiterada en pronunciamiento del 21 de septiembre siguiente (expediente 11.766), en estos términos:

“Sea ésta la oportunidad para aclarar que no existe, en ningún caso, la llamada “presunción de responsabilidad”, expresión que resulta desafortunada, en la medida en que sugiere la presunción de todos los elementos que permiten configurar la obligación de indemnizar. Es claro, en efecto, que, salvo en contadas excepciones, generalmente previstas en la ley, en relación con el daño, siempre se requiere su demostración, además de la del hecho dañoso y la relación de causalidad existente entre uno y otro. El régimen así denominado por esta Corporación en varias oportunidades tenía, sin duda, todas las características del régimen objetivo de responsabilidad, en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta -por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente-, los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Recaerá sobre la parte demandada la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad”.

Con todo respeto,

Alier e. Hernández Enríquez

1 Ver, entre otras, sentencias del 24 de agosto de 1992, esp: 6754 y del 24 de mayo de 2000, exp:
12.019.

2 Al respecto ver por ejemplo, sentencia del 15 de abril de 1999, exp: 11.136.

3 A título de ejemplo se relacionan las sentencias del 17 de julio de 1992, exp: 6750 y del 16 de julio de 1998, exp: 10.916.

4 Al respecto pueden verse sentencias del 7 de noviembre de 1991, exp: 6295; 31 de octubre de 1997, exp: 10.696 y del 28 de septiembre de 1998, exp: 10.242.

5 Ver, en el mismo sentido, sentencias del 13 de abril de 2000, expediente 11.898; 25 de mayo de 2000, expediente 11.253; 21 de septiembre de 2000, expediente 11.766; 28 de septiembre de 2000, expediente 11.405; 18 de octubre de 2000, expediente 11.981.