Sentencia 12811 de agosto 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

ERRORES EN LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CASO EN QUE LA IMPOSIBILIDAD DE CORREGIRLOS NO DEBE GENERAR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

EXTRACTOS: «La litis se contrae a la normatividad aplicable respecto a la solicitud de corrección elevada por la sociedad actora, la legalidad de los actos acusados en cuanto la desestimaron por extemporánea y consecuencialmente, conforme a lo que se resuelva, a otros aspectos de especial relevancia planteados por la sociedad demandante.

La sociedad actora a lo largo del debate ha sido insistente en señalar que en su declaración de retenciones en la fuente por el período de octubre de 1997, presentada el 25 de noviembre del mismo año, al diligenciar la sección destinada a “retenciones en la fuente a título de impuesto de timbre nacional” equivocadamente, en los renglones 22 y 25 consignó la cantidad $35.799.000, cuando en realidad las que efectuó solo ascendieron a $2.864.000, denunciando erróneamente la cantidad $ 32.935.248, que le fueron practicadas a ella y que ya habían sido canceladas a la administración tributaria por parte de las entidades retenedoras con quienes celebró contratos, así:

Ejército Nacional$ 472.000
Telecom.4.398.083
Ecopetrol704.001
Banco Ganadero778.497
Nortel Comunicaciones de Colombia S.A.26.582.667
TOTAL32.935.248

Explica que realmente practicó retenciones por valor total de $ 24.716.000, que se discriminan, así: renta $ 21.505.000, IVA $ 347.000, timbre nacional $ 2.864.000, y no por $ 57.651.000, como equivocadamente lo registró en su declaración. Que por ese motivo elevó solicitud ante la administración el 17 de junio de 1999, para corregir su denuncio ajustando las retenciones de impuesto de timbre nacional a las practicadas por la sociedad por $ 2.864.000.

Observa la Sala que la ley tributaria establece un procedimiento para garantizar el derecho a corregir los errores en su contra, cometidos por los contribuyentes en sus declaraciones tributarias, el que comprende el mecanismo respecto de aquéllas que tienen por objeto liquidar un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a devolver. En efecto tal procedimiento aplicable a la situación fáctica planteada, se encuentra consagrado en el artículo 589 del estatuto tributario, que compiló el artículo 8º de la Ley 84 de 1988, expedido en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 del Decreto 2503 de 1987, en cuanto impedía las correcciones que tuvieran por objeto determinar un menor valor a pagar y restaba todo efecto a las que implicaran menor recaudo de impuestos.

En síntesis, prevé la ley que la corrección debe efectuarla la administración a solicitud del contribuyente, acompañada del respectivo proyecto, estableciéndose un silencio administrativo positivo, ya que si dentro de los seis meses siguientes a la petición la entidad no se ha pronunciado "el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial". Si es aceptada tácita o expresamente por la administración, oficializada, entra a reemplazar la liquidación privada inicialmente presentada.

Pero el término para hacer uso del derecho en cabeza de los contribuyentes no es indefinido, sino que como lo indica el artículo 589, la solicitud deberá elevarse “dentro del plazo de dos años siguientes al vencimiento del plazo para presentar la declaración”, término que fue reducido a un año en virtud de lo indicado en el artículo 8º de la Ley 383 del 10 de julio de 1997.

La anterior previsión es aplicable a la declaración de retenciones en la fuente presentada por la sociedad el 25 de noviembre de 1997 y por ende a la solicitud de corrección elevada el 17 de junio de 1999, la que evidentemente resultó extemporánea.

Esta normatividad debe ser observada por cuanto se trata de un procedimiento especial y posterior, en atención a que la solicitud presentada por la actora, tenía por finalidad la corrección de la declaración del retenciones en la fuente, para disminuir el valor a pagar, ajustando el valor de las retenciones a título de impuesto de timbre nacional, a las efectivamente practicadas por ella.

Es claro, entonces, que debía ceñirse, en un todo, a las previsiones establecidas en el artículo 589 del estatuto tributario, con la advertencia desde ahora, que los demás mecanismos procedimentales indicados por la sociedad no eran aplicables, en atención al origen y al propósito de la solicitud de corrección, que forzosamente la obligaban a seguir el procedimiento estatuido en el artículo 589 del estatuto tributario.

En efecto, en esta instancia la parte actora insiste en que al asunto debatido le es aplicable el artículo 866 del estatuto tributario, así como el 30 del Decreto Reglamentario 825 de 1978, que acusa violados, al negarse administrativamente en decisión prohijada por el tribunal, la solicitud de corrección.

“ART. 866.—Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas. Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales, y demás actos administrativos mientras no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa”. (Subraya la Sala)

Palmariamente, se observa la impertinencia e inaplicabilidad de la disposición al asunto debatido, no solamente por lo dicho en párrafos anteriores, sino por lo que con toda claridad se desprende de su texto: la norma se refiere exclusivamente a la corrección de yerros aritméticos o de errores de transcripción incurridos en los actos administrativos, desde luego por parte de los funcionarios que los expiden.

El hecho de que en su título se refiera a “liquidaciones privadas”, tiene su explicación. La disposición fue introducida en la Ley 52 de 1977, artículo 52, que se refería a la corrección en cualquier tiempo de errores aritméticos o de transcripción en las liquidaciones oficiales o en las que se produzcan para corregirlos, en concordancia con el 60 relativo a las correcciones de idénticos errores en las providencias administrativas.

En el artículo 43 inciso 1º del Decreto 2503 de 1987, fueron reordenadas y acogidas estas disposiciones, cuyo texto se mantuvo en el estatuto tributario artículo 866. El inciso 2º del citado artículo 43, regulaba las correcciones de errores específicamente en el aparte de la declaración tributaria reservado a la “liquidación privada”, por tal motivo su título era “Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas” y así fue codificado en el estatuto tributario, Decreto 624 de 1989, pero sin que por su mención pueda colegirse que se refiere o regule esta clase de correcciones.

En cuanto al artículo 30 del Decreto 825 de 1978 éste había reglamentado los requisitos y pruebas que deberían cumplir las solicitudes, para cualquiera de las correcciones —entre ellas de la liquidación privada contempladas en la Ley 52 de 1977— ante el funcionario competente para practicar la liquidación de revisión. Estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 3803 de 1982, que introdujo regulaciones en materia de correcciones a las declaraciones privadas, las que sufrieron diversas modificaciones posteriores.

Conforme a las precisiones expuestas, la Sala confirmará la decisión del tribunal, en síntesis, al no haberse dado cumplimiento a la exigencia de oportunidad, dado que la solicitud de corrección fue hecha en forma extemporánea por parte de la sociedad, circunstancia que jurídicamente imposibilita acceder a la corrección pedida.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el asunto en litis envuelve otros importantes aspectos tales como los consecuenciales que plantea la sociedad, ante la no aceptación de la solicitud de corrección, cabe considerar:

El deber de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, dentro de los principios de justicia y equidad, se halla desarrollado a plenitud en la ley tributaria. El ordenamiento que rige la materia, regula desde los aspectos sustantivos atinentes a la causa o hecho generador del tributo y demás elementos de la obligación, los medios de control, los deberes materiales y formales que deben cumplir los administrados, las sanciones que han de aplicarse a quienes los incumplan, etc., pasando por los procedimentales, que tienen que ver con los requisitos de forma, de trámite y en general las ritualidades a que han de sujetarse, tanto la administración como los administrados para su efectividad, hasta las formas de extinción de la obligación tributaria sustancial y el procedimiento de jurisdicción coactiva para hacerla efectiva. Tal contexto normativo debe ser aplicado, en lo pertinente, al resolver cada situación particular, teniendo en cuenta que la obligación tributaria no puede comprender mas de aquello que manda la ley.

Aduce la sociedad que de no ser aceptada la corrección, se generaría un enriquecimiento sin causa en cabeza del Estado y la violación de los principios de justicia y de equidad, al obligarla a cancelar un impuesto dos veces, lo pagado por los retenedores y lo que equivocadamente informó la actora, situación que se agrava al advertir que sobre sus directivos obra actuación de la Fiscalía General de la Nación por el presunto punible de peculado por apropiación.

Se observa, que si bien la sociedad ya no tiene la posibilidad legal de corregir la declaración privada contentiva del tantas veces mencionado error, eso no significa que el valor real de la obligación tributaria sustancial, cuyo origen es la realización del presupuesto de hecho determinado en la ley, no pueda demostrarse o deba satisfacerse doblemente, permitiéndose la apropiación de recursos que no pertenecen al fisco, con el consiguiente enriquecimiento para el Estado sin causa legal; contrariando bases esenciales del deber de contribuir al financiamiento de las cargas públicas, así como los principios de justicia y equidad.

Tratándose de obligaciones a favor del fisco consignadas en una declaración privada con eficacia legal, su importe, en principio, dados los efectos jurídicos de las declaraciones tributarias, puede ser exigido y hacerse efectivo, aún coactivamente, aplicando las reglas previstas en las normas que rigen la materia, a menos que se demuestre que la obligación no surgió o su satisfacción mediante cualquiera de las formas de extinción de la obligación.

El yerro incurrido en su contra, por la sociedad al cumplir sus obligaciones de responsable retenedor del impuesto de timbre nacional, consistió en denunciar equivocadamente en el acápite respectivo del formulario, como exigibles a su cargo, tanto las retenciones que practicó como aquéllas que legalmente por su calidad de sujeto pasivo le hicieron terceras personas agentes de retención.

Al declarar retenciones que en su totalidad la sociedad no practicó, pero que como sujeto pasivo del impuesto pagó a través de los agentes responsables por el sistema de retención en la fuente, es dable jurídicamente demostrar su satisfacción y por ende la extinción de la obligación sustancial, a pesar de que su importe no aparezca reflejado en la sección del formulario destinada al movimiento de cuenta corriente del responsable.

Ello, en principio, se deduce de los documentos y certificados expedidos por los contratantes retenedores de la sociedad acompañados al expediente con los antecedentes administrativos y ante la jurisdicción (fls. 126 a 130) corroborados con el dictamen pericial (fls. 89 a 94) y sus anexos, practicado sobre la contabilidad de la sociedad en la primera instancia, que indican que en el período debatido (10-1997) no efectuó retenciones en la fuente por concepto del impuesto de timbre nacional en cuantía de $ 35.799.000, que las retenciones que practicó por dicho impuesto fueron de $ 2.864.000, y que las totales ascendieron a $ 24.716.000, que canceló con la declaración privada, así como los valores retenidos por las entidades contratantes, equivocadamente denunciados en la declaración objeto de la corrección.

Dentro de este contexto es claro advertir que si bien la mencionada declaración privada no puede ser corregida, no es dable que la administración exija la satisfacción de la obligación allí consignada, sin tener en cuenta los documentos que acreditan su pago en la forma ya indicada».

(Sentencia de 5 de agosto de 2002. Expediente 12.811. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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