Sentencia 12832 de noviembre 30 de 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 12832

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Antonio Muñoz y otros

Demandado: Nación - Mindefensa - Policia Nacional

Santa Fe de Bogotá, D. C., treinta de noviembre de dos mil.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 22 de agosto de 1996, mediante la cual se resolvió:

“1) Declárase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, administrativamente responsable de la muerte de Jaime Hernán Calapsu, ocurrida el 27 de agosto de 1993 en las instalaciones del puesto de policía del barrio Alfonso López de la ciudad de Popayán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

“2) En consecuencia, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a título de indemnización por perjuicios morales las cantidades que a continuación se indican:

Proceso número 931005002

Myriam Jiménez200 gramos de oro
Claudia Patricia Jiménez200 gramos de oro
Cielo Myreya Jiménez200 gramos de oro
Edgar Giovany Jiménez200 gramos de oro
Luz Erica Jiménez200 gramos de oro
Jesús Alberto Jiménez200 gramos de oro
Adela Calapsu200 gramos de oro

 

“3) Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por concepto de perjuicios materiales, lucro cesante, a pagar los siguientes valores:

a Myriam Jiménez la cantidad de $19.839.359,32

a Luz Erica Jiménez la cantidad de $9.105.763,08

a Jesús Alberto Jiménez la cantidad de $11.216.762,92

“4) El valor reconocido por concepto de perjuicios morales, se pagará al precio del oro que certifique el Banco de la República, para la fecha de ejecutoria de esta providencia.

“5) Las sumas reconocidas por perjuicios morales y materiales devengarán los intereses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

“6) Se niegan las demás pretensiones de las demandas.

...

“8) Sin costas”.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

Por intermedio de apoderado judicial, el señor Antonio Muñoz, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca, el 11 de mayo de 1994, a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA. La Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional) es responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales, como materiales, ocasionados a Antonio Muñoz, mayor y vecino de Popayán con la muerte violenta de que fue víctima su hijo de crianza, señor Jaime Calpsu en hechos sucedidos el 27 de agosto de 1993, en calabozos del puesto de policía del barrio Alfonso López de Popayán (Cauca), los cuales fueron protagonizados por miembros de la Policía Nacional, al ocasionar la muerte violenta del señor Jaime Calapsu, en una falla presunta del servicio.

“SEGUNDA. Condénase a la Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional) a pagar al señor Antonio Muñoz mayor y vecino de Popayán (Cauca), por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, que se le ocasionaron con la muerte violenta de su hijo de crianza, señor Jaime Calapsu, conforme a la siguiente liquidación o a lo que se demostrase en el proceso, así:

“a. Treinta millones de pesos ($30.000.000,oo), por concepto de lucro cesante, que se liquidarán a favor del padre de crianza del fallecido, señor Jaime Calapsu, correspondientes a las sumas que dejó de producir en razón de su muerte violenta, prematura e injusta y por todo el resto probable de vida que le quedaba, en la actividad económica a que se dedicaba (trabajos de carga), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (32 años) y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria.

“b. Daños y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente, por concepto de gastos funerarios, diligencias judiciales, honorarios de abogado, etc. y en fin, todos los gastos que se sobrevinieron con la muerte del señor Jaime Calapsu, que se estima en la suma de tres millones de pesos ($3.000.000,oo).

“c. El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para el demandante por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma síquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto administrativo nacido de la falta de responsabilidad en la administración, en aplicación del art. 106 del Código Penal, máxime cuando el hecho se comete por miembros de la Policía Nacional, entidad que tiene el deber constitucional de velar por la vida de los asociados y con él se ha causado la muerte a un ser querido, como lo es un hijo de crianza…”.

Por su parte, los señores Myriam Jiménez, quien obra en nombre propio y en representación de sus hijos menores Claudia Patricia Jiménez, Cielo Myreya Jiménez, Edgar Giovany Jiménez, Luz Erica Jiménez y Jesús Alberto Jiménez; Adela Calapsu y Héctor Alirio Calapsu, presentaron demanda ante el mismo tribunal, el 5 de octubre de 1993, en la cual formularon similares pretensiones.

Mediante auto proferido por el tribunal el 13 de diciembre de 1994 fueron acumulados los procesos.

2. Fundamentos de hecho.

Los hechos fueron relatados en la primera demanda reseñada en estos términos:

“El día 27 de agosto de 1993 hacia las 9:00 p.m., el señor Jaime Calapsu fue retenido en su residencia por parte de miembros de la Policía Nacional adscritos al puesto de la institución en el barrio Alfonso López y conducido a los calabozos de dicho puesto de policía, donde se le encontró muerto, aproximadamente a las 11:00 p.m., siendo trasladado varias horas después en forma sospechosa e irregular por parte de los mismos agentes captores al hospital San José de esta ciudad, sin previa diligencia de levantamiento del cadáver, como era su obligación legal, lo que hace presumir que el retenido falleció en momentos en que era sometido a torturas, pues se escucharon angustiosos gritos antes de su muerte”.

3. La sentencia recurrida.

A juicio del tribunal, “en el caso de autos, no existe duda en el sentido de que Jaime Hernán Calapsu, estaba para el 27 de agosto de 1993 bajo la responsabilidad de las autoridades de policía que lo habían retenido con ocasión de la denuncia hecha por su compañera permanente y ellas estaban en la obligación de entregarlo con vida cuando el citado ciudadano fuera puesto en libertad. Al perder la vida en las instalaciones del puesto de policía del barrio Alfonso López, por ahorcamiento, sin que los policiales hubieran desarrollado alguna labor de vigilancia a efectos de percibir el estado en que se encontraba y que hubiera impedido la determinación del citado ciudadano, conlleva a establecer la responsabilidad de la administración por falla en el servicio y en consecuencia al reconocimiento de los perjuicios causados”.

Consideró el a quo que en la valoración del perjuicio moral reclamado por la señora Myriam Jiménez, debía tenerse en cuenta que la relación afectiva con el señor Jaime Hernán Calapsu “estaba desdibujada por el maltrato físico y la intolerancia del occiso” y en consecuencia, lo estimó en 200 gramos de oro.

Igual cantidad reconoció a los menores, hijos de la señora Miriam Jiménez, por considerar que “las relaciones afectivas entre Calapsu y quienes convivían con él estaban rodeadas de una situación conflictiva generada por el consumo de alcohol y de droga (basuco) y que en consecuencia su muerte sí causó algún daño en los miembros del hogar, este no pudo ser relevante”. En favor de la señora Adela Calapsu reconoció igual cantidad, no en su calidad de madre, pues a su juicio, la prueba documental aportada no acredita el parentesco, sino de damnificada con el hecho de acuerdo con los testimonios recaudados y negó los perjuicios reclamados por Héctor Alirio Calapsu, por no estar acreditada su calidad de hermano de la víctima ni de damnificado con el hecho.

En favor de la señora Myriam Jiménez y de sus tres hijos menores, reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. Para la primera por el resto de su vida probable y para los últimos, hasta el cumplimiento de su mayoría de edad.

Por último, no accedió al reconocimiento de perjuicios en favor del señor Antonio Muñoz, por considerar que “no existe en el proceso prueba alguna que permita establecer la veracidad de los hechos relatados por el actor como fundamento de sus pretensiones”.

4. Razones de la impugnación.

El apoderado del señor Antonio Muñoz solicita que se reconozca en favor de su poderdante la indemnización reclamada por perjuicios morales, pues a pesar de que “no hay parentesco sanguíneo entre el hoy occiso Jaime Hernán Calapsu y el Sr. Antonio Muñoz, sí existía entre los mismos afecto y sus relaciones familiares estaban caracterizadas por el amor, la solidaridad, el respeto y la ayuda mutua, por lo tanto, se considera que el actor Antonio Muñoz tiene la calidad de damnificado con el hecho de la muerte trágica de su hijo de crianza Jaime Hernán Calapsu”.

Destaca el deber del Estado de proteger a la familia (art. 42 C.P.), que abarca tanto a la conformada por vínculos jurídicos como naturales, y los criterios jurisprudenciales elaborados en relación con la presunción del perjuicio moral entre padres e hijos, que en su criterio, deben hacerse extensivos a los padres de crianza.

Por su parte, el apoderado de los demás demandantes solicita aumentar a 1.000 gramos de oro los perjuicios morales reconocidos en la sentencia para los ascendientes y descendientes del señor Calapsu. Para justificar su petición argumenta lo siguiente: “no podemos entender las razones que tuvo la primera instancia para señalar cuantías tan exiguas por perjuicios morales que se le causaron en forma injusta con la muerte de Jaime Hernán Calapsu a su compañera, sus hijos, y su madre, señalando solamente para cada uno de ellos el equivalente en pesos colombianos a doscientos (200) gramos de oro, cuando lo equitativo sería elevar el equivalente en pesos colombianos a mil (1.000) gramos de oro para cada uno de los actores. No debemos olvidar que el arbitrum judicis o potestad discrecional de los jueces no se constituye en una graciosa cesión de ellos para con los actores sino que se trata de establecer la base de una justa retribución para todas las personas damnificadas con hechos como el presente. El amor de madre, compañera e hijo no se pierde con una simple pelea familiar de una pareja”.

Solicita además que se reconozcan los perjuicios morales causados al señor Héctor Alirio Calapsu con la muerte de su hermano, “de conformidad con la prueba documental y testimonial aportada al expediente donde se acreditan el afecto y solidaridad entre los hermanos Calapsu”.

Por último, solicita que se liquide el lucro cesante reconocido en favor de Luz Erika y Jesús Alberto Jiménez hasta la fecha de su vida probable y no hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, y que se reconozcan dichos perjuicios también en favor de Adela Calapsu Escobar, Claudia Patricia, Cielo Mireya y Edgar Giovanni Jiménez, quienes “acceden en calidad de damnificados, la primera como es natural en su situación de madre y las segundas por la relación afectiva de ellas y el occiso quien desde el instante en que inició relaciones extramatrimoniales con su madre, los acogió como sus hijos levantándose dichas personas en perfecta unidad familiar, compartiendo techo y mesa, dependiendo económicamente en su totalidad del hoy occiso. Lo anterior se encuentra debidamente acreditado con la prueba testimonial al respecto recepcionada”.

Por su parte, el apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, solicita revocar la sentencia apelada, para lo cual aduce que las relaciones entre Myriam Jiménez y Jaime Hernán Calapsu “eran un verdadero infierno, Jaime Hernán Calapsu con su adición a las drogas y al alcohol sólo constituía un motivo más de preocupación para ellos, siempre malogrando las posibilidades de una normal convivencia con las personas que le rodeaban”.

“Esta situación de inestabilidad emocional, aunada a la falta de legitimación de los actores es aceptada por el Honorable Tribunal Administrativo del Cauca para reconocer perjuicios morales sólo en calidad de damnificados, pero en cuanto al lucro cesante realiza un reconocimiento total como si se tratase de una familia normal… Más aún en la liquidación del lucro cesante, debe ser tenido en cuenta el hecho cierto de que el fallecido convivía en unión de hecho, para lo cual la jurisprudencia nacional (…) dispone que el porcentaje a descontar como lo utilizado por el fallecido para sus gastos personales es del 50% y no del 25%… En los fallos citados el período de liquidación de la indemnización futura para la compañera, se cuenta de acuerdo al tiempo en que el menor de los hijos del fallecido con su compañera cumpla los 18 años y no como se calcula en la sentencia apelada, teniendo en cuenta la vida probable de Myriam Jiménez. No obra en el proceso prueba de dependencia económica existente entre las personas que obran como hijos y compañera y el fallecido Jaime Hernán Calapsu que permita establecer este tipo de perjuicios”.

5 Actuación en segunda instancia.

Del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones hicieron uso el apoderado de la entidad demandada y el Ministerio Público.

El primero remite a lo expuesto en el escrito de impugnación del fallo y además controvierte las razones expuestas por los apoderados de los demandantes con estos argumentos: a) “no es cierto que entre el occiso y los actores existía una buena y afectiva unidad familiar…la relación de la pareja Calapsu-Jiménez, lo mismo que la relación con los demás actores se hallaba afectada por el maltrato físico y la intolerancia del occiso”; b) no está demostrado el parentesco entre el occiso y el señor Héctor Alirio Calapsu, y c) en cuanto a las pretensiones formuladas por el señor Antonio Muñoz, afirma que “no existe en el proceso prueba alguna que permita establecer la realidad de los hechos relatados por el actor como fundamento de sus pretensiones. Las declaraciones sobre este punto, sólo hacen referencia a la madre más no al señor Antonio Muñoz”.

El Ministerio Público solicita que se revoque la sentencia impugnada y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, pues considera que en el caso concreto el daño se ocasionó como consecuencia de la actividad de la propia víctima y no se acreditó una omisión imputable a la entidad demandada.

Afirma que aunque esta corporación ha sostenido que el Estado debe responder por la vida e integridad de las personas mientras permanezcan detenidas y devolverlas luego de su detención en las mismas condiciones de salud en las cuales ingresaron, esa responsabilidad “no es irrrestricta, ya que ello implicaría que el Estado, en aras del cumplimiento de tal exigencia, se vería en la necesidad de colocar en cada celda un guarda que cuide a los detenidos a la manera de una ‘niñera’, lo cual resulta a todas luces absurdo tratándose de personas adultas. Por lo demás, hay que tener en cuenta que los ciudadanos también tienen la recíproca obligación de procurar el cuidado integral de su vida y su salud como se desprende del contenido del artículo 49 de la norma superior”.

Agrega que en el caso concreto, “no se aprecia que las autoridades que retuvieron al señor Calapsu hubiesen descuidado su deber de vigilancia y menos, que con tal omisión se haya permitido el suicidio del detenido. La circunstancia de que éste al momento de la detención se encontrara bajo los efectos de sustancias sicotrópicas, no implica por sí misma la exigencia de un cuidado especial, pues no es usual que las personas que se encuentren afectadas por este tipo de drogas, tomen tan fatal determinación”.

Consideraciones de la Sala

I. El señor Jaime Hernán Calapsu falleció el 27 de agosto de 1993 en el municipio de Popayán, según consta en el acta de levantamiento del cadáver (fls. 42-45 C-5); el registro civil de la defunción (fl. 14 C-1) y el protocolo de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Cauca (fl. 26 C-4), que concluyó que la causa de la muerte fue “encefalopatía hipóxica con edema cerebral, congestión visceral generalizada y edema pulmonar”.

Para establecer si la entidad demandada es o no responsable de los daños causados a los demandantes con la muerte del señor Jaime Hernán Calapsu, se tendrán en cuenta además de las pruebas practicadas en este proceso, la prueba documental trasladada de los procesos penal y disciplinario que adelantaron, respectivamente, la Fiscalía General de la Nación; el Departamento de Policía de Popayán y la Procuraduría Provincial de esa misma ciudad, con el objeto de establecer la responsabilidad de los agentes que prestaban sus servicios en el comando de policía Alfonso López el día de los hechos.

Los testimonios que obran en estos últimos procesos serán tenidos en cuenta en la medida en que no afecten los intereses de la Nación, pues éstos sólo fueron solicitados por la parte demandante y no fueron ratificados en este proceso.

Considera la Sala que por lealtad procesal no pueden las partes aceptar que una prueba haga parte del acervo probatorio y en caso de que la misma le resulte desfavorable, invocar las formalidades legales para su admisión(1). La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si ésta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto no es otro distinto a la protección del derecho sustancial (art. 228 C.P.).

En el informe presentado por el comandante de la subestación de policía Alfonso López al comandante de la estación Popayán, sobre las circunstancias en las cuales falleció el señor Jaime Hernán Calapsu (fls. 66-68 C-4) se consignó lo siguiente:

“Siendo las 20:20 horas en la subestación se acercó la señora Myriam Jiménez…a solicitar la protección policial necesaria, a fin de evitar ser nuevamente agredida por el señor Jaime Hernán Calapsu… con quien hacía vida marital, teniendo en su poder copia del denuncio… formulado a las 18:00 horas ante la unidad fija de policía judicial por el delito de lesiones personales, poseyendo además orden para examen del médico legista… La señora presentaba hematomas en el cuerpo y herida facial a la altura del pómulo derecho. Al caso se dirigieron los agentes Ortiz Estrada José y Galindez Tobar Miguel, en la moto de la subestación. Al llegar a la residencia mencionada por la señora, el individuo había destrozado los enseres de la cocina… y se había dado a la fuga hacia otra residencia, la de sus padres, siendo encontrado en total estado de embriaguez y según términos usados por la ofendida y que constan en la respectiva denuncia, son síntomas de encontrarse bajo los efectos de sustancias alucinógenas (basuco).

“… Debido a su estado de beodez no pudo ser conducido en la moto ante lo cual se solicitó el refuerzo del vehículo de la subestación por intermedio de la estación 100. El individuo fue conducido en el vehículo junto con la ofendida… una hija… y otro hijo…, los que certifican que no hubo necesidad de usar la fuerza en la conducción, en el trayecto ni en la entrada a las instalaciones y su posterior reclusión en el patio de retenidos. En el momento de subir el individuo en el vehículo le fue pasado un suéter verde… Se hizo la respectiva reseña en el libro de población y minuta de guardia, siendo requisado y despojado de una correa de lona blanca que poseía…

“A las 22:20 horas al momento de ser requerido por el personal de la patrulla para conducirlo a las instalaciones del permanente municipal fue encontrado por el agente Ortiz Estrada con el buso anteriormente descrito alrededor del cuello y éste amarrado en la parte alta del salón de retenidos, encontrándolo con vida, con calor corporal y procediendo a darle respiración artificial…a lo cual el señor emitía gemidos, conduciéndole al hospital donde falleció”.

En el acta de diligencia de levantamiento del cadáver (fls. 42-45 C-5), realizada por la unidad de fiscalía previa y permanente de Popayán, se describieron los hechos en los cuales perdió la vida el señor Calapsu, en los siguientes términos:

“Según informe obtenido por el agente encargado de la guardia de la sala de urgencias, se tiene conocimiento que el occiso fue traído en la patrulla Nº 327 del puesto del barrio Alfonso López a las 22:30 horas, que según concepto del médico de turno, se hallaba ya muerto al ingresar. Por información de la señora Myriam Jiménez… esposa del occiso, se tiene conocimiento que hoy a las cinco y media de la tarde, Jaime Hernán llegó en estado de embriaguez a su casa a buscarle bronca y que arremetió contra un niño hijo de ella, que luego salió con él de la casa vociferando; que al occiso le gustaba fumar bazuco y lo hacía en presencia de los niños. Esta señora se encuentra en este momento recluida en la sala de urgencias, curándola de una lesión que le causó Jaime Hernán en el pómulo derecho de la cual sangra bastante. Que este además se enojó porque le dijo ella que no lo podía acompañar a la galería ya que tenía que irse a trabajar donde una señora Nancy N. No fue posible tomarle más datos debido al delicado estado de salud de la señora”.

En el protocolo de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Cauca (fl. 26 C-4) se concluyó que el señor Jaime Hernán Calapsu falleció por “encefalopatía hipóxica con edema cerebral, congestión visceral generalizada y edema pulmonar”. En la descripción externa del cadáver se indicó que a nivel del cuello no observaron alteraciones, “ni surcos evidentes ni escoriaciones o estigmas ungueales” y que en la parte posterior del tórax “a nivel de región lumbar presenta dos escoriaciones de 1 x 1 cada una al lado derecho e izquierdo. Otra escoriación de 1 x 6 cms en la región central”. Además se dejó la siguiente constancia:

“con los hallazgos inespecíficos de la necropsia y con los datos del levantamiento no es posible dilucidar si hubo ahorcamiento o estrangulamiento (no se describe la escena de los hechos); pues no se encuentran surcos en el cuello que permitan fundamentar una ahorcadura (surco suprahiodeo).

En la ampliación del dictamen (fls. 125-126 C-4) se solicitó al perito aclarar: “Por qué razón en la necropsia se dice que no se evidencian surcos, ni estigmas ungueales en el cuello de la víctima siendo que en las fotografías se ven marcas que indican surcos con banda amplia en caras anteriores y laterales suprahioideas en cuello?”. La respuesta del perito a esta pregunta fue la siguiente:

“El surco de ahorcadura es oblicuo, incompleto por el nudo y por encima del cartílago tiroideo. Por lo general su fondo es pálido, los bordes congestivos; puede reproducir el tramado de la cuerda. Entre los hallazgos internos los principales están en el cuello y son: desgarro de la intima de los vasos del cuello, desgarros y hemorragias de músculos del cuello, rara vez se observan fracturas de las 2 primeras vértebras cervicales y ruptura de cuerdas vocales; congestión de mucosa esofágica por encima de la construcción.

“En el caso a estudio, analizando las fotografías se puede observar una banda de compresión ancha sin las características propias de un surco de ahorcadura. Como se puede observar en la diapositiva que anexo para su ilustración, pues tiene tendencia a ser más horizontal, en este caso que se analiza; además no se encuentran otros signos locales internos de la ahorcadura. Sin embargo la banda de compresión que presenta el occiso en la fotografía, la cual fue tomada posterior a su deceso, no fue nada evidente al día siguiente cuando se procedió a realizar la necropsia a las 11:30 a.m. razón por la cual se dejó constancia de ello en la necropsia. La no presentación de dicha banda posiblemente se debe al poco tiempo que el occiso permaneció bajo compresión de la prenda y a las características de la prenda utilizada para tal fin.

“Cuando se anota que no se evidencian estigmas ungueales, se debe a (que) estas son huellas dejadas por los pulpejos de dedos y uñas al hacer compresión sobre la estructura del cuello, en caso de estrangulación manual y como en la diligencia de levantamiento del cadáver se anota huellas de estrangulación, por ello se hace esta aclaración. La estrangulación también puede ser producida por laso, en este caso el surco es horizontal y por debajo del cartílago tiorides.

“La ahorcadura es diferente a la estrangulación; la manera de muerte en la ahorcadura es suicida, mientras que en la estrangulación es homicida; en ambas situaciones los hallazgos generales son idénticos y la causa de la muerte es asfixia, pero hay hallazgos individuales que permiten diferenciar la ahorcadura de la estrangulación, por otro lado conocer la escena de los hechos es fundamental, para emitir una conclusión certera”.

El jefe de criminalística del cuerpo técnico de investigación judicial (fls. 111-114 C-4) a solicitud de la Procuraduría Provincial de Popayán emitió concepto técnico sobre la causa de la muerte del señor Jaime Hernán Calapsu, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

“1. El alcohol es droga depresiva que hace perder tono a los músculos (produce laxitud = pérdida de fuerza) y voluntad a la persona además del equilibrio.

“2. Si el occiso decidió colgarse, luego de hacerlo no tuvo la fuerza suficiente para regresar a la acción.

“3. Por la postura tan baja de la puerta la marca no quedó como normalmente ocurre (suprahioidea e incompleta donde queda el núcleo), además la fibra sintética de la chaqueta es elástica y si aparentemente concuerda con la marca dejada.

“4. El occiso presentó convulsión premorten lo que le ocasionó las escoriaciones descritas en la necropsia.

“5. El diagnóstico de hipoxia encefálico con edema cerebral es acertado y permite deducción que fue ocasionada por una acción combinada de estrangulamiento, ahorcamiento y deficiencia respiratoria dadas por la prenda elástica, la postura del cuerpo del occiso y el estado de embriaguez del mencionado”.

La Procuraduría Provincial de Popayán (fls. 121-123 C-.4) se abstuvo de abrir formal averiguación disciplinaria contra los agentes que se encontraban el 27 de agosto de 1993 en las instalaciones de la subestación de policía del barrio Alfonso López de esa ciudad, por considerar de acuerdo con las pruebas recaudadas en esa investigación que “Jaime Hernán Calapsu se produjo la muerte a causa de asfixia al colgarse de un suéter elástico de la puerta de la celda donde se encontraba retenido”.

De la relación anterior de las pruebas se advierte que la diligencia de levantamiento del cadáver no proporciona datos precisos sobre la escena del hecho, porque éste se realizó en el hospital San José de Popayán donde fue llevado el occiso por los agentes y no en el calabozo. Además, en la necropsia médico legal no se estableció con certeza si hubo estrangulación o ahorcamiento. A pesar de esto, la Sala considera que en este evento se trató de un suicidio y no de un homicidio a partir de la valoración conjunta de todos los medios probatorios, como se expone a continuación:

a. Según la necropsia médico legal el cadáver no presentaba a nivel del cuello escoriaciones ni estigmas ungueales, lo cual permite concluir que no hubo estrangulación manual.

b. Si bien al momento de la necropsia no se observó la banda de compresión que sí se aprecia en las fotografías tomadas al cadáver momentos después del fallecimiento, esto se explicó en la ampliación del dictamen por el poco tiempo que la víctima permaneció bajo compresión de la prenda y por las características de la misma; además por la baja posición de la puerta. En razón de estas circunstancias no se descarta el ahorcamiento, que es acto suicida.

c. Las escoriaciones que presentaba el cadáver a nivel de la región lumbar se debieron a la convulsión premorten de la víctima, de acuerdo con el dictamen rendido por el jefe de criminalística del cuerpo técnico de investigación judicial (fls 111-114 C-4), con lo cual se descarta que la víctima hubiera sido maltratada por los agentes.

La Sala acoge el criterio de los legistas porque considera que los peritos son idóneos, en razón de su especialización médica; sus conclusiones son precisas y están fundamentadas científicamente, no fueron cuestionadas por ninguna de las partes y además están confirmadas con los demás medios probatorios.

d. En efecto, la ausencia de signos de violencia en el cadáver confirma el hecho de que los agentes de la Policía le dieron buen trato al señor Calapsu. Además confirman este hecho la señora Myriam Jiménez (fls. 79-80 C-5) y la menor Cielo Mireya Jiménez (fls. 81-82 C-5) quienes declararon ante la jefe de unidad de fiscalía previa y permanente de Popayán, que durante el tiempo transcurrido entre la retención del mencionado señor y su ingreso al calabozo los agentes le dieron buen trato.

e. Si la intención de los agentes hubiera sido la de causar la muerte al retenido no le habrían suministrado los primeros auxilios en el mismo instante que lo encontraron suspendido del buso, ni lo hubieran llevado inmediatamente al hospital para tratar de salvarlo. Hecho que aparece confirmado no sólo con el testimonio de los agentes Jhon Perdomo Valencia (fls. 65-66 C-5), Miguel Galindez Tovar (fls. 66-67 C-5), José Ignacio Ortiz Estrada (fls. 67-69 C-5) y Esau Egas Fajardo (fls. 70-71 C-5), sino también con la ampliación del dictamen médico legal (fls. 125-126 C-4), en el cual se afirma que la víctima permaneció poco tiempo bajo la compresión de la prenda con la cual se ahorcó y el levantamiento del cadáver que se produjo en dicho hospital.

f. El señor Calapsu permaneció solo en el calabozo, según la declaración rendida por el agente Jhon Perdomo Valencia (fls. 65-66 C-5), quien se desempeñaba como comandante de guardia de la estación Alfonso López al momento de los hechos. Dicho calabozo estaba ubicado en el interior del comando. Por lo tanto, no es posible afirmar que al retenido lo hubiera matado una persona ajena a la institución.

g. El occiso presentaba signos de deterioro emocional. Por lo menos está acreditado que el día de su muerte había sido retenido en el comando de la policía, por haber lesionado a su compañera por el simple hecho de que ésta no le proporcionó la comida especial que requirió al llegar a su casa, según la declaración rendida ante la unidad de fiscalía por las señora Alendrina Martínez de Morales (fls. 77-78 C-5) y Miriam Jiménez (fls. 79-80 C-5). Esta además afirmó que en oportunidad anterior lo había denunciado porque intentó golpearla y que por ese hecho lo arrestaron durante 5 días. La lesión causada por el occiso a la señora Miriam Jiménez aparece descrita en el acta de levantamiento del cadáver.

Por eso, la Sala no da crédito a la versión rendida por las señoras María Asceneth Castañeda Morales (fls. 6-9 C-5), Luz Marina Ortega (fls. 10-14 C-5), Mara Paruma Chamorro (fls. 16-19 C-5), Mariela Vargas Navia (fls. 20-24 C-5) y Carmen Cecilia Espinosa Orozco (fls. 276-279 C-5), quienes manifestaron que el occiso trataba muy bien a su compañera y a sus hijos, pues se considera que tales declaraciones no se ajustan a la realidad de los hechos y tienen como fin favorecer los intereses de la parte demandante.

h. El occiso presentaba problemas derivados del consumo de alcohol y de bazuco. Declaró en este proceso la señora Alejandrina Martínez (fls. 282-286 C-5) que éste bebía cada quince días o cada mes, pero cuando lo hacía era demasiado. También está acreditado que era consumidor de bazuco, pues en el examen interno de sus pulmones realizado en la necropsia, se halló “edema pulmonar, antracosis, cambios por bazuco” (fl. 26 C-4).

i. Igualmente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue retenido, según lo afirmaron las señoras Alejandrina Martínez (fls. 77-78 C-5), Myriam Jiménez (fls. 79-80 C-5), Cielo Mireya Jiménez (fls. 81-82 C-5) y los agentes de la Policía que intervinieron en la retención del occiso, cuyos testimonios ya fueron relacionados.

j. El alcohol es droga depresiva. De acuerdo con el criterio de los expertos el alcoholismo está asociado al suicidio.

El médico y psiquiatra Roberto Solórzano Niño(2) dice al respecto:

“No es fácil hablar de suicidio como consecuencia directa del alcoholismo, ya que son múltiples las causas que hacen de una persona un alcohólico, entre ellas la depresión. Creo que se forma un círculo cerrado entre depresión-alcohol-depresión. Los alcohólicos se deprimen, agobiados por sus problemas y beben; los depresivos que no encuentran solución a sus problemas beben.

“Todos los siquíatras hemos tenido pacientes para los cuales la única solución a cualquier problema es quitarse la vida, o por lo menos intentarlo. Son individuos carentes de una personalidad fuerte, desde que nacen intentan eliminarse. Hay personas con más intentos suicidas que años de vida, porque no encuentran la forma de proyectarse en el mundo como seres individuales; sus horizontes están cerrados y no son capaces de comprometerse en ninguna acción. El alcohólico alegre no es suicida; es el depresivo el que toma tal determinación”.

De igual manera, el médico César Augusto Giraldo G.(3) opina lo siguiente:

“En la investigación de un suicidio es necesario estudiar las actuaciones previas, pues con la sola excepción de los casos de pánico, en los que un individuo se lanza de un edificio en llamas, o situaciones análogas, éste fenómeno no resulta de un acto imprevisto, sino que ha existido alguna situación o desajuste emocional que impulsa al suicidio; muchos pacientes han estado bajo tratamiento antidepresivo, y de hecho la depresión es uno de los acompañantes del suicida, lo que indica la utilidad de estudiar en el examen post mortem la presencia de drogas antidepresivas...a más de niveles de alcoholemia” (subrayas fuera del texto).

k. Por las condiciones físicas en que se hallaba el occiso no podía regresar la acción luego de haberla iniciado, pues carecía de fuerza suficiente para ello, según el dictamen rendido por el jefe de criminalística del cuerpo técnico de investigación. Esto explica, además, como a pesar de que no hubiera quedado completamente suspendido por la posición de la puerta, se hubiera consumado el suicidio.

III. Así las cosas, bajo el supuesto de que el señor Jaime Hernán Calapsu se suicidó sin que hubieran intervenido otras personas en la formación de su decisión ni en la ejecución del acto, sólo podría atribuirse responsabilidad por el hecho a la entidad demandada si pudiera afirmarse que ésta incurrió en una falla del servicio por omisión.

La falla del servicio por omisión se produce cuando concurren los siguientes requisitos: a) “la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios”(4), b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, c) un daño antijurídico y d) la existencia de relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño.

Así las cosas, es necesario determinar en primer lugar, si existía obligación legal o reglamentaria de evitar que el retenido se suicidara y si la entidad utilizó o no los medios de que disponía para el adecuado cumplimiento de su deber.

En principio, el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que éste sólo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que éste tiene para consigo mismo.

Por esto, la tentativa de suicido no puede ser objeto de represión penal en un Estado que conciba a la persona “como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo… limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir”(5). Esta concepción de la persona como autónoma en tanto que digna, implica inevitable e inescindiblemente dejar que sea “la propia persona (y no nadie por ella) quien deba darle sentido a su existencia, y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena”(6).

Desde esta concepción, el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo y por lo tanto, no puede obligarlo a que cuide de su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por supuesto que prolongue su existencia si ésta considera que debe ponerle fin a la misma, pues sólo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas. En otros términos, aunque las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de las personas (arts. 2 y 46 C.P.), ese deber se limita cuando el autor del daño es la persona misma, pues “si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que, lícitamente, yo puedo infligirme”(7).

Esa libertad de decidir sobre el cuidado de la salud o la preservación de la propia vida, tiene sin embargo límites relacionados precisamente con la capacidad de autodeterminación de las personas. En el caso de los enfermos mentales y de los menores el Estado tiene un deber de protección de las personas contra sí misma, pues éstas por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. Por lo tanto, debe brindarles una mayor protección (art. 13 C.P.), lo cual se extiende a impedirles aún con medios coercitivos que atenten contra su propia vida(8).

En relación con las personas que se encuentran en situación de sujeción especial como los reclusos y los conscriptos el deber de protección del Estado también es mayor y se extiende a brindarles a éstos la ayuda médica que requieran cuando las circunstancias que viven, por su carácter forzoso, desencadena en ellos perturbaciones síquicas.

Es cierto que frente a los reclusos y conscriptos, el Estado tiene una obligación de resultado, lo cual significa que si no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su reclutamiento o retención, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo en el cual fue sometido a la prestación del servicio militar o a la detención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un simple comportamiento sino la obtención efectiva de un resultado determinado.

Las obligaciones del Estado frente a las personas sometidas a una situación especial de sujeción son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se recluta o se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no estén limitados por su situación especial.

En síntesis, el reclutamiento y la retención como ejercicio legítimo del poder del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí mismos no son actividades que generen responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esas situaciones, dado que estas son cargas que los ciudadanos deben soportar. Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que el reclutamiento o la retención son actividades que redundan en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarles una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.

La obligación de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar de retención, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los conscriptos y retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Frente a las obligaciones de resultado el deudor responde de manera objetiva y por tanto, sólo se exonera si acredita una causa extraña, esto es, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el suicidio de un recluso o un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar o carcelario fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico que hacía previsible el hecho y que a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o peligro.

En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado o retenido sea libre porque obedezca al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida las autoridades encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible para la administración.

IV. Se advierte que el estado de ebriedad no produce en las personas incapacidad de comprender los hechos, ni de determinarse de acuerdo con esa comprensión, ni aún en los casos de embriaguez aguda. Por eso las personas que cometen un hecho delictivo en esos estados son plenamente responsables. Sólo en los eventos de embriaguez patológica hay pérdida de las facultades mentales y por lo tanto, los actos realizados en esas circunstancias no son voluntarios. En este tipo de embriaguez el individuo “actúa de una manera hipomaníaca, contra todo y contra todos; sus actuaciones destructivas no son selectivas contra una persona; por lo general presenta luego un sueño profundo”(9). No obstante, si el estado de enajenación mental producido por la embriaguez fue predeterminado -actio liberae in causa-, es decir, que la persona voluntariamente se colocó en esa situación para evadir su responsabilidad frente a los actos, se considera que se convirtió en instrumento de sí mismo y por lo tanto, deberá responder plenamente por sus actos (art. 32 Código Penal).

En consecuencia, sólo frente a una situación de embriaguez patológica, es posible afirmar el deber del Estado de proteger a la persona de sus propios hechos, pues en tales casos ésta carece de consciencia y voluntad. Salvo cuando la persona voluntariamente se embriaga para proporcionarse el valor de cometer el hecho, pues en tal caso su determinación inicial anula el deber legal, como ya indicó.

En el caso concreto, no está demostrado que el señor Calapsu padeciera trastorno mental que le impidiera conocer los hechos ni determinarse de acuerdo con esa comprensión, ni siquiera es posible afirmar que al momento de cometer el hecho padeciera una embriaguez patológica, toda vez que el comportamiento que observó al momento de su retención no corresponde a la descripción médica de ese estado, pues no manifestó una actitud agresiva contra todo y contra todos, sino que se mostró tranquilo y justificó ante los agentes su conducta, según lo afirmó su misma compañera, señora Myriam Jiménez.(fl. 289 C-5).

Además, cuando los agentes lo ingresaron al calabozo tomaron las medidas aconsejables para evitar que se causara cualquier daño al despojarlo del único elemento que se consideró potencialmente riesgoso como lo fue la correa, según consta en el informe rendido por el comandante de la subestación de policía (fls. 66-68 C-4). Es cierto que los agentes permitieron que el retenido ingresara con el buso con el cual se suicidio, ese simple hecho no es reprochable porque no había razones para suponer que con éste objeto podía quitarse la vida.

Cabe destacar que en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés se ha declarado la responsabilidad de los servicios penitenciarios en los eventos de suicidio, cuando éste ha dejado solo a un detenido cuyas tendencias suicidas eran previsibles (C.E. 14 noviembre de 1973, min. just. c. dame Zanzi; 13 de julio de 1981, garde des sceaux, min just. c. éxp. Jaspard).

Así, en la sentencia del 16 de noviembre de 1988, epoux Deviller se dijo:

“Considerando que ha sido constatado que dos vigilantes percibieron en el curso de una ronda, el 30 de abril, a las 10:00 p.m. al señor Deviller extendido inanimado sobre el suelo de una celda; que ellos, según sus afirmaciones, intentaron vanamente despertarlo y, ante el fracaso, se limitaron a reubicarlo sobre su colchón sin tomar ninguna medida de vigilancia complementaria y, concretamente, sin avisar de estas circunstancias a sus superiores jerárquicos o al servicio médico; que los esposos Deviller sostienen con todo derecho que ese comportamiento revela una falta grave del servicio penitenciario, habida cuenta de las afecciones síquicas que presentaba el señor Robert Deviller y por las cuales él era objeto de una vigilancia y cuidados particulares por parte del servicio médico-sicológico del establecimiento; que esa falta ha impedido que los cuidados apropiados hubiesen sido suministrados en el tiempo útil al señor Deviller y, en consecuencia, que, en esas condiciones, la responsabilidad del Estado se encuentra comprometida”. (Se subraya)

En síntesis, si bien es cierto que el Estado tiene para con los retenidos una obligación de resultado, también lo es que dicha obligación no se configura cuando el hecho ocurre por culpa exclusiva de la víctima. En este caso, como la muerte del señor Jaime Hernán Calapsu se debió de manera exclusiva a su decisión consciente y voluntaria, no hay lugar a acceder a las pretensiones formuladas en contra de la Nación y por lo tanto, la sentencia objeto de consulta será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 22 de agosto de 1996 y en su lugar se dispone: NIEGANSE las pretensiones de las demandas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta Sección—Alier E. Hernández Enríquez—Jesús M. Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez V.—Jesús María Carrillo Ballesteros, aclaración de voto—Mariaelena Giraldo Gómez, aclaracion de voto.

Aclaración de voto

Con toda consideración nos permitimos manifestar que aunque compartimos la decisión adoptada en la providencia referenciada, nos resulta imperativo hacer manifestación expresa de nuestras reservas respecto de algunos criterios expresados en el citado proveído, en relación con el tratamiento del tema del suicidio, y de la respuesta ética, filosófica y jurídica que se maneja sobre el particular.

Tratándose de una acción de reparación, se comparte el razonamiento jurídico y la decisión, todo lo cual se ajusta a la tradición jurídica del Consejo de Estado en la materia, esto es el concepto de falla, la imputación, el daño, la acción y la omisión, sobre los cuales se edifica la sentencia.

Con el ánimo de enriquecer el texto de la providencia, se acudió al análisis de temas aledaños, que posiblemente hubieran podido obviarse para el propósito concreto, pero que incluidos merecen precisiones porque implican como se advirtió en la discusión del proyecto, hoy sentencia, una concepción sobre el mundo y una filosofía sobre la función del Estado y una interpretación sobre los denominados derechos fundamentales, que por lo demás deben precisarse y no confundirse.

Básicamente nos referimos a los criterios consignados sobre la autonomía de la persona, el derecho a la vida, el hecho del suicidio y la respuesta que el derecho ofrece respecto de estos.

El caso concreto: Un conscripto se autoelimina y los demandantes intentan probar la falla del Estado por haber omitido éste, las medidas pertinentes que le habrían indicado el pretendido conocimiento que de la situación particular del occiso hubiesen podido tener sus superiores.

Se consignan, a propósito del caso algunas consideraciones de orden jurídico que se comparten y otras en las que disentimos y otras que merecen aclaración, porque ante todo, 1º) debe identificarse la conducta que se juzga (de la administración y no la del conscripto) 2º) el bien jurídicamente protegido que por haber padecido daño, impone reparación (la vida, la salud, la seguridad personal, la integridad) y 3º) evitar contradicciones entre las convicciones y la práctica del derecho.

El tema ya fue abordado por la Corte Constitucional, mediante las sentencias de C-239 de 20 mayo de 1997, C-221 del 5 de mayo de 1994 y T-444 del 25 de septiembre de 1996, a propósito de la eutanasia pero se citan en la providencia respecto del suicidio.

Lo novedoso es la transposición que de los conceptos allí expresados por vía general, se hace para respaldar el razonamiento jurídico con ocasión de una demanda de reparación directa contra el Estado, en tema aledaño pero distinto.

El fallo:

En las consideraciones y refiriéndose a la falla del servicio por omisión, se advierte que “en estos casos el resultado es imputable al Estado, solo cuando se encuentran acreditados los siguientes requisitos: a) “La existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habría evitado los perjuicios”. b) La omisión de poner en funcionamiento los recursos ... c) Un daño antijurídico, d) la relación de causalidad entre la obligación omitida y el daño”.

Al punto se pregunta por la obligación legal o reglamentaria de evitar el suicidio y si se utilizaron los medios disponibles para cumplir ese deber.

Razona luego para considerar que “el tema del suicidio pone de relieve concepciones meramente éticas que comprometen el fuero interno de las personas, pero que deben permanecer al margen del derecho, dado que éste solo puede regular la conducta de las personas en cuanto interfieran con los demás y no los deberes que éste (sic) tiene para consigo mismo”.

No es cierto que el suicidio tenga implicaciones meramente éticas aunque es cierto que el derecho solo regula conductas que interfieran con otros.

El problema ofrece varios temas a tratar, la obligación estatal, el alcance o implicaciones del suicidio y el campo de acción del derecho.

La propia Constitución Nacional indica que nuestra Nación se organiza como un Estado Social de Derecho fundado sobre el respecto a la dignidad humana,... y la solidaridad de las personas que la integran; respecto de los fines del Estado es fundamental la protección que éste debe a la persona y a la vida así como el cumplimiento de sus deberes sociales. Además el Estado responde por la omisión o por la extralimitación suya a través de sus agentes, esto es, cuando omite o se excede; no asiste o abusa, entonces puede ser demandado. Es incongruente entonces pensar que el Estado pueda ser a la vez demandado con fundamento en la omisión y a la vez señalado como totalitario por no dejar morir a quien pretende eliminarse y está peligro, condenándolo a vivir contra su voluntad, al menos mientras lo intenta con éxito y sin que nadie lo advierta, para poder ejercer su plena autonomía dentro del marco exclusivo de su intimidad.

El sentido del razonamiento conduce lógicamente a aceptar que no se indemniza en tanto que la decisión de causarse daño o colocarse en peligro es producto de la autonomía y porque el Estado no puede impedir a la persona la elección de sus actos, sino por la omisión en lo que es su deber... para evitar que se consuma el acto o se causen los daños por el cual se pretende la reparación. Se repite el acto (auto-atentado) es uno y su consecuencia, el daño es cosa distinta respecto del cual el Estado está habilitado para impedirlo o prevenirlo y en esa medida intervenir a la hora de la producción de la causa.

Se anota en primer lugar que no puede decirse pura y simplemente que no haya deberes jurídicos para consigo mismo y que solo sean morales (la propia seguridad, no exposición a peligros o epidemias...) en cambio, es evidente y así se acepta la existencia de deberes para con quienes se convive, comenzando por la familia (esposa e hijos respecto de quienes se tiene obligaciones y ellos tienen derechos correlativos, así mismo respecto de la municipalidad o del Estado quienes tienen el deber de auxiliar, aún a quien se ha puesto en peligro por su propia voluntad o se ha autodañado, a tal punto que su omisión puede ser fundamento de responsabilidad a título de falla y éste es un terreno eminentemente jurídico.

Pensar así no significa que desde fuera otro trate de dar sentido a la existencia de una persona capaz y autónoma como en efecto lo es todo sujeto de derecho. El suicida es un enfermo, es anormal pues la naturaleza indica el instinto de conservación y por eso es que precisamente tiene derecho al apoyo y debe ser asistido cuando el Estado conoce sus intenciones, trátese de un ciudadano común y corriente o del conscripto o del detenido que se encuentran bajo una particular relación.

Dice la providencia sin embargo que el Estado no está habilitado para exigir a la persona una forma determinada de conducta para consigo mismo, pero cuando la conducta consigo mismo implica atentado a los derechos de ese sujeto respecto de otros, no hay duda que el Estado y la sociedad tienen derecho a exigirle eventualmente imponerle comportamientos o límites a las pretendidas libertades absolutas a fin de garantizar el orden social.

Decir escuetamente que el Estado no puede “obligarlo a que cuide su salud, que se someta a un tratamiento médico ni por su puesto que prolongue su existencia si esta considera que debe ponerle fin a la misma, pues solo un Estado totalitario puede asumirse como dueño y señor de la vida de las personas” es una expresión equívoca porque como ya se dijo la persona debe velar por su propia seguridad, no debe exponerse y el Estado sí debe auxiliarlo y su conducta no puede exponer a otros impunemente.

No es ilógico ni injurídico que los hijos tengan el deber de auxiliar a sus padres o el Estado de auxiliar al suicida, como deber de Estado social de derecho y porque el que atenta contra sí mismo expone a la vez a la improvidencia a sus hijos menores por ejemplo y el ciudadano común, pudiendo debe auxiliarlo, aunque quienes piensen lo contrario, digan que salvarlo es darle sentido a su existencia y con ello violarle su derecho fundamental.

Con arreglo a jurisprudencia foránea, el auto-atentado no da derecho a reclamar por el daño, tampoco por la ausencia de auxilio (si el evento es de ejecución instantánea), salvo que por la naturaleza de los hechos el peligro se prolongue en el tiempo y el tratamiento es distinto para la víctima directa y el que corresponde a los afectados indirectamente.

No es aceptable que la autoridad destinada a proteger a las personas esté limitada frente al autodaño pues “si soy dueño de mi vida soy libre de cuidar o no de mi salud cuyo deterioro lleva a la muerte que lícitamente yo puedo inflingirme”.

Aquí hay dos valores involucrados, a saber: la vida y la salud. Ellos no pueden confundirse y la referencia indiscriminada les otorga un trato injurídico. Las vacunas masivas son obligatorias y en ese caso la responsabilidad del Estado es objetiva. Será acaso para sancionar su totalitarismo? o mas bien una respuesta solidaria del Estado?

Mas bien, sería una actitud reprobable la del Estado que asiste al sujeto (autónomo, independiente y libre que se autodaña y sobrevive, o se expone y está en grave peligro), para auxiliarlo a fin de garantizarle el cabal desarrollo de su personalidad, ayudándolo a eliminarse, empujándolo o negándole el auxilio.

Acepta la providencia sin embargo límites a la libertad en relación con la autodeterminación de personas incapaces, enfermos mentales y justifica impedirles con medios coercitivos que intenten contra su vida. Los locos tienen derecho al Estado, porque son inimputables pero los cuerdos por ser sujetos de imputación no tienen los mismos derechos?

No se entiende cómo si el Estado, actúa es totalitario respecto de los cuerdos pero no lo es respecto de los menores capaces pues allí si se encuentra justificada su actuación. Se acepta entonces el totalitarismo contra los incapaces?

Es curioso que respecto de las personas en “sujeción especial” (reclusos y conscriptos) la protección es mayor, ayuda médica (salud general o psiquiátrica), que de paso es obligatoria tanto para el Estado como para el sujeto, para uno por el deber de asistencia y para el otro por el deber de no contagiar ni contagiarse, de intentar curarse y de evitar convertirse en peligro para otros. Es más humanista y solidario pensar que se tiene derecho por la condición de persona, de ciudadano y no solo por la circunstancia de la “sujeción especial”.

La Corte Constitucional T-474 de 25 de septiembre de 1996 citada por el fallo sentenció que contra la decisión del menor que rehusaba la transfusión, ordenó protegerle su vida aún contra su decisión, fue entonces totalitaria? Conculcó los derechos del menor? Hubiera podido el padre disponer por el menor apoyándolo en su rechazo o pidiendo asistencia para su salud?

Está obligado el Estado si no a asegurarle la muerte que quiera, a no impedir la que se quiera infligir una persona?

En nuestro criterio el derecho no es contrario a la naturaleza y es propio de los seres vivos el instinto de conservación. Cosa totalmente distinta es el tema planteado por la eutanasia que en casos excepcionales y bajo condiciones muy definidas pudieran ser aceptadas por el derecho pero no patrocinadas por el Estado.

La sentencia imputa la autoría del hecho exclusivamente a la víctima y exime de responsabilidad al Estado por ignorar éste, la perturbación y por ello imposible de evitar el daño, razones que compartimos pero no que se exima por tratarse de un acto libre y autónomo de la víctima y que por tanto el Estado no tuviera la obligación de socorrerlo y evitar si las circunstancias lo permitían el desenlace fatal. Razonar como lo hace el texto en el sentido de que no hay responsabilidad porque no se conoció la intención del suicida no es suficiente y entraña una contradicción pues para qué conocerla si al fin de cuentas se insiste en la libre autodeterminación, caso en el cual no podría responsabilizarse al Estado.

La providencia en el razonamiento filosófico jurídico sobre la vida, acusa un individualismo decimonónico, y confunde libertad y autonomía con individualismo y egoísmo a tal punto que en el campo jurídico trasciende a la negativa de los derechos de otros y pone en peligro al individuo que dice defender frente a un Estado que quiere totalitario y desconoce de paso el Estado social de derecho, en el cual el hombre y los derechos fundamentales son su razón de ser.

En la parte jurídica compartimos la providencia, consideramos inútiles las referencias colaterales al tema de la vida, que se consignaron a propósito del suicidio y que por no compartirlas dieron lugar a esta respetuosa aclaración de voto.

Concluimos que los argumentos extrajurídicos no son concordantes con el razonamiento jurídico; que en la providencia se tratan indiscriminadamente los derechos a la vida y a la salud; que el suicidio es un hecho y no un derecho y que aparece una contradicción manifiesta cuando se dice que para condenar habría sido necesario el conocimiento por parte del Estado de la decisión autónoma de autoeliminarse, habiendo dicho previamente que se trata de un acto libérrimo, caso en el cual nada habría podido hacer el Estado, siguiendo la misma lógica, porque estaría siendo totalitario y vulnerando la autonomía que se reclama con ahínco para quien, en otro campo pero sobre los mismos hechos se reclama indemnización para sí o para otros como en el caso sub-judice.

María Elena Giraldo Gómez 

Jesús María Carrillo Ballesteros 

Fecha ut-supra 

1 En este sentido, sentencia del 18 de septiembre de 1997, Exp. 9.666.

2 Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. Santafé de Bogotá, 1996, 3ª ed., pág. 624.

3 Medicina Forense. Medellín, Señal Editora, 6ª. ed., pág. 234.

4 Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616.

5 Sentencia de la Corte Constitucional C-239 del 20 de mayo de 1997.

6 Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

7 Sentencia de la Corte Constitucional C-221 del 5 de mayo de 1994.

8 En la Sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996, por ejemplo, la Corte Constitucional ordenó brindarle a un menor adulto, testigo de jehová, el tratamiento que requería para preservar su vida, aún contra la propia decisión del menor que se negaba a la práctica de una transfusión de sangre, por sus convicciones religiosas.

9 César Augusto Girlado G. op. cit., págs. 355-356.