Sentencia 12861 de febrero 10 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 66001-23-31-000-1999-0825-01 12861

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Hernando Ramírez Jaramillo

Demandado: La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico – DIAN.

Ref.: Apelación sentencia de agosto 10 de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Sanción por gastos no explicados. Año gravable 1995.

Bogotá, D.C., febrero diez de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se debate en la presente instancia la legalidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 744 de diciembre 17 de 1998 y 900089 de 4 de junio de 1999 expedidas por las divisiones de liquidación y jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira, mediante las cuales se impuso al demandante sanción por gastos no explicados, providencias que el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró nulas.

La administración previo requerimiento ordinario dio traslado al contribuyente del pliego de cargos en el cual le informó que analizada la respuesta, las compras, costos y gastos son superiores a los ingresos más pasivos adquiridos en 1995 en cuantía de $ 74.929.000. Propuso sanción de $ 74.929.000 correspondiente al 100% de la diferencia no explicada (C.P., fls. 11 a 16).

Como respuesta el contribuyente informa a la administración que simultáneamente con el pliego de cargos “estaba corrigiendo mi denuncio rentístico por cuanto presentaba varios errores”.

En la relación de éstos indica que en la declaración de renta de 1995 se sanearon bienes raíces, se incluyeron $ 60.000.000 de pasivos que no lo fueron inicialmente y el ingreso de ganancia ocasional estaba mal incluido. Anuncia así mismo que anexa fotocopias de las letras de cambio por el valor total de los pasivos declarados y fotocopia de la corrección de la declaración (fl. 16, c. a.).

Efectivamente a folios 17 a 21 del cuaderno de antecedentes aparecen fotocopias simples de letras de cambio todas con fechas de cancelación durante 1996 pero sin fecha de otorgamiento del documento y sin constancia de pago del impuesto de timbre. A folio 22 del cuaderno de antecedentes está la declaración de corrección presentada el 11 de junio de 1998.

Conocida la respuesta, la administración sancionó al contribuyente por gastos no explicados y por el valor previsto en el pliego de cargos.

La controversia se centra en determinar si la declaración de corrección aportada por el demandado al responder el pliego de cargos y si las pruebas allegadas, demuestran la ilegalidad de la sanción.

En el sub judice aunque en la motivación del recurso de reconsideración el funcionario analiza el denuncio tributario de corrección y alude a que está incurso en causal para tenerlo como no presentado por no estar suscrito por contador público, esta consideración no tiene la entidad para anular una actuación administrativa en donde el pronunciamiento de fondo versa es sobre la sanción aplicada por gastos no explicados.

La declaración de corrección que se presentó al responder el pliego de cargos para la Sala es una prueba que se aporta al proceso administrativo y en tal calidad debe ser analizada y apreciada junto con las demás que integran el acervo, para determinar si procede o no la sanción por los hechos por los cuales la entidad oficial investigó al contribuyente.

Para la Sala es claro que la declaración de corrección la presentó el actor con la finalidad de dejar sin piso jurídico la inicial que fue la base para la actuación administrativa. En efecto, ha sostenido el actor que la declaración de corrección debe producir plenos efectos jurídicos y así darle validez a la inclusión de los pasivos y al saneamiento de bienes raíces, hechos que permiten desaparecer la diferencia anotada en el requerimiento ordinario y el pliego de cargos.

Sin embargo observa la Sala, que no se pagó la sanción por corrección que exige el artículo 588 del estatuto tributario. Es evidente que por no pagar la sanción contemplada en el artículo 588 del estatuto tributario la corrección no reúne los requisitos legales, lo que no implica que se desconozca como prueba pero apreciada con los demás elementos probativos que se encuentran en el proceso, como ya se expresó.

El demandante afirma que en la declaración inicial como en la de corrección del año gravable de 1995, informó del cambio en su actividad económica desde el 4 de septiembre de 1995 al pasar de ser comerciante a ser un rentista de capital, por lo que no está obligado a llevar contabilidad y sus declaraciones no requieren firma de contador.

En certificación de la Cámara de Comercio consta que por documento privado de 4 de septiembre de 1995, el señor Fernando Ramírez Jaramillo inscrito en esa corporación el 8 de septiembre de 1995 canceló la matrícula como comerciante, (C.P., fl. 2).

Al respecto advierte la Sala que tanto en la declaración inicial como en la de corrección el contribuyente anota como descripción de la actividad comercial “Ventas al por menor de combustible” y llama la atención que la declaración inicial sí está firmada por contador.

De otra parte, la respuesta al requerimiento ordinario está suscrita por el contribuyente y por Bernardo Mora Quiroga, contador con TP 42164. A este documento adjunta fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de que no registra antecedentes disciplinarios como contador.

En esta respuesta el contribuyente y el contador dicen lo siguiente:

“(…).

2. Que revisados los datos de mi declaración de impuesto de renta por el año gravable de 1995, constato que efectivamente los datos allí consignados son los registrados en los libros de contabilidad y que analizados todos lo movimientos con los ajustes por inflación, depredaciones, amortizaciones y saldos débitos y créditos de la cuenta corrección monetaria dan ese resultado, situación que ratifico con la firma del contador público titulado que en ese año contabilizó la información” (fl. 3, c.a.) (negrillas fuera del texto).

Este documento, que constituye confesión tal como lo prevé el artículo 747 del estatuto tributario, tiene fecha de diciembre 22 de 1997 y es anterior a la corrección de la declaración, donde sanea bienes raíces e incluye pasivos por $ 60.000.000.

Las pruebas señaladas permiten a la Sala concluir que la declaración de renta inicial es la que debe tomarse en cuenta ya que la de corrección no está suscrita por contador, mas sí la primera, ni en ella se liquida y paga la correspondiente sanción y además por la manifestación que hace el contribuyente conjuntamente con el contador al dar respuesta al requerimiento ordinario y que desmiente lo sostenido posteriormente por el accionante.

Así mismo está demostrado que durante el año 1995 ejerció la actividad comercial hasta el 8 de septiembre de ese año, fecha en la cual canceló la matrícula mercantil. Luego tampoco es cierto lo afirmado por el actor en la demanda, que por cambiar de actividad económica no estaba obligado a llevar libros de contabilidad pues fue comerciante durante la mayor parte de ese año gravable y confiesa que sí llevó dichos libros.

Ahora bien, en cuanto a las fotocopias simples de letras de cambio que aportó el contribuyente con el pliego de cargos para demostrar el pasivo que incluyó en la corrección de la declaración, estima la Sala que esos documentos no reúnen las condiciones de autenticidad que exige el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y conforme al artículo 770 concordante con el 767 del estatuto tributario, por carecer de fecha cierta no le permiten a la Sala establecer el año gravable en el cual se otorgaron y por ende no hay prueba de que corresponda a 1995.

En estas condiciones no eran idóneas para acreditar que efectivamente existió para ese año gravable el pasivo cuestionado.

Para la Sala y conforme a lo dispuesto en el artículo 771 estatuto tributario, sobre prueba supletoria de los pasivos, con la demanda aportó el actor unas constancias rendidas por Esperanza Salcedo Gallego, Patricia Eugenia Ortiz de Chujfi, Jairo de Jesús Meza Marulanda y Samir Chijfi Ospina y reconocidas ante notario, en las cuales quienes las suscriben afirman que durante el año 1995 le prestaron sumas de dinero al señor Hernando Ramírez Jaramillo, valor que declararon en el denuncio rentístico (C.P., fls. 37 a 40). Igualmente adjuntó fotocopias de las declaraciones tributarias de estas personas y de la del señor Alfonso Suárez Perdomo por el año gravable de 1995 (C.P., fls. 5 a 9).

No obstante, frente a la contundencia de la respuesta al requerimiento ordinario suscrita como ya se dijo por el actor y el contador estas constancias que no se han rendido bajo la gravedad del juramento, no tienen entidad para contradecirla, salvo que se haya demostrado que lo afirmado por él y por el contador no es cierto, que incurrió en error o fuerza sufrida por el confesante, dolo de un tercero o falsedad material del escrito, como lo contempla el artículo 767 atrás citado, lo cual no ha ocurrido.

De otro lado, de las declaraciones de renta presentadas por los citados contribuyentes presuntamente acreedores, no se puede deducir que el actor era deudor de ellos.

Ahora bien, analizados en su conjunto estos documentos la Sala considera que se trata de maniobras del actor, tendientes a no afrontar jurídicamente el cargo por el cual se le sanciona, sino a inducir una decisión que se aparta totalmente del asunto de fondo debatido en la vía administrativa, siendo éste la no explicación de los costos y gastos denunciados por el contribuyente en su declaración de renta que de acuerdo con el artículo 633 del estatuto tributario es una conducta sancionable.

Así las cosas en la actuación administrativa no se transgredieron los artículos 29 de la Constitución Política y 580 del estatuto tributario por cuanto se ajusta a la realidad procesal que la administración tuviera como no presentada la corrección a la declaración de renta ya que sólo es una referencia que a ello se hace en la decisión del recurso interpuesto contra el acto sancionatorio y no se trata de un proceso de determinación del tributo. Así las cosas, no existe expedición irregular o falsa motivación, cargos que le endilgó el actor a los actos administrativos en los que se aplicó sanción por gastos no explicados. Por ende prospera el recurso de apelación y en consecuencia se revocará la sentencia impugnada y en su lugar se denegarán las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería a la doctora Amparo Merizalde Martínez como apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 132.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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