•Sentencia 12880 de diciembre 2 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta Nº 185

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

(...).

Cargo primero. Nulidad

Como de manera acertada lo destaca la delegada en su concepto, la jurisprudencia ha sido prolija en señalar que todas las causales de casación poseen su propia autonomía, obedecen a fenómenos lógico jurídicos distintos, y traen consecuencias diversas para el proceso, de modo que de no seleccionarse adecuadamente frente al desacierto del fallador indicando que se busca poner de presente en la demanda, o incumplirse el deber estricto de realizar un raciocinio acorde con la naturaleza y alcance del motivo aducido, ha de entender el juez de casación que se halla en frente de un alegato que debió surtirse en las instancias, en donde la informalidad en la presentación de los argumentos contra las decisiones judiciales es su rasgo más sobresaliente, no ante una demanda de casación, sometida al cumplimiento de precisos requisitos de forma y contenido.

De esta suerte, cuando el actor aduce la causal tercera de casación, es de su cargo señalar, de una parte, que en el trámite del proceso se incurrió en una irregularidad de carácter sustancial, de tal entidad que socavó las bases fundamentales de la investigación o el juzgamiento, o que se presentó violación del derecho de defensa u otra garantía fundamental, o que los funcionarios judiciales carecían de competencia para conocer del asunto; y, de otra, de qué manera el defecto denunciado repercutió de modo negativo en el proferimiento del fallo cuya invalidación se persigue.

Esto para indicar que al estar amparado el fallo de segundo grado de la doble presunción de acierto y legalidad, y ser la casación el recurso extremo y extraordinario para desvirtuarla, el demandante se halla obligado no solamente a exponer su raciocinio de manera lógica y ordenada, sino a respetar en su discurso el contenido y alcance de la causal que aduce en apoyo de su pretensión invalidatoria.

El defensor del procesado Víctor Hugo Gil Calle alude que su asistido fue puesto a disposición del juzgado instructor solamente doce días después de haber sido aprehendido por la policía, y luego de haber rendido dos versiones en las cuales estuvo asistido por personas que no ostentaban el título de abogado, lapso durante el cual, según infiere, fue maltratado y “presumiblemente torturado”.

Si bien el proceso indica que el señor Víctor Hugo Gil Calle fue capturado la misma fecha en que tuvieron lugar los hechos materia de investigación, es decir el siete de junio de 1990, según de ello da cuenta el informe suscrito por el mayor Henry Torres Sánchez (fl. 11, cdno. copias), y que fue puesto a disposición del juzgado de orden público solamente hasta el día 19 siguiente, no ve la corte cómo esta irregularidad pueda tener la virtualidad de desquiciar el contenido del fallo proferido en su contra, pues a lo sumo podría dar lugar a averiguación penal o disciplinaria de los funcionarios que procedieron de esta manera, o en su momento a remediarla mediante el cumplimiento de las previsiones del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal por entonces vigente, o el ejercicio del derecho de hábeas corpus, sin que por ello pueda comprometerse la validez de la actuación surtida.

También corresponde a la realidad procesal, como se alude en la demanda, que Víctor Hugo Gil Calle, rindió dos diligencias de versión ante la sección de policía judicial.

(...).

a) Nulidad parcial por incompetencia.

Los acusados Víctor Hugo Gil Calle y Víctor Hugo Calle Henao, fueron condenados por el delito de lesiones personales de que tratan los artículos 331 y 332 inciso 1º del Código Penal, vigentes por la época de los hechos, ocasionadas a Paula Andrea Romero Vásquez, a quien le fue diagnosticada una incapacidad provisional de diez (10) días (fl. 74), y el señor Jesús Cardona Jurado, respecto de quien se le diagnóstico incapacidad de siete (7) días (fl. 158). Este ilícito fue convertido en contravención especial por la Ley 23 de 21 de marzo de 1991, correspondiéndole inicialmente su conocimiento a las autoridades de policía y ahora a los jueces municipales y promiscuos municipales (L. 228 dic. 21/95, art. 16).

Mayoritariamente la Sala ha sostenido que la unidad procesal por razón de la conexidad no puede mantenerse cuando el vínculo sustancial o procesal entrelaza delitos contravenciones, por encontrarse derogado el artículo 90 del Decreto 522 que lo permitía, y existir, en cambio, el artículo 18.1 del Decreto 800 de 1991, que contrariamente prevé esta eventualidad como motivo de escisión procesal.

Esto significa que al causarse la referida subrogación de la conducta delictiva a contravención, el funcionario judicial que venía conociendo de ella perdió competencia para seguir haciéndolo, y que la actuación cumplida desde entonces, en relación con este concreto hecho punible, se encuentra viciada de nulidad, debiendo la Corte, en ejercicio que la facultad oficiosa que le defiere el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, entrar a decretarla (art. 229.1 ejusdem), lo cual hará a partir de del proveído de noviembre veintinueve de mil novecientos noventa y uno mediante el que se varió la calificación jurídica de la conducta, pues para este momento, el juzgador ya carecía de competencia.

Consecuencia necesaria de esta decisión, sería la compulsación de copias para ante la autoridad competente a fin de que asuma el conocimiento del asunto en relación con esta conducta contravencional; sin embargo, como es evidente la prescripción de la acción, dado el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la resolución acusatoria (jul. 5/91) —fenómeno cuya ocurrencia no advertida por lo juzgadores de instancia no obstante haber operado incluso para la fecha de proferimiento del fallo de primer grado—, la Corte se abstendrá de hacerlo...

___________________________________