Sentencia 12882 de julio 26 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACUERDO OBTENIDO EN AUDIENCIA ESPECIAL

CONTROL DE LEGALIDAD

EXTRACTOS: «El primer cuestionamiento hecho por el casacionista es que el juez penal del circuito, en concordancia con el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, debió haberle formulado observaciones al acuerdo y no improbarlo de plano.

Se sabe que uno de los resultados posibles de la audiencia especial, cuyo ordenamiento es potestativo del fiscal instructor, es la obtención de un acuerdo con el procesado sobre la adecuación típica de la conducta o conductas imputadas, grado de participación, forma de culpabilidad, circunstancias del delito, cantidad de sanción, condena condicional y preclusión por comportamientos sancionados con pena menor cuando exista duda probatoria sobre su existencia.

Obtenido el acuerdo se suscribe el acta que lo contenga y se remite el proceso al juez del conocimiento para que examine su legalidad. Este cuenta con las siguientes posibilidades:

1. Dictar sentencia condenatoria si el acuerdo lo halla ajustado a la ley, siempre y cuando no se hayan violado derechos fundamentales del procesado.

2. Invalidar el trámite de audiencia especial si encuentra que en su curso se le lesionaron al procesado sus derechos fundamentales o encuentra esenciales defectos de estructura en la actuación procesal.

3. Formular observaciones al acuerdo, si lo estima necesario.

4. Improbar el acuerdo si considera que no se ajusta a la ley y no estima del caso la formulación de observaciones.

Esas cuatro hipótesis de actividad del juez se derivan claramente del artículo 37A que regula el fenómeno de la audiencia especial y en el aspecto que interesa tiene que resaltarse la última. “El juez podrá formular observaciones acerca de la legalidad del acuerdo, si lo considera necesario, mediante auto que no admite ningún recurso...”, reza el 4º inciso de la disposición y el 5º, a su turno, al no sujetar la improbación del acuerdo al trámite de observaciones, deja perfectamente claro que la formulación de éstas es ejercicio de una función de control del juez, aunque no arbitraria; y que no es una obligación como piensa el censor.

El legislador, en consecuencia, deja a la soberanía del juez formular observaciones o improbar de plano el acuerdo sometido a su consideración. Dicha soberanía, sin embargo, debe ejercerse no caprichosamente sino dentro de criterios de razonabilidad, acudiendo siempre al trámite de observaciones cuando el punto que no le parece ajustado a la ley no ostente la condición de trascendental y decisivo en la construcción del acuerdo que se le ha presentado, visto naturalmente en su globalidad.

En todo caso, independientemente de lo anterior, siendo por disposición de la ley una potestad del juez realizar observaciones al acuerdo, no hacerlo e improbarlo de plano no constituye una irregularidad alegable en casación. Simplemente porque el trámite de audiencia especial está sometido a sus propias reglas, una de las cuales es la posibilidad de recursos contra la providencia mediante la cual es improbado el pacto entre el fiscal y el procesado, a través de los cuales puede insistirse en la legalidad del acuerdo o, atendidas las circunstancias que fundaron la improbación, en la necesidad de retrotraer la actuación para que se surta el trámite de observaciones.

(...).

De todas formas, insiste la Sala, presentado el acuerdo e improbado, la insistencia sobre su legalidad o la demanda de dar paso al procedimiento de observaciones debía haber tenido ocurrencia en el propio trámite de la audiencia especial, no siendo de recibo la actualización de esa discusión en el marco de la casación. Precluida dicha oportunidad que el propio rito ofrece a los sujetos procesales y que hace parte del diseño del debido proceso en estos casos, ha previsto la ley que no puede intentarse de nuevo y por ello no sólo prohíbe la posibilidad de nueva diligencia, sino que dispone la convocatoria de nuevos juez y fiscal para que culminen el proceso por el camino del procedimiento ordinario, que fue lo sucedido en este evento: la aspiración de procesado y defensor no sólo no se imposibilitó sino que se realizó agotando el debido proceso previsto por el legislador.

La casación, finalmente, es un medio de impugnación contra la sentencia y resulta entonces un absoluto desatino plantear en su marco un problema de valoración probatoria realizado en un auto interlocutorio como fue el de la improbación del acuerdo, discusión para la cual se encuentran instituidos como mecanismos de control los recursos ordinarios de reposición y apelación, que deben ser utilizados en el momento procesal dispuesto para ello. Interpuestos o no y en todo caso ejecutoriada la decisión no aprobatoria del acuerdo, el proceso —se repite— continúa bajo las reglas regulares del procedimiento, el fiscal y el juez son reemplazados y el resultado es inoponible a los contenidos de las determinaciones mediante las cuales se declaró no aprobado el convenio entre el funcionario de instrucción y el procesado.

Los cargos de nulidad realizados en la demanda, en consecuencia, son manifiestamente improcedentes».

(Sentencia de casación, julio 26 de 2000. Radicación 12.882. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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