Sentencia 129 de octubre 17 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA PLENA

PROHIBICIÓN DE OBLIGAR A DECLARAR CONTRA SÍ MISMO

ALCANCE DEL ART. 33 DE LA CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «Norma acusada. Su texto es del siguiente tenor literal:

“DECRETO Nº 624 DE 1989

(Marzo 30)

Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

(...)

Artículo 748.—Confesión ficta o presunta. Cuando a un contribuyente se le ha requerido verbalmente o por escrito dirigido a su última dirección informada, para que responda si es cierto o no un determinado hecho, se tendrá como verdadero si el contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice.

Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda considerarse confesado el hecho, deberá citarse por una sola vez, a lo menos, mediante aviso publicado en un periódico de suficiente circulación.

La confesión de que trata este artículo admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de dirección o error al informarlo. En este caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista un indicio por escrito”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atendiendo al tenor literal de la ley de facultades, al Ejecutivo no le estaba permitido incorporar al estatuto tributario disposiciones derogadas. Corresponde ahora verificar si la norma acusada estaba vigente al momento de ser incorporada al estatuto tributario, pues el demandante afirma que había sido derogada, mientras el Procurador y los ciudadanos intervinientes, por el contrario, consideran que estaba en vigor.

El precepto impugnado reproduce, con idéntico texto, el artículo 74 del Decreto Extraordinario 1651 de 1961, que le da efecto jurídico de confesión ficta o presunta a la omisión del contribuyente en contestar el requerimiento que le hace la Administración de Impuestos para que responda si es cierto o no un determinado hecho.

En orden a determinar si el citado artículo 74 estaba vigente es indispensable hacer referencia a las facultades de fiscalización que corresponden a la Administración de Impuestos Nacionales para asegurar el cumplimiento de las normas tributarias sustanciales, y en ellas halla la Corte que le está permitido verificar la exactitud de las declaraciones, adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de la obligación tributaria, requerir a los contribuyentes o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, exigir la presentación de documentos, ordenar la exhibición de libros de contabilidad; facultades éstas que se resumen en la posibilidad de realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos. Para facilitar la tarea de fiscalización, el estatuto tributario les impone a los contribuyentes, así como a los no contribuyentes, la obligación correlativa de “atender los requerimientos de informaciones o pruebas relacionadas con las investigaciones que realiza la Administración de Impuestos, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos” (Decreto 624 de 1989, art. 686).

Contempla también el estatuto tributario la posibilidad de que la Administración modifique, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes o agentes retenedores mediante la liquidación de revisión y con este propósito establece como conditio sine qua non de validez de dicha liquidación, la obligación de enviar al contribuyente un requerimiento especial que contenga todos los puntos que la Administración se propone revisar, con explicación de las razones en que se fundan (ibídem, arts. 702 y 703).

Las dos facultades que se han enunciado: la de investigación y la de modificación de la liquidación privada, que son desarrollo de la función de fiscalización, le permiten a la Administración requerir a los contribuyentes para controlar la evasión fiscal.

Según la etapa en que se haga el requerimiento recibe de la doctrina o de la ley diferente denominación. Así, la doctrina denomina ordinario el que efectúa la Administración en la etapa de la investigación para que el afectado aclare determinados requisitos o allegue pruebas para determinar el valor real del gravamen, y su formulación es facultativa para la Administración. El requerimiento especial, en cambio, recibe esta denominación de la ley y es, como se dijo, obligatorio para la Administración cuando se proponga modificar puntos de la liquidación privada del contribuyente, y en él deben cuantificarse el impuesto, los anticipos y sanciones adicionales y señalarse las razones en que funda la Administración tal determinación.

Así las cosas, es evidente que los dos requerimientos son fácilmente identificables, apuntan a finalidades distintas y se practican en momentos distintos del proceso de fiscalización que cumple la Administración de Impuestos Nacionales.

El actor afirma que el artículo acusado estaba derogado, no obstante aceptar que los requerimientos de que trata la norma acusada son los llamados por la doctrina “requerimientos ordinarios”, pues los requerimientos especiales fueron creados, con esa denominación y las características ya señaladas, en el artículo 42 de la Ley 52 de 1977 (684 del estatuto tributario); y posteriormente el artículo 31 del Decreto 3803 de 1982 estableció la confesión ficta o presunta para el caso en que el contribuyente no conteste el requerimiento especial. El citado artículo 31 fue derogado expresamente por el artículo 27 del Decreto 398 de 1983, pero ello no implica, como bien lo anota el Procurador, que tuviese efecto derogatorio sobre la norma que consagraba el requerimiento ordinario, pues su alcance estaba circunscrito expresamente a los especiales. Decía así, el artículo derogado:

“Artículo 31.—En la etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación.

Si el contribuyente no hubiere contestado dicho requerimiento o su ampliación, se presumirá que aceptó los hechos en él contenidos”.

La confesión ficta o presunta que establece la norma acusada se refiere, como lo reconoce el propio demandante, a los requerimientos ordinarios, que son instrumentos que utiliza la Administración en la etapa de investigación y pueden ser base para que posteriormente ella inicie la actuación de revisión de la liquidación privada y respalde el previo requerimiento especial, que es un verdadero pliego de cargos para el contribuyente, y que por tanto sí incide, aunque indirectamente, en la determinación de los tributos, pues eventualmente en dicha confesión pueden sustentarse las modificaciones que se proponga efectuar la Administración a las liquidaciones privadas.

El argumento del ciudadano, conforme al cual el Decreto 2503 de 1987 introdujo “una nueva filosofía procesal” en el campo tributario, cambio que, según él, tuvo el sentido de invitar al contribuyente a que en forma espontánea o provocada realice actuaciones, y por esto se establece que su silencio no le ocasiona sanción alguna, pretende darle a la confesión que se presume el carácter de sanción para quien no conteste el requerimiento, como si ella no fuera apenas un medio probatorio del que puede valerse la Administración para llegar a comprobar la verdadera capacidad contributiva de las personas, permitiéndoles a éstas, a la vez, mecanismos de defensa, pues tal como está concebida la confesión ficta o presunta no es suficiente por sí sola para fijar un eventual tributo o sanción, dado que es desvirtuable por el contribuyente cuando la Administración la haga valer en su contra.

Las reflexiones anteriores permiten concluir que las razones que expone el actor para sustentar la derogatoria del artículo acusado son infundadas. Tampoco halla la Corte otros motivos que le permitan deducir que el Presidente al dictar la disposición impugnada excedió las facultades extraordinarias de que fue investido, y por tanto el cargo no prospera.

d) El contenido de la disposición acusada frente al nuevo ordenamiento constitucional.

Aun cuando el demandante ataca la validez constitucional del artículo 748 del Decreto 624 de 1989 únicamente por las razones formales ya desestimadas, se examinará también el precepto acusado frente a los postulados de la Constitución vigente para decidir con carácter definitivo sobre su exequibilidad, con apoyo en que el artículo 29 del Decreto 432 de 1969, que regula el trámite de los procesos de constitucionalidad confiados a la Corte Suprema de Justicia, autoriza revisar la norma demandada a la luz de todos los textos constitucionales.

Ello por no ser este uno de los casos en que la extensión de lo acusado aconseje, por prudencia, limitar el alcance de la decisión a la estricta petición del actor por la imposibilidad de llevar a cabo un estudio completo de todas las normas acusadas frente a la Carta Política, dentro de los breves e inaplazables términos en que deben tramitarse los juicios de constitucionalidad, pues por tratarse de la impugnación de un solo artículo lo que se muestra aconsejable es el realizar la confrontación normativa integral que plantea la confesión ficta o presunta en materia tributaria ante el amplio catálogo de nuevos derechos fundamentales que trae la Constitución de 1991.

Como arriba se explicó el artículo 748 establece una presunción legal en contra del contribuyente que requerido por la Administración de ,Impuestos Nacionales no lo contesta, da una respuesta evasiva o se contradice, pues en cualquiera de estos casos se dará por cierto el hecho sobre el cual verse el requerimiento.

La confesión supuesta por la ley sólo subsiste si el contribuyente no la desvirtúa, pues al invertirse la carga de la prueba será él quien deberá demostrar que cambió de dirección o que incurrió en un error al momento de informar sobre el hecho. Esta presunción legal busca dar eficacia a la labor de investigación y fiscalización que debe adelantar la Administración en procura de la exacta recaudación de los tributos.

Corresponde examinar si la confesión ficta o presunta es contraria a la preceptiva del artículo 33 de la Constitución Nacional, según el cual “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” .

Como la norma acabada de transcribir varió la redacción del texto del artículo 25, vigente desde la Constitución de 1886, por cuanto no precisó que la prohibición estuviese circunscrita a los asuntos criminales, correccionales o de policía, por esta razón podría a primera vista entenderse que la prohibición se extendió para toda clase de asuntos, incluidos aquellos cuya finalidad es dirimir un conflicto de intereses entre particulares y no únicamente, como siempre ha sido y es lo lógico, a los asuntos que implican el ejercicio de la soberanía punitiva del Estado en orden a reprimir las conductas que lesionan o ponen en peligro el orden social, conforme resulta de una interpretación histórica y sistemática del precepto constitucional.

En efecto, un análisis de los antecedentes que determinaron la adopción del artículo 33, y hasta donde es posible reconstruirlos con la ayuda de las actas de las sesiones y ponencias publicadas hasta ahora en la Gaceta Constitucional, no indican que fuese voluntad expresa e inequívoca de los constituyentes de 1991 dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición plasmada a toda clase de procesos, conforme pasa a explicarse:

La Comisión IV de la Asamblea Nacional Constitucional encargada de tramitar los asuntos relativos a la justicia incluyó el texto del hoy artículo 33 dentro de los principios rectores del derecho penal y concretamente en el tema del derecho de defensa, como uno de los derechos que debe tener todo sindicado. La constituyente María Teresa Garcés, miembro de la Comisión, propuso puntualizar que dicha prohibición se refería solamente a los asuntos criminales, correccionales o de policía (Acta Nº 13 de 6 de abril de 1991, Gaceta Constitucional Nº 65 de 2 de mayo de 1991).

La Comisión IV aprobó por unanimidad el texto de la disposición con la reforma que fue sugerida por la constituyente antes nombrada, el 19 de abril de 1991 (Gaceta Constitucional Nº 74 de 15 de mayo de 1991).

Por su parte la Comisión I de la Asamblea Constitucional, encargada de estudiar lo referente al Título III de la anterior Constitución, vale decir, lo relativo a los derechos y garantías individuales, incluyó la prohibición de obligar a las personas a declarar contra sí mismo o contra sus parientes consanguíneos y afines más próximos, como una garantía procesal del juzgamiento penal y así lo sometió a consideración de la plenaria de la Asamblea (Gaceta Constitucional Nº 51 de 16 de abril de 1991 y Nº 82 de 25 de mayo de 1991)

En la Gaceta Constitucional Nº 109 de junio 27 de 1991 se publicaron los artículos aprobados en primer debate y entre ellos aparece bajo el título de “Principio del respeto a la solidaridad íntima” el texto correspondiente al artículo 33 de la actual Constitución.

En la sesión plenaria efectuada el 31 de mayo de 1991, cuya acta fue publicada en la Gaceta Constitucional Nº 122, se trató el tema de los principios fundamentales de la administración de justicias y en el artículo que tuvo a consideración la plenaria aparece el texto del artículo 33 como uno de los derechos del sindicado, con la especificación de que la prohibición se limita a los asuntos penales, correccionales o de policía.

La Gaceta Constitucional Nº 123 da cuenta de que el sábado 1º de junio la Asamblea continuó el debate sobre la administración de justicia y dentro del acta de la sesión aparece una proposición Sustitutiva presentada por el constituyente Alvaro Gómez H., en el sentido de desglosar el tema de la referida prohibición de los derechos del sindicado, y aprobar el mismo texto en artículo separado bajo el título de “respeto a la solidaridad íntima” .

Las publicaciones reseñadas no le permiten a la Corte concluir que hubiese en el constituyente el ánimo de modificar el texto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición de declarar a asuntos distintos.

Y es más, aun si en realidad resultara que en las actas que aún no se conocen apareciera registrado que la intención positiva al redactar la norma hubiese sido la de eliminar la mención a los procesos penales, correccionales o de policía, esta única circunstancia no sería razón suficiente por sí misma para variar el entendimiento del analizado artículo 33 de la Carta de Derechos, pues la comprensión de este ordenamiento superior no puede hacerse tomando aisladamente uno solo de sus textos; ya que el genuino sentido de los mandatos constitucionales solamente resulta de una interpretación sistemática de todo su articulado de manera tal que no resulten jamás antinomias que destruyan la lógica y la coherencia interna que como “norma de normas” forzosamente debe tener la Constitución Política.

Por ello se insiste en que una interpretación sistemática del artículo 33 muestra cómo su aplicación queda limitada a los asuntos en que va envuelta la potestad sancionatoria del Estado. Así se desprende de la circunstancia de que la norma se halle enmarcada por otras de innegables connotaciones penales, ya que la disposición en comento está antecedida de un artículo que como el 32 establece los postulados a los cuales debe ceñirse la aprehensión del delincuente sorprendido en flagrante delito y seguida de otros que proscriben la imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, permiten que pueda declararse la extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito “en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social” (art. 34) y prohíben la extradición de colombianos por nacimiento (art. 35), todo lo cual solamente cabe predicar de personas incursas en conductas punibles.

Tampoco está por demás señalar que no obstante la aparente generalidad del supuesto de hecho de la norma que resulta del empleo del pronombre indeterminado que emplea el precepto, él solamente puede referirse a los seres humanos y no a cualquier otra clase de personas, puesto que únicamente de los primeros cabe predicar vínculos conyugales o maritales y de parentesco. Así que por este solo aspecto se mostraría equivocada la interpretación del artículo 33 que quisiera extender su ámbito de aplicación más allá de los procesos penales, correccionales o de policía, pues de otra manera se tendría que con grave detrimento de la igualdad de trato por parte de la ley y las autoridades que también consagra el artículo 13 de la Constitución en vigor, en caso de un litigio que enfrentara a dos personas, una de las cuales no fuese un ser humano, resultaría roto el principio de igualdad al serle posible a una de ellas el valerse de la declaración de su contraparte contra sí misma mientras que a la otra tal proceder le estaría vedado.

En este mismo orden de ideas que restringen el campo de aplicación del susodicho artículo 33 a la sola persona humana, interesa igualmente destacar que la prohibición de declarar contra sí mismo, su cónyuge o compañero permanente y sus parientes más allegados, está íntimamente vinculada con la presunción de inocencia que respecto de las personas juzgadas por delitos establece el artículo 29 de la misma Constitución, mientras no se les haya declarado judicialmente culpables, por reputarse consustancial a esta clase de procesamientos que sea el Estado el obligado a probar la culpabilidad de la persona en la comisión de un hecho calificado previamente como delictuoso. Por este motivo, en rigor lógico y conforme a los principios universales sobre la materia, la prohibición de declarar contra sí mismo sólo puede favorecer a los acusados por la comisión de hechos punibles y no a las personas en sus relaciones entre sí, cuando entre ellas surjan conflictos de interés, puesto que en tales situaciones los particulares se encuentran en condiciones de igualdad frente al Estado para que éste dirima sus diferencias.

De otro lado, es evidente que la prohibición de declarar contra sí mismo, o contra su cónyuge o la persona de otro sexo con la que se convive maritalmente, y aquellas con las cuales se tienen vínculos de parentesco, protege la solidaridad y lealtad que debe existir entre los miembros de la familia constituida por nexos naturales o jurídicos cuya protección quisieron expresamente los constituyentes de 1991, tras considerarla núcleo fundamental de la sociedad (art. 42) y consagrar, en lo atinente al caso que ocupa la atención de la Corte, que su intimidad es inviolable (art. 15) y que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada conforme a la ley. El artículo 33 está pues en consonancia con el especial amparo que el constituyente quiso brindar a la familia para preservar al interior de ella la lealtad y solidaridad que debe existir entre quienes están unidos por vínculos familiares, lo cual, como es natural, les impediría colaborar a su vez con la administración de justicia dando un testimonio veraz y desinteresado; y por esta razón la Constitución los releva en tales casos penales del deber de colaborar con la justicia que tienen todos los miembros de la comunidad nacional.

Por último, estima la Corte que considerar aplicable el artículo 33 de la Carta Política a procesos diferentes de los penales, correccionales o de policía, desconocería los deberes y obligaciones que deben observar todas las personas en el ejercicio responsable y no abusivo de los derechos que les reconoce la Constitución Nacional y que puntualiza el artículo 95 en sus ordinales 1º y 7º, cuales son: “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” y “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”. Deberes de rango constitucional que carecerían de contenido y sentido de hacerse extensiva la prohibición de que trata el artículo 33 a los asuntos no penales en que se ventilan intereses particulares. Se insiste por ello que la aplicación de dicha prohibición es excepcional, pues su indiscriminada aplicación extensiva pugnaría con los deberes y obligaciones generales antes mencionados, que conforme lo dice el artículo 95 tienen los miembros de la comunidad nacional.

Analizado el precepto acusado a la luz de los anteriores criterios se impone como única conclusión racional que no existe motivo alguno de inexequibilidad, ya que al contribuyente únicamente se le deducen consecuencias de su conducta omisiva o evasiva al ser requerido por la Administración de Impuestos Nacionales para verificar su capacidad contributiva; de tal manera que la buena fe que debe presidir sus relaciones con las autoridades, según lo ordena el artículo 83 del Código Constitucional, se vería quebrantada si el contribuyente no colabora con las autoridades en la tasación del tributo que debe pagar y, por consiguiente, ha de entenderse que sabedor de ellas se somete voluntariamente a las consecuencias que deduce la ley, si además y como lo prevé el demandado artículo 748 del Decreto 624 de 1989, no concurre a desvirtuar, pudiendo hacerlo, la presunción legal que se configura en su contra.

Agrégase a lo anterior que la confesión proscrita por el ameritado artículo 33 es la obtenida por coacción física o moral o con el empleo de medios aviesos orientados a lograr el quebrantamiento de la voluntad de la persona con olvido de su dignidad como ser humano y que la fuerzan a declarar contra sí misma, su cónyuge o compañero permanente o sus parientes; pero nada de ello es predicable del precepto bajo examen, pues en manera alguna se afecta la dignidad del contribuyente o se quebranta su voluntad para obligarlo a confesar hechos que lo perjudican.

VII. Decisión

En mérito de las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 748 del Decreto Extraordinario 624 de 1989 (estatuto tributario).

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 129, octubre 17 de 1991. Expediente 2328. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

ACLARACIÓN DE VOTO

Se refiere esta aclaración al punto relativo a la interpretación del artículo 33 de la Constitución Nacional, en cuanto consagra el principio denominado por algunos “de la solidaridad íntima” y más concretamente en cuanto al entendimiento que debe darse a dicho precepto en consideración a que en su actual redacción o tenor literal la prohibición de obligar a alguien a declarar contra sí mismo o contra sus parientes o allegados más inmediatos, no tiene la restricción que contemplaba el artículo 25 de la Constitución de 1886 y que la reducía a materia penal, correccional o de policía.

Comparto la conclusión a que se llega en la sentencia en el sentido de que, pese a no haberse reproducido la referida limitación, se le debe seguir dando a dicho principio el alcance que se le reconocía bajo el imperio de la normativa constitucional anterior; y ello, en términos generales, porque los argumentos expuestos en la parte motiva, soportados en los métodos de interpretación sistemáticos y teleológicos allí esbozados, prueban su solidez y contundencia en cuanto conducen a la armonización del orden jurídico, que es el fin último de la interpretación constitucional; armonización que ciertamente se quebraría de aceptar que la prohibición de declarar involucra la imposición de sanciones a quien, en actitud francamente rebelde, se niegue a cumplir el deber constitucional de colaboración con la justicia en asuntos que no comporten directamente la privación del don de la libertad, como sí ocurre en cambio con frecuencia en los procesos penales o policivos.

Empero —y esta es la razón que justifica la presente aclaración— estimo que el argumento de la historia de la norma no puede ser aducido en este caso como criterio sustentador de la interpretación a que se ha arribado, porque el recuento que en el fallo se hace, con base en algunas actas de las sesiones de la Asamblea Constituyente, es incompleto y por ende inidóneo a todas luces para extraer a partir de él cualquier conclusión acerca de la intención que guió a los autores del precepto a suprimir el fragmento restrictivo en la versión definitiva del texto. Mientras que en la sentencia se acepta a priori, que tal intención fue la de no introducir modificaciones al respecto. De todos modos, la circunstancia de que los factores sistemáticos y teleológicos de interpretación de las normas jurídicas pueden arrojar un sentido aun contrario al que resultare de atenderse el histórico, indica que este último no es ni siquiera el prevalente en materia de interpretación constitucional.

Pedro Augusto Escobar Trujillo. 

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