Sentencia 12904 de mayo 25 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO PARA COBRAR UNA DEUDA

NO ES CONSTREÑIMIENTO ILEGAL SINO SECUESTRO EXTORSIVO

EXTRACTOS: «En este tramo de la demanda, el impugnante se refiere a una pretendida violación directa por aplicación indebida del artículo 268 del Código Penal, ya que la norma exige en la conducta de secuestro extorsivo el propósito de obtener un provecho o cualquier utilidad, que de todas maneras debe calificarse de ilícita, pues de ser lícita constituiría un hecho punible distinto como el de constreñimiento ilegal.

La posibilidad de discutir los hechos y las pruebas que los sustentan, como consecuencia de relevantes errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, es la nota que caracteriza la modalidad de la violación indirecta de la ley sustancial y marca su diferencia con la violación directa. Una y otra forma de transgresión de la norma sustancial están nítidamente diferenciadas también en los dos incisos del numeral 1º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, de tal manera que el actor debe optar debidamente por una de ellas porque no es posible que empiece a controvertir sólo el procedimiento clasificatorio o de subsunción de unos hechos, pero después abandona sin explicación dicha pauta para aducir deficiencias en la apreciación de la entidad del suceso o en relevancia de los datos probatorios. Si su inquietud era de esta última naturaleza, de una vez debió acogerse a la vía indirecta, para afrontar de inmediato los yerros de hecho o de derecho hipotéticamente cometidos en la estimación probatoria, pues los defectos en la aplicación del derecho sólo vienen como consecuencia de los primeros errores.

Así lo entiende teóricamente el actor pero en la práctica sugiere que el tribunal desconoció la indagatoria del coprocesado Julián Giraldo Arias, de acuerdo con la cual el dinero y el carro que le quitaron al ofendido, mediante la privación de su libertad, era sólo para cobrarle una obligación que tenía pendiente con él por la venta anterior de unas joyas. La licitud de este provecho o utilidad, según lo expone el demandante, también puede inferirse del comportamiento de la víctima durante el período de retención (accedió al traspaso del vehículo, se dirigió con los captores a una notaría y un restaurante, guardó silencio ante los miembros de una patrulla policial que los abordó y recibió llamadas a los aprehensores en su “biper”).

Pues bien, como lo dice el Ministerio Público, expresiones de conducta como la de permanecer callado ante la policía o estar con los retenedores en distintos sitios de la ciudad, por ejemplo, no son la evidencia inequívoca de que éstos le cobraban una deuda a la víctima, sino que también puede indicar el grado de sojuzgamiento que significaba la privación de su libertad. De igual manera, es cierto que el pretexto del acusado Julián Giraldo Arias, fue el de que el señor Jairo Enrique Simbaqueba Sánchez le debía el valor de unas alhajas y rehusaba pagarle, pero ocurre que la preexistencia de tal negociación u obligación recibió un completo y abierto mentís de la víctima (cfr. fls. 39 y 55).

De tal manera que, a pesar de la promesa del impugnante de no controvertir los hechos o las pruebas, a la postre revela una inconsistencia en su planteamiento, porque hace inferencias inductivas diferentes, a partir de dichos datos probatorios para tratar de dar por establecido un “provecho o utilidad lícitos” y, como consecuencia, desplazar la tipicidad de la conducta del secuestro extorsivo al constreñimiento ilegal.

Ahora bien, desde una perspectiva de interpretación jurídica del tipo de secuestro extorsivo, previsto en el artículo 268 del Código Penal (modificado por el art. 1º de la L. 40/93), cabe decir que el mismo consagra un ingrediente subjetivo o ánimo especial caracterizado por las expresiones “propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político”. Los vocablos “propósito” y “fines”, así como la preposición “para”, aunque tengan como referente algo valorativo como es el “provecho” o “utilidad”, siempre denotan una finalidad o tendencia del ánimo del sujeto activo, de tal manera que basta dicha inclinación utilitaria para la concreción del tipo, sin que sea menester su realización material, lo cual denota que se está en presencia de un ingrediente subjetivo de la tipicidad.

No es novedosa la inquietud relacionada con la comprensión tácita de que el provecho o la utilidad pretendidos por el sujeto, conforme con el tipo de secuestro extorsivo, han de ser “ilícitos”, porque, si llegaren a ser “lícitos”, se trataría de “propósitos distintos a los previstos” en la norma antes señalada y, conforme con el artículo 2º de la Ley 40 de 1993, daría lugar a un delito de secuestro simple y no extorsivo. Otros, en actitud aún más radical (como la del demandante), llegan a sostener que, ante tal eventualidad, se trataría de un delito de constreñimiento ilegal (C.P., art. 276).

Si por vía de hipótesis se llegare a entender que el fin, provecho o utilidad son “lícitos”, porque uno de los autores del secuestro trataba de cobrar una acreencia a la víctima, ello no alcanzaría a desvertebrar el tipo penal de secuestro extorsivo, dado que con razón el precepto se refiere a “cualquier utilidad”, pues, la anteposición del adjetivo “cualquier” al sustantivo “utilidad”, significa que es indiferente el género, la entidad o el valor del beneficio, que puede llegar a ser debido o indebido, en vista de que el rigor de la pena del secuestro extorsivo radica en la jerarquización, la equiparación social y el especial cuidado de bienes jurídicos fundamentales como los de la libertad y la vida, dispuesta en el ordenamiento jurídico-penal, particularmente en la Ley 40 de 1993.

Ante el claro texto de Ley 40, ningún móvil, así sea político o por más noble que aparezca la concepción de un individuo respecto del rumbo de la sociedad, puede servir de pretexto para justificar la conducta de arrebatar, sustraer o retener a una persona, tampoco para degradar la imputación por secuestro extorsivo.

Sin embargo, desde el punto de vista político-criminal y teleológico, lo más determinante es que el fin pretendido no puede calificarse de “lícito” o “ilícito” por su valoración aislada consistente en que sólo se persigue cobrar una obligación a cargo de la víctima sin sujeción al ámbito de relación y protección que representa el tipo penal de secuestro extorsivo, pues, de tal manera surge la necesidad de tutela de la libertad y de la vida, que la racionalidad de los objetivos sociales perseguidos en el derecho, como en la política, indica que el fin no justifica los medios. Así, por más patente que sea la obligación o la deuda a cargo de la víctima, el cobro de la misma como fin se deslegitima completamente cuando se acude al oprobioso medio de la privación de la libertad de movimiento del deudor, la cual siempre será arbitraria de una persona natural a otra, salvo situación notoriamente distinta que es la captura como resultado de una orden de autoridad judicial competente y por motivos previamente definidos en la ley (Const. Pol., art. 28).

Por motivo alguno de índole particular (aunque sí institucional, pero altamente regulado), el legislador tolera la privación de la libertad de locomoción de una persona. Apenas sí sanciona con menor rigor a quien despliega una arbitrariedad para ejercer sus propias razones, conducta identificada como una contravención especial en el artículo 1º, numeral 1º de la Ley 23 de 1991. Es decir, el legislador colombiano, ha atemperado ostensiblemente el ius puniendi (degradación de delito a contravención especial) cuando se acude a procedimientos arbitrarios para reivindicar un derecho propio y cierto, pero en todo caso los medios empleados no pueden degenerar en violencias o privaciones que por sí solas den lugar a delitos distintos a la contravención especial señalada.

No es posible entonces el desplazamiento del juicio de tipicidad desde el secuestro extorsivo hacia el secuestro simple.

Mucho menos puede hacerse el traslado conceptual del primero al constreñimiento ilegal (C.P., art. 276), pues los dos tipos penales tienen en común el elemento subjetivo especial consistente en que el sujeto activo con su conducta se propone que la víctima u otro “haga u omita algo” de su interés, pero se diferencian significativamente en los verbos rectores, pues, desde el punto de vista jurídico, “constreñir” ciertamente significa una limitación en la libertad de actuar, pero nunca puede alcanzar tal intensidad que comporte una supresión de la libertad ambulatoria, dado que en tal caso se configuraría el secuestro extorsivo por “arrebatamiento”, “sustracción”, “retención” u “ocultación” de la persona».

(Sentencia de casación, mayo 25 de 2000. Radicación 12.904. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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