Sentencia 12919 de marzo 15 de 2000 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN MORATORIA

ES POSIBLE IGNORAR DE BUENA FE UNA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD

EXTRACTOS: «De otro lado, la última parte de la acusación está dirigida a objetar la carga indemnizatoria por mora que el ad quem impuso a la demandada. Al respecto, encuentra la Corte que el tribunal efectivamente incurrió en el yerro fáctico que por esa causa se le imputa, por lo siguiente.

Aunque es objetivamente cierto que a la terminación del contrato laboral la demandada quedó adeudando a la ex trabajadora sumas dinerarias por concepto de saldos insolutos de salarios y prestaciones sociales, como consecuencia de la sentencia de constitucionalidad C-252 del 7 de junio de 1995 (*) , tal circunstancia no es suficiente por si misma para condenar a la demandada al pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La jurisprudencia de la Corte en punto de esa sanción ha sido constante en afirmar que su imposición no es automática ni inexorable, sino que en cada caso es menester examinar la conducta del empleador, pero con referencia a la fecha de terminación del contrato laboral y en relación con el pago de los créditos sociales de los que es acreedor el trabajador para ese momento.

(*) Publicada en J. y D., Nº 284, pág. 960 (N. del D.).

Precisamente, en perspectiva del aludido criterio, para la Sala no es aceptable, como lo hizo el ad quem, que se fundamentará la condena por mora en las actitudes de la demandada con antelación a la terminación del contrato laboral, pues el ordinal 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo definitivamente no lo permite, al advertir que el pago indemnizatorio en él previsto se desata es si a la extinción de ese nexo el empleador no paga al trabajador “los salarios y prestaciones debidos”, de lo cual se colige que es con referencia específica a ese momento que debe analizarse el comportamiento patronal para atribuirle o no buena fe en el mismo.

Por lo anterior es que la Corte encuentra equivocado que el juzgador haya impuesto la condena por mora con sustento, entre otros factores, en la falta de afiliación de la actora al Instituto de Seguro Social o por lo que él interpretó como el pago anticipado e ilegal de cesantías, más aún cuando para el primer evento existen otras sanciones legales, en tanto para el segundo está prevista la del artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo.

Efectuadas, entonces, las anteriores precisiones, es pertinente examinar la conducta de la empleadora a la terminación del contrato laboral con la actora, en lo referente al pago incompleto de los salarios y prestaciones sociales que a ésta le correspondían, de conformidad con el contenido y efectos de la sentencia de constitucionalidad C-252 del 7 de junio de 1995.

Al respecto, no pierde de vista la corporación que a la terminación del último contrato laboral, esto es, el vigente entre el 8 de febrero y el 30 de noviembre de 1995, así como durante toda su vigencia, la institución educativa demandada sufragó a la reclamante el salario pactado en el documento contractual visible a folios 124 y 125 del primer cuaderno de las instancias, es decir, $ 488.219 mensuales, y con tal salario base liquidó sus créditos sociales en el mes de noviembre, cuando dio por terminado el contrato de trabajo.

Tampoco puede pasar desapercibido que el salario cancelado a la demandante en 1995, que sirvió de base para la liquidación final de sus haberes laborales, corresponde, como lo ordenaba el artículo 197 de la Ley 115 de 1994, al 80% del salario que devengaba en dicho año un docente del sector oficial escalafonado en el grado 14, tal como es posible aprehenderlo del documento del folio 30 del plenario.

Por lo tanto, cuando la demandada durante la ejecución del contrato y a la terminación del mismo pagó el salario de la accionante como lo disponía el artículo 197 de la Ley 115 de 1994, y con base en ello tasó sus créditos sociales definitivos en noviembre de 1995, evidencia una conducta que es adjetivable como de buena fe, sin que de ella desdiga el hecho de que, no obstante el contenido de la sentencia de constitucionalidad C-252 del 7 de junio de 1995, que equiparó los salarios entre los docentes de los sectores público y privado, haya continuado remunerando el servicio conforme la norma declarada inexequible en tal fallo, pues para la Corte es razonable y atendible que el ente demandado sólo conociera ese fallo a finales de 1995 o comienzos de 1996, toda vez que aunque no ignora que aquel tipo de providencias tiene efectos erga omnes y es de cumplimiento obligatorio, no es menos cierto que en la realidad material es constatable que no existen mecanismos expeditos para que el Estado las haga conocer de inmediato a todos los asociados, como para asumir que éstos queden enterados de sus términos y alcance tan pronto son proferidas.

Así las cosas, al pagar la demandada a la terminación del vínculo el salario contractualmente pactado (fls. 124-125), que correspondía al legalmente vigente a la fecha de iniciación del último contrato, y mensurar con él los créditos sociales finales de la actora, se avizora que su propósito era de pagar a la ex trabajadora lo que consideró deberle, sin ánimo defraudatorio alguno, lo cual descarta de plano la posibilidad de imponer a la empleadora la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Incurrió, entonces, el ad quem en el último yerro fáctico que se le imputa en el cargo, por lo que su proveído será anulado en lo que a la carga por mora concierne».

(...)