Sentencia 1292 de abril 9 de 2003 

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20031292-01, abr. 9/2003

M.P. Jorge Antonio Caviedes Vanegas

Aprobado según Acta 19 de la fecha

VISTOS:

Procede la corporación a resolver la presente acción de tutela promovida por el ciudadano Franco Cian Leal, representante legal de la “fábrica de monturas para anteojos y similares Cian Ltda.” contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Hechos:

El señor Franco Cian Leal, representante legal de la fábrica de monturas para anteojos y similares Cian Ltda., instauró acción de tutela contra “... la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, dentro del proceso ordinario iniciado por José Reyes Herrera Ramírez en contra de la sociedad ...”.

Aduce que contra la sentencia del 15 de febrero de 2002, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la cual la sociedad que representa fue condenada a pagar al demandante la suma de $ 4.800.000 por despido sin justa causa, tanto demandante como demandada, interpusieron el recurso de apelación el cual fue decidido por la corporación accionada, en sentencia del 29 de noviembre de 2002, quien con base en tres argumentos “... determina que la demandada terminó el contrato de forma ilegal, por lo tanto debe aumentarse la condena en la suma de $ 10.483.332”.

Afirma el accionante que no hubo garantía de imparcialidad por parte de la Sala Laboral, “... al observar sólo lo expuesto por el demandante e ignorar la alegación del demandado”.

Señala así mismo, que “... el tribunal se convierte en defensor de oficio del demandante y le declara simulaciones no solicitadas, que además de no estar pedidas en el libelo de la demanda no se probaron”, incurriendo en vías de hecho, al desconocerse el principio de la congruencia.

Agrega que si se aceptara que “... se deben probar razones para justificar el cambio del contrato a término fijo la Sala nunca leyó el interrogatorio de parte absuelto por la demandada”, a más de haber olvidado que “... la modificación contractual está firmada por el trabajador, así como la firmaron casi todos los trabajadores con excepción de uno pero no más de dos casos, y si le parece sospechoso a la Sala, porque no llama de oficio a declarar a las personas que firmaron las modificaciones contractuales...”, para que no dedujera un sesgado propósito de burlar los derechos del trabajador.

Asegura que la accionada frente a la misma prueba —documento a través del cual se modifica el contrato— le otorga dos valores contradictorios, como que “... en el primer caso consideró el documento como una modificación contractual que cambia a fijo el término indefinido, y en la otra, sutilmente lo considera como una simple constancia, para justificar el que no se demostró la existencia de un término fijo firmado entre las partes”.

A decir del actor, se observa una absoluta parcialidad, “... total falta de objetividad y un —sic— extraño sensación de estar ante alguien que tomó partido y no está impartiendo serena justicia, y bajo la máscara y formalidad de una sentencia nos muestra sus sentimientos vindicativos, no del todo claros, y la Sala se dejó llevar por sensaciones, por sus creencias, lo que implica estar en presencia de una vía de hecho, y no ante una sentencia”.

Estima que como el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal, no es susceptible del recurso extraordinario de casación por cuanto la cuantía no excede de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, la acción de amparo es procedente.

Pretende que a través de este mecanismo excepcional se revoque dicha decisión, dejándola sin efecto y se le ordene a la corporación accionada “... dicte una nueva providencia que, en forma motivada y ciñéndose a los parámetros constitucionales y legales, resuelva la segunda instancia ...”.

Actuación procesal:

En acatamiento a lo ordenado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 3 de febrero de 2003, esto es, que esta corporación le imprima al presente asunto el “... trámite de primera instancia, ...”, por auto del 26 de marzo y haciendo claridad en ese sentido, pues el criterio del suscrito ponente, como de los demás integrantes de la Sala, frente al Decreto 1382 de 2000, se fundamenta en que en lo atinente con la competencia en materia de tutela, se le debe dar aplicación a tal normatividad, sólo por esa razón se admitió la demanda y se ordenó notificarle a las partes, así como al señor José Reyes Herrera Ramírez, demandante dentro del proceso laboral, para efectos de integrar el litis consorcio necesario.

El magistrado doctor Ramiro Torres Lozano, remitió copia de la sentencia de segunda instancia proferida por esa corporación (fls. 46 a 53).

Por su parte la secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, envió copia de la demanda y de la contestación, así como certificación sobre el estado del proceso, vale decir, “…en espera de respuesta del DANE por cuanto en cumplimiento del literal 2º de la sentencia, se ofició al DANE mediante Oficio 28 del 16 de enero de 2003, con el fin de proferir sentencia complementaria”.

Consideraciones de la sala:

Como se dejó consignado en el resumen de los fundamentos de la demanda, el representante legal de la “fábrica de monturas para anteojos y similares Cian Ltda.”, argumenta que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la sentencia del 29 de noviembre de 2002, le transgredió el derecho fundamental al debido proceso y que la acción es procedente, tomando en cuenta que contra tal decisión no es susceptible el recurso extraordinario de casación.

Previo a adoptar la decisión, que a juicio de la Sala corresponde en derecho, dos aspectos de relevancia se deben señalar.

El primero consiste en que tal como ha sido válidamente decantado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la presencia de las denominadas vías de hecho en una decisión judicial, conlleva necesariamente la prosperidad del amparo, por el desconocimiento del derecho constitucional fundamental al debido proceso.

El segundo radica en que, al tenor del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela se torna improcedente, frente a la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso sub lite, se presenta una situación sui géneris, que a juicio de la Sala necesariamente impide resolver o analizar si a través de la sentencia dictada en segunda instancia, dentro del proceso laboral atrás singularizado, se le desconoció a la demandada, el derecho fundamental al debido proceso.

La aludida situación hace relación al hecho consistente en que, dentro de ese asunto en particular, la segunda instancia aún no ha finiquitado, como quiera que, tal y como lo informa la secretaría de la corporación accionada, el proceso se encuentra en esa dependencia en espera de la certificación del DANE, prueba indispensable para proferir sentencia complementaria.

Esta afirmación encuentra sustento en la decisión que reprocha el accionante, pues en el texto de la misma, los falladores de segundo grado, al ocuparse de la indexación de la condena impuesta y al advertir la ausencia del certificado sobre la variación del índice de precios al consumidor en el país, dispusieron oficiar al DANE para que lo expida entre el 16 de abril de 1999 y la fecha del fallo.

Es más, aclararon que se daría aplicación al inciso segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 308 ibídem y agregaron que “ ... la indexación de la condena impuesta por indemnización por despido se concretará en sentencia complementaria una vez se allegue el aludido certificado” (fl. 51).

En estas condiciones, pendiente como se encuentra el aludido proceso laboral, de allegarse la certificación en mención, como requisito sine qua non para que la Sala Laboral profiera sentencia complementaria, sería a todas luces prematura la intervención del juez constitucional, puesto que claramente se estaría inmiscuyendo o abrogando la resolución de un asunto en el cual todavía no se ha agotado la instancia correspondiente, relevante para efectos de determinar acerca de la procedencia o no de este mecanismo excepcional.

Dicho en otros términos, hasta tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no profiera la sentencia complementaria, sería inadecuado y por qué no aventurado, hacer cualquier aseveración sobre si contra el fallo objeto de reproche, procede o no el recurso extraordinario de casación.

Por lo mismo, en una situación como la que se presenta en este asunto, en la cual la autoridad judicial accionada no ha agotado su competencia, no procede la acción de amparo, máxime cuando quiera que no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable, que haga imprescindible e inaplazable la intervención del juez constitucional.

Porque en efecto y así lo entiende esta colegiatura, la mediación del juez de tutela en estos eventos, sólo es procedente frente a una situación ya consolidada y no cuando el actuar del funcionario judicial, supuestamente impregnado de vía de hecho, aún no ha culminado.

Como se indicó en precedencia, en el sub júdice, no se evidencia situación alguna que amerite truncar o suspender el trámite subsiguiente de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, consistente en emitir la sentencia complementaria, que por ministerio de la ley se encuentra facultada y resolver si concede o no, el recurso extraordinario de casación que se llegare a interponer, bien por el demandante o por la parte demandada.

La Sala siendo coherente con lo consignado en precedencia, declarará improcedente la acción de tutela instaurada, no sin advertir que esta determinación no es óbice para que el accionante, de continuar con la postura plasmada en el escrito de tutela, en un futuro y en todo caso, cuando dentro del asunto laboral se haya agotado completamente la instancia que por ley le corresponde a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, pueda recurrir nuevamente a la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, eficaz herramienta para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el representante legal de la empresa “fábrica de monturas para anteojos y similares Cian Ltda.” contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, teniendo en cuenta las razones expuestas en el contexto de esta sentencia.

2. NOTIFÍQUESELES esta determinación a las partes y a los terceros con interés.

3. ORDENAR que de no ser impugnada la sentencia, se remitan las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su posible revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Antonio Caviedes Vanegas—José Fernando Castro García—Margarita Cecilia Forero Rueda.

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