Sentencia 12940 de mayo 29 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Jorge Luis Quintero Milanés

Aprobado acta 59

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

En la confección del libelo el demandante no tuvo en cuenta el principio de prioridad, según el cual, el cargo de nulidad debe proponerse en primer lugar, toda vez que de prosperar haría inane el estudio de los demás reproches fundados en otras causales, motivo por el cual, se abordará de manera prioritaria.

Del mismo modo, como son dos los cargos de nulidad formulados contra la sentencia respecto de la causa 1, esto es, por la muerte de Jaime Guayara Caviedes, la Sala procederá a estudiar el segundo, toda vez que la nulidad planteada es de mayor cobertura frente a la primera censura.

Causal tercera

Segundo cargo

1. Acusa al tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, toda vez que en la etapa de instrucción del proceso que se adelantó por la muerte de Jaime Guayara Caviedes, su procurado careció de defensa técnica, ya que el apoderado de confianza solo lo asistió en la diligencia de indagatoria, su ampliación y en la práctica de un testimonio de cargo. Además, como lo insinuó el fiscal al momento de calificar el mérito del sumario, los sujetos procesales guardaron silencio en la etapa precalificatoria.

2. Los argumentos del censor encuentran respaldo en el diligenciamiento correspondiente a la causa 1, por lo que la Sala casará el fallo impugnado.

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho de defensa, el que deberá ser integral, ininterrumpido, técnico y material. En esas condiciones, el ejercicio de este derecho fundamental es condición de la validez del proceso, por lo que el mismo no debe ser nominal y formal, razón por la cual, para su protección, es necesario que las partes cuenten con todas las posibilidades para su efectivización.

Por consiguiente, no puede haber un solo momento de la actuación procesal en que pueda verse restringido o negado, ya que de presentarse estas situaciones necesariamente conduciría a la transgresión de dicho derecho y, por lo mismo, a la afectación de la legalidad del proceso.

Tampoco se puede pasar por alto que el artículo 93 de la Carta, contempla que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, prevalecen en el orden interno, es decir, que se encuentran incorporados a nuestra legislación a través de la teoría francesa del bloque de constitucionalidad.

Por consiguiente, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que se encuentran inmersos en nuestra legislación, por virtud de la Ley 16 de 1972 y de la Ley 74 de 1968, imponen como obligación garantizarle al imputado o procesado el derecho a la defensa (1) .

(1) Ley 16 de 1972, artículo 8º “Garantías judiciales... 2. e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiese por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”. Ley 74 de 1968, artículo 14.3 “d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”.

La jurisprudencia de la Sala, con apego en la precedente normatividad y refiriéndose al derecho de la defensa técnica, ha sostenido que “el derecho de defensa no puede considerarse garantizado por la sola circunstancia de contar el imputado con abogado en la actuación. Es necesario que la defensa se realice a través de actos positivos de contradicción, impugnación, alegación, o cuando menos de control del proceso, que permitan afirmar el planteamiento de la estrategia defensiva por parte del abogado, cualquiera que ella sea, pues de lo contrario debe concluirse que abandonó el encargo. Siendo la defensa función pública, el control que compete a todo funcionario judicial debe proyectarse sobre cualquier clase de apoderado —de oficio, contractuales o públicos— a fin de asegurar una asistencia profesional probada y evitar vicios de nulidad derivados del abandono de la gestión que les ha sido encomendada” (2) .

(2) Casación del 11 de junio de 1999, M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll.

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Corte, se advierte que si bien el procesado Jorge Alexander Ramírez Bautista designó, en la indagatoria, a un defensor de confianza, también lo es que este profesional del derecho abandonó la labor encomendada, dejando a su poderdante en una total indefensión.

En efecto, el citado abogado solo tuvo tres intervenciones a lo largo del la actuación, como fueron haber asistido a su procurado en la indagatoria, llevada a cabo el 30 de mayo de 1994, la ampliación de la misma, cumplida el 27 de junio del mismo año, y la declaración de Alirio Rivera Ospina, realizada el 29 de junio siguiente.

Después de dichas actuaciones nunca volvió a ejercer ningún acto de defensa, máxime cuando con posterioridad se resolvió la situación jurídica del procesado, se practicaron otras pruebas, se cerró la investigación y se calificó el mérito del sumario, lapso durante el cual no solicitó pruebas, no intervino en las que se practicaron, no se notificó personalmente de las providencias ni interpuso los recursos ordinarios.

La ausencia de defensa técnica se prolongó hasta cuando el procesado, ya en el juicio y después de agotado el trámite probatorio del mismo, designó, por requerimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de Espinal, otro apoderado de confianza.

Las consideraciones anteriores llevan a la Sala a concluir que le asiste razón al demandante, cuando asevera que el procesado Jorge Alexander Ramírez Bautista careció de defensa técnica en el lapso ya conocido, irregularidad que atenta, como se ha dicho, contra el derecho que tiene todo sindicado de contar con un abogado que lo asesore y represente durante la instrucción y el juzgamiento, y cuya carencia comporta la invalidez de la actuación, al tenor de lo que estipulaba el artículo 304.3 del Decreto 2700 de 1991, hoy artículo 306.3 de la Ley 600 de 2000.

En consecuencia, el cargo prospera, por lo que se casará la sentencia recurrida y, por ende, se declarará la nulidad parcial de lo actuado, esto es, únicamente en lo que atañe a la causa 1 seguida por la muerte de Jaime Guayara Caviedes, a partir, inclusive, de la Resolución del 12 de julio de 1995, por medio de la cual la Fiscalía Treinta Seccional de Espinal, clausuró la investigación, con el objeto de que se le garantice el derecho de defensa técnica en dicha etapa procesal.

Otros cargos

Toda vez que el libelista presentó dos cargos más, uno sustentado en la causal tercera y otro apoyado en la segunda, los que atañen a la causa 1, por sustracción de materia la Sala no los estudiará.

Causal primera

Como quiera que los dos siguientes reproches hacen referencia a la causa 2, la Corte se pronunciará.

Primer cargo

1. Acusa al ad quem de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho en la apreciación de las pruebas, yerro que lo llevó a predicar que el homicidio cometido en Luis Ángel Montealegre era agravado sin que, a su juicio, en el diligenciamiento obre prueba que, en grado de certeza, indique que su representado colocó en estado de indefensión a la víctima.

Como normas transgredidas cita los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 41, 50, 51, 61, 104, 105, 106, 323 y 324 del Código Penal, los dos últimos modificados por los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993, por aplicación indebida, y falta de aplicación de los artículos 246, 247, 248, 249 y 254 del Código de Procedimiento Penal.

2. La censura así presente no puede prosperar, por las siguientes razones:

En cuanto a los preceptos que estima vulnerados, además de que no dio las razones jurídicas por las cuales hubo aplicación indebida de las normas anteriormente citadas, no enseñó a la Corte por qué los artículos 246, 247, 248, 249 y 254 del Código de Procedimiento Penal son de naturaleza sustancial.

No señaló el falso juicio que determinó el error de hecho denunciado, si de existencia, de identidad o de raciocinio, como tampoco precisó las pruebas sobre las cuales recayó el yerro demandado, limitándose a afirmar, de manera genérica, que el juzgado le dio una errada interpretación valorativa a las declaraciones recibidas por la Fiscalía, afirmación que así planteada queda a mitad de camino, lo que la Corte, en virtud del principio de limitación, no puede entrar a complementar.

Del mismo modo, no demuestra la trascendencia del error de hecho que enuncia, máxime cuando su discurso lo centra en oponerse a la credibilidad otorgada por el sentenciador a los medios de prueba, infiriendo que se estaba en presencia de un homicidio agravado por la indefensión de la víctima, al tenor de lo que reglaba el artículo 324, numeral 7º, del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 33 de la Ley 40 de 1993, vigente para la época de los hechos, aspectos que, como se sabe, no configuran desatino demandable en casación, dentro del método de la persuasión racional que nos rige, en el que el juzgador goza del poder discrecional de valorar la prueba, solo limitado por los postulados de la sana crítica, olvidando que la sentencia llega a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.

Ahora bien, si lo pretendido por el libelista era acusar que el tribunal al valorar el mérito de los testimonios vulneró los postulados de la sana crítica y que este dislate lo llevó a declarar una verdad distinta de la que revela el proceso, ha debido orientar el reproche por la vía del error de hecho por falso raciocinio, indicando cuáles fueron las leyes científicas o los principios lógicos o las reglas de la experiencia quebrantados, de qué manera lo fueron y cuál su incidencia en la parte dispositiva del fallo, labor que no emprendió.

En las anteriores condiciones, el cargo no prospera.

Segundo cargo

1. Acusa al tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho, ya que no se tuvo en cuenta la confesión que realizó su defendido en ambos procesos, yerro que condujo a la falta de aplicación de los artículos 299 del Código de Procedimiento Penal y 323 del Código Penal, y a la aplicación indebida del 324, numeral 7º, de este último estatuto.

2. Este reproche, al igual que el anterior, no puede prosperar, pues no solo adolece de insalvables desatinos técnicos, sino que ninguna razón le asiste al casacionista, así:

Si bien se puede entender que denuncia un error de hecho por falso juicio de existencia, toda vez que afirma que el juzgador no “tuvo en cuenta la confesión de mi defendido en ambos procesos”, de todos modos la censura la dejó en el enunciado, toda vez que no demostró la trascendencia de la supuesta omisión probatoria, esto es, que de haber sido tenida en cuenta el acusado habría sido condenado por el delito de homicidio simple y no agravado y acreedor de la rebaja punitiva correspondiente.

Como se dijo, tampoco le asiste la razón, ya que las explicaciones del procesado sí fueron tenidas en cuenta en el examen mancomunado de las pruebas.

En efecto, es indiscutible que el acusado trató de explicar su conducta, planteado (sic) una defensa subjetiva en el homicidio de Luis Ángel Montealegre, argumento que tenido en cuenta por el tribunal en el proceso valorativo de los medios de convicción, fue desechado.

En otras palabras, el juzgador, luego de sopesar las afirmaciones de Ramírez Bautista y de confrontarlas con los restantes elementos de juicio, concluyó que las mismas no tenían el soporte probatorio requerido para reconocer una causal de inculpabilidad, aspecto que por sí solo demuestra que sí se tuvo en cuenta la versión del procesado, sin que la misma obtuviera por parte del sentenciador el reconocimiento de la confesión.

El cargo no prospera.

Acotación final

1. como quiera que la Corte casa parcialmente la sentencia impugnada, procederá a redosificar la pena impuesta al procesado Jorge Alexander Ramírez Bautista, así:

Observa la Sala que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Purificación fijó la pena de prisión en 50 años, discriminada así: 40 años por razón del homicidio agravado (causa 2) y 10 años más por el homicidio en Jaime Guayara Caviedes (causa 1).

En esas condiciones, la Sala le reducirá a los 50 años diez (10) años por razón de la casación, quedando la pena, de manera definitiva, en cuarenta (40) años de prisión.

2. En lo que hace relación al principio de favorabilidad, por razón del tránsito de legislación, toda vez que el 25 de julio de 2001 entró en vigencia la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expidió el nuevo Código Penal, su análisis le corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 79 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 660/2000).

En lo demás, la sentencia no sufrirá variación alguna.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada. En consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado únicamente en lo relacionado con el proceso perteneciente a la causa 1, es decir, por el homicidio de Jaime Guayara Caviedes, a partir, inclusive, de la Resolución del 12 de julio de 1995, por medio de la cual la Fiscalía Treinta Seccional de Espinal clausuró la investigación, conforme a lo previsto en la parte motiva.

2. Reducir la pena por razón de la nulidad aquí declarada y, por lo mismo, fijar la pena principal impuesta a Jorge Alexander Ramírez Bautista en cuarenta (40) años de prisión.

3. En lo demás el fallo no se modifica.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

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